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Después de la segunda vuelta de las elecciones de 2018, concluyó la prolongada definición del nuevo mapa político colombiano, que comenzó con los comicios legislativos en marzo de este año. La transformación política que va a inaugurar la tercera década del siglo XXI está marcada por la vuelta del uribismo al poder, de la mano de su renovado representante, Iván Duque, quien obtuvo más de 10 millones de votos, en una elección con alta participación.

Las formaciones políticas que apoyaron al presidente en primera y segunda vuelta no tardaron en poner de manifiesto el talante de sus formaciones de cara su próxima labor legislativa: hace pocos días una mayoría del partido Conservador y de Cambio Radical en el Senado rechazó abiertamente continuar discutiendo la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Los argumentos –infundados y orientados a prolongar el proceso de aprobación de la ley procedimental de la JEP– para pedir el aplazamiento se basaron en que 1) el Gobierno ya no tenía el apoyo popular para sacar adelante las leyes de implementación del Acuerdo con las FARC, toda vez que la victoria de Iván Duque era un mandato para modificar los Acuerdos; y, 2) que la Corte Constitucional no había decidido todavía la constitucionalidad de la ley estatutaria de la JEP.

En su última bocanada de oxígeno, Santos insistió en la defensa de la discusión del proyecto, alentando a los legisladores a dar continuidad al debate.

De igual manera, el ministro de Interior -Guillermo Rivera- promovió el diálogo con el uribismo para desatascar el procedimiento que, finalmente, se zanjó con la aprobación de la ley procedimental, con dos modificaciones del uribismo que desconocen el Acuerdo de Paz.

Como señala el reconocido jurista Rodrigo Uprimmy[i][ii], las modificaciones consisten en: 1) privar a la JEP, en casos de extradición, de la facultad de dictar pruebas para determinar si el delito por el cual solicitan a un exguerrillero de las FARC ocurrió antes de diciembre de 2016 (caso en el que la extradición está prohibida) o después de esa fecha (cuando la extradición está permitida). Esta es una modificación contraria a la Constitución que vulnera lo contemplado en el acto legislativo de la Corte Constitucional avalando el acuerdo de paz, que es evaluar “la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado”. Y 2) evitar que la JEP llame a responder a militares y a policías hasta que sea aprobado un procedimiento especial para ellos, que consistirá en una sala especial, regulada por una reforma a presentar en la próxima legislatura. La segunda modificación implica que la JEP no podrá obligarlos a comparecer mientras no se apruebe esa sala especial, rompiendo el principio de tratamiento simultáneo y simétrico, que es esencial a la justicia transicional.

El artículo referente a la extradición fue finalmente aprobado por 31 votos frente a 14, mientras que el segundo fue aprobado por 27 frente a 18. La ley, con las modificaciones, pasó a evaluación de la Corte Constitucional que tiene la última palabra respecto de su aprobación. Sin embargo, desde ya es visible que la nueva configuración de las fuerzas políticas –aun sin haber comenzado la siguiente legislatura– avanza en un proceso de acoso y derribo, en una estrategia a lo blitzkrieg (o guerra relámpago) que pondrá fin a 5 años de avance democrático en Colombia, que comprenden la configuración y sutura de los Acuerdos de Paz. De esta forma, se hace efectivo el miedo que se instaló durante los últimos meses de la campaña, de que el uribismo vendría para ‘hacer trizas los acuerdos’.

El daño que se prevé en la próxima legislatura es mayúsculo y, aunque determinadas fuerzas políticas confían en la virtud del Estatuto de la Oposición –que se reglamentó como resultado de los Acuerdos de Paz, por la vía del fasttrack como ley estatutaria que otorga ciertas garantías a los partidos políticos que se declaren en oposición al Gobierno de turno– como forma de generar contrapesos efectivos a la hegemonía uribista, lo cierto es que el panorama de una mayoría legislativa favorable al Gobierno de Duque resta esperanzas de efectividad de dicha garantía; si bien es necesaria, se augura poco eficiente en el escenario por venir.

