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En los últimos meses el presidente paraguayo protagonizó dos hechos que reflejan fielmente para quién gobierna. En junio de 2017 se opuso a la instauración de un impuesto a la exportación de soja, impuesto que se aplica en diversas partes del mundo y que afectaría a los sectores más concentrados de la economía. En diciembre, argumentando falta de financiamiento, vetó el Presupuesto 2018, que incrementa las partidas de salud y educación. Si se hubiesen aplicado las retenciones sobrarían los recursos para aumentar estas partidas sin incurrir en ningún tipo de desfinanciamiento.

Sobre las retenciones a la soja

En junio, el senado paraguayo dio media sanción a la creación del impuesto a la exportación de soja, al día siguiente, Cartes anunció que vetaría la medida. Se trata de un impuesto que grava en un 10 % del precio a cada tonelada exportada de esta oleaginosa.  La soja es el principal producto de exportación de Paraguay. Dada la fertilidad del suelo paraguayo, su producción ofrece una renta extraordinaria que queda en unas pocas manos debido a la alta concentración de la propiedad. En este sentido, tan solo 12.000 grandes propietarios poseen el 90 % de las tierras, mientras que 280.000 se reparten  el 10 % restante.

Aplicar un impuesto sobre la exportación de soja de 10 % sobre los grandes propietarios y productores implicaría un ingreso extra para el Estado de al menos 200 millones de dólares por año. Las retenciones permitirían distribuir el ingreso de una mejor manera ya que el Gobierno dispondría de recursos adicionales que podría destinar a gastos sociales (como salud y educación) y a incentivar la producción en sectores estratégicos.

Asimismo, establecer una alícuota sobre las exportaciones podría traer otros beneficios para el país. Por un lado, al gravar las exportaciones de soja sin procesar se incentivaría la industrialización. Por el otro, se contribuiría a reducir los precios en el mercado doméstico, ya que la elevada rentabilidad de la oleaginosa contribuye a incrementar los precios de la tierra.  Por eso si la misma se reduce, como resultado del nuevo impuesto, el costo de la tierra se podría abaratar tanto para la producción de soja como para cualquier alimento producido en Paraguay.

El estado de la salud y la educación

La salud y la educación son áreas claves sobre las que Paraguay debe trabajar.  Actualmente, la tasa de chicos en edad escolar que asisten a la secundaria es de 66,5 %, la más baja de la región. Asimismo, la mortalidad infantil es de 18,7 cada 1.000 nacidos vivos (la segunda tasa más elevada en Sudamérica).

Sin embargo, Cartes se opuso a ampliar las partidas presupuestarias en sanidad y educación. Entre otras cosas,  la propuesta incluía aumento de 4 % para los sueldos docentes del Ministerio de Educación e incremento de 30 % para personal de salud. Finalmente, el Congreso rechazó el veto presidencial  y mantuvo los aumentos, pero las prioridades del presidente quedaron claras.

Reacomodar prioridades

A la hora de vetar el Presupuesto 2018 el Gobierno argumentó que éste generaría un desfinanciamiento de 40 millones de dólares para el Estado. En este sentido la ministra de Hacienda, Lea Giménez, afirmó que el Congreso “aprobó un presupuesto desfinanciado y con una importante reestructuración del gasto, que no es un tema menor[1].” Lo paradójico es que la cifra que el Gobierno menciona representa apenas la quinta parte de lo que el Estado recaudaría a través del impuesto a la exportación de soja. Es decir, la aplicación de un impuesto razonable, sobre un sector particularmente concentrado de la economía, podría financiar de sobra mayores partidas en salud y educación. Esto sería un primer paso para atacar los acuciantes problemas del país en estos temas.

Este año Paraguay enfrenta elecciones presidenciales, será importante analizar cuáles son las prioridades de los candidatos.

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[1] http://www.abc.com.py/nacionales/congreso-aprobo-presupuesto-desfinanciado-1662628.html