La Corte Internacional de Justicia (CIJ) tiene la difícil tarea de discernir cuál será el argumento que definirá su competencia en el tema de la demanda marítima boliviana, analizando las posiciones expuestas la semana pasada en el Tribunal de la Haya.
En la exposición de alegatos chilenos, predominó la descalificación de los argumentos bolivianos recurriendo incluso a metáforas exageradas como aquella de la “creación de universos paralelos y puertas corredizas”. La intención de la defensa chilena es desconocer la intervención de la CIJ, argumentando que su competencia está limitada por el Pacto de Bogotá y que no aplica en la revisión a tratados anteriores, porque consideran que la demanda boliviana de una salida soberna al mar, implica esencialmente la modificación del Tratado de Paz y Amistad de 1904. Además, el equipo jurídico fue implacable en afirmar que la controversia entre ambos Estados fue resuelta con la otorgación de territorios invadidos. Esta es la tesis de la República Chilena en la cual basa la solicitud de incompetencia de la CIJ.
Desde una perspectiva boliviana los alegatos chilenos estarían acordes con la línea de negación, que históricamente ha caracterizado la actitud de las negociaciones chilenas en referencia a la reivindicación marítima.
De forma breve y dejando de lado el lenguaje jurídico, los alegatos bolivianos se basan en compromisos o promesas, la figura llamada Actos Unilaterales de Estados, que si bien no son una fuente formal del derecho internacional, han sido utilizados para la solución de controversias entre otros Estados. Estos actos unilaterales consisten en la manifestación de voluntad de un Estado que tiende a producir efectos jurídicos, dentro de estos se puede identificar a la promesa (un compromiso adoptado por un estado de hacer o no hacer), en este sentido, el Estado boliviano basa su argumento en que existen documentos como por ejemplo el Acuerdo Emergente del Intercambio de Notas de 1950, que se constituiría en un compromiso al expresar el deseo de procurar una salida al mar para Bolivia, es decir que el Estado boliviano basa la instauración de procedimientos de resolución de controversia pacífica ante la CIJ en compromisos, en documentos distintos al Tratado de 1904, porque la defensa puntualizó que no se pretende la modificación a este tratado.
Pero qué se puede esperar ante esta demanda, a cuenta positiva tomando como ejemplo el fallo de la CIJ de 1974 en el caso de Australia y Nueva Zelanda contra Francia, sobre pruebas nucleares se realizaban en el Pacífico Sur significando un riesgo de contaminación radioactiva a estos territorios, la CIJ reconoció como acto unilateral de Estado a las declaraciones públicas realizadas por el Presidente de la República de Francia. Aunque existen fallos negativos hacia la consideración de actos unilaterales como es el ejemplo de Burkina Faso contra Mali de 1986, en el caso de delimitación territorial, en que no se reconoció como acto unilateral a la declaración del Jefe de Estado de Mali contenida en un informe no público, la controversia limítrofe fue resuelta.
Con ambos antecedentes con un resultado positivo o negativo, lo cierto es que la estrategia boliviana ha sido reconocida como una forma de resolver controversias ante la CIJ y solo queda esperar un fallo que acepte la argumentación boliviana y considere los actos chilenos como compromisos y que los alegatos chilenos sean rechazados y considerados como dijo Monique Chemillier (parte del equipo jurídico boliviano)“…como las rosas de Atacama emanadas de la imaginación de Luis Sepúlveda. Estas rosas florecen una vez al año y luego, el sol de mediodía las calcina…”, es decir como meros espejismos, así Bolivia estaría un paso más cerca de las costas del Océano Pacífico.
