Desde la vuelta a la democracia (1990), el sistema político chileno ha funcionado bajo un modelo bicoalicional, en el que la Concertación y la derecha alternaron gobiernos, control de las cámaras y políticas de forma consensuada. Nadie más, salvo algunos outsiders, participaron en la arena política chilena, lo cual ha sido aplaudido por la literatura especializada debido a la alta institucionalización del sistema de partidos en comparación con nuestros pares latinoamericanos.

Este fenómeno aguantó durante años las diversas fallas que no permitían su consolidación, como el desarraigo entre lo social y lo político, la desafección partidaria, la baja paulatina de la participación electoral, entre otros. Sin embargo, la aparición de nuevos partidos en todos los espectros, sumada a la consolidación de nuevas bancadas parlamentarias luego de las elecciones generales de noviembre 2017, han llevado a un nuevo escenario: el sistema político chileno oscila entre el cambio y la estabilidad.

Ahora bien, no basta con que surjan nuevos partidos para la reestructuración del sistema político, pues deben existir temáticas que los hagan tomar posición, diferencias (o similitudes) y acciones. Bajo esta línea, si bien han sido numerosas las situaciones que han moldeado el panorama político actual, la coyuntura ha estado marcada por dos momentos clave que han acentuado las diferencias de los distintos actores políticos: el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca a manos de la policía nacional, y el prolongado paro de los trabajadores portuarios de Valparaíso, ambos ocurridos a finales del 2018.

Situaciones como las anteriores son las que van configurando la construcción de un nuevo escenario político en Chile: la reestructuración de una política de tres tercios.

Neoliberalismo, desarraigo y nuevos actores

Si bien no hay una crisis de Estado que haga colapsar los dispositivos administrativos de gobernabilidad, en Chile existe hoy una crisis política y un consiguiente vacío de representación que se refleja en altas tasas de abstención (de más del 50% de los habilitados para votar).

El desarraigo entre lo social y lo político tiene una inevitable relación con la implementación del neoliberalismo en Chile. Esto es consecuencia de la adopción de políticas neoliberales por parte de partidos políticos situados a la izquierda del espectro político, como ocurrió en el caso chileno con los gobiernos de la Concertación, quienes profundizaron las reformas instauradas en dictadura. De esta forma, aquellos sectores históricamente representados por los partidos socialdemócratas perdieron su fuerza de representación, dando espacio a organizaciones políticas nuevas que los contengan[1].

A la vez, este desarraigo se ha visto alimentado por la forma en que se han organizado los partidos desde la vuelta a la democracia. Lo anterior, estructurado política y constitucionalmente desde la dictadura, ha tenido consecuencias graves. En términos cuantitativos se ha traducido en las crecientes tasas de abstención en las elecciones generales y en la baja de más de un 200% de militantes inscritos en el Servicio Electoral de Chile (Servel). En términos cualitativos, en una desconfianza generalizada y desafección partidaria. Esto se ve sustentado por la estructura de los partidos desde la vuelta a la democracia: su forma verticalista ha incrementado la crisis de representatividad, pues la falta de surgimiento nuevos liderazgos internos resulta problemático para el funcionamiento inclusivo de una institución[2].

Lo anterior no es ajeno al panorama político internacional, en el que los partidos de la socialdemocracia han ido cediendo espacio a los emergentes nuevos bloques políticos con miras transformadoras. Esto ha tenido aún mayores resultados, como mencioné antes, en aquellos países donde las reformas liberalizadoras y de austeridad han sido llevadas a cabo por partidos pertenecientes a la izquierda tradicional dentro del espectro político del país[3]. Dicha situación ha dejado un vacío político y una crisis de representatividad de aquellos sectores marginados y afectados por estas reformas, fenómeno conocido como la “pasokizacion” de los sistemas de partidos. En Chile, a ese rol lo ha cumplido principalmente el Partidos Socialista.

Ahora bien, este desarraigo social generalizado no se ha traducido en una limitación en la disputa de poder, pues ha sido precisamente en este contexto donde comenzaron a armarse nuevos y diversos referentes políticos, todos con representación parlamentaria. Por un lado, en la derecha han surgido tanto fuerzas que quieren romper con la herencia pinochetista y son menos conservadoras en temáticas morales, como EVOPOLI, Fuerza Pública y Amplitud. Por otro, fuerzas de ultraderecha pinochetista (línea Bolsonaro) lideradas por el excandidato a presidente José Antonio Kast. Todos con representación parlamentaria. Por otro lado, lo que queda de la exConcertación se ha visto obligada a reestructurar sus estrategias y tácticas políticas, decantando en la disolución de su histórica alianza.

