El gigante suramericano está atravesando una crisis política con pocos antecedentes en su historia democrática. Apenas comenzado su segundo mandato, la presidenta Rousseff ha sido blanco de numerosos intentos de impeachment que han tenido como escenario importantes instituciones del país: poder judicial, el Congreso, los medios hegemónicos, y también las calles. El impeachment no es un golpe en sí mismo, ya que la Constitución del Brasil lo permite bajo determinadas circunstancias. En la actual coyuntura, lo que se debate en los ámbitos mencionados es, justamente, si hay fundadas razones para abrir un proceso de destitución. Y si éstas no son suficientes, algunos sectores de la derecha buscarán o forzarán otras. Esta ha sido la dinámica durante los últimos nueve meses.
I
Con el impulso del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), liderado por el senador opositor Aécio Neves, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se convirtieron en dos instancias evaluadoras de pruebas que podrían utilizarse para abonar otro pedido de destitución. La semana pasada el TCU recomendó al Congreso rechazar las cuentas federales de 2014, entendiendo que hubo irregularidades en el manejo de las mismas, al mejorar artificialmente los resultados del presupuesto. La decisión fue ampliamente celebrada por la oposición, al punto que uno de sus jueces, abiertamente opositor y señalado como beneficiario del caso de corrupción Carf, Augusto Nardes, fue recibido en la calle tras el fallo con carteles que lo reconocían como el “guerrero del pueblo brasileño”. El TSE, por su parte, tiene que expedirse en breve sobre la acusación realizada por el PSDB de que la última campaña de Rousseff estuvo teñida de irregularidades en su financiamiento; señaladamente, que habría recibido donaciones por parte de empresas hoy implicadas en el caso de corrupción Lava Jato. Esta acusación había sido archivada en febrero, pero fue reabierta recientemente a instancias del juez Gilmar Mendes, por entender que hay nuevos elementos en la investigación de la causa Lava Jato que lo ameritan. En caso de que se comprueben estas irregularidades, quedaría impugnada la victoria electoral de Rousseff y su vice, M. Temer.
En qué quedarán estas acciones abiertas por la justicia bajo el impulso de los partidos de la oposición que perdieron por escaso margen las elecciones del pasado año es aun una incógnita. Por lo pronto, se percibe en la oposición -que ya cuenta 12 años sin alcanzar la presidencia- una clara desesperación por conseguir a través de sus partidarios en el Congreso y en la Justicia lo que no consiguió en las urnas. Hasta hace pocos días, todo indicaba que Eduardo Cunha -quien abandonó la base aliada del gobierno hace unos meses- tenía todo el poder político e institucional para dar curso a alguna de las demandas de destitución de la presidenta. Pero desde que se supo que Cunha podría tener cuentas millonarias no declaradas en Suiza, tiene comprometida la presidencia de la Cámara; y su romance con los partidos de la oposición que buscan destituir a Rousseff parece no ser lo que era. Asimismo, el pasado 13/10 el Supremo Tribunal Federal prohibió a Cunha habilitar el plenario en caso de que rechace los pedidos de destitución que están o puedan llegar a la Cámara -estrategia que le hubiera permitido continuar con el clima destituyente sin que los costos políticos recaigan sobre él. La fragilidad política de Cunha puede conducirlo a tomar decisiones radicales, como hacer uso de vacíos legales para relativizar la sentencia del Supremo o tratar de conseguir el apoyo del Gobierno para mantener su poder en la Cámara. Ello dependerá de cómo se entretejan los acuerdos entre Cunha, el Gobierno y la oposición, así como los pasos que puedan dar otros actores institucionales orientados a la destitución del Presidente de la Cámara.
II
En parte, el hecho de que la presidenta esté en la cuerda floja casi a diario se debe a gruesos errores en su actual gestión. La coalición de partidos elegida para gobernar dista, en su mayor parte, de tener los mismos principios ideológicos y programáticos que el PT. Ello, en un sistema presidencialista de coalición, como es el brasileño, lleva a que el debilitamiento del poder del gobierno por la pérdida de apoyo popular conduzca a mermar el apoyo de los partidos aliados en el Congreso. Y, justamente apoyo legislativo es lo que necesita Dilma para poder continuar gobernando. Recientemente la presidenta realizó una importante reforma ministerial en la que agregó cuotas de poder al PMDB y al “lulismo”, con la finalidad de fortalecer la alianza con su base aliada y, a su vez, dotar de mayor impronta PT a su gobierno, hasta ahora bastante desdibujada. El movimiento alrededor del impeachment, es consecuencia de un debilitamiento del gobierno provocado, en parte, por sí mismo: políticas públicas opuestas a las prometidas en campaña, alianzas electorales pragmáticas y volátiles, desequilibrios macroeconómicos, etc. La oposición política, mediática y económica de derecha que está aprovechando esta oportunidad para debilitarla aun más. Y mientras más les conceda, más débil quedará.
