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Por Jorge Hernández y Mónica Castro

 

El 10 de diciembre a las 00:00 horas comenzó en la República Argentina la efímera y ridícula presidencia del Senador Federico Pinedo que precedió a la de Mauricio Macri. Lo que podría haber sido la patética ilustración de un conflicto político, comenzó a evidenciar el cambio que impondría la alianza política que arropó la candidatura del presidente electo y la intensidad sorprendente del mismo.

Antes de asumir, el proyecto político del presidente Macri consiguió que la justicia argentina, para ser justos y precisos el Fiscal Jorge Di Lello y la Jueza María Romilda Servini de Cubría, establecieran que el horario en que finalizaba el mandato de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner era las 23:59 del día anterior. Antes de asumir, Cambiemos ya había logrado dos golpes de efecto que presagiaban lo que vendría: convirtió en calabaza -al decir de la propia CFK- a la presidenta saliente, dejando en evidencia el compromiso de la justicia con su proyecto de cambio; y exacerbó el enojo de muchos argentinos culpándola de la inasistencia al traspaso presidencial, profundizando la campaña de demonización del gobierno anterior.

Este episodio puede entenderse como un giro copernicano en la concepción de la Patria, a la vez que fundamento y sostén de la praxis política. “La Patria es el otro” enfatizaba el gobierno del Frente para la Victoria. “La Patria somos nosotros. La culpa es del otro”, parece ser la consigna del ideario del nuevo gobierno argentino.

A poco de comenzar a rodar el nuevo gobierno, apareció la acción directa sobre la economía. Acción que ya había comenzado antes, cuando producida la elección se garantizó una devaluación que provocó la explosión de los precios sobre el final de la gestión anterior. La culpa es del otro.

Enseguida vino la eliminación de controles a la compra de divisas y la eliminación del tipo de cambio oficial, lo que se llamó “La Salida del Cepo”. De esta forma se declaró la liberalización de los argentinos del estado de sumisión que padecían, culpa de los otros por supuesto, y que reprimía sus capacidades productivas. El resultado esperado, naturalmente, fue una significativa devaluación que, junto con la eliminación o reducción de aranceles a las exportaciones, produjo una importante transferencia que benefició a unos pocos exportadores en detrimento de la mayoría de los argentinos.

Siguió una declamada intervención quirúrgica, intentando eliminar “la grasa militante” -al decir del Ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay- y un proceso de digestión de “ñoquis”, terminando con el empleo de decena de miles de argentinos. Por supuesto, en la versión oficial, la culpa es de los despedidos.

Esta redistribución regresiva de la renta y la reducción del empleo público, hoy acompañado en magnitudes importantes por despidos en el sector privado, fue saludado con beneplácito por buena parte de la población argentina que, paradójicamente, ni se benefició ni lo hará en el futuro por estas medidas ni por otras que, menos visibles en los medios de comunicación, van perfilando el modelo económico y social de la alianza Cambiemos.

En el corto plazo, los argentinos estaremos peor. Ya es unánime la opinión sobre la caída en el nivel de producción debido al debilitamiento de la demanda de bienes de consumo, consecuencia de la transferencia de riqueza; situación agravada si se considera la pérdida de ingresos de los más de 60.000 despedidos, tanto del ámbito público como del privado.

Adicional a esta restricción de demanda se suma la política de achicamiento del Estado, generado por la pérdida de ingresos públicos, la reducción de su plantel de trabajadores y la paralización de gastos en infraestructura, sobre todo en territorios provinciales no gestionados por fuerzas aliadas –según informan algunos gobernadores, algunos sindicatos y muchos trabajadores. Si bien la teoría económica que nutre el pensamiento y la acción de los gobiernos de derecha prevé que el espacio cedido por la demanda del sector público es inmediatamente ocupado por demanda del sector privado, “efecto desplazamiento” para los iniciados en economía, la evidencia empírica se ha obstinado en llevarle la contraria, al punto que el anterior economista en jefe del FMI Olivier Banchard, estando aún en funciones y junto con Daniel Leigh, han advertido que “Los pronósticos de los expertos del FMI se equivocaron al aplicar un multiplicador fiscal erróneo: creían que por cada euro público gastado de menos o gravado de más se destruían 0,5 euros de actividad, cuando la realidad ha sido que por cada euro retirado se han destruido 1,5 euros. El multiplicador fiscal era mayor de 1”[1].

Se ha observado en América latina en los años ´90, y se está observando hoy en el mundo desarrollado, que las políticas de austeridad no conducen al paraíso, sino más bien a un “austericidio”. El ajuste fiscal conduce a la recesión, lo que deprime los ingresos fiscales e induce al recorte de gastos, cerrándose así un círculo vicioso signado por recurrentes episodios de recesión y ajustes.