La gobernabilidad de Iván Duque

Para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, la derecha se alineó nuevamente alrededor del uribismo: los antiguos aliados de Santos rápidamente se pusieron la camiseta de Duque y lograron la mayoría para ganar a Petro. Sin los votos y apoyos del Partido Liberal, sin Cambio Radical y el Partido de la Unidad Nacional, el uribismo no hubiera logrado el triunfo. Eso significa que Duque deberá gobernar como lo viene haciendo la derecha colombiana desde siempre: repartiendo ministerios, embajadas, y contratos para satisfacer las exigencias clientelares de sus aliados. El senador Uribe criticó a Santos durante los últimos cuatro años por esa práctica, a la que llamó “el uso de la mermelada” (clientelismo), aunque fue la misma que usó en su largo mandato (2002-2010) y la que tendrá que usar su ungido en los próximos años.

 El partido que representa Iván Duque, el Centro Democrático (CD), tiene 19 de 107 escaños en el Senado y 32 de 171 en la Cámara de Representantes, una posición de minoría que le obliga a pactar, con las demás fuerzas de derecha, todas las iniciativas de Gobierno que deban pasar por el Congreso -las relacionadas con el presupuesto y con su plan de gestión (que aún no conocemos), y las relacionadas con la implementación o modificación unilateral del Acuerdo de Paz-. Para ello, los ejes del pacto que está tejiendo Duque con los demás partidos serían la distribución clientelar del presupuesto nacional y la configuración de una ley de impunidad para los autores intelectuales –tanto civiles como militares– de masacres, asesinatos, desplazamientos forzados y demás violaciones de lesa humanidad, como ya se explicaba en el análisis sobre las modificaciones que limitan a la JEP.

 La diferencia de estructuración de mayorías entre el Gobierno de Santos y el de Duque es que éste último no convocó una coalición explícita, donde participaran el Partido de la U, el Partido Conservador, Cambio Radical, y el Partido Liberal. La coalición conformada por el Centro Democrático estuvo cimentada alrededor de figuras de ultraderecha en cabeza del expresidente Uribe, por lo que aún no podría decirse que esos partidos son la coalición de Gobierno. Un esquema autoritario y personalista que tratará de administrar el propio Uribe desde el Congreso, aunque ponga a prueba la misma legitimidad de la figura presidencial -extremadamente fuerte en la tradición colombiana- en especial, porque el Poder Ejecutivo es el administrador de los recursos públicos, deseo principal del clientelismo. ¿Podrá Uribe doblegar a dichos partidos políticos?

 Las fuerzas políticas que desbalancearon a favor del uribismo el ballotage son los partidos que acompañaron a Santos hasta hace unas semanas.

Una generación de clase política tradicional colombiana que desde los años 90 está en el Gobierno, con diferencias y auto-rotaciones presidenciales: desde 1998 gobierna una coalición neoliberal que ha implementado todas las medidas propuestas por el Consenso de Washington -no se puede olvidar que el primer Gobierno de Santos fue el tercer Gobierno del uribismo, y que la política de seguridad de Uribe (Plan Colombia) fue planeada y preparada durante el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002)-. Por ello, no se escucharon en la campaña propuestas distintas del ahora presidente Duque, quien llegó a la política y al uribismo de la mano de Santos.

 Existe unanimidad de todos los partidos de derecha con representación en el Congreso sobre el modelo neoliberal, como la hubo durante los dos gobiernos de Santos. Las tensiones que existieron (y siguen existiendo) son por la forma de resolución del conflicto armado interno. Para el uribismo, el Partido Conservador y Cambio Radical, el proceso de paz debió ser de desmovilización, desarme y reintegración (DDR) y continuación del régimen representativo y restringido de democracia, con cárcel para los guerrilleros e impunidad para militares (y fuerzas civiles o militares paraestatales).

 Lo que se acordó en La Habana entre el Estado y las FARC fue otra visión de paz que mezcló el modelo DDR con una salida política para la insurgencia, con apertura democrática e integración de sectores excluidos en la ruralidad; un modelo acompañado por el Partido Liberal, el Partido de la U, y las fuerzas progresistas. Este modelo ha sido sido la tensión entre las derechas en el Congreso durante los últimos dos años de implementación, y promete seguir siéndolo durante el cuatrienio de Iván Duque. La razón es que está en juego no sólo la cárcel para los guerrilleros, sino el inicio de un conflicto que impediría el ambiente de inversión extranjera que requieren los neoliberales más pragmáticos.

En ese esquema de gobernabilidad, lograda con el reparto clientelar de los dineros públicos y el autoritarismo del senador Uribe en el Congreso, la pregunta que cabe es ¿cuánto tiempo podrá Iván Duque sostener ese consenso de derechas?,

en un contexto nuevo, en el que, por primera vez, existirá un vocero en el Congreso definido claramente como de oposición al modelo neoliberal y al proyecto de paz con impunidad propuesto por Duque-Uribe; un jefe de oposición con una votación que representa a más del 40% de la población, y un anhelo social de restitución de derechos sociales y civiles.

