El 21 de febrero pasado Bolivia celebró un referéndum que proponía modificar la Constitución Política del Estado para habilitar la repostulación del binomio Morales-Linera en las próximas elecciones presidenciales de 2019. La victoria del No (51,34%) por margen inferior al 3% sobre el Sí (48,66%) supuso una importante derrota política para el gobierno del MAS. Como era de esperar, la consulta generó una fuerte polarización que permitió aunar tras el No a un voto opositor muy diverso que de otra manera difícilmente pudiera haberse aglutinado. Hay que recordar que en la última elección presidencial (2015) el margen de Evo Morales sobre el segundo candidato más votado fue de 37%. En este sentido, la derrota del oficialismo no puede traducirse automáticamente en una victoria de algún sector particular de la oposición. Luego del fracaso de los intentos secesionistas de 2008, el arco opositor atraviesa importantes dificultades para constituir una alternativa al proyecto político del oficialismo y una escasa renovación de dirigentes que dificulta aún más esa tarea. Ante la ausencia de liderazgos capaces de articular demandas entre las filas de la oposición política, la campaña por el No fue liderada por un sector de los medios de comunicación que colocaron el foco mediático en el “culebrón del caso Zapata” buscando erosionar la legitimidad de Evo Morales con una denuncia por tráfico de influencias que involucraba a una ex pareja (Gabriela Zapata) quien aseguró tener un hijo no reconocido por el mandatario. Posteriormente –semanas después del referéndum- se confirmó que el supuesto hijo nunca había existido mientras que una comisión parlamentaria investigó y absolvió a Morales en el caso de tráfico de influencias.
Como toda derrota, el revés electoral generó un fuerte impacto que aún perdura. A casi cinco meses de la consulta, el vendaval político que desató el resultado, y las repercusiones del caso Zapata, todavía siguen generando debate en el escenario nacional. La primera reacción del oficialismo fue atribuir el resultado a una “campaña de difamación” y una “guerra sucia” liderada por la cadena internacional CNN y medios opositores. Al denunciar que la ciudadanía había sido manipulada por el escándalo Zapata, el propio presidente Morales declaró en metáfora futbolística que habría “un segundo tiempo” lo cual fue interpretado como una posible repetición de la consulta. El mandatario aclaró posteriormente que se refería a la próxima cita electoral de 2019. Sin embargo la posibilidad de un nuevo referéndum fue retomada por distintos referentes de organizaciones sociales y algunos representantes del MAS con el argumento de que el clima de opinión generado en los días previos podría haber influido en la decisión de los votantes.
El propio Presidente declaró a fines de junio que no va en busca de un segundo referendo[1]. No obstante, la opción no está completamente descartada[2]. Según la legislación boliviana, existen dos vías para impulsar la celebración de una consulta: por iniciativa ciudadana mediante la recolección de firmas (20% del padrón electoral, equivalente aproximadamente a un millón de firmas) o por petición de la Asamblea Nacional (como fue el caso del referéndum celebrado el 21 de febrero). El debate en torno a esta posibilidad es más político que jurídico. La opción de repetir la consulta podría acarrear un coste político demasiado alto para el oficialismo. Implicaría darle a la oposición una nueva oportunidad de articularse tras el No y montar una campaña haciéndose con la bandera de la “buena democracia” acusando al gobierno de no asumir el veredicto de las urnas cuando le es adverso y de buscar perpetuarse en el poder. En caso de que la posibilidad de un nuevo referéndum fuera descartada, el problema de la sucesión de Evo Morales pasaría al centro de la escena.
Las últimas encuestas que miden la popularidad del presidente y su gestión de gobierno también contemplan el escenario de repetición de la consulta. La Empresa IPSOS para Radio y Televisión Popular (RTP) realizó un sondeo en cuatro ciudades troncales de Bolivia: La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra[3]. La encuesta dio como resultado una aprobación a la gestión presidencial de Evo Morales del 52%, frente a un 41% de desaprobación. Cabe aclarar que tradicionalmente la base principal de apoyo del dirigente se encuentra en los sectores rurales que no fueron contemplados en la encuesta. Desagregados los resultados por estrato social, entre los sectores menos favorecidos económicamente la aprobación sube a 62% y entre los sectores más acomodados cae a 39%. Según otra encuesta de Mercados y Muestras publicada en Página Siete[4], 25% de población que califica la gestión como buena, 44% como regular y 25% como mala. En este estudio se observa una importante caída de la valoración positiva en comparación con los datos del mes de diciembre de 2015 cuando 54% había calificado la gestión como buena; 33% como regular y 11% como mala. A su vez, el 65% no estaría de acuerdo en la repetición de la consulta y el 31% la apoyaría. Ante el escenario hipotético de un nuevo referéndum 58% votaría No y 35% se inclinaría por el Sí[5].
