La agenda económica de transformación y diversificación productiva continúa en marcha en Venezuela, con el objetivo específico de superar la actual coyuntura económica e impulsar otros sectores estratégicos. El gobierno venezolano tiene como objetivo impulsar una nueva cultura productiva que permita sentar las bases para superar la dependencia a la renta petrolera, y así dar paso a otras alternativas de producción que además ayuden a combatir la guerra “no convencional”, guerra económica, promovida por sectores de la oposición desde el fallecimiento de Hugo Chávez.
Desde el inicio del año 2016 se anunciaron diversas medidas, entre ellas, la creación del Consejo Nacional de Economía Productiva que cuenta con la participación del sector público y privado. Se encuentra conformado por un total de trece motores de la economía, que según lo anunciado por el mismo presidente Nicolás Maduro, deben completar 36 sectores específicos de desarrollo para alcanzar el denominado “Plan 50”, que busca garantizar 50 rubros de bienes y servicios vitales para la estabilidad y crecimiento económico de Venezuela. Otro de los objetivos de este plan es el de crear capacidades dentro del sistema productivo nacional capaces de satisfacer las necesidades del pueblo venezolano.
A los nueve motores de la economía que fueron priorizados inicialmente por este Consejo, recientemente se sumaron cuatro adicionales. Éstos son: 1) el forestal, que se impulsa con las siguientes mesas de trabajo: aserradero, carpintería, papel y carbón. La finalidad es poder considerarlos sectores clave en los que se invite a participar a inversionistas nacionales e internacionales; 2) el comunal y social, sector que se decidió mejorar y visibilizar para que su incidencia no se relativice y pueda impulsarse con más fuerza; 3) banca y finanzas, que próximamente será activado con decisiones centradas en dinamizar las carteras de crédito de la banca pública y privada; y 4) el motor exportador y la búsqueda de nuevas fuentes de divisas, el cual se encuentra en un proceso de reestructuración en el que destaca el diseño de una ventanilla única para exportadores para simplificar, acelerar y centralizar los procedimientos exigidos a las empresas con capacidad de comercialización externa. El objetivo es disminuir los obstáculos burocráticos y eliminar los trámites innecesarios.
A estas medidas, le preceden otras decisiones como la modificación del tipo cambiario al cual los exportadores venden sus divisas al Banco Central de Venezuela, que para hacerlo más competitivo, pasó de 52 bolívares por dólar a 200. En este sentido, también toma importancia la activación de una línea de crédito en divisas para garantizar el acceso de materia prima al sector exportador, con una moratoria para todo el 2016 de licencias especiales de exportación y derogatoria del registro de usuarios del sistema de administración de divisas (RUSAD). Con esta medida, se espera elevar la participación de pequeños y medianos productores venezolanos en el comercio exterior.
Con respecto a la optimización de la inversión pública para la promoción de estos motores productivos, se activó un sistema centralizado y estandarizado de compras públicas que fomentará el desarrollo interno y que, también, apostará por la pequeña y mediana empresa para que tengan incentivos de producir lo que el Estado actualmente necesita.
Venezuela se encuentra frente a decisiones que permitirán crear una base productiva con capacidad de satisfacer la demanda interna y, al mismo tiempo, aumentar las exportaciones para generar divisas convertibles en moneda internacional que serán, a su vez, invertidas en áreas estratégicas.
