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El periodo electoral en Paraguay fue, para la dinámica política del país, un oasis en el desierto de sus avatares habituales. Fueron cinco meses de tregua (desde las elecciones primarias, hasta las elecciones generales) en los que la mirada se puso sobre los liderazgos políticos, y el debate público tocó apenas de soslayo la corrupción institucional enquistada, el blindaje político, la manipulación de la Justicia, la impunidad, etc.

La tregua se acabó el 22 de abril, cuando se abrió paso a un nuevo Gobierno del Partido Colorado, una formación que carga en sus filas el enorme lastre de la corrupción y la impunidad, cánceres que, ni desde la interna de la formación, ni desde los órganos de Justicia –ampliamente cuestionados por sus dinámicas prebendaristas– se han podido extirpar.

A menudo, cuando la política no resuelve lo obvio y vergonzante, la tensión social aumenta y el malestar fluye en forma de protestas con altos niveles de violencia (generalmente iniciada por la represión policial). Buen ejemplo fueron las movilizaciones de marzo de 2017 en contra del pacto (nonato) reeleccionista que acabó con la quema del Congreso y se saldó con cientos de heridos y con la vida del joven militante del PLRA, Rodrigo Quintana.

A sólo unos días de la toma de posesión el fin del aciago momento electoral es más que evidente. Los ciudadanos lacerados por la pobreza y desesperados por la impunidad encendieron la chispa, a principios de agosto, cuando los votos de 27 legisladores por la pérdida de investidura del corrupto confeso José María Ibáñez (con cargos de tráfico de influencias y de estafa al Estado) no alcanzaron los dos tercios requeridos para desalojarlo de su banca (por la nueva ley de autoblindaje, recientemente aprobada para eternizar a los políticos corruptos en las instituciones).[1]

La ciudadanía, indignada ante el descaro de los congresistas y la inoperancia de la Justicia, promovió la movilización para repudiar la impunidad otorgada al diputado y logró obligarlo a renunciar –después de que se escudara en las “lista sábana” del Partido Colorado para pasar blindado al Legislativo–.

Las movilizaciones para limpiar las cloacas de la política paraguaya continúan. Ahora en contra de Óscar González Daher, a quien, en el periodo legislativo anterior, se le retiró la investidura y recibió la imputación por el Ministerio Público por tráfico de influencias, pese a lo cual volvió al Senado. Frente a su casa, en Luque, los ciudadanos ya acumulan varios días de manifestaciones con las que buscan la salida inmediata del cargo, así como sucedió con Ibáñez.

El episodio de movilización social que está viviendo el Paraguay no responde más que a la inutilidad de la Justicia y los partidos políticos para llevar a cabo una persecución que efectivice la salida de los corruptos de cargos públicos. Contrario a lo que debería suceder, los órganos judiciales avalan y certifican reiteradamente la impunidad, costumbre que reprobó la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea al encontrar candidatos imputados en las listas electorales que se presentaron el 22 de abril.

El panorama no ofrece una perspectiva halagüeña para un presidente que empieza su gobierno el próximo 15 de agosto, con una bancada legislativa manchada por la corrupción y que pone en aprietos de entrada la gestión de un país altamente polarizado (tal y como se vio en las elecciones pasadas).

Ajeno a ello, Abdo Benítez se encarga de apuntalar bien la red internacional que le proveerá la estabilidad política que no posee internamente y que requiere un Gobierno tan debilitado. Estuvo en días pasados en Washington, donde se reunió con el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin; con el secretario de Comercio, Wilbur Ross; con la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, y con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, entre otras autoridades económicas. Además, tuvo programado un encuentro con el senador republicano Marco Rubio. En Nueva York, se reunió con representantes de las agencias de calificación Moody’s y Fitch, así como de bancos y fondos de inversión[2].

Por otra parte, avanzó en la cesión de la soberanía energética a favor de Argentina en Yacyretá por otros 40 años, después de la aprobación de las notas reversales del acuerdo Cartes-Macri, que contó con la anuencia de una mayoría de legisladores del país. De esta forma, Mario Abdo consolida la alianza con los vecinos inmediatos y asegura un trato de favor de la comunidad política más cercana.

En Paraguay el espacio de la lucha anticorrupción está siendo copado por los ciudadanos que se organizan ante la vergonzante e insostenible situación. Sin embargo, la movilización legítima –pero anárquica– carece de una hoja de ruta clara. En este sentido, sigue siendo perentoria la articulación y la capitalización de estas demandas por parte de liderazgos alternativos que consoliden en los próximos cinco años una comunidad política capaz de arrebatar la hegemonía histórica al Partido Colorado, una formación atravesada hasta el tuétano por la corrupción y las prácticas clientelares.

 

[1] http://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/cobardes-hipocritas-y-corruptos-1727129.html

[2] https://www.ultimahora.com/mario-abdo-benitez-visita-el-comando-sur-eeuu-n1702047.html