La cuestión del aborto en América Latina

Análisis Político

A pesar de que el balance 2019 en materia de legislación sobre el aborto en la región no es el mejor, hay esperanza de que se amplíen los derechos reproductivos

El balance de los gobiernos latinoamericanos en 2019 respecto al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) presenta un panorama poco alentador. El ascenso de gobiernos como el de Jair Bolsonaro evidencia el avance de un conservadurismo de cariz religioso contrario no sólo al aborto sino a todo intento de atender tanto los derechos reproductivos como la educación sexual, una hostilidad explicitada en su caracterización y construcción del concepto de “ideología de género”. El nombramiento de Damares Alves al frente del Ministerio de la Mujer fue revelador: la ministra señaló que la prioridad de su gestión es “proteger la familia tradicional y luchar por un Brasil sin aborto”[1].

En América del Sur las denominadas “nuevas derechas”, encarnadas en Sebastián Piñera y Mauricio Macri, tuvieron un rol más ambiguo. En el primer caso, con la modificación del Protocolo sobre el Aborto en tres causales, aprobada bajo la Administración de Michelle Bachelet. El objetivo fue facilitar que instituciones privadas puedan refugiarse en la “objeción de conciencia” y no practiquen la interrupción del embarazo. Esto ha implicado un retroceso importante en cuanto a los convenios del Estado con instituciones de salud privada para la realización de abortos en caso de violación, riesgo de vida para la madre e inviabilidad fetal.

En el caso argentino, el Gobierno de Macri abrió la discusión del aborto en el Congreso y, a su vez, votó mayoritariamente en contra de la iniciativa. Además, el Ejecutivo envió al Senado un proyecto para reformar el actual Código Penal, un proyecto que no sólo mantiene la criminalización y los límites para acceder a este derecho por causales, sino que también se refuerza la figura del “aborto culposo” –por imprudencia o negligencia– y se incorpora el delito de “lesión a la persona por nacer”, dando al feto un estatus jurídico. Esto significaría un retroceso en relación con el debate que se abrió durante el tratamiento del aborto en el Congreso, sino también respecto al actual Código Penal (1921), y al fallo F.A.L. (2012)[2], cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentó un importante precedente al desambiguar el artículo 86 del Código Penal sobre el aborto no punible, permitiéndolo cuando la salud o la vida de la mujer están en peligro o cuando el embarazo es producto de una violación o “un atentado al pudor de una mujer idiota o demente”. Anteriormente, las interpretaciones ponían en duda si era sólo para violación de personas discapacitadas o cualquier tipo de violación. Pero, tal vez, lo más novedoso es que este fallo encargó a las autoridades nacionales y provinciales la implementación de protocolos hospitalarios “para la concreta atención de los abortos no punibles a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso a los servicios médicos”. En 2015, el Ministerio de Salud de la Nación -entonces bajo el Gobierno de Cristina Fernández- publicó el Protocolo[3] para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y al que adhirieron provincias como: Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Esto permitió, en la práctica, vehiculizar las ILEs y ampliarlas, ya que el Protocolo incluía el concepto de salud en su concepción integral (física y psíquica).

En Ecuador tampoco llegaron buenas noticias. El 17 de septiembre la Asamblea Nacional se pronunció en contra de la inclusión de la violación entre las causales de aborto no punible, con lo que la legislación actual sólo habilita la interrupción del embarazo en caso de riesgo de vida. Cabe destacar que, hasta el momento, los avances de los progresismos en materia de derechos reproductivos fueron bastante escuetos. Aún con voluntad política, como en el caso de Bolivia, los avances son aún tímidos. En el país andino el Gobierno impulsa el debate y la reforma legislativa del Código Penal, pero aún no se han materializado avances. En Venezuela no hubo avances y la crisis económica se interpuso al acceso efectivo de los métodos anticonceptivos garantizados por la ley bolivariana.

Los casos de progresismos con avances más notorios los constituyen Chile y Uruguay. En el primer caso, por la incorporación de causales por parte de Bachelet en 2017, pero también por el crecimiento del movimiento feminista local. En cuanto a Uruguay, desde la sanción de la despenalización en 2013, se ha convertido en el país de la región que más avanzó en materia de salud sexual y reproductiva. Una investigación internacional presentada el mes pasado por Miráquetemiro.org –una plataforma creada por ocho redes regionales que trabajan en temas relacionados con la salud de las mujeres– reveló que el país rioplatentense cumple con cerca del 80% de los compromisos en salud y derechos sexuales y reproductivos que los estados asumieron en 2014 en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas. Además del aborto, los compromisos asumidos están vinculados a cuestiones como prevención de la mortalidad materna, laicidad, servicios de salud sexual y reproductiva, parto humanizado y educación sexual integral.

