Uruguay pasó de ser ejemplo mundial en el manejo y evolución de contagios y fallecimientos por COVID-19 a estar en el vagón de cola. Alcanzó el doloroso primer lugar de contagios y muertes por millón de habitantes, y en la última semana fue el país con más muertes diarias en el promedio, duplicando el número de fallecidos cada 25 días (cuarto lugar en el mundo). El Gobierno no asume totalmente la gravedad de la situación, prioriza la economía por sobre la vida y apuesta al retorno a una nueva normalidad, aunque esa normalidad sea terrible para importantes sectores de la población.
Al principio de la pandemia por parte del gobierno hubo una política orientada a propiciar el apoyo unificado de la ciencia nacional, estableciendo el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) pero desde octubre de 2020, y más especialmente desde febrero de 2021, el Gobierno dejó de considerar los aportes más significativos de la ciencia, sobre todo los que reclamaban contener la movilidad. Pasó del respeto y el reconocimiento al ataque a los científicos y al desmerecimiento de su aporte.
La “estrategia” del Gobierno
La estrategia del Gobierno ha sido insistir con su consigna “libertad responsable”, como norte para adjudicar responsabilidades en los individuos y no en la política, alentando al “sálvese quien pueda”. Es la expresión de una “meritocracia sanitaria”. En un extremo de la lógica neoliberal individualista el Gobierno insiste en difundir la idea de que la responsabilidad del contagio y muerte es de las personas en tanto se esfuerzan en cuidarse, o no. Para el Gobierno no existen situaciones disímiles, ciudadanos que sí pueden quedarse en casa, trabajando o sin perder ingresos, o por el contrario les es imposible y tienen que salir a trabajar y exponerse en el transporte o en el centro laboral. El que puede se cuida y el que no se las tiene que arreglar solo. La economía se prioriza antes que la salud, y la culpa es endosada a los sectores más precarios que son los que más enferman: calvinismo pandémico.
Entre tanto, el Gobierno se desentiende y mientras responsabiliza a las personas por su “comportamiento inadecuado”, el presidente asiste a un asado con la Asociación de Fútbol y sus dirigentes, a los que les facilitó acceso de vacunas en el sector privado por delante de otros sectores sociales como salud, transporte o educación.
El discurso individualista, el blindaje mediático y la persistencia de la posición “antifrenteamplista” como pegamento fundamental de la derecha, estaría funcionando a la luz de la “imagen” del presidente que sigue alta (60 % – 59 %), muy cerca del resultado electoral de octubre de 2019.
La estrategia del Gobierno es apostar a que la velocidad de vacunación (y la inmunidad del rebaño) sea más rápida que el incremento de contagios y fallecimientos, de forma que los buenos registros que el presidente recogía por el “éxito” de la gestión de la pandemia no se vean alcanzados por los impactos sociales y económicos en otras áreas que ya son mal valoradas por la ciudadanía pero que aún no se las relaciona con el Gobierno (caída del empleo y de los ingresos, aumento de los precios). Esta es la clave de los meses próximos. La meritocracia sanitaria se verá debilitada si la extensión de contagios y fallecimientos se amplía lo suficiente como para que quienes hoy creen que los contagios son producto del no cuidado personal (70 %) comiencen a contar contagios y/o fallecimientos cercanos.
Casos aislados que se hacen costumbre
Entre tanto, afloran los casos de autoritarismo y corrupción que comienzan a erosionar al Gobierno. En relación a la prensa, recientemente uno de los tres grandes canales de TV despidió al coordinador de sus informativos y según diversas fuentes (entre ellas el ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas) el motivo fue el malestar desde la presidencia con el enfoque del informativo. También en los últimos días se supo que un legislador de la coalición hacía trabajar a sus empleados aún con COVID-19.
Por otro lado, en la investigación judicial más importante que se ha tenido por explotación sexual de adolescentes en Uruguay, han resultado implicados empresarios, exjueces y políticos integrantes de los partidos que componen la coalición de Gobierno.