Los efectos contractivos de la demanda interna por bienes de producción nacional difícilmente se compensen con demanda externa, en consideración de la profunda y persistente crisis que exhibe el mundo desarrollado y comienza a manifestarse también en los emergentes que sostuvieron el crecimiento mundial en el pasado reciente. Una muestra muy elocuente han sido las manifestaciones de los productores regionales de bienes no pampeanos que, a pesar de la devaluación y la quita de retenciones, no han conseguido colocar sus producciones, llegando a expresar su descontento, tirando parte de su producción en despachos oficiales y en la vía pública.

Dentro del nuevo marco regulatorio impuesto al comercio internacional, sí puede esperarse del sector externo que aporte a la demanda interna con producción externa. Esto es, un incremento de bienes importados producidos en países de altísimas productividades o de muy bajos salarios, que sustituyan producción nacional. Ya comienza a observarse este fenómeno que caracterizó la dinámica económica de los años ´90, dejando como resultado un proceso de desindustrialización y desmejoramiento de todos los indicadores del mercado de trabajo.

Concomitante con la implementación de políticas favorables al gran capital exportador, también comenzó la implementación de acciones que benefician al capital financiero, fundamentalmente con la reducción de requisitos a los movimientos transfronterizos; seguida de la desregulación a su aplicación doméstica -con la eliminación de cupos mínimos por actividades y la oferta de tasas de interés mínimas para los depósitos en Bancos-; y el reingreso al endeudamiento público.

Apertura económica a bienes, servicios y capital, endeudamiento externo y austeridad fiscal fue el cóctel que probamos, con combinaciones e intensidades variables, desde mediados de los años´70  profundizando los problemas estructurales de nuestra economía y consolidando una sociedad crecientemente desigual ¿Podemos esperar que ahora sea diferente?

Sí, podemos. Y probablemente será peor. Podemos esperar que el nuevo proceso político construya una nueva institucionalidad que consolide este modelo, reduciendo los grados de libertad para su reversión.

Ese proceso ya comenzó. Con el argumento del desgrasamiento militante y la digestión de ñoquis, se han desmantelado, desfinanciado o re-habitado programas de fiscalización y control del capital privado, no sólo reduciendo los estímulos competitivos en favor de los consumidores, sino debilitando los controles de actividades ilícitas o elusivas.

En tal sentido, sólo para ilustrar con algunos ejemplos, identificamos una muestra que entendemos elocuente: en el Banco Central de la República Argentina presidido por Federico Sturzenegger (con procesamiento judicial en marcha por delitos vinculados a canje de deuda externa en la gestión del presidente Fernando De La Rúa) se han afectado varios programas, entre los que destacan los de defensa del usuario, de educación financiera y el área que investigaba las complicidades del sector financiero con las dictaduras militares; en la Secretaría de Comercio, conducida por Miguel Braun, (hijo de Oscar Braun, un destacado economista argentino tempranamente fallecido, y sobrino de Federico Braun, presidente de una de las principales cadenas de supermercados y vice-presidente de la gremial empresaria del sector, la Asociación de Supermercados) rápidamente se han afectado con despidos las tareas de seguimiento de precios y de fiscalización de importaciones; en la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de investigar el lavado de dinero, fueron designados como presidente y vice un abogado del FMI y una del Banco HSBC, ambos vinculados con la defensa de empresas investigadas por lavado de activos; en la Procuraduría General de la Nación, ante la negativa de renuncia de su titular, con cargo vitalicio al igual que los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), se han recortado funciones y financiamiento en particular para las Procuradurías de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y de Violencia Institucional (PROCUVIN); en tanto, para la CSJN se ha propuesto, previo intento de designación por Decreto Presidencial, un abogado integrante de un estudio jurídico que atiende importantes corporaciones nacionales y transnacionales, entre ellas el principal grupo multimedios nacional.

Esta ocupación del aparato Estatal, que puso a su comando a un nutrido grupo de ex-CEO de grandes corporaciones es, por su masividad, una novedad de la política argentina. Los intereses del capital no necesitan de la mediación de los políticos, el capital en Argentina pudo prescindir de un nuevo Menem, y autogestionarse.

La autogestión del capital se está buscando a nivel internacional a través de la conformación de grandes bloque comerciales, como la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI) o Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), que intenta articular las economías de Estados Unidos y la Unión Europea; el Acuerdo de Asociación Trans-Pacífico o Trans-Pacific Partnership (TPP) entre países americanos, asiáticos y oceánicos o; el acuerdo buscado entre el Mercosur y la Unión Europea. Como pudo saberse a través de Wikileaks, en el más avanzado de esos bloques, el TTP, sus cláusulas incluyen importantes beneficios a las grandes empresas transnacionales y avanzan en la restricción de la gestión soberana de las políticas nacionales.

La nueva orientación política argentina ha dado claras señales de simpatía por esos acuerdos. Y eso será malo, muy malo para el futuro de los argentinos.

[1] Joaquín, Estefanía. “Errores que llevan al sufrimiento. El FMI acaba de hacer una crítica demoledora de sus recetas de austeridad”. En: Diario El País de España. Edición 07/01/2013.