La crisis política que vive Perú desde el 2018 se agudizó con el impacto de la pandemia, exponiendo con mayor nitidez la decadencia de su Estado neoliberal.

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Los primeros casos de Covid-19 en Latinoamérica se conocieron al empezar marzo. Se sabía ya del impacto del virus en China, y especialmente en Italia o España, donde los enfermos y fallecidos sumaban miles colmando los hospitales. Con una realidad signada por la presencia de otras epidemias, como el dengue, con déficit en los sistemas de agua potable y un estructural deterioro de los sistemas de salud, el escenario en la región se presentaba preocupante. En Perú, el presidente Martín Vizcarra decretó el estado de emergencia nacional el 16 de marzo, incluyendo medidas como la cuarentena obligatoria, el cierre de fronteras, el toque de queda y el despliegue del Ejército y la Policía para asegurar la inmovilidad. Se anunció también la asignación de recursos para reactivar la economía, y fondos subsidiarios destinados a las familias consideradas en riesgo.

Conscientes del grave peligro de la pandemia, la mayoría de la población aprobó las medidas y se dispuso a cumplirlas. No obstante, la intención no fue suficiente y a casi tres meses de declarada la emergencia, con más de 129 mil casos de personas contagiadas y más de 3.700 fallecidos, el Perú forma parte de los países con más alta tasa de casos confirmados y mayor mortalidad en Latinoamérica.[1] Claramente, las tempranas y estrictas medidas de contención sanitaria no han tenido los efectos esperados y no parece que la situación se revierta en el corto plazo, golpeando especialmente a los sectores precarizados en ciudades de la costa como Lima o Lambayeque o como Loreto en la Amazonía.

Explicar el fracaso de la estrategia gubernamental requiere un esfuerzo por trascender argumentos simplistas que señalan la cuasi intrínseca “irresponsabilidad” de los peruanos o generalidades centradas en la pobreza estructural. Ante la gravedad de la situación es importante analizar cómo los grupos de poder político-empresarial y las tecnocracias gobernantes condujeron el Estado, asegurando sus privilegios y condenando a millones a la desprotección y la enfermedad. Asimismo, es necesario abordar las respuestas desde la sociedad, agobiada por la incertidumbre y la precariedad, pero a la vez insistiendo en generar respuestas comunitarias que pueden resultar claves para terminar de cerrar el desgastado ciclo neoliberal.

Neoliberalismo, grupos de poder y tecnocracia en tiempos de pandemia

A inicios de los ’90, con el autogolpe de Alberto Fujimori, la profunda crisis que vivía el Perú se decantó por la vía autoritaria, allanando el camino a la implantación del modelo neoliberal. Aclamado por los grupos de poder y legitimado por la Constitución de 1993, el neoliberalismo peruano se instaló en lo ideológico, lo programático y lo societal imponiendo una visión según la cual el Estado debe limitar su función a promover la inversión privada, desarrollando una legislación y una arquitectura estatal favorable al libre mercado, y expandiendo una racionalidad individualista que, en nombre del emprendedurismo popular, alentaba la informalidad y justificaba la desprotección social.

La hegemonía conseguida por el neoliberalismo sobrevivió la caída del fujimorismo y continuó en los sucesivos gobiernos democráticos. Del 2001 en adelante, los grupos de poder afirmaron el modelo, reduciendo el Estado en medio del boom extractivo y fortaleciendo su influencia en el ámbito político. Justamente, como afirma el economista Francisco Durand, los conglomerados económicos operan directamente desde el poder político concentrado en el Ejecutivo, de modo que, en materia económica, desde el 90 en adelante el 65% de la legislación ha sido hecha por decreto legislativo o supremo[2]. Conglomerados como el grupo Romero -dueño de Credicorp con el Banco de Crédito- o el Grupo Interbank de Rodríguez Pastor, se enriquecieron y consolidaron su influencia siendo la CONFIEP, la Asociación de Banca (ASBANC) o la Sociedad Nacional de Minería (SNM) interlocutores privilegiados de los gobernantes. Junto a esto, para asegurar la continuidad de la política económica y tributaria favorable a estos grupos de poder, ha sido y es determinante la existencia de una tecnocracia que sobrevive los cambios de gobierno. Matices más o menos, se trata de un cuerpo de profesionales asentados principalmente en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) supuestamente apolíticos, pero ideológicamente comprometidos con la no intervención estatal y la inversión privada.

