La crisis desatada por el COVID-19 merece respuestas en las que el Estado es un actor imprescindible. Aquí analizamos el contraste entre Brasil y Argentina.

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América Latina comienza a reaccionar en términos económicos a la peor crisis planetaria de los últimos tiempos, desatada por el COVID-19. Si bien es normal que la región vaya respondiendo mientras avanza la pandemia, las primeras respuestas de los gobiernos muestran no estar a la altura de la crisis. Primero, porque los montos totales que se están manejando hasta el momento son insuficientes: Argentina y Brasil no superan el 2% del PIB, mientras que Chile, quien plantea el plan más ambicioso, propone una del 4,7% del PIB. Segundo, porque no es lo mismo movilizar recursos que gastar en la gente. 

¿Gastar o movilizar recursos?

La movilización de recursos significa que el Estado decide colocar liquidez en la economía, ya sea a empresas o ciudadanos, pero siempre con una contraprestación: creando una deuda (crédito) o simplemente adelantando un ingreso que estaba previsto en los sistemas previsionales en meses futuros. En cambio, gastar es generar liquidez en el sector privado sin que ello genere una contraprestación: es decir, con aumento de las ayudas sociales, creando empleo público o, directamente, asignando una renta básica. Estamos convencidos que ambas son necesarias, pero las dimensiones deben ser diametralmente diferentes para garantizar la recuperación.

Gasto público, gasto en la gente

Pocas veces (como en una guerra) una crisis rompe el circuito económico de oferta y demanda como hoy está ocurriendo; los oferentes no pueden producir y los demandantes no puede consumir. En la práctica, el sistema económico está en condición de guerra. Esto quiere decir que la situación no se soluciona con medidas de “confianza” en los mercados, ni incentivos privados para que se reactive la inversión ni “ajustes del cinturón”, como muchas cámaras empresariales en la región ya sugieren sin sentido. La salida no es neoliberal; lo único que nos devolverá el crecimiento es el déficit fiscal, puro y duro, con gastos ambiciosos en rentas que lleguen a la gente y que permitan que se restablezca el actual cortocircuito económico de la demanda y de la producción.

Sostener el tejido empresarial implica también sostener el empleo, por lo que es de la mayor importancia que las empresas no cierren ni despidan trabajadores. Es por ello que las empresas inactivas y sin ingresos, en especial las pequeñas, deben recibir auxilio para continuar pagando salarios y así evitar despidos y quebrantos empresarios. Se hace imperante que el Estado provea de una especie de renta básica transitoria para sus trabajadores y solucione el problema. Todas estas medidas son grandes demandantes de gasto público. El día de ayer el gobierno conservador de Reino Unido anunció que pagará el 80% del salario de los trabajadores para evitar despidos. Las medidas deben ser extraordinarias en tiempos extraordinarios.

La informalidad en el trabajo es una constante en Latinoamérica. El cuentapropista sobrevive con los recursos que genera día a día y, en consecuencia, la sociedad se encuentra en el dilema de permitir estas actividades económicas y este vector de contagio, o no permitirlas y hambrear a un importante segmento de la población. La solución es brindarles una renta básica transitoria para que puedan quedarse en casa desactivando, así, neutralizar este canal de expansión del virus.

El crédito: necesario, pero con condiciones

La creación de crédito es creación de dinero, y en tal medida es capaz de financiar los gastos y apuntalar la demanda agregada. Es fundamental y debe expandirse con vigorosidad, sin titubeos. El crédito no tiene límites físicos pues se crea de la nada (ex nihilo) sin necesitar de un depósito previo; sólo requiere voluntad política. No obstante, el crédito debe venir acompañado de bajas tasas de interés, amplios plazos y sin mirar los colaterales. Esto choca con la banca privada latinoamericana, acostumbrada a una rentabilidad importante, poca penetración en la economía y dirigida a sectores que desangran divisas (como importación de vehículos). Debemos saltarnos a la banca privada, no hay tiempo. Necesitamos una banca pública expansiva y la creación masiva de cuentas corrientes para todos los ciudadanos, que reduzcan la intermediación lenta y especulativa de la banca privada. No podemos esperar más; hay que crear mucho crédito, siempre reduciendo el impacto sobre la restricción externa (aceleración de las importaciones).  

