- La situación política en Perú tiene su hito político reciente más relevante en la destitución de Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre de 2022.
- Con la consiguiente asunción de su vicepresidenta, Dina Boluarte, cómplice de la deposición, estalló una revuelta popular exigiendo nuevas elecciones. Las manifestaciones fueron reprimidas salvajemente dejando un saldo de más de 60 muertos.
- El presidente Pedro Castillo continúa detenido, cumpliendo 18 meses de prisión preventiva dictados por la Fiscalía, a pesar de que tanto su defensa como organismos internacionales señalan que el Congreso lo destituyó con un procedimiento arbitrario e ilegal. La defensa, comandada por el jurista argentino Raúl Zaffaroni, insiste en que Castillo debe ser repuesto en su cargo en tanto el delito de “rebelión” que se le imputa sólo se consolida si se consuma, algo que no sucedió en el caso de Castillo. Asimismo, los abogados insisten en que las condiciones mínimas de detención del presidente no están siendo garantizadas.
- La represión se ha extendido a sus colaboradores más cercanos –Aníbal Torres, su expremier ha visto embargados sus bienes y pende sobre él la amenaza de inhabilitación– y familiares.
- Por su parte, la frágil estabilidad con la que Boluarte asumió el poder –sin bancada propia en el Congreso– se fue disolviendo en la medida en que fortaleció su alianza parlamentaria con el fujimorismo, principal fuerza en el Congreso. El partido del exdictador Alberto Fujimori garantiza a Boluarte evitar mociones de censura y de vacancia. A cambio, esta alianza le permite a Fuerza Popular –el partido de Keiko Fujimori– cogobernar el país en la práctica, copando todos los puestos de responsabilidad de la Administración Pública.
- Si bien el segundo trimestre del año en Perú estuvo signado por ciertas turbulencias en el acuerdo entre Boluarte y Fujimori –que llegó a forzar la destitución de dos ministros– y un repunte de las movilizaciones sociales –tercera Toma de Lima–, lo cierto es que la elección el pasado 26 de julio de Alejandro Soto –del partido prebendalista Alianza para el Progreso– como nuevo presidente del Congreso,[1] vino de la mano de un nuevo acuerdo parlamentario entre Boluarte y las cúpulas de las dos principales bancadas del país, hasta entonces antagónicas: Fuerza Popular (fujimorismo) y Perú Libre (Vladimir Cerrón). Perú Libre, formación que otrora llevara a Pedro Castillo como candidato a presidente, tras sucesivas divisiones que lo han diezmado, optó por el pragmatismo pactista.
- Esta alianza entre Boluarte y el fujimorismo se ha expresado, a su vez, en el cambio de ministros llevado a cabo este miércoles 6 de agosto. Boluarte introdujo seis modificaciones en su Gabinete: en las carteras de Justicia, Educación, Trabajo, Transporte, Agricultura y Producción juramentaron nuevos responsables. El cambio obedece, por un lado, a un intento de consolidación de un núcleo nuevo de ministros frente al desgaste de los actuales responsables y, por el otro, a un reacomodamiento interno de piezas: Daniel Maruata, el exministro de Justicia, pasa a Trabajo, y lo mismo sucede con Hania Pérez de Cuéllar, la exministra de Vivienda que pasa a ocupar el área de Transporte.
- Los nombramientos también evidencian el avance de la derecha dentro del Gobierno: el Ministerio de Educación queda a cargo de Miriam Ponce Vértiz, cercana al fujimorismo, mientras que Justicia estará bajo la órbita de Eduardo Arana, cuadro de Renovación Popular, la formación de extrema derecha del alcalde de Lima e integrante del Opus Dei, Rafael López Aliaga.
