Este 7 de junio los mexicanos y mexicanas están llamados a las urnas para votar en el proceso electoral federal por el cual la Cámara de Diputados será renovada. Asimismo, se elegirán gobernadores en nueve Estados de la República Mexicana y en 17 entidades federativas habrá elecciones a diputados y locales (en el caso del Distrito Federal, la capital, se elegirán representantes delegacionales). Estas son las primeras elecciones tras la reforma político-electoral de enero de 2014 que introduce novedades como la pérdida del registro electoral para las fuerzas políticas que obtengan menos del 3% del voto.
Aunque a priori se pudiera pensar que el debate en el país está enfocado hacia qué resultados electorales habrá en las elecciones intermedias del próximo domingo, lo cierto es que la discusión transita por otros derroteros. Así, desde hace meses ha surgido en México un movimiento que apuesta por el boicot electoral, compuesto por un conjunto heterogéneo de fuerzas que va desde los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, colectivos críticos con el sistema, intelectuales de la clase media y grupos políticos organizados.
Quienes defienden la anulación del voto esgrimen la podredumbre del sistema político, la corrupción de los partidos, la imposibilidad de una reforma o cambio del sistema por la vía electoral o, incluso, cuestionan la legitimidad de unas elecciones que se dan en el contexto de una guerra no declarada contra quienes se alzan para denunciar la injusticia, la corrupción, la colusión entre política y narcotráfico o la impunidad reinantes. Desde esta perspectiva, el caso de los 42 estudiantes desaparecidos y 7 asesinados en Iguala sería solamente la punta del iceberg de una situación de creciente represión contra la protesta social que convertiría en una “farsa” la realización de elecciones.
Sin duda, el clima pre-electoral está marcado por la violencia. Mientras se escriben estas líneas van 9 candidatos de distintas fuerzas políticas asesinados presumiblemente por el crimen organizado. Estos asesinatos se suelen dar en pequeños municipios ubicados en zonas “calientes” donde los distintos cárteles se disputan el territorio y, por tanto, tratan de garantizar la presencia de autoridades que no interfieran en su negocio. Ello tiene repercusiones en el ejercicio del voto pues a los cacicazgos de antaño y la compra de votos se suma la variable del narcotráfico (se calcula que éste controla casi el 72% de los municipios) y la represión estatal, dando como resultado una población altamente coaccionada a la hora de votar.
Las protestas contra la celebración de los comicios se están multiplicando en diferentes Estados. Varias sedes del Instituto Nacional Electoral (INE) han sido tomadas y miles de boletas electorales quemadas, lo que ha obligado al INE a reimprimirlas. Estas protestas tienen un eco fuerte en determinados Estados como Guerrero, Chiapas, Michoacán y Oaxaca, donde la situación es crítica y el descontento, muy generalizado, está siendo dirigido por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con el propósito de impedir las elecciones. Pero no ocurre lo mismo en otros territorios donde las movilizaciones son minoritarias.
Aquellos que defienden votar dudan del impacto que pudiera tener una campaña de anulación del voto frente a la maquinaria electoral clientelista de las respectivas fuerzas políticas. Parten además del convencimiento, al menos en los sectores de la izquierda institucional que no están pensando en la mera perpetuación de sus cargos, de que a través del voto se pueden lograr espacios de poder que sean un dique al actual estado de descomposición política y social, y apuestan por tratar de erosionar al PRI en la Cámara de Diputados (lo que no parece que vaya a suceder si las encuestas están en lo cierto). Pero esta izquierda institucional se presenta dividida y, en algunos Estados, en alianza anti natura con fuerzas de la derecha, lo que abona en su descrédito.
Cualesquiera sean los índices de participación este domingo y los resultados electorales, no podrán ocultar la crisis de legitimidad del sistema político mexicano. Hoy el 75% de los mexicanos desconfía de los partidos políticos y cada vez más sectores de la izquierda no creen en las vías electorales para la superación del statu quo. La situación social es explosiva en gran parte del país y no parece que vaya a mejorar. México se enfrenta a mucho más que a una compleja coyuntura electoral, se enfrenta a un auténtico dilema sobre la vigencia de su actual sistema político.
