Mientras Keiko se esfuerza en jurar y perjurar –ha firmado un “compromiso de honor”-que no intentará enquistarse en el poder, como otrora lo hiciera su padre, el propio núcleo duro del fujimurismo, la familia, le ha jugado una mala pasada. Su hermano y el candidato a congresista más votado, Kenji Fujimori, se auto-postuló vía twitter como candidato de Fuerza Popular para las elecciones de 2021. Sin duda, el hecho generó un gran revuelo y las posteriores declaraciones de Keiko no pudieron enmendar la sospecha del deseo de eternizar el clan en el poder.
En vigencia de la actual Ley Orgánica de Elecciones la candidatura de Kenji sería inválida si su hermana, Keiko, llegara a ganar las elecciones del 5 de junio, al tratarse de un familiar directo [1]. Una de dos, apuesta a la derrota o considera que la Constitución puede ser modificada como otrora lo hizo su padre a tan sólo dos años de haber asumido el gobierno. Es que Alberto Fujimori “perdió la paciencia” con el Congreso, y decidió realizar un autogolpe el 5 de abril de 1992. Así instauró el “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”. Fujimori criticaba lo que tildaba de “democracia pusilánime”, básicamente cualquier mecanismo de control de poderes que se opusiera a sus planes de poder absoluto. Desde entonces, comenzaría a extender sus tentáculos por sobre el resto de las instituciones: disolviendo el Congreso, neutralizando sus opositores políticos, suspendiendo la Constitución de 1979 y promulgando una nueva a su medida, que también incumpliría.
Keiko a diferencia de Kenji -a quien muchos señalan como el histórico vocero- ha intentado distanciarse en una estrategia comunicacional del gobierno de padre. Sin embargo, su esencia es autoevidente, denomina “errores” los crímenes por los que “papi” cumple una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad. El Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación afirma que “al menos desde la masacre de Barrios Altos, la camarilla presidencial-militar del gobierno desarrolló una serie de actividades de violación premeditada y sistemática de los derechos humanos, con un nulo control democrático sobre la contra-subversión” [2]. La propia CIDH cuestionó la falta de un debido proceso en muchos casos de terrorismo, lo que implicó la prisión ilegal de inocentes y la práctica habitual de la desaparición forzada de personas. La respuesta del Chinochet peruano, lejos de amedrentarse, fue intentar separar al Perú del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
De ganar Keiko en la segunda vuelta, tendrá el camino allanado en el Congreso ya que cuenta con 71 de las 130 bancas parlamentarias. El balotaje presenta un gran dilema, llegando inclusive a que especialistas de gran prestigio, como el sociólogo y antropólogo Julio Cotler, adviertan sobre el riesgo de elegir democráticamente, a quien podría instaurar lo que cataloga como un “régimen sultánico” [3], en alusión a una eventual victoria de Keiko Fujimori.
Populismo punitivo: Ayer terrorismo, hoy inseguridad ciudadana
Tanto Keiko, como Alberto comparten más que un apellido, y militantes heredados de Fuerza 90. La lógica política que legitima su accionar también se reproduce en continuum. El fujimorismo de segunda generación, ha logrado canalizar una demanda por mayor seguridad ciudadana, desempolvando las mismas recetas: involucrar a las Fuerzas Armadas en actividades de competencia policial y la vehemente promesa acerca de “la construcción de prisiones a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde no haya señal telefónica”. La lideresa promete restaurar la pena de muerte para abusadores de niños menores de 7 años -llegando aun más lejos que su padre -quien reservaba, en la Constitución reformada, este tipo de castigo exclusivamente para el caso de terrorismo- aunque dicha pena no se aplique de hecho, ya que Perú adhiere a la Convención Americana sobre Derechos Humanos por medio del Pacto de San José. La campaña pone énfasis en respuestas “drásticas” en su cruzada contra la delincuencia.
Sus propuestas no son novedosas. En 1998, Vladimiro Montesinos elaboró una estrategia para mejorar la imagen decadente del gobierno: refrendar la legitimidad de la aplicación de la “mano dura”, por medio de los decretos legislativos de “terrorismo agravado”. Básicamente suponía homologar el modelo penal empleado contra la subversión frente a la creciente inseguridad. Amparado en la facultad de legislar en materia de “seguridad nacional”, legalizó la participación del Servicio de Inteligencia Nacional –SIN- en el combate a la delincuencia. Este organismo que funcionó como una estructura paralela empleando agentes de inteligencia y personal militar de operaciones especiales, fue célebre por sus “trabajos sucios” como ajustes de cuentas con narcotraficantes, represalias particulares a través de amenazas, chantajes, sobornos y actos terroristas contra oficiales disidentes u opositores políticos.
