Álvaro Uribe Vélez: el defensor del No a la paz

Álvaro Uribe Vélez es hoy, a sus 64 años, el principal representante del rechazo a los acuerdos de paz con las FARC. Empezó su militancia política en el Partido Liberal, que abandonaría para erigir su propio proyecto, aún más derechista, de la mano del actual presidente Juan Manuel Santos, a mediados de la década de los 2000.

Elegido presidente de Colombia en 2002, estaría en el cargo durante dos mandatos, hasta 2010. Fueron 8 años de guerra abierta a las FARC, de militarización del país y de empleo de todos los recursos –legales e ilegales– con los que contaba el aparato del Estado contra la guerrilla.

El final de su período constató el fracaso de la vía militar para finalizar con el conflicto más largo y antiguo del continente americano. Sin embargo, Uribe había cumplido un objetivo no menor que tenía que ver con la estrategia comunicacional: un conglomerado de recetas cortoplacistas, tonificado con la retórica del populismo de derechas y un discurso que no escatimó nunca en demagogia y verdades a medias, pero también portador de un carisma político del que siempre carecieron sus adversarios. El presidente no solo escribió su propia versión de la historia reciente de Colombia, además se la creyó y trabajó sin descanso en su divulgación, con la inestimable ayuda de los principales grupos de comunicación del país: RCN y Caracol.

Su ascenso fue también el fruto de una época. Eran los comienzos de los 2000, con el precio de las materias primas en alza y un ciclo económico favorable. Su llegada al poder se produce poco después de que George W. Bush ocupase la Casa Blanca. Con los efectos del 11S aún recientes, al poco de su llegada al Palacio de Nariño, la UE acepta incluir en la lista de organizaciones terroristas a las FARC (algo a lo que Suecia y otros países nórdicos siempre habían sido reacios). Desde ese momento, el presidente Uribe se entregó a desarrollar lo que se conocería como la política de “seguridad democrática”. Una gesta que incluía responsabilizar a la guerrilla de toda la violencia existente en Colombia, olvidando la acción de los grupos paramilitares de extrema derecha, el crimen organizado, o la violencia común, fruto de unas ratios de desigualdad vergonzantes, pero que nunca se intentó corregir.

Tras varias décadas de conflicto, con las FARC sumidas en una estrategia donde lo militar primaba por sobre lo político, con acciones armadas injustificables a ojos de una ciudadanía hastiada de violencia, el gobierno de Uribe utilizó con audacia cada acción de las FARC para legitimar la necesariedad de su política de mano dura. Fue así como puso un militar en cada esquina de la capital (donde vive casi un tercio de la población del país) y empleó todos los recursos a su alcance al servicio de la propaganda política: lo importante no era solucionar el problema, sino que parecer que lo hacía.

En aquellos años Uribe contó con la aquiescencia de las élites financieras e industriales de Bogotá –las mismas que hoy lo proscriben–, a las que él, oriundo de Medellín y de origen terrateniente, no pertenecía entonces, ni habría de pertenecer en el futuro. Más allá de las connotaciones personales, el enfrentamiento entre Santos y Uribe refleja muy bien las contradicciones estructurales que hay en el seno de la clase dominante colombiana, que no son otras que la coyuntural desavenencia de intereses entre las tradicionales élites terratenientes y las élites empresariales. Estas últimas, fundamentalmente asentadas en la capital, ligadas y/o dependientes de la inversión extranjera y ávidas de que el enfrentamiento termine para rentabilizar la agenda económica del llamado post conflicto.

Uribe dice oponerse al acuerdo de paz porque implica impunidad. Más allá de sus consideraciones morales sobre el texto, hay quienes ven tras ellas intereses demasiado espurios como para ser legítimos, incluyendo los de quienes durante más de cinco décadas han venido viviendo de la guerra. Lo saben también sus compañeros de viaje en la defensa del No de cara al referéndum del próximo 2 de octubre, que han intentado desligarse con argumentos propios de la figura del ex presidente. Pero, sea porque no abundan las justificaciones para defender que la guerra siga, sea porque la sombra del líder es demasiado alargada como para intentar taparla, todos ellos han quedado desdibujados tras Uribe. El fin de las FARC será también el fin de su razón de ser.