En esta ecuación será difícil que se sume el sector financiero privado, pero habrá que topar el tablero y generar nuevas condiciones de gobernanza. Hay que liberar temporalmente las cadenas de riesgo bancario que obligan a los bancos a ser cautelosos. En compensación, los créditos morosos de empresas y personas no tendrían que afectar ni la calificación de los bancos ni de los deudores.  Segundo, la banca deberá tener objetivos mínimos de colocación en sectores específicos como ocurre en China haca ya algún tiempo para que crédito asegure la recuperación. 

Las empresas, en especial las micro, pequeñas y medianas, dependen de sus ingresos diarios para sobrevivir. La inactividad cortará rápidamente la cadena de pagos y generar quiebras masivas e incumplimientos fiscales y financieros. Es indispensable tomar medidas para que este lapso de inactividad no genere una desaparición de este sector del aparato productivo. Por ello es necesario que, tanto el Estado como el sector financiero, resignen sus ingresos financieros y tributarios provenientes de esta fuente. No sólo para las empresas sino también para las personas, durante el tiempo que dure esta situación excepcional. Los vencimientos de deudas deben dilatarse, es decir, suspenderse, tanto como dure la cuarentena, tanto sea para empresas como para las familias,  tanto sea que los acreedores sean la banca, las empresas o las familias. El crédito comercial, también debe reperfilarse. Varios países ya están tomando medidas en este sentido porque, de lo contrario, llevaría a una destrucción del aparato productivo y a una ineficiente apropiación de activos por parte del sector financiero que podría aprovecharse de la falta de liquidez empresarial. 

Argentina y Brasil: ejemplos de qué está ocurriendo

El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, anunció un plan económico de 2,2% del PIB (147 mil millones de reales). Parecería significativo, pero de ese monto el 90% corresponde a movilización de recursos y deberán ser repagados por la sociedad. Sólo un 0,2% sería gasto directo a los hogares (ampliación del Bolsa Familia en 0,1% del PIB y 0,1% corresponde a asignaciones a la salud pública). [1] Esto levanta las alarmas sobre una situación crítica de la población, que va de la mano con la falta de acción política del Gobierno de Jair Bolsonaro, que sigue minimizando una crisis sanitaria subyacente. 

Por su parte, el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, también anunció un plan de ayudas que totaliza un valor de 2,2% del PIB. De ese valor, un 1,63% está destinada a movilizar recursos y otro 0,57% se colocaría como gasto directo. La respuesta argentina es superior a la brasilera, a pesar de la maltrecha economía que deja el macrismo.

Es momento de expandir el gasto público. Los temores inflacionistas no caben en un momento en el que no hay demanda y existe una débil oferta. Ante el necesario repliegue de la actividad privada por motivos sanitarios, el gasto público no es inflacionario sino indispensable. De todos modos, la restricción externa sigue vigente, por lo que habremos de velar por el uso más racional de las divisas disponibles. En este sentido, la restricción de importaciones ya no es un fetiche de la izquierda desarrollista: es cuestión de vida o muerte para las economías en desarrollo ante la caída radical de las exportaciones.