Por otra parte, si el SIN con Montesinos a la cabeza fue el grupo de tareas por excelencia del fujimorato, las “cárceles tumba” constituyeron sus templos. Las prisiones funcionaron como verdaderos dispositivos de asesinato y tortura. La estrategia, en pocas palabras, era encerrar el mayor número de personas y mantenerlas incomunicadas en situaciones deplorables. El ingreso de las FFAA a los penales, con “poderes discrecionales” fue por decreto y la resistencia a los traslados el pretexto para la matanza que eliminó a altos dirigentes senderistas.
Sendero Luminoso y el fujimorismo funcionaron como un par antagónico, pero al mismo tiempo ese antagonismo fue su mayor fuente de legitimidad. La captura de Abimael Guzmán (1992) y las cartas que éste y la cúpula senderista enviaran a Fujimori para negociar un acuerdo de paz fueron dos hechos aprovechados para construir la imagen de un Presidente victorioso frente al terrorismo. La estructura contrasubversiva a nivel nacional se intensificó en lugar de disminuir, a pesar del evidente declive en las acciones terroristas. En pocas palabras, el control de los medios de comunicación permitió al régimen mantener un esquema de contra-subversión sin subversión.
El concepto de terrorismo fue utilizado mediante operaciones psicosociales dirigidas por el SIN, oscilando entre el encubrimiento de las formas crueles e inhumanas de combatir a la subversión y convalidándolas abiertamente. La identidad política fujimorista era excluyente y fundamentalista, y desacreditaba como “tontos útiles” o simplemente “traidores” al resto del arco político. El régimen autoritario encontraba su legitimación ante la opinión pública como la única vía capaz de garantizar el orden y la pacificación del país. El gobierno recreó la imagen de la protesta social como sinónimo del “terrorismo y desorden”. De esta manera, polarizaba el espectro político entre un otro que representaba “desorden- inseguridad” versus la eficacia de un “autoritarismo-seguro”. Las movilizaciones de protesta eran presentadas por la televisión adicta al régimen como un accionar terrorista, criminalizando la oposición política per se en un régimen que asfixiaba cualquier tipo de canal de expresión. Compromisos de honor, favor de abstenerse.
A modo de conclusión
Alberto Fujimori cumple una condena de veinticinco años. El habeas corpus presentado por la defensa fue rechazado por el Tribunal Constitucional por seis votos en contra y uno a favor en torno a la nulidad de la condena por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
La reelecta congresista de Fuerza Popular Cecilia Chacón, quien expresa al núcleo duro del fujimorismo, afirma que Fujimori deberá salir de prisión “por la puerta grande”. Chacón tenía una causa por enriquecimiento ilícito, por la cual fue condenada y apeló, quedando finalmente nulo el fallo. Aunque el fiscal supremo, José Peláez, apeló ante la Corte Suprema quien declaró improcedente el pedido de nulidad, el caso aún no está cerrado. Ese mismo poder judicial sería el último bastión de la oposición frente a un fujimorismo con mayoría en el Congreso, en el caso de resultar electo. La solidez de la democracia peruana será puesta a prueba el 5 de junio, luego de 16 años sin interrupciones.
Keiko parece estar replegándose en consideración del cálculo electoral: Si en septiembre de 2015, en un evento realizado por el Centro para Estudios Latinoamericanos David Rockefeller de la Universidad de Harvard en Boston, había afirmado estar a favor de la Unión Civil en lo que se refiere al respeto de los derechos patrimoniales y al aborto terapéutico para salvar la vida de las madres, ocho meses después, al presentar su plan de gobierno ante la Comunidad Cristiana evangélica del Perú manifestó su rechazo a la Unión Civil, a la adopción de niños de parte de parejas del mismo sexo y al aborto. Todas las opciones son de derecha, pero no todas las derechas son iguales.
1. Ley N° 26859 Art. 107 inciso “E”
2. http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20III/Cap.%202%20Los%20actores%20polIticos/2.3%20LA%20DECADA%20DEL%2090.pdf
3. http://larepublica.pe/politica/763541-julio-cotler-gobierno-de-keiko-fujimori-puede-acabar-en-regimen-sultanico
