Con 77 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones se aprobó la moción de confianza por la cual el Congreso se compromete a aprobar un total de seis proyectos de reforma política, cinco ya presentados y uno incorporado por el premier Salvador Solar a último momento y por el cual se flexibilizan los requisitos para registrar un partido político. El hecho de que la confianza sea aprobada por la mayoría del hemiciclo implica que se comprometen a aprobarlas y tratarlas durante la legislatura en curso. Este aspecto es importante porque deben ser aprobadas en dos legislaturas consecutivas para resultar vigentes en los comicios de 2021[1].
Días antes de la votación, las bancadas de Nuevo Perú (Verónika Mendoza), el Frente Amplio (Marco Arana) y, paradójicamente, el Partido Aprista (del expresidente Alan García), anunciaron que votarían en contra de la confianza. En el caso de las dos primeras por el carácter obstruccionista y garante de la impunidad de la mayoría del Congreso, en cambio el aprismo por considerar que las reformas del Ejecutivo eran avasallantes. Fuerza Popular (el partido liderado por Keiko Fujimori) votó dividida y Cambio 21 (el bloque de Kenji Fujimori), el Partido Liberal (Alberto Belaúnde), Alianza para el Progreso (César Acuña) y Peruanos por el Kambio (oficialismo) respaldaron la cuestión de confianza. El extenso debate se prolongó hasta altas horas de la noche, por lo que tuvo que ser suspendido, y retomado a la mañana del día siguiente, se aprobaron:
- Cambios en la inmunidad parlamentaria de los congresistas. Este era uno de los puntos más resistidos por los congresistas -el proyecto había sido recientemente desechado por la Comisión de Constitución- y uno de los más irritantes para la opinión pública, ya que la legislación actualmente permite “blindar” o proteger de investigaciones judiciales a personajes asociados con la corrupción. El nuevo proyecto plantea modificar el artículo 93 de la Constitución y dejar la inmunidad de los congresistas en manos de la Corte Suprema de Justicia, ya no del propio Congreso.
- Impedir que las personas condenadas puedan ser candidatos. Este proyecto de ley propone modificar el artículo 34 de la Constitución para que no puedan postular a cargos de elección popular las personas que cuenten con sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos cuya pena sea mayor a cuatro años.
- La incorporación de primarias abiertas y obligatorias. Este proyecto busca regular la democracia interna y promover la participación ciudadana en el proceso de selección de candidatos, modificando los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de la Ley de Organizaciones Políticas. La reforma busca que las organizaciones políticas seleccionen a sus candidatos mediante elecciones con voto secreto y obligatorio de afiliados y no afiliados, y es uno de los más resistidos por varios sectores del Congreso.
- Eliminar el voto preferencial, para reemplazarlo por un sistema de lista cerrada con paridad al 50% y alternancia para garantizar la participación política de las mujeres. Esta iniciativa del Ejecutivo propone alterar los artículos 18, 20, 21 y 116 de la Ley Orgánica de Elecciones para que las elecciones para congresistas se realicen en la segunda vuelta de la elección presidencial, si la hubiese, o el quinto domingo después de la primera vuelta. También amplía el número de representantes equivalentes a uno por cada ciento cincuenta mil electores e incorpora una circunscripción electoral especial (un escaño) a los pueblos indígenas.
- Impedir el financiamiento ilícito de las campañas políticas. Este proyecto propone modificar la Ley de Organizaciones Políticas e incorpora artículos en el Código Penal referidos al financiamiento de organizaciones políticas, tipificando los delitos de financiamiento indebido de organizaciones políticas y de falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas. Además, compromete a las organizaciones políticas a presentar dos reportes de gasto durante las campañas electorales.
- La eliminación de la valla electoral. Este proyecto fue incorporado el 4 de junio y se encuentra directamente vinculado al proyecto sobre democracia interna. Propone modificar la Ley 28.094, actualmente denominada Ley de Organizaciones Políticas, por Ley de Partidos Políticos, incorporando modificaciones en los artículos 5, 7, 8, 13, 15, 16, 17 y 18. El principal cambio consiste en que para inscribir una organización política se requiere un número mínimo de afiliados, y ya no de adherentes. Ese número mínimo de afiliados será del 0.075% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional. En el pasado la recolección de cerca de 800 mil firmas para constituirse como organización política trajo aparejada la proliferación de maquinarias rentadas, auténticas “fábricas de firmas falsas” o incentivando la compra y venta de firmas.
La decisión de darle la confianza al Gabinete de Salvador del Solar implica, por un lado, mantener el statu quo de la institución más desprestigiada del Perú. No sorprende, ya que se esperaba que el Congreso -especialmente el fujimorismo- no atente contra sí mismo posibilitando su disolución. De esta forma, el Legislativo se compromete a:
- No alterar el contenido de las reformas propuestas por el ejecutivo.
- Aprobar las reformas aunque con la facultad de incorporar modificaciones.
- Aprobar al menos algunas reformas en la legislatura en curso.
Uno de los puntos calientes de la discusión fue el hecho de imponer al Congreso la aprobación de las reformas constitucionales sin alterar el “espíritu” de las mismas. Este punto será uno de los más controversiales porque, por un lado, el Ejecutivo no puede imponer un mandato imperativo sobre los congresistas pero, al mismo tiempo, estableció como cláusula que no puede desnaturalizarse el espíritu de las reformas presentadas. Cabe esperar que el Congreso intente incorporar la mayor cantidad de reformas y dilate cuanto pueda la aprobación de las mismas.
¿Cómo interpretar esta resolución sin vencedores ni vencidos? En términos generales, el Congreso evitó su cierre y garantizó que sus miembros continuaran su periodo parlamentario, pero también hubo una transacción de confianza por tiempo. El tiempo necesario para que el fujimorismo resuelva el liderazgo de su partido, ya que con la lideresa presa y Kenji suspendido no está claro quién comandará el patrimonio político heredado; aún así, el bloque de Cambio 21 demostró estar en sintonía con los intereses del partido familiar. El Apra pudo darse el gusto de jugar a rememorar su pasado de centroizquierda luego del suicidio de su máximo referente a causa de las investigaciones por corrupción y un futuro político bastante sórdido. El oficialismo demostró que su interés era garantizar la gobernabilidad con una bancada propia cada vez más reducida y, a su vez, volvió a tener la atención de la opinión pública. Sin embargo, esta medida excepcional para disciplinar al Parlamento no puede ser usada en el último año de gobierno, por lo que el 2020 tendrá muy complicada la gobernabilidad.
A excepción de la izquierda, que realmente se la jugó en pos de un saneamiento de las instituciones, de algún modo toda la clase política volvió a respirar y estrechó sus manos en un pacto de continuidad con pocos cambios. La confianza se otorgó pero se trata tan solo de una paz armada entre el Congreso y la Casa de Pizarro. Mientras tanto, la crisis de legitimidad de las instituciones peruanas continuará.
[1] Sobre la cuestión de confianza inicial, ver: https://www.celag.org/peru-y-la-desconfianza-en-el-congreso/