- Por su parte, en la oposición al régimen de facto de Boluarte los liderazgos institucionales en la izquierda permanecen fragmentados y acosados por la represión. En el Congreso se identifican tres grandes grupos parlamentarios: uno referenciado en Vladimir Cerrón, que agrupa 12 diputados de los 33 que había colocado inicialmente y que actualmente acuerda sin rubor con Boluarte y el fujimorismo. Un segundo bloque es Cambio Democrático-Juntos por el Perú, que aglutina a 10 diputados provenientes de diferentes espacios y sin un liderazgo unificado; lo mismo sucede con el Bloque Magisterial, de 9 diputados ex Perú Libre sin mayores acuerdos ni encuadramiento que su oposición al fujimorismo y a Vladimir Cerrón.
- Finalmente, los liderazgos populares que se aglutinaron en torno a las protestas contra el Gobierno y bajo la conducción de referentes regionales sin alcance nacional: dirigentes campesinos locales, ronderos, sindicatos de maestros. El surgimiento de este bloque y la orfandad de liderazgo dan cuenta de la profunda brecha que separa la movilización de la calle de su representación partidaria e institucional.
- En el plano del largo plazo y tras tres intentos fallidos de adelantamiento electoral, la fecha de los comicios presidenciales permanece aún dispuesta para abril de 2026, período en el que terminaría el mandato del depuesto Pedro Castillo. A día de hoy no parece intuirse ningún cambio en esta situación.
- En lo que refiere a la opinión pública, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruano (IEP)[2] la desaprobación de Boluarte se encuentra por encima del 80 %, similar a lo arrojado en junio y julio. El mayor rechazo en rangos etarios es entre jóvenes de 25 a 39 (83 %) y en el Centro y Sur del país, localizaciones desde las que partieron las movilizaciones de rechazo a Boluarte.
- Según el mismo estudio, la desaprobación del Congreso se mantiene por encima del 90 % en las siete investigaciones demoscópicas realizadas desde febrero de este año. El Congreso encabeza la desconfianza institucional, superando incluso a Dina Boluarte, al Poder Judicial, la Fiscalía General y a los medios de comunicación.
- Entretanto, por iniciativa fujimorista, el Congreso trabaja para blindarse en las instituciones, comenzando por la Fiscal General, la conservadora Patricia Benavides, investigada por corrupción y fundamental en el proceso de destitución de Pedro Castillo. Al mismo tiempo, las bancadas de derecha iniciaron una ofensiva para debilitar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), organismo encargado de nombrar, fiscalizar y eventualmente sancionar a jueces y fiscales, buscando desplazar a dos de los miembros del JNJ amparándose en que superan el límite de edad y así designar a nuevos miembros del ente favorables a sus intereses.
- En lo económico, el país vive una fuerte crisis generada por los altísimos aumentos de precios de algunos alimentos básicos. En particular, el incremento en el precio del limón (insumo básico de la gastronomía peruana) en hasta un 600 % ha despertado críticas de numerosos sectores. La cosecha local habría sido afectada por el Fenómeno del Niño pero, en la práctica, este incremento se ha convertido en simbólico de un creciente descontento por la situación económica.
- La inflación en los últimos doce meses asciende al 5,79 % (INEI), en tanto que siete de cada diez peruanos son pobres o vulnerables de caer en la pobreza (Banco Mundial).
- Quizás aún más llamativa es la caída estimada del 1 % para el PIB de Perú en junio, lo que supone la contracción de la economía en la primera mitad del año (algo que no sucedía desde los años 90 del siglo pasado). Tras un descenso del PIB del 1,43 % en mayo, la baja prevista en junio coloca a Perú en un escenario de recesión técnica (según cifras del propio Ministerio de Economía y Finanzas).
[1] El cargo de presidente del parlamento se elige una vez por año y resulta fundamental para el sistema peruano ya que ante la renuncia o vacancia de Boluarte (y en ausencia de vicepresidente) sería la persona en asumir el mando del Ejecutivo en tanto no se convocan elecciones.
[2] Ver: https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2023/08/IEP-Informe-de-Opinion-Agosto-2023.-Informe-parcial-280823.pdf