Juan Manuel Santos: el pragmático

Juan Manuel Santos (1951) forma parte de una de las familias tradicionales de la élite política y empresarial colombiana. Sobrino de Santos Montejo, expresidente de la República, su familia fue propietaria entre otros negocios de El Tiempo, el principal diario del país.

Economista, Santos cursó casi toda su formación superior en Estados Unidos y el Reino Unido, lugar en el que vivió al terminar sus estudios, trabajando como lobista del sector cafetero.

Entró en política de la mano del Partido Liberal. Llegó a ser Ministro de Comercio Exterior a inicios de los años´90, bajo mandato de César Gaviria, y de Hacienda en la segunda mitad del mandato de Andrés Pastrana. En 2005 impulsó, junto a Álvaro Uribe, el Partido de la U y, una vez Uribe llega a la Presidencia, Santos se convirtió en su Ministro de Defensa, al mando de la llamada política de “seguridad democrática”.

En 2010, cuando la Corte Constitucional colombiana acaba con las aspiraciones de Uribe a concurrir a un tercer mandato como presidente, Santos concurre como candidato del Partido de la U y llega al Palacio de Nariño.

Sin embargo, la principal obra política de Santos, comienza con su ruptura con Uribe, en la recta final de su primer mandato. Es entonces cuando Santos construye su propio discurso y fija como objetivo político llegar a un acuerdo de paz con las FARC, poniendo fin al conflicto armado más antiguo del continente.

Mientras la tercera vía del expresidente británico Tony Blair fracasaba en el viejo continente, en el corazón de América Latina Santos encontró en ella la justificación teórica perfecta para su obra política y, sobretodo, el andamiaje discursivo que le permitía con facilidad explicar uno de los casos de transformismo político más fulgurantes e interesantes que daría la política latinoamericana en los inicios del siglo XXI.

Ambos, Uribe y Santos, representaron la última tendencia retórica de sus respectivas épocas. El carácter moderado de Santos encajaba a la perfección con la nueva política de la administración Obama y, por otro lado, su versatilidad y pragmatismo le facilitaban su entendimiento con la élite financiera e industrial de Bogotá. Al fin y al cabo, al contrario que su predecesor, Santos siempre había sido uno de los suyos.

Pero la mayor virtud de Santos fue entender los cambios sociológicos de su propio país y obrar en consecuencia. Él había vivenciado un indicador alarmante en 2010, en sus primeras elecciones como candidato presidencial. En dicha oportunidad, contra todo pronóstico, tuvo que enfrentar una segunda vuelta producto de los apoyos que un peculiar profesor universitario, Antanas Mockus, había logrado aglutinar fundamental mente entre los jóvenes y las capas medias urbanas, hastiadas del uribismo y lo que este representaba.

Solo teniendo  en cuenta lo anterior se puede explicar la situación actual, en la que el Ejecutivo de Santos ha integrado a ministros de diversas procedencias políticas, incluyendo a la expresidenta del Polo Democrático, Clara López. Gracias a su estrategia Santos logró desactivar a la izquierda como una oposición de peso, pese a que esta gobernó Bogotá durante varios mandatos en los últimos años.

El presidente Santos llega al plebiscito del 2 de octubre con una imagen de estadista en el exterior del país–alentada por sus socios en el proceso de paz y, especialmente, por los gobiernos de EE.UU. y España– que contrasta con su baja popularidad en el propio suelo colombiano. La situación económica, la falta de expectativas ante la misma y la ausencia de políticas sociales valientes en sus dos mandatos han impedido, al menos por el momento, que la paz sea suficiente para mejorar su popularidad.