Países como Perú, Colombia y Paraguay tampoco presentaron cambios, pero cabe destacar que mientras Colombia y Perú tienen una política del aborto que lo permite en casos y condiciones específicas, Paraguay es la excepción suramericana, ya que constituye el único país que no avala ningún tipo de causal, lo que implica una prohibición absoluta. Paraguay, claramente, resalta de la media regional que contempla el aborto terapéutico (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela). En cuanto a la causal de violación, es no punible en prácticamente todos los países suramericanos, a excepción de Ecuador, Venezuela y Paraguay.

Aborto en Mesoamérica

Tal vez el único avance centroamericano provenga de México, en donde el Estado de Oaxaca aprobó su despenalización el pasado 25 de septiembre. México corresponde a uno de los países medianamente más avanzados.  Medianamente, pues el aborto es despenalizado en la Ciudad de México y ahora en Oaxaca. En Ciudad de México el aborto no es punible mientras sea realizado antes de la semana de gestación número 12. Asimismo, en términos de punibilidad, México cuenta con penas bastante más laxas (de 3-6 meses y/o de 100 a 300 días de trabajo que beneficien a la comunidad)[4] que el promedio de pena regional centroamericano (entre los 3-4 años).

Las legislaciones más punitivas se encuentran en el centro del continente. En El Salvador, Nicaragua y Honduras el aborto es ilegal en todas sus causales. Siendo las mujeres salvadoreñas las que cuentan con una mayor vulneración: “las 13”, por ejemplo, han sido una de las consignas más importantes en el movimiento feminista salvadoreño al hacer referencia a la judicialización de mujeres que supuestamente se practicaron un aborto.[5] La accesibilidad al procedimiento en el país más pequeño de Centroamérica ha sido la punta de lanza del movimiento feminista, pues son mujeres jóvenes, empobrecidas y excluidas de un sinnúmero de derechos las penalizadas por un aborto que ,además, es muy difícil de probar científicamente.[6]

Otro de los casos dramáticos corresponde al contexto nicaragüense, donde la legislación retrocedió en el año 2007, durante el Gobierno de Daniel Ortega. En esta última reforma se eliminó la causal del aborto terapéutico tras una alianza con el sector religioso en ese país; el movimiento feminista nicaragüense relata de las vulneraciones más importantes en el continente.[7] Además, ésta es una de las legislaciones con penas mayores, de entre 4 y 8 años.

En el caso del Código Penal de Nicaragua, llama la atención la conceptualización del aborto –artículo número 126- el cual corresponde a: “la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto”. Esta definición se referencia en las posturas más conservadoras respecto al aborto, provenientes del sector evangélico-religioso. Por otro lado, el artículo número 165, establece que: “el aborto terapéutico será determinado científicamente, con la intervención de tres facultativos por lo menos, y el consentimiento del cónyuge o pariente más cercano a la mujer, para los fines legales”. Este artículo elimina de raíz la autonomía de las mujeres, al subyugarlas a un consentimiento de la pareja masculina o al pariente más cercano. Las mujeres, de acuerdo a este artículo, son legalmente incapaces de tomar decisiones sobre su propio cuerpo.[8]

En Guatemala y Costa Rica el aborto terapéutico es legal, en teoría. Para el caso guatemalteco el Código Penal, en su artículo número 137, establece que: “No es punible el aborto practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico; si se realizó sin la intención de procurar directamente la muerte del producto de la concepción y con el solo fin de evitar un peligro, debidamente establecido, para la vida de la madre después de agotados todos los medios científico y técnicos”. Una lectura literal del artículo muestra vacíos en la noción reconocida como aborto terapéutico en tanto “evita un peligro” y despenaliza el aborto que se realizase sin la intención de provocar “muerte”. En ese sentido, la vida en Guatemala sería reconocida desde el paradigma religioso y el derecho del supuesto feto primaría frente el de la madre.