En medio de la emergencia por el corona virus, con las cifras de enfermos y fallecidos en ascenso, queda clara la capacidad de los grupos de poder y sus lobbys para imponer condiciones, así como la sumisión de la tecnocracia gobernante para acatar sus mandatos. Destaca por ejemplo el trato privilegiado que les otorga el programa “Reactiva Perú” que, a través del Banco Central de Reserva, entregará a los bancos 30 mil millones de soles (8,500 millones de dólares) para financiar a grandes empresas y trasnacionales, principales sujetos de crédito a diferencia de las pequeñas empresas a las cuales debido a tramites y procedimientos no llegaría ni el 2% del total[3]. El gobierno también cedió al gremio empresarial aprobando la suspensión temporal perfecta de labores que permite nuevas formas de despido, sumando ya decenas de miles los desempleados[4]. También se hizo sentir la presión del sector minero, que nunca paralizó sus actividades en cuarentena pese a que sus trabajadores contagiados sumaban decenas. Ilustrativa de esta situación es la férrea oposición de todos estos grupos a aprobar un impuesto a la riqueza, secundados por la ministra de Economía quien afirmó que por ahora “no era importante”.

Esta actitud del Gobierno frente a los grupos de poder contrasta con el apoyo entregado a la mayoría de peruanos. En un país con 71% de población informal, era clave que el Estado garantizara recursos de forma rápida y oportuna para que esos millones de ciudadanos pudieran quedarse en su casa cumpliendo la cuarentena. No obstante, se optó por la entrega de bonos, de entre 120 y 230 dólares, distribuidos vía un engorroso sistema de focalización y bancarización propio de un programa social destinado a minorías empobrecidas y no a una mayoría en situación de emergencia. Pese a que agrupaciones de izquierda como el Nuevo Perú, líderes políticos y reconocidos profesionales advirtieron que el Estado poseía los fondos para universalizar la entrega de recursos y distribuirla rápidamente, no se hizo y esto es crucial para entender el fracaso de la estrategia sanitaria.

Respuestas sociales, protesta y movilización ante la pandemia 

Con una ineficiente entrega de bonos, sin ingresos, sin empleo, con incertidumbre y una emergencia extendida hasta el 30 de junio, mucha gente ha levantado de facto la cuarentena y prefiere salir y contagiarse antes que esperar en casa a que apremie el hambre. Dados los impactos diferenciados del coronavirus, en las ciudades más pobladas, donde la informalidad y precariedad son una realidad persistente, el malestar crece junto a la enfermedad y con ello se activan diversas respuestas sociales de indignación, pero también de organización. En Perú la reacción de la sociedad, incluyendo los gremios y/o movimientos sociales, ha asumido rutas como los desplazamientos internos, las protestas o las acciones comunitarias.

Una primera respuesta social a la crisis ha sido el desplazamiento masivo de miles de familias intentando salir de Lima y que, ante la paralización del transporte interprovincial, optaron por caminar en la carretera central hacia Huancayo o Huancavelica, por la Panamericana norte rumbo a Cajamarca o Tarapoto y también hacia el sur hacia Apurímac. Nadie desde el gobierno, advirtió que, con una cuarentena larga y sin recursos para permanecer en Lima, miles optarían por volver a sus ciudades de origen o ahí donde consideraban tener más redes para subsistir la grave crisis ya en curso. La respuesta del Estado ha sido tardía y desorganizada, intentando empadronar y aislar a familias que se empeñan en desplazarse. A la fecha, algunos consiguieron ser embarcados en vuelos de emergencia, otros continúan esperando en albergues temporales y muchos más se han desplazado por su cuenta, esparciendo el virus en el trayecto o llevándolo a sus lugares de destino.

De otro lado, teniendo en cuenta la larga crisis que viven las organizaciones sociales y la fragmentación del tejido social afectado por años de conflicto armado, cooptación fujimorista y posterior asimilación del neoliberalismo y sus lógicas individualistas, las protestas ante la crisis han sido, como antes de la emergencia, dispersas y sectorizadas. Desde las centrales sindicales, la capacidad de articular alguna respuesta medianamente contundente ha sido débil, pues la Central General de Trabajadores (CGTP) convocó a algunos cacerolazos sin mayor éxito. Más frecuentes han sido las protestas de diversos sectores y gremios, como el personal de salud en diversos hospitales de Lima y regiones, especialmente trabajadores contratados o tercerizados expuestos a la pandemia sin seguridad social y en pésimas condiciones laborales. También la Federación de Trabajadores Mineros estuvo muy activa denunciando la flexibilidad de los protocolos sanitarios y la permisividad con una actividad que no ha parado en cuarentena y suma cientos de trabajadores contagiados. Destacan también las protestas de las trabajadoras de limpieza pública, organizadas en el SITOBUR, que han realizado protestas exigiendo condiciones dignas para uno de los trabajos considerados esenciales pero peor pagados y en condiciones precarias.