La oposición, un nuevo momento

El próximo Gobierno tendrá al frente a una férrea oposición, lograda por la acertada campaña electoral, en la que un sector mayoritario de la población salió a votar por opciones diferentes al neoliberalismo y de respaldo a la paz, con Gustavo Petro (como principal exponente) y Sergio Fajardo (como canalizador de electores de distintas vertientes que querían cambios sociales sin modificaciones estructurales). Ambos sumaron el 51% en la primera vuelta electoral, una lección muy fuerte para las derechas que supieron afrontar y retorcer para la segunda vuelta, con una alianza clientelar.

El proyecto de la Colombia Humana y la Coalición Colombia (si se definen en oposición), tendrán la oportunidad de usar los mecanismos contemplados en el “Estatuto de la Oposición”, decretado en el 2017 como parte del Acuerdo de Paz. Gustavo Petro y María Ángela Robledo, como fórmula que contendió en la segunda vuelta, tendrán asiento en el Congreso: el candidato a presidente irá al Senado, y la candidata a vicepresidenta a la Cámara de Representantes. Desde allí podrán construir una voz de la oposición que dispute las políticas gubernamentales, con acceso a medios de comunicación, posibilidades de réplica a las alocuciones presidenciales y con recursos para mantener su actividad política en todo el país.

Será una oposición con límites, porque no logró obtener una bancada parlamentaria mayoritaria en el Congreso con la que contrarrestar las medidas neoliberales y autoritarias impuestas por el Gobierno. Una oposición con matices y diferencias, dividida entre representaciones del Partido Alianza Verde, el Polo Democrático, la Lista de la Decencia, la representación indígena y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Dentro de los principales desafíos de la oposición está ofrecer al país una inteligente disputa y que no parezca la venganza de los perdedores, como la querrán mostrar desde el Gobierno y los medios de comunicación -históricamente alineados con los intereses de la derecha política-.

Tendrá que enfrentar las amenazas de los sectores del poder que siguen justificando los asesinatos de lideres sociales como si fueran casos aislados[iii], pero que están enlazados en la forma de acumulación de capital por desposesión que usurpó nueve millones de hectáreas de tierras de la mano de los grupos paramilitares. Estas tierras no han sido restituidas y son materia de conflicto en los acuerdos de paz, puesto que los terratenientes agrupados en la Federación de Ganaderos –Fedegan- y en la Sociedad de Agricultores, son los principales socios del Centro Democrático y enemigos acérrimos de la Reforma Rural Integral, acordada como mecanismo de restitución de derechos al campesinado en el tratado de paz.

El éxito electoral de la oposición viene aparejado de un desespero por esos sectores para impedir, en las elecciones municipales del 2019, que el progresismo gane las alcaldías y las gobernaciones, pues estos son los fortines desde los cuales esos terratenientes han fortalecido y articulado el proyecto de despojo con el poder político local, autoritario y clientelar. La oposición tendrá que cuidarse también de la guerra judicial, vivida ya por Gustavo Petro. Además, es muy preocupante que el control de la Fiscalía siga en manos de Cambio Radical, con Néstor Humberto Martínez a la cabeza, un representante de la clase política neoliberal que se ha mostrado proclive a perseguir líderes de oposición y edificar montajes judiciales[iv].

 La historia del uribismo indica que habrá un retroceso democrático, se perseguirán opositores y existirá impunidad, con todo el apoyo mediático. Sin embargo, el momento político del país es distinto, con una oposición vital, con un proyecto alternativo y un respaldo en las urnas que supondrá una batalla de David contra Goliat.

El presidente electo, Iván Duque, se enfrenta al desafío de administrar una gobernabilidad con el autoritarismo de su mentor (Uribe) y las tradicionales componendas clientelares, y de respetar a una oposición política. ¿Tendrá la capacidad de lograrlo?

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[ii] https://www.elespectador.com/opinion/un-paso-adelante-dos-atras-columna-797550

[iii] https://www.elespectador.com/opinion/casos-aislados-columna-731044

[iv] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/lideres-sociales-protestan-en-la-fiscalia-por-estigmatizacion-y-persecucion-del-estado-articulo-698009