6 min. lectura

Las pasadas elecciones generales en Paraguay pusieron de manifiesto una realidad que la derecha paraguaya se negaba a ver. La ceguera le permitió jugar con cierto desahogo en lo que creyó era un partido de sobra ganado, pero, a día de hoy, la cruda realidad vuelve sobre el oficialismo y recuerda la existencia de una herida abierta y profunda que todavía no termina de cicatrizar.

El enorme peso de los desmanes de corrupción y abuso del poder durante el Gobierno de Horacio Cartes se convirtió en el peor lastre para el recién electo Mario Abdo. El 3% de diferencia que le dio la victoria a Abdo frente al principal oponente, Efraín Alegre, dejó un mal sabor de boca en el coloradismo, que auguró la crisis de gobernabilidad –que a casi un mes de asumir la Presidencia de la República– es palpable para el nuevo mandatario.

En días pasados el Senado impidió la votación para aceptar la renuncia de Cartes quien, a pesar de contar durante todo su Gobierno con una alianza estable de colorados y liberales (liderados por Blas Llano), recibió el vacío por parte de los integrantes de la Cámara Alta, entre ellos, los colorados de la facción de Abdo. Una situación que generó un llamado para mantener las filas bien prietas por parte del presidente de la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), Pedro Aliana, que fue visto más como una amenaza que como un gesto de unidad.

Con Cartes impedido para jurar como senador porque sigue siendo presidente y condenado –por ahora– al ostracismo político, Nicanor Duarte -el otro ex-presidente que quería jurar como senador titular, en violación al artículo 189 de la Constitución- sigue presionando desde todos los flancos para mantenerse en este escenario de poder. A la interna del coloradismo buscó todos los apoyos para jurar como senador, sin embargo, el titular del Congreso, Fernando Lugo, emitió dos resoluciones para avanzar con el aletargado proceso: en la primera, convocó al ex-gobernador de Guairá, Rodolfo Friedmann, para que jure como senador en reemplazo de Horacio Cartes, argumentando que éste sigue siendo presidente de la República. En la otra resolución convocó a Mirta Gusinky a jurar como senadora, en reemplazo del ex-presidente Nicanor Duarte Frutos[i].

Duarte Frutos, que consideró ilegítima la decisión de Lugo, presentó una denuncia formal en su contra que, de prosperar, podría saldarse con la pérdida de su investidura, por “atentado contra el orden constitucional, coacción contra los órganos del Estado, usurpación de las funciones públicas, desacato y producción de documentos no auténticos”. El ex-presidente Duarte y su partido recurren, de esta forma, a la estrategia de guerra jurídica o lawfare por la que, por medio de herramientas (supuestamente) legales intentan conducir a la omisión de la ley (en este caso de la Constitución) a favor de la imposición violenta de sus intereses. Un orden que intenta mostrarse como legal y que se basa en una estrategia, extendida por Latinoamérica, de deslegitimación y represión a los liderazgos progresistas.

El órdago de Nicanor Duarte –que coincide con el primer lustro del golpe parlamentario a Lugo efectuado por la vía del montaje de un juicio político– es un peligroso avance que puede tener impacto en el delicado equilibrio político paraguayo. Un país que hace poco más de un año demostró de lo que es capaz la movilización social, frente al abuso del poder y de las instituciones; esas protestas por la enmienda constitucional para permitir la reelección se saldaron con la quema del Congreso y la muerte del joven militante del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Rodrigo Quintana. A pesar de ello, Duarte insiste. Por ello acompañó al mandatario electo en su viaje a Bolivia, con la intención de buscar un espacio en alguna institución a propósito de la repartición que se aproxima con el ascenso de Mario Abdo al poder.

Las tensiones políticas y las discusiones sobre la gobernabilidad copan la agenda del Paraguay, un país que parece seguir condenando a sus ciudadanos a una situación de pobreza y exclusión sin parangón con otros países de Latinoamérica, por medio del injusto accionar histórico de una derecha política enquistada en el poder para mantener intactas sus prebendas. La sobredimensionada discusión de la permanencia de las élites políticas en el poder es visible en la aprobación de la criticada Ley de ‘autoblindaje’, que dificulta la pérdida de investidura de los integrantes del Legislativo (establece que los senadores y diputados pueden perder la investidura por la mayoría absoluta de votos de sus colegas, siempre que los cargos estén debidamente demostrados, sin necesidad de condena judicial).

En efecto, la política paraguaya parece discurrir principalmente en definir cómo afinar el método de permanencia en las instituciones de una de las castas políticas más corruptas del planeta (según Transparencia Internacional), más allá de avanzar seriamente en los problemas que azotan a la sociedad que, según el estudio publicado en marzo de 2018 de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC)[ii], no dejan de ser preocupantes.

La pobreza representa 26,40% del total de habitantes del país, lo que significa que alrededor de 1 millón 809 mil personas residen en hogares cuyos ingresos per cápita son inferiores al costo de una canasta básica de consumo. Además, en el área rural, la pobreza total afecta en el mismo año al 36,22% de su población, esta es una cifra que no deja de crecer.

El desgobierno tiene condenados a los paraguayos a huir en busca de mejores oportunidades para sus familias hacia países como Argentina. Se estima que allí hay un total de 1 millón 200 mil paraguayos con DNI argentino; 500 mil, en proceso de trámite del DNI, y un segmento cercano a los 300 mil que todavía no inició proceso de regularización. Esta cifra es fluctuante por su estacionalidad (trabajan temporadas, luego retornan). Sin embargo, la tendencia migratoria es creciente, pues entre el censo del 2001 y el del 2010, se pasó de 322.962 migrantes paraguayos censados en Argentina a 550.713.

La situación al interior del Paraguay, que tiene implicaciones directas en las condiciones de vida del pueblo paraguayo, parecen no ser obstáculo para que el país sea reconocido internacionalmente como “el milagro económico” de la región. El FMI y otras instituciones internacionales del mismo talante aplauden y avalan el sistema de crecimiento empobrecedor, donde unos pocos políticos corruptos engordan sus bolsillos a costa de la miseria de sus ciudadanos. A propósito, Christine Lagarde aduló la labor del cartismo en su última visita al país[iii], lo que pone en evidencia la ceguera de las entidades internacionales frente a las situaciones más inhumanas. En Asunción no hace falta más que pasear por la plaza del Congreso para ver la vergonzante pobreza en la que viven cientos de indígenas (incluyendo niños, niñas y madres embarazadas) desplazados, sin otra alternativa que la de ocupar la plaza de Armas, frente al Congreso, como asentamiento insalubre donde inexorablemente deben realizar todas sus necesidades.

 

[i] https://www.nodal.am/2018/06/fernando-lugo-convoca-al-reemplazo-de-cartes-y-le-impide-jurar-en-el-senado/

[ii]http://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/pobreza/Boletin%20de%20pobreza%202017.pdf

[iii] https://www.efe.com/efe/america/economia/lagarde-paraguay-tiene-una-de-las-economias-mas-fuertes-latinoamerica/20000011-3552127

Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca (España) y licenciada en Comunicación y Sociología por la misma universidad.

Co Authors :