Finalmente, las respuestas sociales se han manifestado también como acción colectiva de diferentes movimientos y agrupaciones que han sido y son claves para resistir la emergencia y revelan la persistencia de vínculos sociales arraigados en lo cultural y comunitario. Es el caso por ejemplo de las organizaciones indígenas amazónicas que -ante el abandono estatal- han organizado redes de auto ayuda y control del territorio, convocando además diversas solidaridades para paliar la situación de los pueblos que sufren gravemente la enfermedad en condiciones estructurales de empobrecimiento. También las rondas campesinas en los Andes han sido fundamentales para frenar la expansión del virus, asumiendo labores de vigilancia y ordenamiento de sus zonas de vivienda y producción. De otro lado, han estado muy activos los colectivos feministas, denunciando diversos casos de acoso, violencia y feminicidio que no se han detenido en la cuarentena ante la limitada respuesta estatal.

Nuevo epílogo… entre la resignación y la urgencia de cambios

Hasta hace poco, era frecuente leer en los medios de comunicación respecto al crecimiento económico sostenido del Perú y su probable ingreso a la OCDE como país de renta media. La pandemia ha develado que este crecimiento estuvo lejos de significar bienestar para las mayorías, persistiendo la desigualdad, el abandono del Estado, la desprotección social, la precariedad y la pobreza. Una estrategia de contención sanitaria exitosa requería hacer aquello que los grupos de poder político económico y sus tecnocracias gobernantes de turno no hicieron: fortalecer y equipar la salud pública, asegurar sistemas de agua y saneamiento para todos, implementar políticas de viviendas dignas sin hacinamiento. Asimismo, requería medidas inmediatas como distribuir un ingreso básico universal por algunos meses para las mayorías o regular los precios de clínicas y medicamentos, cosa que tampoco han hecho.

Por ahora, el impacto de la crisis contrasta con la alta aprobación del presidente Vizcarra y la baja intensidad de las protestas[5]. De un lado, parece imponerse cierta resignación asociada al hondo calado de las salidas individuales promovidas por el neoliberalismo en una población que poco o nada espera de sus gobernantes. Debe reconocerse también la débil oposición política, sin figuras que destaquen y un Parlamento que no termina de encontrar brújula en los debates nacionales. Sin embargo, aunque hoy las protestas no se expresen en estallidos y otras manifestaciones masivas como las ocurridas en Chile o Ecuador, el malestar, el descontento y la incertidumbre se vienen acumulando, expresándose diversas respuestas sociales sectoriales y reactivas, pero que pueden politizarse y articularse en un sentido crítico al sistema, afirmando antagonismos frente a los privilegiados y aquellos grupos de poder que siguen lucrando en medio de la emergencia.

La crisis política que vive Perú desde el 2018, gatillada por los escándalos de corrupción del caso Lava Jato, continúa sin resolverse y se agudiza con los impactos del coronavirus, exponiendo con mayor nitidez la decadencia del Estado neoliberal construido para servir a los intereses de los grupos de poder. En este escenario, es sumamente importante el trabajo de las organizaciones políticas y sociales, especialmente de izquierda, que podrían politizar el malestar ante la crisis en un sentido crítico y transformador, que cuestione el manejo de los grupos de poder y sus tecnocracias, poniendo por delante el derecho a la salud y la vida de todos los peruanos y peruanas. Enfrentar hoy la pandemia nos demanda accionar como ciudadanos para que se implementen medidas urgentes con el objetivo de asegurar el bienestar de la gente, exigiendo a la vez cambios de fondo que reviertan graves problemas estructurales y permitan avanzar en un nuevo pacto social que culmine en una nueva Constitución. Próximos a cumplir 200 años de vida independiente, esta puede ser la oportunidad de cerrar el ciclo de hegemonía neoliberal peruana, con sus altas dosis de autoritarismo, corrupción y privilegios, iniciando uno nuevo, en un horizonte de esperanza y bienestar para las mayorías.

 

 

 

[1] https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp

[2] https://larepublica.pe/politica/2020/05/16/francisco-durand-en-el-peru-hay-una-doble-concentracion-del-poder-en-lo-economico-y-en-lo-politico/?fbclid=IwAR3RrWiiNbBzQOZSZCdFVZBjh_Pv3qOYTTF-xFrzn7rAfSH6i672KS7q6Es

[3] https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-crea-el-programa-reactiva-peru-par-decreto-legislativo-no-1455-1865394-1/

[4]A fines de abril, 8.690 empresas se acogieron a la suspensión perfecta de labores para dejar de emplear a cerca de 70 mil trabajadores. https://ojo-publico.com/1799/companias-deciden-suspension-perfecta-para-70-mil-empleados

[5] Según última encuesta IPSOS la aprobación presidencial al 15 de mayo se situaba en un 80%. https://elperuano.pe/noticia-gestion-del-presidente-martin-vizcarra-es-aprobada-por-80-de-ciudadanos-96123.aspx

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Anahí Durand Guevara

Candidata a doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).Coordinadora de Relaciones internacionales del Movimiento Nuevo Perú. Se ha desempeñado como investigadora en diferentes proyectos  relacionados a los temas de movimientos sociales, representación…