La dependencia no se mide sólo en términos económicos, sino en aspectos políticos, de seguridad, tecnológicos, culturales y, en última instancia, en la influencia en la construcción de un sentido común/reproducción ideológica sobre “cómo deben ser las cosas”, qué es (o debería ser) el “buen funcionamiento” de la economía, qué debemos entender por democracia, igualdad, etc. Es muy complejo cuantificar aspectos tan cualitativos como las relaciones políticas: una mayor dependencia no emana siempre de la cantidad de reuniones oficiales o visitas diplomáticas; tampoco se reduce a la cantidad de acuerdos para el desarrollo tecnológico o en materia comercial.
Las llamadas telefónicas entre Bolsonaro o Macri y Trump, o las visitas y reuniones entre ellos, valen más en términos cualitativos que cuatro visitas de diplomáticos del Departamento de Estado a cada país. La intimidad de los vínculos no se mide por la cantidad de encuentros sino por el tipo de personalidad (jerarquía) que se reúne y los temas que tratan, así como por la importancia de los intereses en juego. Además, hay que tomar en cuenta las alianzas, acuerdos tácitos y relaciones políticas entre élites gobernantes de EE. UU. y ALC que discurren fuera del ámbito de lo público o, cuando menos, no acaparan los focos. Lo mismo puede decirse para aspectos económicos: la venta de Embraer a la estadounidense Boeing es “una sola”, pero tiene un peso relativo enorme, considerando el rol de Embraer en el complejo industrial-militar y de aviación civil no sólo en Brasil, sino a nivel regional.[5]
La asistencia “para el desarrollo” obedece a una lógica similar: por ejemplo, en el caso de Bolivia, no es de gran relevancia el monto de la asistencia sino los organismos locales que la canalizan y en qué sectores, destacando el ámbito de formación política, de jóvenes líderes y asesoría a partidos políticos, en un escenario de tensión con el Gobierno del MAS, creciente desestabilización y culminación en un golpe de Estado.[6] Del mismo modo, el acuerdo que permite la presencia de una base de asistencia humanitaria de EE. UU. en Neuquén, Argentina, en el área de yacimientos de hidrocarburos clave como los de Vaca Muerta,[7] no se compara con las numerosas bases de las que dispone EE. UU. en Colombia, pero es de un enorme impacto al mostrar la intención de presencia militar a nivel territorial en la Patagonia, extendiendo el ya “tradicional” espectro de control en la Triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil.
En el ámbito de defensa, se expresa no sólo en la formación y el adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas respectivas o la coordinación entre las fuerzas de EE. UU. y ALC sino también en términos de la dependencia en la tecnología militar (fabricación de equipos, compras de armamento y repuestos). Esta dependencia tecnológica militar implica ser rehén de un conjunto de intereses geopolíticos y económicos hegemónicos lo que, en última instancia, implica asumir una forma de pensar, de hacer las cosas, incluso la definición de ciertos enemigos.[8] La asistencia y ayuda militar, en términos generales, son un indicador de dependencia pero, además, abren la puerta a la desestabilización de los gobiernos de ALC, especialmente los de la izquierda o progresistas.[9]
Por un lado, entonces, exponemos algunos datos cuantitativos con respecto a los montos en intercambio económico, vínculos diplomáticos y políticos (incluida la asistencia para el desarrollo) y de relaciones en el ámbito de la seguridad. No obstante, en cada tabla presentamos también una serie de aspectos cualitativos que parecen fundamentales para contextualizar los números y dimensionar el tipo de vínculo, la intensidad y profundidad de las relaciones que cada país o gobierno va tejiendo con el sector público-privado de EE. UU.
En consecuencia, la ponderación sobre el nivel de dependencia bajo, medio y alto, en términos económicos, políticos y de seguridad de cada país, obedece a la articulación entre indicadores cuantitativos y cualitativos. México, Colombia, Guatemala y Honduras muestran los indicadores cuantitativos y cualitativos más altos de dependencia, y son el punto de referencia para la valoración de los demás países; a su vez, la ponderación obedece a las continuidades y cambios más significativos en los últimos años, que en general se asocian a los cambios de Gobierno y el tipo de proyecto (neoliberal, neoliberal conservador, progresista, etc.) planteado. Los datos no son exhaustivos, se trata de una aproximación más bien representativa, con el objetivo de contribuir a pensar y debatir en qué medida y en qué aspectos dependen nuestros países de EE. UU. La mayor parte de la información proviene de fuentes oficiales estadounidenses, de modo que tienen la impronta de EE. UU. (qué se mide y cómo se lo mide). A pesar de esta limitación, los datos pueden ser útiles para cruzar con información proveniente de los gobiernos de ALC.
Los países analizados son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. No incluimos a Venezuela, Cuba y Nicaragua, porque plantean procesos políticos y económicos en permanente tensión con EE. UU. Eso no significa que no existan vínculos con Estados Unidos (inversiones y relaciones comerciales, intercambio político, asistencia para el desarrollo, etc.) pero el escenario en el que se desarrollan esas relaciones es el de guerra híbrida permanente y no cabe analizar las mismas categorías insinuando la existencia de una “normalidad”.[10]
