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Por Gisela Brito – CELAG

Pese a los malos augurios económicos, el mes de diciembre transcurrió sin sobresaltos. A diferencia de lo que venía sucediendo en años anteriores, los intentos de los sectores concentrados de la economía y las estrategias de la oposición no pudieron forzar una nueva devaluación del peso, ni tampoco sobrevino otro diciembre en llamas, acompañado de saqueos y/u otros componentes desestabilizadores (como los levantamientos policiales de 2013). A cambio de eso, tras un diciembre apacible, en pleno mes de feria judicial, cuando la noticia más sobresaliente eran las cifras record de la temporada turística en diferentes puntos del país, enero llegó cargado con un nuevo ataque al gobierno con pretensiones descaradamente desestabilizadoras, esta vez por otra vía, la judicial -a la que se suele recurrir cuando la política no permite salir ganando-. El fiscal especial de la causa AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), cuyo atentado arrastra 21 años de impunidad, apareció sorpresivamente en todos los medios de comunicación anunciando la imputación de la presidenta de la nación, de su canciller y del principal referente de la organización juvenil kirchnerista La Cámpora por el supuesto encubrimiento de funcionarios iraníes sospechados de volar la mutual judía. Pero justo el día en que el fiscal debía concurrir al Congreso de la nación para explicar tal denuncia -cuyo texto no tiene asidero real y roza casi el absurdo- su extraña muerte tiñó el escenario político y dio por tierra con la apacible calma de enero. La escena estaba lista y en seguida, en medio de la conmoción, apareció el coro opositor, con el periodista Jorge Lanata a la cabeza apuntando al gobierno como responsable del trágico suceso.

La respuesta no tardó en llegar. Con una rotunda claridad Cristina Kirchner planteó abiertamente que al fiscal Nisman “lo usaron vivo, y después lo necesitaban muerto”. Y que la verdadera maniobra de desestabilización contra el gobierno no era la infundada denuncia por encubrimiento sino la muerte del fiscal. El año electoral recién comienza, los interrogantes son muchos. La presidenta insinuó incluso en una carta que esta operación podría haber estado ya preparada para incendiar la cancha en las semanas previas a las elecciones, y que fue adelantada para ligarla simbólicamente con el atentado terrorista del 7-E en París.

Pero frente a los ataques, el kirchnerismo ha demostrado a lo largo de la última década una enorme capacidad no solo de resistir los intentos desestabilizadores sino de reinventarse y salir fortalecido capitalizando el apoyo popular y dominando el pulso político. La experiencia reciente indica que en lugar de socavar las bases de apoyo popular del kirchnerismo, los ataques externos no hacen más que dotarlas de renovada fuerza y ampliarlas. Con la polarización siempre sale ganando el kirchnerismo y nunca la oposición. Tal es el saldo que dejaron el conflicto del “campo” en 2008, que de alguna manera contribuyó a consolidar en términos simbólicos la identidad propia del kirchnerismo, la sanción de la ley de medios en 2009 y la batalla contra el multimedios Clarín, y la disputa con los fondos buitre en 2014, como grandes hitos de la historia kirchnerista. Fueron momentos en que parecía que el gobierno se iba a pique, pero por el contrario, fueron muy bien aprovechados para que el kirchnerismo saliera reforzado como identidad política. Es en esta clave que hay que interpretar los anuncios realizados por la presidenta a través de la cadena nacional que apuntan a desarticular a la ex SIDE (Secretaría de Inteligencia de Estado) y reformar todo el sistema de inteligencia del país.

Por su parte, la oposición no logró durante las últimas semanas sacar rédito del costo político que supone la muerte del fiscal Nisman para el oficialismo, ni colocarse en el centro de la escena: Macri continúa apostando a su discurso vacío de contenido –pero lleno de “buena onda”- planteando la necesidad de generar “confianza” en los ciudadanos y anticipando el rechazo de su bloque a la propuesta de ley del ejecutivo, aún sin haberlo leído; la principal observación de Massa tras los anuncios presidenciales es que el gobierno debería ofrecer una recompensa económica y convocar a “expertos internacionales” para resolver el caso (sic); el frente UNEN, cada vez menos protagonista, continúa sumido en sus propias luchas intestinas por sobrevivir y llegar a las primarias de agosto, y la desertora Elisa Carrió continúa representando su papel de defensora de la república con un discurso –cada vez más- inverosímil y apocalíptico. Mientras, los medios concentrados de comunicación (que últimamente no ayudan mucho a la estrategia opositora porque siguen informando como si vivieran en una época pasada, muy alejados de lo que verdaderamente le preocupa a la sociedad) prefieren jugar a Sherlock Holmes gastando horas y horas de pantalla en desmenuzar hasta el absurdo cualquier detalle mínimo de la causa.

 En cambio, el kirchnerismo, en lugar de replegarse decidió redoblar la apuesta con el proyecto para reformular la Ley Nacional de Inteligencia anunciado por la presidenta en plena feria judicial y que será enviado al Congreso para comenzar a tratarse, mediante un decreto especial, a partir del 1 de febrero en sesiones extraordinarias. La propuesta del ejecutivo incluye la disolución de la ex SIDE y la creación de una Agencia Federal de Inteligencia, así como el traspaso de la competencia de realizar escuchas telefónicas al Ministerio Público Fiscal. Se trata, en palabras de la presidenta, de “cortar de cuajo” la interna de los servicios de inteligencia, cuya furia se desató en diciembre pasado cuando el ejecutivo descabezó a la cúpula de la SI desplazando al núcleo duro del poder dentro de los servicios, y que derivó, según la lectura oficialista, en la causa de encubrimiento a los iraníes. Esta reforma constituye una reivindicación histórica desde la recuperación de la democracia, porque supone desarticular las tramas oscuras de los servicios de inteligencia que hasta ahora se habían mantenido incólumes durante gobiernos de distinto signo político, incluido el kirchnerismo. Por supuesto que esta reforma podría, y debería quizá, haberse encarado mucho antes, pero en política se trata también de tener la vista afinada y el olfato necesario para elegir el mejor momento para sacar el as bajo la manga. Por ahora, CFK continúa demostrando esa capacidad, y por eso continúa siendo la figura de mayor peso político en la Argentina. El kirchnerismo, una vez más, demuestra su habilidad para canalizar los temas de la agenda y marcar el pulso político, ante una oposición cada vez más desarticulada, que ve con ojos atónitos a su rival y no consigue hacer pie, mientras se le va consumiendo el tiempo para llegar en condiciones de disputar seriamente el poder en octubre. 2015 recién comienza; la lucha por la sucesión ya está desatada. Lo cierto por ahora es que CFK es la líder indiscutida de la escena política y la figura de mayor peso electoral en el país, quien además mantiene altísimos niveles de aprobación entre la población. En fin, en Argentina al parecer, el “fin de ciclo kirchnerista” es más un slogan que una realidad, que bien podría ser sustituido a la luz de lo visto por un nuevo “salto adelante kirchnerista” para seguir consolidando el cambio de época en el país.

Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica

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