Actualmente, en Guatemala, se encuentra en tratamiento legislativo el Proyecto de Ley “para la Protección de la Vida y la Familia”. Tal proyecto entra en la Administración evangélica de Jimmy Morales y, en términos generales, aumenta las penas a quienes se practiquen un aborto o lo induzcan, además de que establece un “paquete” de medidas conservadoras: i) la vida es considerada desde la concepción; ii) el establecimiento de la familia –tradicional- como la institución fundamental de la sociedad guatemalteca y el deber del Estado Guatemalteco de protegerla y; iii) reconocimiento exclusivo del matrimonio heterosexual.[9]

En Costa Rica, buena parte del movimiento feminista se ha aglutinado en la exigencia de la firma de la Norma Técnica del Aborto Terapéutico. Con esta norma técnica, en buena teoría, las mujeres podrían acceder al aborto impune en el tanto peligre su vida. Sobre ello es importante rescatar que la redacción final de la Norma no ha sido publicada, por lo que existe el riesgo que en ella se establezcan retrocesos o bien que el acceso al derecho sea posible en relación a enfermedades específicas.

En este contexto, una fracción evangélica parlamentaria –independiente, recientemente, del Partido Restauración Nacional (PRN) alineados a la corriente de Fabricio Alvarado[10]– y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) arremetió contra Carlos Alvarado en caso de firmar la Norma Técnica del Aborto Terapéutico, a quien amenazaron de entorpecer la agenda parlamentaria del Ejecutivo.[11]

La legislación panameña corresponde a una de las más avanzadas en la región mesoamericana al despenalizar las causales de aborto en caso de violación y el aborto terapéutico. Sin embargo,  las y los médicos pueden apelar a la objeción de conciencia en razón de sus creencias religiosas personales.

Perspectivas

En lo que refiere a las promesas, la inminente llegada al gobierno argentino de Alberto Fernández, augura un salto adelante en materia de derechos reproductivos. Se prevé la despenalización del aborto y se ha anunciado la creación de una Secretaría de la Mujer, lo que institucionalmente implica un importante reconocimiento que contrasta con el vaciamiento de las políticas implementadas en la gestión de Cristina Fernández por parte del Gobierno macrista. Los nombres con los que se especula para el futuro Ministerio son los de Victoria Donda y Dora Barrancos; ambas expresan, con trayectorias distintas vinculadas a organizaciones sociales y el ámbito académico, una trayectoria de lucha por la IVE y la Ley de Educación Sexual Integral (ESI).

En este sentido, Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández perfilan un nuevo enfoque para un progresismo de segunda ola en lo concerniente a los derechos reproductivos y a la soberanía del propio cuerpo gestante. También es importante destacar que los dos países cuentan con el más significativo activismo de movimientos feministas en la región y que los debates en torno al aborto parecen contagiarse, logrando permear la agenda.

[1] https://g1.globo.com/politica/noticia/2018/12/06/nos-queremos-brasil-sem-aborto-diz-futura-ministra-de-mulher-familia-e-direitos-humanos.ghtml

[2] https://www.cij.gov.ar/nota-8754-La-Corte-Suprema-preciso-el-alcance-del-aborto-no-punible-y-dijo-que-estos-casos-no-deben-ser-judicializados.html

[3] Protocolo

[4] http://www.aldf.gob.mx/archivo-d261f65641c3fc71b354aaf862b9953a.pdf

[5] https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/hn/hn010es.pdf

[6] https://elfaro.net/es/201801/el_salvador/21427/El-privilegio-de-abortar-%7C-Especial.htm

[7] https://www.hrw.org/es/news/2017/07/31/nicaragua-prohibicion-del-aborto-supone-riesgo-para-la-salud-y-la-vida

[8] http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_Nicaragua.pdf

[9] https://fadep.org/principal/familia/guatemala-iniciativa-de-ley-para-la-proteccion-de-la-vida-y-la-familia/

[10] Fabricio Alvarado es un periodista, reconocido por su diputación durante la administración 2014-2018, la cual estuvo marcada por el fundamentalismo religioso. Fabricio fue candidato presidencial del Partido Restauración Nacional (PRN) y obtuvo la victoria en la primera ronda electoral, siendo derrotado en la segunda tras que el PAC se posicionara como el partido que defendía los derechos humanos.

[11] https://elperiodicocr.com/diputados-amenazan-con-frenar-proyectos-si-presidente-firma-norma-tecnica/

Bárbara Ester

Bárbara Ester

Licenciada en Sociología (UBA) (Argentina)

Bárbara Ester es licenciada y profesora de Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Realizó una Diplomatura en Género, Movimiento de Mujeres y Política en la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente cursa la Maestría en Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

Nery Chaves García

Nery Chaves García

Licenciada en Relaciones Internacionales con énfasis en Política Exterior y Diplomacia por la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). (Costa Rica)

Trabajó con organismos internacionales como OIM, OIT y ACNUR. Formó parte del programa de investigación Mi gracias, Cambio Social e Identidades del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional de Costa Rica.  Además realizó una pasantía, con su tesis de licenciatura, en el Instituto de Investigaciones…