  • Impuesto de entre 4 y 8% a los funcionarios públicos.
  • Impuesto de 5% a los vehículos con avalúo mayor a 20 mil dólares.
  • Recorte adicional del presupuesto del 2020 por US$ 1,400 millones.
  • Eliminación de más estructuras estatales: agencias de regulación, institutos, empresas públicas y medios de comunicación públicos.
  • Incremento en 0.75% en las retenciones en la fuente del impuesto a la renta en empresas de los sectores bancario, petrolero, telecomunicaciones, entre otro. No es impuesto extra, solo adelantos.
  • La seguridad social aplazará por 90 días el pago de las cotizaciones de abril, mayo y junio para los cotizantes voluntarios y sin relación de dependencia.
  • Deudores en mora de créditos en el banco de la seguridad social (BIESS), recibirán una reprogramación de hasta 18 meses de gracia y 30 años plazo. 
  • Se postergan 3 meses los pagos de créditos en la banca pública (CFN, BanEcuador) y se reprogramará esos intereses en los 12 meses posteriores. · Las cooperativas podrán renegociar las cuotas que deben a la banca pública (CONAFIPS).
  • Banca privada aplazará las cuotas de préstamos hasta por 60 días
  • Bono especial de 60 dólares para 400 mil familias en abril y mayo.
    Préstamos para afiliados a la seguridad social (de hasta 2500 dólares) y a pequeña y mediana empresas.
  • Transferencias monetarias adicionales a Tekopora en abril para 167 mil familias.
  • Anticipo para beneficiarios del programa adultos mayores.
  • Fraccionamiento sin intereses hasta en cinco cuotas y exoneración de multas en todos los impuestos hasta junio.
  • Créditos blandos para “sector productivo” y más dinero para obra pública.
  • Congreso tiene que aprobar o rechazar préstamos para aumentar respuesta en salud.
  • 40 millones de soles extras para para la contratación de los servici.os necesarios para adultos mayores y personas con discapacidad.
  • Autoriza al ministerio de Inclusión social trasferir recursos al ministerio de salud y gobiernos locales para contratar servicio de visitas domiciliarias.
  • Se destinarán 90 millones de soles para una bonificación extra al personal del sistema de salud.
  • Un subsidio de 380 soles (120 USD) para cada hogar en condición de pobreza.
  • La Banca privada atenderá caso por caso los problemas de cancelación de créditos. No hay una política estatal por ahora.
  • Gobierno autorizó a la minería y a la agroexportación seguir operando a pesar de los riesgos de contagio.
  • Desembolsos por 147 mil millones de reales (2.2% del PIB), de los cuales 83.4 mil millones serán destinados a los adultos mayores y 59.4 mil millones se destinarán a mantener el empleo posponiendo los pagos de las empresas sobre contribuciones laborales.
  • Se anticipa la primera y segunda cuota de la treceava pensión para los jubilados y pensionados de la seguridad social (0.33% del PIB).
  • El gobierno transferirá los montos no retirados de PIS/Pasep al Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS) para permitir nuevos retiros (0.31% PIB).
  • Gobierno anticipará los bonos salariales hasta junio (0.19% PIB).
  • Refuerzo del programa Bolsa Familia: asignación de recursos para permitir la expansión número de beneficiarios: inclusión de más de 1 millón de personas (hasta 0.45% del PIB).
  • Aplazamiento del plazo de pago FGTS por 3 meses (0.44% del PIB).
  • Aplazamiento de la participación de la Unión en Simples Nacional por 3 meses (0.33% del PIB).
  • Reducción del 50% de las contribuciones que hacen las empresas al sistema de entrenamiento profesional (Sistema S) (0.03% del PIB).
  • Crédito paramicro y pequeñas empresas (mediante PROGER / FAT) (0.07% del PIB).
  • Destino del fondo vial para el sistema de salud (0.07% del PIB).
  • Banco Central bajó medio punto la tasa de interés referencial y simplificará el acceso a crédito .
  • El Consejo Nacional Monetario aprobó la renegociación de los créditos de empresas y familias eximiendo al banco aumentar las provisiones. También permitirá a los bancos reducir la necesidad de apalancamiento para conceder más crédito. Se prevé que esto produzca que las operaciones de crédito podrán expandirse en aproximadamente el 9% del PIB.
  • Reducción de los aranceles de importación a productos para uso médico y hospitalario a cero (hasta el Fin de año).
  • Exención temporal del IPI para bienes importados listados que son necesarios para lucha contra Covid-19.
  • Exención temporal del IPI para los bienes de producción nacional enumerados que son necesario para combatir Covid-19.
  • Programa de recuperación productiva: subsidios al salario de empresas afectadas por la emergencia.
  • Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo reciben un bono de $3000 por única vez. Aquellos que reciben una jubilación menor a $18892 recibirán la diferencia entre el monto de su haber y ese valor (4,65 millones de beneficiarios).
  • Pago extraordinario de $3100 a beneficiarios de AUH (4,35 millones de personas).
  • Se posterga deuda de abril y mayo de beneficiarios AUH y jubilados con ANSES (8,84 mill de beneficiarios).
  • Aumento en 40% ($100 mil millones de pesos) el presupuesto destinado a obra pública.
  • Créditos Procrear para la construcción, ampliación o refacción de viviendas: 100 mil créditos para refacción y construcción y 200 mil créditos de hasta 30 mil pesos para pequeñas refacciones.
  • Fijación de precios máximos por 30 días para productos de primera necesidad (alimentos, medicamentos, productos de higiene). Toma valores de referencia al 6 de marzo.
  • Créditos: $320 mil millones de pesos para PYMES a tasas del 26% anual, plazo de 180 días.
  • Créditos: $25 mil millones de pesos para productores de alimentos, higiene personal, limpieza y productores de insumos médicos.
  • Créditos: $8 mil millones de pesos para equipamiento tecnológico para garantizar modalidad de teletrabajo. · Créditos: $2800 millones para financiamiento de infraestructura de parques industriales.
  • Programa Ahora 12 (cuotas) por 6 meses, se amplía a compras online de productos nacionales de producción pyme.
  • Solicitud de autorización previa para la exportación de insumos y equipamiento medico.
  • Aceleración de reintegros a las exportaciones de firmas industriales.
  • Licencia laboral para los mayores a 60 años, embarazadas y menores de 60 con condiciones de riesgo.
  • Exención de cargas patronales a sectores afectados de forma crítica (transporte, turismo, esparcimiento).
  • Se flexibiliza por 30 días el seguro de paro para sectores afectados por la reducción de actividad (comercio, servicios turísticos, etc.), contemplando las opciones de seguro de paro parcial (por la mitad de horario) o por períodos menores ta un mes.
  • Cierre de grandes establecimientos comerciales (no supermercado ni farmacia).
  • Difusión de lista de precios de productos de cuidado personal para evitar abusos.
  • Garantizar recursos al sector salud · Exención de IVA para importación de artículos y tecnologías para el sector salud.
  • Transferencia adicional para beneficiarios de programas Familias en Acción (2,6 hogares beneficiarios), Adulto mayor (1,5 beneficiarios) y Jóvenes en acción (204 mil beneficiarios), por monto aproximado de 300 mil millones de pesos.
  • Reconexión gratuita del servicio de agua a 200 mil familias a quienes se había suspendido por falta de pago, y congelamiento de tarifa de agua mientras dure la emergencia.
  • Devolución de IVA para las familias más pobres a partir de abril (1 millón de beneficiarios).
  • Aplazamiento del pago de dos cuotas mensuales a personas y empresas con créditos hipotecarios, de consumo, tarjeta de crédito, crédito de vehículo y comerciales.
  • Garantías a micro y PYMES para que accedan a líneas de crédito en sistema financiero para que garantizar el pago de su nómina.
  • Prórrogas en plazos del calendario tributario: renta y patrimonio.
  • El Presupuesto de Salud Pública será suplementado con los gasto de emergencia que permite la constitución, los cuales no podrán superar el 2% del presupuesto de la nación. Este esfuerzo se suma al fondo especial anunciado el fin de semana pasado.
  • El gobierno injectará 2.000 millones de dólares en el fondo de cesantía para garantizar el pago de ingresos de quienes por motivos de la emergencia deban permanecer en su hogar sin posibilidad de realizar las labores a distancia (teletrabajo), en cuyo caso recibirá el seguro de cesantía pero manteniendo su vínculo laboral y los derechos correspondientes.
  • Se impulsará un bono equivalente al bono de Subsidio Único Familiar (SUF), el cual beneficiará a 2 millones de personas sin trabajo formal. Este esfuerzo considera recursos por US$ 130 millones de dólares.
  • Creación de un Fondo Solidario de US$ 100 millones de dólares destinado a atender emergencias sociales derivadas de las caídas de ventas del microcomercio local.
  • Suspensión de los pagos provisionales mensuales (PPM) del impuesto a la renta para700 mil empresas por los próximos 3 meses. (2.400 millones de dólares).
  • Postergación del pago del IVA de los próximos 3 meses para 240 mil empresas con ventas menores a 350 mil UF (US$1.500 millones de dólares).
  • Postergación hasta julio de 2020 del pago de impuesto a la renta de 140 mil Pymes (US$ 600 millones de dólares).