Otros factores podrían contribuir al desgaste de la imagen positiva del gobierno: la caída del precio de los commodities y un incremento de la conflictividad social complejizan el escenario para el oficialismo. El conflicto social se centra en las demandas de dos sectores: por un lado el sector de discapacitados que exigen un Bono por Discapacidad que el gobierno considera inviable económicamente y por otro lado las protestas de 180 ex trabajadores de la Empresa Nacional Textil (ENATEX). Ambas demandas son apoyadas por algunos sectores de la Central Obrera Boliviana (COB) y fueron motivo de fuertes movilizaciones durante los últimos meses que dejaron como saldo varios heridos por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Ante la demanda de los discapacitados movilizados hace más dos meses de un bono de 500 bolivianos mensuales (aproximadamente 70 dólares) el gobierno ratificó la decisión “de no crear nuevos bonos ni programas sociales”, debido a la disminución de ingresos nacionales por la baja en los precios de los hidrocarburos y calificó a la protesta de ilegítima aduciendo que se trata de un sector minoritario no representativo de las organizaciones que nuclean a los discapacitados en los distintos departamentos con quienes se llegó a acuerdos parciales de apoyo en infraestructura y equipamiento[6]. Sin embargo el gobierno garantizó el pago de los bonos vigentes: Juana Azurduy, Juancito Pinto y de Renta Dignidad[7] e incluso aseguró que si el crecimiento económico del país supera el 4,5% se garantiza el pago del doble aguinaldo de este año[8]. En el caso de ENATEX, ante la decisión del ejecutivo de que dejara de ser una empresa pública para pasar a constituirse como una Entidad Descentralizada bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, cambiando su denominación a SENATEX, el conflicto se centra en la estabilidad y las condiciones laborales de los trabajadores.
Restricción externa, incremento incipiente de la conflictividad social y nuevo panorama político tras el referéndum conforman un escenario de complejidad creciente para el gobierno del MAS. En la última década, el proceso de cambio liderado por Evo Morales transformó el país abriendo un ciclo de estabilidad económica, política y social inédito en la historia que sitúa a Bolivia como uno de los países que más avanzó en términos relativos respecto a los años del neoliberalismo. La derrota de febrero, como toda derrota, supondrá un reacomodamiento de fichas al interior del oficialismo en la cual el problema de la sucesión podría convertirse en el principal desafío político de los próximos tres años.
[1] Periódico El Correo del Sur. 2016. “Evo dice que no piensa en otro referéndum”. URL: http://correodelsur.com/politica/20160701_evo-dice-que-no-piensa-en-otro-referendum.html
[2] Periódico La Razón. 2016. “Evo defiende la legalidad de un nuevo referéndum para su repostulación”. URL: http://www.la-razon.com/nacional/Evo-defiende-legalidad-referendum-repostulacion_0_2502349749.html
[3] Periódico El Deber. 2016. “Aprobación de Evo en el eje central es del 52%”. URL: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/aprobacion-evo-eje-central-del.html
[4] Periódico digital Pagina Siete. 2016. “El NO Ganaría en un nuevo referéndum por cambiar la CPE”. URL: http://www.paginasiete.bo/especial01/2016/6/26/ganaria-nuevo-referendo-cambiar-100770.html
[5] Periódico El Deber. 2016. “Un 65% de los bolivianos rechaza nuevo referendo para reelección de Evo”. URL: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/65-bolivianos-rechaza-nuevo-referendo.html
[6] Prensa Latina, 2016. “El gobierno considera ilegítima movilización de discapacitados” URL: http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5012521&Itemid=1
[7] Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 2015. Los bonos sociales creados por el Gobierno Nacional benefician a más de cuatro millones de bolivianos. URL: http://www.economiayfinanzas.gob.bo/index.php?opcion=com_prensa&ver=prensa&id=3414&categoria=5&seccion=306
[8] América Economía. 2016. “Evo Morales garantiza el pago de bonos sociales y doble aguinaldo en Bolivia”. URL: http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/evo-morales-garantiza-el-pago-de-bonos-sociales-y-doble-aguinaldo-en-boli
Revista Datos Política. 2016. Evo niega la crisis y asegura pago de bonos en Bolivia. URL: http://www.datos-bo.com/Politica/Gobierno/Evo-niega-crisis-y-asegura-pago-de-bonos-en-Bolivia
