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Dos presidentes no electos: Temer en Brasil y Vizcarra en Perú. Una vicepresidenta no electa en Ecuador. Persecución política-judicial contra dos ex presidentes, Rafael Correa y Cristina Fernández de Kirchner, en Ecuador y Argentina. Lula metido en la cárcel injustamente para evitar que sea el próximo presidente de Brasil. Intento de atentado contra Maduro en Venezuela para matarlo en pleno acto público. Planean abiertamente terminar con UNASUR. Las giras de los altos funcionarios de Estados Unidos cada vez son más bienvenidas por algunos gobernantes latinoamericanos.

Estos son algunos de los acontecimientos políticos más emblemáticos que caracterizan la nueva fase de la ofensiva conservadora en la región que viene produciéndose en estos últimos años. Aunque estos hechos no son del todo novedosos, lo verdaderamente distintivo es la intensidad de la arremetida. Desde que la correlación de fuerzas políticas en la región es cada vez menos favorable al campo conservador, se fueron aplicando métodos no democráticos para ganar el terreno que se iba perdiendo por la vía electoral. Nadie olvida en Paraguay y Honduras la destitución golpista a presidentes electos, al igual que ocurriera con Dilma en Brasil. O el intento de acabar con la revolución venezolana por cielo, mar y tierra. O el golpe contra Correa para sacarlo del poder. O la desestabilización permanente contra Evo Morales y la Asamblea Constituyente en Bolivia.

Todos estos hechos ponen de manifiesto que desde el inicio se actuó así en aras de interrumpir un ciclo progresista que venía ampliándose. Pero ahora, aprovechando el propio desgaste de los gobiernos que llevan muchos años en la gestión, más una restricción económica externa que aprieta hasta la asfixia, la restauración conservadora ha decidido pisar el acelerador llevándose por encima a quién sea y cómo sea. Se dieron cuenta que el poder comunicacional y el económico, por muy potentes que fuesen, eran insuficientes para la tarea destituyente y, entonces, tuvieron que retomar en algunos casos el poder militar, así como el poder judicial, en los casos que pudieron hacerlo.

De esta forma, además del objetivo en sí (alterar el orden democrático en lo coyuntural para lograr capacidad de mando), procuran normalizar aquello que no es normal, a partir de una estrategia de insistencia y repetición, orquestada desde casi todos los poderes fácticos, incluido eso que llaman “comunidad internacional” que, si no la tiene a favor, se inventa (como es el Grupo de Lima, para el caso venezolano). He aquí la huella conservadora de mayor calado en términos estructurales: conseguir que se naturalicen prácticas que hace pocos años eran rechazadas, mayoritariamente, por la ciudadanía. Y, seguidamente, lograr imponer una suerte de retorno del mito del “no hay alternativa”, que también pudiera permear entre la gente, incluso entre alguna dirigencia política del campo progresista.

Son cuestiones éstas que van más allá del ahora, y que la restauración conservadora está planificando hacia delante, de cara a construir un campo mucho más fértil para poder ganar elecciones sin necesidad de tener que regresar a estos instrumentos tan rudimentarios. El objetivo de mediano plazo es arrebatar cualquier atisbo de esperanza, creando un clima de resignación y sacrificio; demostrando que si lo intentas y lo logras luego acabarás perseguido o en la cárcel; y que lo mejor es volver al “no te metas en política”. De ahí deriva la estrategia, a veces comprada incluso por parte del bloque progresista, de inducirnos a la supremacía de algunos “estados de moda”: la no confrontación, la despolitización, la lógica aspiracional, la clase media, los valores posmateriales, etc. Nadie puede negar que todo ello existe, pero el riesgo reside en que sean resignificados, como la restauración conservadora pretende.

Y esta es seguramente la nueva dimensión, a veces invisible, que gravita en la gran disputa de América Latina para los próximos años.