  • Postergación pago de contribuciones de abril para empresas con ventas inferiores a 350 mil UF (670 millones de dólares).
  • Reducción transitoria del impuesto timbre y estampillas a 0% para todas las operaciones de crédito durante los próximos 6 meses (costo fiscal de hasta US$ 420 millones de dólares).
  • Medidas de alivio para el tratamiento de deudas tributarias, por ejemplo todos los gastos de las empresas asociados a enfrentar la contingencia sanitaria serán aceptados como gasto tributario.
  • Aceleración de pagos a proveedores del Estado: a principios de abril se pagarán al contado todas las facturas emitidas al Estado y pendientes de pago, generando liquidez inmediata por US$ 1.000 millones de dólares aprox.
  • Nueva capitalización del Banco Estado por US$ 500 millones de dólares, que permitirá ampliar la capacidad crediticia en 4.400 millones de dólares hacía personas y Pymes.
  • Banco Central de Chile acordó reducir la tasa de interés de política monetaria en 75 puntos base, hasta 1%. La medida más fuerte en 11 años.
  • Control de precios de productos de aseo. Se estableció un margen bruto del 23%, limitación de venta por cliente.
  • Compra de alimentos para garantizar el abastecimiento: arroz y carnes a pequeños ganaderos para incentivar la oferta y disminuir escasez. USD 20 millones.
  • Superintendencia de bancos autorizó la figura de “préstamos modificados” que autorizaba a los bancos a modificar tasas, plazos y conceder periodos de gracia a sus clientes sin que fueran penalizados a través de mayores exigencias de reservas por parte de la superintendencia.
  • Se autorizó un procedimiento especial para hacer contrataciones públicas, por 180 días, por USD 50 millones.
  • El ministro de finanzas podrá solicitar una dispensa de cumplir con los límites presupuestarios a la Asamblea · La banca pública Aplazará pagos de los créditos hipotecarios y personales de unos 60 mil clientes.
  • Rebaja del 25% en el precio del combustible.
  • Se decretó el cierre de bares, discotecas, cantinas, tabernas, parrilladas, casinos, así como gimnasios, canchas deportivas, entre otros, incluyendo el acceso turístico a las playas.
  • Los supermercados deben evitar aglomeraciones de más de 50 personas, y deben brindar gratuitamente servicio de alcohol en gel a sus clientes. Se obliga a los medios de comunicación a brindar información.
  • El estatal Banco Nacional de Panamá (BNP) y la Caja de Ahorros anunciaron un período de gracia de hasta 90 días, sin recargo o penalidad, a los préstamos personales e hipotecarios.
  • Plan Panamá Solidario, con USD 75-100 millones iniciales, para brindar una libreta alimentaria a quienes pierdan sus empleos.
  • Una moratoria de tres meses al pago de impuestos de valor agregado, renta de empresas y aranceles de aduanas.
  • Seguro para que el sector turismo pueda enfrentar las cuarentenas por el Coronavirus (COVID-19).
  • Cargas sociales proporcionales al tiempo efectivamente laborado y pago diferido para las firmas que no reduzcan su plantilla.
  • Banco Central de Costa Rica disminuye tasa de política monetaria de 2.25% a 1.25%, además acordó reducir tasas de depósitos por el día.
  • La superintendencia permite a las entidades disminuir a cero la constitución de provisiones líquidas de los bancos para resguardarse ante contingencias y se establecerán nuevos mínimos, lo que aumenta la capacidad crediticia.
  • Superintendencia de Entidades financieras estableció ajustes a la normativa sobre deudores, ampliando el plazo, el monto máximo de deuda, prorrogando plazos y aumentando a 3 el número de readecuaciones de los créditos otorgados, sin que esos sean considerados especiales.
  • Ampliación del período de gracia de los seguros (período en el cual la cobertura continúa a pesar del impago).
  • Autorización de contraloría para llevar adelante contrataciones directas por hasta USD 4.2 millones.
  • Se licencian de trabajar los empleados públicos mayores de 60 años (14% del total) y de los restantes trabajadores públicos, harán turnos rotatorios del 50% del personal.
  • Se suspenden los servicios de restaurantes, salvo entregas a domicilio.
  • Suspenden mercados de pulga y binacionales.
  • Quedan suspendidas las actividades comerciales durante los próximos 15 días, con la excepción de las básicas para la población: supermercados, colmados, estaciones de combustibles, farmacias y establecimientos comerciales dedicadas al expendio de alimentos crudos o cocidos, entre otros”.
