Informe sobre la coyuntura chilena

1. Sobre el proceso constituyente

Tras el rechazo de la propuesta de Constitución el 4 de septiembre y luego de extensas negociaciones, Gobierno, movimientos políticos y fuerzas políticas con presencia en el Congreso –excepto los partidos: Republicano (del ultraderechista J.A. Kast, con 13 diputados de 155) y De la Gente (del ultraliberal F. Parisi, con 8)– acordaron el 13 de diciembre las reglas para llevar a cabo un nuevo proceso constituyente. El 12 de enero el Congreso aprobó el inicio de este proceso que contará con tres órganos:

• Comisión Experta: redactará un primer borrador de Constitución que será la base para el debate. Está compuesta por 24 personas elegidas por el Congreso por mayoría de 4/7 (12 por la Cámara de Diputados/as y 12 por el Senado), en proporción a la representación parlamentaria. Inicia sus sesiones el 6 de marzo.
• Consejo Constitucional: órgano responsable de debatir y aprobar por mayoría de 3/5 la propuesta que será sometida a referendo. Estará compuesto por 25 consejeros y 25 consejeras, con presencia de escaños reservados. Las candidaturas se presentan el 6 de febrero, celebrándose las elecciones el 7 de mayo, con las mismas reglas que rigen la elección del Senado (Sistema D’Hondt con listas abiertas) y voto obligatorio. Podrán participar independientes solo si negocian cupos en listas de partidos.
• Comité de Admisibilidad: actúa como garante de las 12 Bases¹ 1. Chile es una República democrática; 2. el Estado es unitario y descentralizado; 3. Respeto a los derechos humanos y tratados internacionales; 4. Pueblos indígenas son parte de la nación unitaria e indivisible; 5. Estado social y democrático de derecho, sujeto a la responsabilidad fiscal a través de instituciones estatales y privadas; 6. Respeto a los emblemas nacionales; 7. Separación de los poderes consagrando el congreso bicameral; 8. Definición de entidades autónomas; 9. Garantía a derechos a la vida, igualdad, propiedad, consciencia y derecho preferente de los padres a escoger la educación de sus hijos; 10. Fuerzas armadas subordinadas al poder civil; 11. Estados de excepción constitucional (asamblea, sitio, catástrofe y emergencia); 12. Conservación de la naturaleza.definidas en el Acuerdo suscrito el 13 de diciembre y que forman el núcleo de la nueva Constitución. Está compuesto por 14 juristas de notable trayectoria propuestas por la Cámara de Diputados/as y elegidas por el Senado (de mayoría opositora). Se activa mediante solicitud firmada por 1/5 del Consejo o por 2/5 de la Comisión Experta.

Además, el Congreso despachó el reglamento que regula el funcionamiento del proceso. El 21 de octubre se deberá aprobar la propuesta elaborada por el Consejo y el 17 de diciembre se celebrará el plebiscito de salida.

2. Cambios de gabinete y acusación constitucional a Jackson

Desde la toma de posesión de Gabriel Boric, se produjo un cambio de gabinete a principios de septiembre, tras el plebiscito, y dos renuncias ministeriales, Jeannette Vega de Desarrollo Social en agosto, y empezando 2023 Marcela Ríos Tobar, exministra de Justicia señalada por errores en el proceso de indultos a presos del estallido.

Por otra parte, se rechazó en Cámara la acusación constitucional interpuesta por el Partido Republicano contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Sin embargo, la acusación fue débil y basada en juicios de valor, por lo que, si bien se previó un escenario complejo, ganó el rechazo; incluso 6 diputados opositores se abstuvieron.

3. Crisis de los indultos

Cumpliendo su promesa electoral, el 30 de diciembre Gabriel Boric anunció el indulto presidencial a 10 personas detenidas en el estallido, y un exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Sin embargo, la inclusión del frentista y de delincuentes con antecedentes, así como la aparente improvisación, debilitaron la decisión que llevó a que se rompiera la Mesa de Seguridad entre oficialismo y oposición y forzó la renuncia de la ministra Ríos, a quien la derecha intentó acusar constitucionalmente, pero esta acusación no prosperó.

4. Diferencias por nombramientos del poder judicial

Dos meses estuvo vacante el cargo de fiscal nacional debido a diferencias entre oficialismo y oposición (el Ejecutivo propone listas y el Legislativo elige). A estas diferencias se sumó el cuestionamiento a las trayectorias de las candidaturas y a la crisis en el Ministerio de Justicia por los indultos.