Finalmente, en la izquierda se ha dado una articulación de distintos referentes que antes se encontraban diseminados por todo el territorio nacional, hoy unificados en el Frente Amplio (FA). Esta fue la respuesta ante la contradicción entre una débil representación de los partidos políticos y un alza en las movilizaciones sociales que, de a poco, comenzaron a tener respaldo popular (como lo fue el Movimiento Estudiantil chileno del 2011), buscando la construcción de una herramienta política de resistencia como respuesta al modelo neoliberal.

La estrategia adoptada por el FA ha sido la de hacer del Estado un participante en las transformaciones de contrapeso al neoliberalismo, avocándose a la defensa del fortalecimiento de los derechos sociales. Es precisamente esta estrategia la que se traduce en una disputa electoral para ejecutar un cambio radical, pues el objetivo de la apuesta neoliberal ha sido la mercantilización de las distintas esferas en las que una sociedad se desenvuelve con tal de maximizar los beneficios económicos.

Según ese escenario, en las elecciones generales de noviembre 2017 -y luego de cientos de encuentros programáticos por todo el país, masivas inscripciones de militantes y una exitosa campaña comunicacional-, el FA obtuvo un 20,27% de los votos en la primera vuelta presidencial (casi logrando la segunda vuelta), así como 20 diputados, asumiendo en marzo del 2018, por primera vez desde 1990, una bancada alternativa a las dos coaliciones que compartieron el poder desde esa fecha.

Etnia y clase: las últimas sacudidas contra el pinochetismo institucional

¿Es suficiente el éxito electoral para la creación de una izquierda alternativa a la socialdemocracia chilena? Claro que no, pues son además la acción y respuesta a los conflictos del Chile neoliberal y pinochetista los que marcan los avances de una izquierda transformadora. Es bajo esa línea en la que tanto el FA como los distintos partidos han dado respuesta a las coyunturas críticas que han definido las crisis político-sociales de los últimos meses, buscando cada uno marcar una agenda política propia.

Ahora bien, ha sido el asesinato por la espalda del comunero mapuche Camilo Catrillanca por parte fuerzas especiales de la policía chilena (el llamado Comando Jungla, entrenado en Colombia) lo que ha generado un quiebre en la agenda política del país en el último tiempo. Esta situación ha sacudido a la población chilena por las irregularidades presentes en el caso y cometidas por personal policial y oficialista, como los disparos por la espalda, el uso de balas de munición de guerra, obstrucción a la investigación, destrucción de evidencias y montajes que han salido a la luz pública.

Lo anterior ha traído consigo innumerables protestas sociales a lo largo del territorio nacional que perduran hasta hoy, así como la inevitable toma de postura de todos los actores políticos frente a la situación. Ejemplo de ello ha sido la inusual postura del Gobierno de Sebastián Piñera al exigir la renuncia del director general de Carabineros, Hermes Soto, y la evaluación que hizo el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, al calificar de hechos “gravísimos” la manipulación de pruebas por parte de Carabineros en los distintos casos. Se suma a ello la tajante postura de los partidos de la exConcertación quienes, paradójicamente, han calificado de «grave» e «inusual» esta situación, exigiendo comisiones investigadoras e interpelaciones a personeros del Gobierno, a pesar de haber sido ellos quienes iniciaron los planes de militarización de la Araucanía (contando con varios dirigentes mapuche muertos por acción policial durante sus gobiernos, así como el uso sostenido de la Ley Antiterrorista creada por Pinochet).

Sin embargo, ha sido la postura de las fuerzas de izquierda las que no sólo han mantenido el conflicto en boga, sino que han realizado un análisis profundo de la crisis existente que ha llevado a propuestas concretas. Dentro de ellas están el reclamo de renuncia del ministro del Interior, Andrés Chadwick, la exigencia de poner fin al Comando Jungla (que opera en la Araucanía y asesinó a Catrillanca), la desmilitarización de la zona, revisión y fin urgente de la Ley Antiterrorista y Justicia Militar, y la democratización de las Fuerzas Armadas.

Todo lo anterior con el objetivo de combatir una institucionalidad pinochetista que persiste y pervive, así como a la corrupción que ella entraña, pues sigue siendo 2019, y a 29 años del fin de la dictadura, en Chile seguimos discutiendo la sujeción del poder militar al poder civil. Cuenta de ello es la negativa del director de Carabineros a renunciar cuando Piñera se lo solicita.

Similar ha sido la postura de la izquierda ante el paro de los trabajadores portuarios de Valparaíso quienes, a raíz de la caída en la cantidad de turnos y a la precaria forma de relación laboral con sus empleadores mediante contratos diarios (a modo de ejemplo, un trabajador que lleva 5 años puede tener más de 1000 contratos), llevaron a cabo una paralización de 35 días. En ésta se exigieron bonos compensatorios, mesas de trabajo y eliminación de listas negras de trabajadores.