A pesar de todo, aún el blindaje mediático es poderoso, y aunque se informa, se hace de forma superficial, en claro contraste con la cobertura durante los gobiernos del Frente Amplio a las denuncias de la entonces oposición y ahora Gobierno.
La economía también se corrige a la baja
En cuanto a la economía, las previsiones para 2021 se están corrigiendo a la baja en la estimación del crecimiento. El impacto de la caída del PBI en 2020 fue de 8 % y la recuperación parecería seguir trayectorias diferenciadas según sectores. CEPAL indica que Uruguay es el país que menos recursos ha destinado para hacer frente al impacto sobre la pobreza provocado por la pandemia, sobre todo en políticas de transferencias. El Gobierno ha utilizado el aumento de tarifas y nuevos impuestos a los trabajadores públicos para aumentar la recaudación, lejos de las apuestas regionales de gravar los altos ingresos privados o el capital. De hecho, en un redoblado ataque al sector público, el Gobierno sitúa las contradicciones entre trabajadores públicos (que serían los privilegiados) y trabajadores privados (los perjudicados).
Las oposiciones, acciones de reagrupamiento
Del lado de las fuerzas populares las energías se orientan en dos frentes, por un lado, la recolección de firmas para la derogación (parcial o total) de la Ley de Urgente Consideración (una suerte de ley ómnibus que incluye desde la legalización del porte de armas a militares en retiro pasando por el menoscabo de la huelga como instrumento de presión sindical hasta la posible subida de los combustibles). Por otro lado, hacia el sostenimiento de ollas populares, las que según los últimos datos alcanzan aproximadamente las 700 en el país, de las cuales la mayoría no han tenido ningún apoyo, a excepción de algunas en Montevideo y Canelones donde los gobiernos departamentales dispusieron apoyos específicos.
En cuanto a la oposición política, el único partido con representación parlamentaria de oposición es el Frente Amplio. Tiene por delante, entre otras cosas, terminar de consolidarse en su renovación dirigencial, aunque el principal asunto inmediato en este sentido tiene que ver con la presidencia del partido ya desgastada y sin apoyos. El propio presidente de la República, Lacalle Pou, ha utilizado esta situación de desgaste y división para agraviar al Frente Amplio y utilizar la situación interna para acentuar el desconocimiento político hacia el propio partido opositor. Mientras tanto, los principales actores políticos del FA se encuentran entre algunos de los senadores y los intendentes, principalmente de Canelos (Orsi) y Montevideo (Cosse). Como suele suceder, nadie dice estar en campaña electoral, pero muchas de las acciones de estos dirigentes se pueden comprender también a la luz del futuro ciclo electoral. Sin embargo, la tarea del FA como fuerza política de sobreponerse a la derrota del 2019 emergiendo como una alternativa real en 2024, todavía está lejos.
Parece también estar configurándose un espacio dentro de las izquierdas sobre el borde exterior del FA, de base más social. Los incentivos electorales “institucionales” para “salirse” del FA son realmente escasos, pero la dinámica política de la izquierda de los últimos años fue alejando a los sectores de izquierda más autonomista hacia los bordes, lo que podría facilitar una activación por fuera. Incluso el escenario que surge del incremento del número de partidos a partir de la aparición de Cabildo Abierto –por la derecha–, podría facilitar la emergencia de partidos de izquierda fuera del FA. Pero esta hipótesis es aún muy débil, y la capacidad del FA para lograr reunir las diversas expresiones de la izquierda ha sido muy exitosa a lo largo del tiempo.
También surgen oposiciones/alternativas por derecha, en clave de antivacunas, conspiracionistas, etc. Algunos fueron detenidos por la policía por realizar aglomeraciones públicas, lo que aumentó su nivel de publicidad. La fuerte institucionalización de los partidos podría suponer algún tipo de adhesión a futuro a través de los partidos de derecha ya consolidados que conforman la coalición de Gobierno, pero no se puede descartar que esta derecha “conspiracionista” aún tenga terreno propio por recorrer.
