Este año Chile entró definitivamente en su “momento constitucional”. Ello abre una oportunidad para que el país pueda elaborar por primera vez en su historia una Constitución verdaderamente democrática, pues las 3 que ha tenido (1833, 1925 y 1980) has sido redactadas sin participación popular y siempre respondiendo a presiones elitistas.
A los observadores externos, especialmente aquellos que creen que a la Presidenta Michelle Bachelet y a su coalición de gobierno les queda algo de izquierda, puede resultarles difícil de creer y lo más probable es que ni siquiera lo sepan: tras 25 años de democracia, en nuestro país rige aún la Constitución de Pinochet, aprobada 1980 en un fraudulento plebiscito. Se trata de una Carta Magna redactada por los elementos más reaccionarios y neoliberales de la dictadura, que se caracteriza por el despojo de los principales derechos sociales (la educación, por ejemplo, no es un derecho en este texto) y por el carácter subsidiario que le otorga al Estado, es decir, el Estado no debe ni puede hacer nada que los privados puedan hacer eficientemente.
Se trata de una Constitución que ha moldeado la transición democrática chilena, haciendo que de todas las latinoamericanas la nuestra haya resultado ser la transición postdictatorial más neoliberal y derechistas del continente. Su ideólogo, el abogado ultra-conservador y ultra-católico Jaime Guzmán (muerto en 1990 en un atentado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez) señalaba al respecto: “La Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque -valga la metáfora- el margen de alternativas posibles que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”. Y eso es lo que ha ocurrido exactamente, y lo que explica que mientras la derecha política perdía todas las elecciones, el país se derechizaba cada vez más.
En todo caso, se trata de una Carta Fundamental que le ha resultado cómoda a las coaliciones de gobierno que desde 1990 han gobernado el país en connivencia con el gran empresariado, incluyendo los dos presidentes “socialistas” Ricardo Lagos (2000-2006) y Michel Bachelet (2006-2010 y 2014 – 2018). Sólo después del intenso y masivo ciclo de protestas sociales 2011-2012, que pusieron el tema de las reformas educacional, laboral y constitucional en agenda, la elite política reaccionó, la Concertación de Partidos incorporó a sus filas al Partido Comunista y recogió en su programa de gobierno la promesa de reformar la Constitución de Pinochet.
De este modo, en la actualidad se vive la tensión respecto de cómo se resolverá la abolición del texto constitucional pinochetista y la creación del nuevo. Básicamente este antagonismo se concentra en quienes defienden la Asamblea Constituyente como el mecanismo y quienes abogan por la salida institucional; es decir, es la batalla de la salida por abajo o por arriba.
La presidenta Bachelet, en su característico estilo ambiguo, pero que finalmente siempre opta por los caminos que los empresarios exigen (los mismos que hoy están siendo investigados judicialmente por financiamiento ilegal de campañas), se dirigió al país en cadena nacional para explicar cómo se desarrollará el “proceso constituyente”. Tras los quince minutos de exposición, quedaron más dudas que certezas. Bachelet presentó un cronograma que comenzaría en octubre de este año y finalizaría en algún momento de 2018, es decir, en el próximo gobierno. La primera etapa contempla lo que ella llamó “diálogos ciudadanos”, que sin ser vinculantes, se convertirán en “bases ciudadanas” para la nueva Constitución. Sobre estas bases, que serán entregadas el 2016 a la Presidenta, el Ejecutivo redactará un proyecto de nueva Constitución que será ingresado al Legislativo en julio de 2017, para que el Congreso (una de las instituciones más desprestigiadas del país) lo discuta y lo apruebe. Sin embargo, antes, en diciembre de 2016, el Gobierno enviará al actual Congreso un proyecto de ley para reformar la Constitución, para hacer posible que ésta se cambie, pues la actual Carta Magna no lo permite. Uno de los anuncios que más cuestionamientos suscitó entre los sectores que defienden la realización de una Asamblea Constituyente es que, según dijo la Presidenta, los procedimientos para dictar la nueva Constitución deberán ser aprobados por dos tercios de los congresistas en ejercicio. Es decir, fiel a la tradición de los últimos 25 años, una vez más se entrega todo el poder de veto a la derecha, la que, aun siendo minoría parlamentaria, con este quórum tendrá en sus manos las llaves del cambio constitucional.
Bastante más claro fue el Ministro de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, quien fue nombrado el “coordinador administrativo” del proceso constituyente. Según dijo a la prensa: “Lo que queremos es que haya una Constitución donde conservadores y liberales, socialdemócratas y neoliberales, se sientan a gusto … si la orientación es más hacia un lado conservador o liberal o hacia un lado neoliberal o socialdemócrata…Para que sea una casa de todos y flexible para acomodar las preferencias de una coalición socialdemócrata o una coalición más bien conservadora”. Como vemos, en el diseño del Gobierno “la casa de todos” sólo contempla a algunos moradores: neoliberales y liberales.
Las visiones de izquierda ni siquiera se menciona como posibilidad en el diseño constitucional, lo que, en gran, medida es responsabilidad de las propias fuerzas antineoliberales. Pues éstas, aun cuando han demostrado en estos años capacidad movilizadora y fuerza social, no han logrado aún pasar a la fase de fuerza política, sobre todo, por la falta de articulación y unidad.
Aunque en estos días acaba de producirse una noticia que sorprendió al establishment: la izquierda anticapitalista – llamada CRECER- triunfó holgadamente en las elecciones estudiantiles de la segunda Universidad más importante del país, la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Es la segunda vez que la izquierda gana la federación estudiantil en la PUC, la anterior fue en 1969. Se trata no sólo de la universidad más derechista del país, donde siempre más difícil le ha resultado a la izquierda obtener buenos resultado, es además la casa de estudios de Jaime Guzmán, el ideólogo de la derecha chilena, y la institución de la cual salen la mayoría de los cuadros de la derecha política y empresarial nacional. Esta elección demostró la importancia de la unidad para la izquierda y sin duda fortalecerá la opción por la Asamblea Constituyente, con la cual se identifican toda la militancia de CRECER.