La respuesta de la empresa no tuvo sorpresas: bonos, préstamos y propuestas que no cumplían ni la mitad de las expectativas de los trabajadores, así como lamentables y surrealistas comentarios a los que en Chile ya estamos tan acostumbrados, como los de Richard Von Appen, presidente del holding Ultramar: “Esto es un regalo, esto no necesita ninguna asamblea”. Esta familia, al igual que gran parte de aquellas que representan el 0,1% de la población y acumulan más del 40% del PIB nacional, tiene estrechos lazos con el pinochetismo y la ultraderecha chilena, pues han sido grupos económicos que han permeado progresivamente los organismos estatales, especialmente los económicos. Como resultado, la dirección de las políticas económicas del Estado se ha configurado como la expresión de los intereses del reducido grupo de empresarios que forman parte de los sectores antes mencionados, cuya consecuencia fue la consiguiente concentración de la riqueza en manos empresariales.

Un punto clave para entender el funcionamiento de estos grupos económicos en Chile es su forma de alianza y organización, la cual se estructura, en su mayoría, de manera familiar. Además, al existir estrechas relaciones sociales entre los distintos grupos, prácticamente se deja de lado la competencia entre estos fomentando, por el contrario, una participación y gestión conjunta de numerosas empresas y sectores productivos[4].

En el Global Wealth Report del 2017 se vislumbra que los altos índices de desigualdad y la acumulación de riqueza en grupos económicos familiares sigue siendo una tendencia en la economía chilena. Según el informe, de los 393 mil millones de dólares que circularon en Chile durante el año 2016, sólo 115 familias poseen el 12,7%, correspondiente a más de 50 mil millones de dólares. Los 343 mil millones restantes está repartido entre más de 4,7 millones de familias. Además, en el mismo informe se asegura que la concentración de la riqueza total de Chile, en términos porcentuales, es más alta que el promedio de la región, comparable a otros dos países con mucha concentración, como México y Brasil[5]

Es precisamente el análisis anterior el que marca la diferencia de las fuerzas de izquierda radical de otras presentes en el conflicto. Así, mientras Piñera fundamentaba que, como Gobierno, quedaría al margen de las negociaciones entre trabajadores portuarios y empresarios -argumentando que éste era un conflicto entre privados (postura recurrente del neoliberalismo chileno que busca separar las esferas político-gubernamentales de los problemas laborales)-, representantes del Frente Amplio, como el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y dirigentes sindicales portuarios, criticaron la forma en que el Estado se desentiende de lo que pasa en la relación laboral entre trabajadores y empleadores, catalogando el conflicto como uno entre clases dominantes y dominadas.

La radicalización de las movilizaciones y el apoyo de un amplio espectro social y político obligó al Gobierno a intervenir entre ambas partes, llegando a un acuerdo para bajar las movilizaciones. En ese contexto, fue el esfuerzo de los trabajadores, así como el análisis crítico y las acciones concretas de representantes del FA quienes respondieron a este conflicto de manera clasista y certera.

Comentarios finales

Por primera vez desde el Golpe de Estado de 1973 se está vislumbrando una posibilidad de alternancia política al establishment representante de los proyectos neoliberales y a la herencia económica y política del pinochetismo, posibilitado por la reconstrucción de la política de tres tercios que existía previamente al Golpe.

Sin embargo, existen diversas críticas a las formas de articulación de la izquierda contemporánea, así como ataques a la forma de participar en política y a las políticas de alianza que se generan. En ese sentido, si bien la izquierda chilena vive un proceso de reestructuración, definiendo aun los horizontes estratégicos y tácticos, negar los avances y reducirlos a marketing político-electoral es pesimismo de la voluntad y desconfianza de la razón. Nadie inventa procesos políticos y, a su vez, nadie puede copiar al pie de la letra métodos y estrategias y obtener resultados positivos. Son procesos complementarios, que confluyen, y en los cuales, tomando lo mejor de las experiencias foráneas e internas, se construye un nuevo camino.

[1] Roberts, K. 2012. “Market Reform, Programmatic (De)alignment, and Party System Stability in Latin America”. Comparative Political Studies, N°46: 1422-1452.

[2] Luna, J. & Altman, D. 2012. Uprooted but Stable: Chilean Parties and the Concept of Party System Institutionalization. Latin American Politics and Society 53 (2), pp. 1-28.

[3] Roberts, K. 2012. “Market Reform, Programmatic (De)alignment, and Party System Stability in Latin America”. Comparative Political Studies, N°46: 1422-1452.

[4] Peña-Álvarez, Orlando. (1981). “Mapa de la extrema riqueza. Los grupos económicos y el proceso de concentración de capitales.” Northsouth, Vol. 6, 11, pp. 99-103.

[5] Credit Suisse Research Institute’s. (2017). Global Wealth Report 2017 (N°1). Recuperado en: http://publications.credit-suisse.com/index.cfm/publikationen-shop/research-institute/global-wealth-report-2017-en/.