Las dinámicas entre los gobiernos/oposiciones –y los eventuales reemplazos de unos por otros- en los últimos tiempos latinoamericanos, permiten diversas posibilidades de clasificación democrática: reemplazos mediante elecciones; golpes parlamentarios (más o menos rápidos en su desenlace); sabotajes y desestabilización institucional sostenida (en combinación con otras presiones externas); etc.

En el caso de Uruguay, hay varios elementos que deben ser considerados en este sentido, esto es, para ir observando de qué tipo es el accionar de las fuerzas opositoras de derecha que buscan terminar con los cambios llevados adelante por los gobiernos del Frente Amplio.

Las derechas uruguayas de ayer y de hoy

Con éste ya son 45 años desde el golpe militar de 1973 y, en sintonía con protagonismos militares que se observan en países próximos (como Brasil), en Uruguay también hay una circunstancia llamativa, desde el punto de vista democrático, que impacta sobre la arena política y reorganiza algunos elementos del campo opositor.

El cuadro relativamente claro de un Frente Amplio dominante, con capacidad de iniciativa política, ocupando la escena partidaria de forma mayoritaria -situación que duró varios años- parece haberse atenuado y, para variar, también en esto tienen que ver los militares.

En Uruguay, la “cuestión militar” ha reaparecido de forma diferente a como lo ha hecho en Brasil y Argentina; tal vez como un caso intermedio. En Brasil, dicha reaparición ha tenido un protagonismo explícito y desmedido (no sólo por los mensajes en las redes sociales sino también en apariciones mediáticas para el público masivo) y, en Argentina, si bien los militares no han logrado reposicionarse como mediadores de los discursos circulantes, ya hay movimientos al interior, adaptándose a una nueva “función militar”: la de intervenir en los asuntos de seguridad interna (cuestión que, hasta el momento, estaba impedida por ley pero que el Gobierno de M. Macri busca modificar).

El caso uruguayo, en el medio: por un lado, si bien el comandante en jefe del Ejército, G. Manini Ríos –nacido en una familia reaccionaria, ascendido tres veces en la dictadura y con estudios en EE.UU.- todavía trata de mantener una compostura supuestamente “ecuánime” (pero es autor de la popularizada frase “no me merece ningún comentario”, a propósito de denuncias de torturas[1]), no dejan de ser preocupantes sus declaraciones recientes. En ellas reivindicó el accionar de las Fuerzas Armadas para el plano interno, algo prohibido en Uruguay y que, para los organismos de Derechos Humanos en el país, “merece estricta atención”[2].

Si bien el Presidente Tabaré Vázquez ha sido muy enfático respecto de que “no habrá militares en las calles del país” el asunto ya forma parte de los posicionamientos dentro del espacio opositor, con matices que se ordenan según las fórmulas de actuación. Hay posturas tradicionales, como la del influyente senador nacionalista J. Larrañaga -candidato a la Vicepresidencia acompañando a Luis Lacalle Pou en 2014- de hacer partícipes directos a los militares en cuestiones de seguridad interior; también están las posiciones coloradas, que indican atribuciones más amplias para las Fuerzas Armadas, en función de una identidad partidaria que ha ido en esa dirección; y la postura de E. Novick -el segundo político más votado en las últimas elecciones municipales del 2015 y líder de un espacio político nuevo, el Partido de la Gente- de hacer ejercer a los militares, entre otras, funciones en las cárceles[3].

Si fuera tan sólo en función de una venidera propuesta electoral -porque el Gobierno no pareciera modificar su postura al respecto ahora- la circunstancia no tendría demasiada importancia. Pero sucede que son algunos militares quienes, a partir de este mismo clima de protagonismo (futuro) generado por las cavilaciones partidarias, están viendo crecer su propia importancia, reinterpretando su autofiguración democrática. Por ejemplo, a partir del “conflicto con el campo” entre el Gobierno y algunos productores agropecuarios a principio de este año, se repitieron los contactos entre algunos círculos de militares retirados[4] -como “Unidos Podemos”- con “Un solo Uruguay” y, en particular, con el propio E. Novick (un tipo de político opositor que pareciera estar mejor adaptado para el tipo de competencias presidenciales que se vienen, o al menos con más ventaja respecto de aquéllos que lo hacen desde algún partido “tradicional”).

En ese sentido, la “cuestión militar” permite observar con mayor claridad los tipos de liderazgos de derecha actuales en Uruguay, como el de Novick, que se hacen eco de una supuesta mayor estructuración multiclasista de las opciones de competencia, acumulando fuerzas -porque su fórmula partidaria viene creciendo, al margen de su pequeña porción en el Congreso[5]– sin dejar de sumar un elemento que comienza, lamentablemente, a ser relevante para los tiempos electorales democráticos: ¿“qué dicen los militares?”. Si no, que lo diga el escenario político brasileño, donde todavía sigue bien arriba en las encuestas un capitán retirado del Ejército que no deja de reivindicar, en el auditorio que sea, la actuación histórica de las Fuerzas Armadas. La cuestión militar en democracia, también en Uruguay.

[1] http://radiouruguay.uy/manini-rios-sobre-denuncia-de-torturas-y-violaciones-mo-me-merece-ningun-comentario/
[2] http://www.agenciapacourondo.com.ar/patria-grande/uruguay-criticaron-al-jefe-del-ejercito-por-reivindicar-el-terrorismo-de-estado
[3] https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/novick-militares-controlen-carceles.html
[4] http://republica.com.uy/militares-admiten-contacto-con-un-solo-uruguay-aunque-no-formal/
[5] http://www.montevideo.com.uy/Noticias/Gustavo-Zubia-se-sumo-al-Partido-de-la-Gente-porque-Novick-es-un-individuo-con-ejecutividad–uc685301