  • Banco Central rebajó de 4.5% al 3.5% la tasa de política monetaria y la inyección de USD 963 millones del encaje legal del sistema financiero para apoyar los sectores productivos y a los que más han sido afectados por la pandemia: turismo y el sector exportador.
  • Se suspenden por 15 días eventos públicos que impliquen concentraciones.
  • Con la finalidad de proveer liquidez a un costo bajo a las entidades financieras, se aprobó una disminución de 150 puntos básicos en la tasa de interés de la facilidad permanente de expansión de liquidez, pasando de 6.00 % a 4.50% anual.
  • Adicionalmente, se deci­dió reducir la tasa de interés de depósitos remunerados de corto plazo en el Banco Central (Overnight), de 3.00 % a 2.50% anual. Esta medida contribuye a reducir la tasa de interés interbancaria y, por lo tanto, disminuye el costo de fondeo de las entidades finan­cieras.
  • Banco hondureño para la producción y la vivienda (Banhprovi): readecuación, alivio temporal de 3 cuotas de los préstamos a los clientes del sector agroalimentario, turismo y mipyme.
  • Banhprovi pone a disposición 200 millones de lempiras adicionales para la construcción de viviendas para sectores de menores ingresos.
  • Línea de créditos por 90 mill de lempiras para la reactivación del agro.
  • Pedido de readecuación de cuotas a banca privada por crédtos del sector turismo, agroalimentario, Mipyme, comercio e industria.
  • Creación de un Fondo para la Prevención y Atención de emergencias, de 180 mil mill de pesos, recursos administrados por la Secretaría de Hacienda y para cuya gestión debe considerarse la opinión de un comité integrado por representantes de secretarías de Salud, economía, gobernación, trabajo, Previsión social, Seguridad pública, relaciones exteriores y Hacienda. Los recursos provienen del superavit primario.
  • 40 mil mill de pesos para atender a población más vulnerable. En caso de adultos mayores, adelanto de 2 bimestres de la pensión (8 millones de beneficiarios).
  • Subasta de 2 mil mill de dólares en coberturas cambiarias.
  • Líneas de crédito de la Banca de Desarrollo disponibles para el sector productivo para proveer liquidez.
  • Liquidación de deudas con proveedores del Estado para dotarlos de liquidez.
  • Descarta, por ahora, reducción de impuestos o estímulos fiscales a empresas.
  • Despliegue diario de los Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) para la distrubución de alimentos subsidiados a 7 millones de familias.
  • Aprobación de recursos para un bono especial del Coronavirus que beneficiará a los 5.200.000 afiliados al Carnet de la Patria.
  • Atención sanitaria especial para adultos mayores que viven en Casas Hogar. Disposición de 4.800 camas en 572 Centros de Diagnóstico Integral integrados a la red del programa Misión Barrio Adentro para atender contingencia epidemiológicas.
  • Fabricación de tapabocas por parte de las Brigadas Productivas del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES).
  • Creación del Plan Pedagógico de Protección y Prevención Covid-19 “Cada Familia una Escuela”, para garantizar la continuidad de las actividades escolares desde casa. En ese sentido: Se garantizará una lonchera de alimentos para niños, niñas y adolescentes de las instituciones públicas y se dispondrá del servicio de televisión nacional para informar e impartir actividades relacionadas al curriculum nacional y coordinar tareas escolares.
  • Realización de jornadas de trabajo con sector farmaceútico con el que se estableció un plan estratégico para garantizar: Funcionamiento efectivo de los laboratorios y la distribución y comercialización de las medicinas necesarias para las patologías pre-existentes en todo el territorio.
  • Realización de jornadas de trabajo con comisión cubana de expertos para asistencia técnica integrada por el doctor Luis Herrera, creador del Interferón alfa 2-B medicamento empleado para el combate del virus en China, un microbiólogo adscrito al Instituto Tropical Pedro Kourí (lugar distinguido en realizar protocolos de vigilancia epidemiológica, aislamiento y tratamiento de casos confirmados de coronavirus en la isla) y otros dos especialistas en epidemiologías.
  • Se establecerá un puente aéreo especial entre China y Venezuela para el transporte de hasta dos millones de kits con pruebas, así como ayuda humanitaria.
  • Gobierno Nacional evalúa asumir compromisos de pagos de nóminas de las PYMES.
  • Declaración de “estado de calamidad pública” y la “alerta máxima” para destinar un fondo inicial de US$30 millones para atender la llegada el virus.