Finalmente se ratificó el tercer candidato oficialista, Ángel Valencia, de vínculos políticos con la derecha tradicional y amigo del presidente del Partido Socialista y del Senado, Álvaro Elizalde. Una vez nombrado, anunció 11 compromisos para los primeros 90 días que incluyen la reorganización de las unidades especializadas y de las macrozonas sur (Araucanía) y Norte (fronteras), priorizar delitos de homicidios y asuntos de género y establecer una mesa de trabajo para fortalecer la fiscalía.

5. Reforma del Sistema de Salud

Las instituciones de salud previsional (ISAPRES) –entidades privadas mediadoras en la prestación de servicios de salud–, han presionado al Ejecutivo por el presunto colapso del sistema debido a cinco factores: las deudas que acarrea; la imposibilidad de aumentar tarifas ante el aumento del uso; la posibilidad de una crisis mayor que acarrearía otros sectores económicos como los bancos; insuficiencia del marco legal para enfrentar una crisis colectiva; y la acusación de que la reforma propuesta por el Gobierno no resuelve los problemas del sistema en el corto plazo.

6. Los puntos fuertes del Gobierno

En medio de las complejidades, el Gobierno ha logrado avanzar con el proyecto de la jornada laboral de 40 horas, logró disminuir la violencia rural en la Araucanía en un 40 %, presentó proyectos para fomentar la red ferroviaria y alivios en salud, medidas económicas para contener la inflación y apoyo a la pequeña empresa. En materia ambiental ha cumplido con compromisos de campaña y logrado introducirse en la agenda regional contra el cambio climático, y en seguridad se anunció avances para crear el Ministerio del ramo y una política nacional contra el crimen organizado.

7. Opinión pública

Según la última encuesta CEP,²Disponible en: https://www.cepchile.cl/wp-content/uploads/2023/01/CEP88_PPT_ANEXOS_CRUCES-1.pdflas tres principales preocupaciones de la población son seguridad, salud y pensiones. Disminuye la opción democrática como forma preferible de gobierno, pero se mantiene en alza la demanda por mayor igualdad a través de políticas públicas. La aprobación de Boric es de 24 % y la desaprobación de 61 %, empatando con las peores cifras del primer Gobierno de Piñera, manteniéndose aún por encima de los resultados en los segundos Gobiernos de Bachelet y Piñera.

8. Qué se viene para 2023:

1. Las relaciones entre Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático dentro del Gobierno son tensas. Sin embargo, se han sostenido encuentros para fortalecer la coalición pues este 2023 se presentan varias reformas que requieren unidad, principalmente la tributaria y de pensiones. Sobre esta última la Cámara ya ha acordado el inicio de la tramitación. El escenario es complejo debido a roces con el Legislativo, el rol de la oposición en el Congreso (muy especialmente en el Senado), y la resistencia sectorial.
2. La oposición sigue capitalizando errores del Gobierno. Desde el triunfo del rechazo, han logrado contener la agenda transformadora e imponer sus términos en el proceso constituyente y en la opinión pública. No obstante, fruto de las fallidas acusaciones constitucionales se observa una grieta con la ultraderecha (Partido Republicano), y fracturas al interior del Partido de la Gente, lo cual le da cierto margen al Gobierno.
3. Deben definirse las listas y candidaturas al Consejo Constituyente, donde el Gobierno debe decidir si opta por una lista única o no. Acudir en una sola lista le permitiría optar a más escaños, mientras que ir separados puede implicar no superar a la derecha y quedar subrepresentados. A su vez, el oficialismo ve compleja la conformación de listas porque buena parte de su militancia ha pasado a trabajar en el Estado.
4. En septiembre se conmemorarán 50 años del golpe de Estado por lo que el Gobierno debe ser estratégico en la narrativa y sus acciones para no agravar la crisis con la oposición ni alejarse de su electorado.
5. Gestión económica y seguridad serán clave. En lo económico, la inflación presentó los mayores datos en tres décadas, se produjo una contracción más alta a la esperada y se observa un incremento de la precarización laboral. Están actualmente pendientes 27 negociaciones colectivas en minería, que pueden afectar a la tasación del cobre y por tanto el valor del dólar y toda la economía. Y en seguridad, la visibilidad y violencia de ciertos delitos, junto con el aumento de homicidios, la situación migratoria y la presión mediática contribuyen a generar un clima de tensión ciudadana.