  • Creación un fondo compensatorio para atender la emergencia que se financiará mediante el mecanismo la congelación a un precio de referencia de la gasolina superior, regular y diésel y el diferencial positivo generado entre este precio y el del mercado será trasladado a dicho fondo.
  • El Gobierno Central, por medio de el Crédito Hipotecario Nacional, pondría a disposición una línea de crédito de bajo costo hasta por Q100 millones destinados a créditos para las MIPYME urbano y rural, para el efecto desarrollará un programa especial.
  • El Banco de Guatemala atenderá oportunamente la demanda de billetes y monedas a los bancos del sistema, quienes, a su vez, lo harán al público.
  • Monitoreo de la actividad económica para medir el impacto y analizar repercusiones de corto y mediano plazo por parte del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).
  • Suspensión de actividades laborales en las distintas dependencias del Estado, así como el sector privado por el tiempo establecido.
  • Solicitud de préstamos externos por US$200 millones con el Banco Mundial y US$193 millones con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el remozamiento de hospitales.
  • Presidente exigió reformas para el sistema financiero para que no pueda existir un sistema dominó en caso de crisis.
  • Aprobación de decreto para reducir el Impuesto de Solidaridad (ISO) durante un trimestre.
  • En espera aprobación de la Ley de Leasing que aseguraría por los menos Q300 millones en ahorro de rentas con edificios de oficinas públicas en todo el país, para tener concentrado a todo el gobierno en un solo lugar con edificios propios.
  • El ejecutivo busca bajar un 25% los gastos de funcionamiento para aumentar la inversión, enfocado en infraestructura estratégica como puertos, aeropuertos y el tren.
  • Se tiene proyectado trasladar Q350 millones para apoyo a las familias más vulnerables en pobreza y extrema pobreza.
  • Aprobación del financiamiento de vivienda social de bajo costo por Q100 millones.
  • Programación del traslado de fondos para el remozamiento de escuelas con Q175 millones.
  • Gobierno aprobará la liberación de importación de alimentos, medicinas y combustibles para que tengan acceso a los bienes. Se proveerá alimentos con la ayuda de organizaciones sin fines de lucro.
  • Por el lado de los ingresos, se insta a la SAT a continuar los esfuerzos para combatir la defraudación aduanera y el contrabando, lo cual resulta de particular importancia en la coyuntura actual. Asimismo, para que realice los esfuerzos necesarios para agilizar la devolución del crédito fiscal a los exportadores en al menos Q1,500.0 millones.
  • Bono Familia. Ayuda financiera a familias de bajos recursos que tengan hijos en primaria en colegios fiscales. Se creó el “Bono Familia” que consta de Bs 500 por hijo, que serán entregados en abril.
  • Créditos bancarios. A fin de evitar posible mora de pagos de créditos por retrasos en el pago de cuotas, se suspende el pago de cuotas de capital para todas las personas, familias y pequeñas empresas que tengan en la actualidad un crédito bancario. Este pago se suspenderá por dos meses.
  • Impuestos. El Gobierno determinó que el impuesto a las utilidades no se abonará en abril, sino que se pagará a partir de mayo a través de un sistema de plazos.
  • Servicios básicos. A los proveedores de servicios esenciales como luz, gas y agua, se les prohíbe cortar el suministro por falta de pago, mientras dure la cuarentena y la crisis de salud.
  • Servicios Básicos: Se suspende el pago de la cuota de energía eléctrica, agua, telefonía, internet y cable por tres meses, y el pago de estas cuotas de tres meses se dividirán en dos años “sin generar mora, ni interés”.
  • Créditos: Se congelará el cobro de créditos hipotecarios, personales y de tarjetas de crédito, y se suspenderá el pago de crédito a casas comerciales por tres meses y se anuncia que el cobro se reanudará al vencimiento de dicho plazo. Aclaración: estas medidas van enfocadas a los sectores más vulnerables y la suspensión de pagos no es generalizada, sino que para “algunos sectores sociales y económicos afectados por la pandemia”.
  • Las medidas serán aplicadas a “personas que pierdan su trabajo, trabajadores por cuenta propia, micro y pequeñas empresas que hayan bajado considerablemente sus ventas, artistas, odontólogos, restaurantes, comedores, atletas, gimnasios, personas en cuarentena y futuros enfermos o varados en el extranjero”.
  • Obligaciones tributarias: El gobierno solicitó a todas las fuerzas vivas y productivas que hagan cumplimiento de sus obligaciones tributarias para que el Gobierno tenga la capacidad de atender esta crisis.
  • “Las instituciones del Gobierno vigilarán que en su ejecución (de las medidas) no exista ni abuso ni aprovechamiento y que solo beneficie a sectores vulnerables”.
  • El gobierno otorgará le otorgará un bono de $150 a los colaboradores del área de salud que están trabajando tanto en albergues como en otras áreas atendiendo a las personas en cuarentena y en hospitales.
  • El Gobierno ha confirmado que han solicitado un fondo de desastres por $50 millones a Japón y otros $2,000 millones para reactivación económica. Este financiamiento aún debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa.
  • Industria farmacéutica cubana garantiza la producción de fármacos ya probados y con alta eficacia como el Interferón Alfa 2B Humano Recombinante y otros.
  • Ministerio de Trabajo y Seguridad Social estableció el pago de subsidio ante la incapacidad del trabajador para laborar por enfermedad de origen común.
  • Personas hospitalizadas, ya sea por contagio, por haber estado en contacto con casos confirmados, o por sospecha de infección respiratoria, se le remunera el 50% de su salario escala.
  • Aquellos que no estén hospitalizados, pero deben mantener reposo o vigilancia epidemiológica desde su hogar por indicación médica durante 14 días, reciben el 60%.
  • Modalidad del trabajo a distancia o teletrabajo, siempre que la labor a desempeñar lo permita, está amparado en el Artículo 24, de la Ley No. 116 Código de Trabajo en las que devenga el 100 % del salario.
  • Si la cuartena llegaría a decretarse, “el trabajador recibe hasta un mes el pago de una garantía salarial equivalente al salario escala del cargo que ocupa. Esto significa que no se abonarán otras retribuciones adicionales como el pago por resultados en el sistema empresarial”. De mantenerse la suspensión, la garantía pasaría a ser del 60%.
  • Los trabajadores que no se encontraban activos, debido a enfermedad, accidente, licencia de maternidad, licencia no retribuida u otras razones amparadas en la ley, continuarán recibiendo el tratamiento regulado para esas situaciones específicas, aun cuando se declare la suspensión de las actividades laborales. Esto significa que no se les abonará por este último concepto, sino de acuerdo con la causa inicial de su inactividad.
  • En el supuesto escenario en que los trabajadores del sector no estatal tampoco puedan ejercer su actividad, debido a la situación epidemiológica, se adoptarán medidas pertinentes en relación con el pago de impuestos, para que así no se vean afectados desde el punto de vista tributario.
  • En las escuelas y otras entidades del sector hay organizadas sesiones de capacitación para los trabajadores en primer lugar, a fin de prepararlos según el nivel de enseñanza del que se trate.
  • No se han tomado medidas económicas por la emergencia del COVI19debido a que en el país el gobierno no ha determinado ningún tipo de cuarentena y tampoco suspensión de viajes. Las medidas sanitarias han ido a contracorriente de la mayor parte de países, y, por tanto no se considera necesario establecer medidas económicas motivadas por el impacto del COVID19 debido a que la vida económica del país se desarrolla con normalidad, por ahora.

Elaboración: Celag Análisis Económico y el apoyo de los colaboradores externos Anahí Durand, Diana Solorzano, Roberto Ruiz, Jorgelina Giayetto, Sergio Páez y Camilo Gauto.

Última actualización: marzo 23 de 2020

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Nicolás Oliva

Máster en Economía del Desarrollo (FLACSO) y en Economía Aplicada (UAB) (Ecuador)

Nicolás Oliva es licenciado en Economía por la Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Máster en Economía del Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y máster en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Candidato a doctor por la UAB. Se ha desempeñado como investigador del…

Guillermo Oglietti

Dr. en Economía Aplicada (UAB). Sub Director de CELAG (Argentina)

Guillermo Oglietti es doctor en Economía Aplicada por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), postgraduado del Instituto Torcuato Di Tella de Buenos Aires y licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC, Argentina). Dirigió el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, Economía y Sociedad de la Sede…

mariana dondo

Mariana Dondo

Licenciada en Economía, y diplomada superior en Control y Gestión de Políticas Públicas por FLACSO. Maestría en Ciencias sociales, con orientación en Política y Gestión Pública por la Universidad de Quilmes. Doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad de Quilmes. Investigadora de finanzas públicas nacionales y subnacionales y de evaluación…