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El caso de Perú es ciertamente atípico, pues ha tenido regímenes autoritarios tanto por izquierda como por derecha, desde Juan Velasco Alvarado a Alberto Fujimori. También ha sido víctima del terrorismo por parte de la guerrilla -Sendero Luminoso o el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru- como desde el Estado y agentes paramilitares. Los tradicionales clivajes de izquierda y derecha son difusos; sin ir más lejos, las únicas dos presidencias del APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) pueden ser consideradas como un Gobierno socialdemócrata que causó un desastre económico en el primer caso (1985/1990) y un Gobierno abiertamente neoliberal y con una pésima resolución de catástrofes en la segunda ocasión (2006/2011).
Analizando la historia del Perú moderno es que podremos comprender mejor la crisis que vive hoy día, con sus instituciones totalmente desprestigiadas, líderes políticos que no superan el 25% de imagen positiva, ex presidentes que han estado en prisión, prófugos o investigados por la Justicia, un ex dictador que es indultado -y cuya hija es la principal referente opositora-, un presidente que arriba al poder luego de la renuncia de su predecesor -pedido de vacancia mediante- y un referéndum para reformar las instituciones en marcha. En las raíces de este bosque encontraremos la clave de la deforestación.
Breve repaso del Perú neoliberal
Desde los años ochenta y la vuelta a la democracia el Perú no logra sostener un sistema de partidos políticos con adhesiones claras. El segundo Gobierno de Belaúnde[1] (Acción Popular, 1980/1985) fue una sorpresa dado que se esperaba que Víctor Haya de la Torre, histórico fundador del partido aprista, fuera quien liderara la transición democrática. Sin embargo, Haya de la Torre murió abruptamente siendo Alan García su sucesor. Belaúnde Terry, representante de la élite blanca y limeña, quien había perdido el poder tras el golpe de 1968 sería el nuevo presidente democrático, y quien sintetizaría la alianza entre neoliberalismo y oligarquía.
Posteriormente, en sus dos gestiones Alan García disolvió las adhesiones del más longevo de los partidos políticos peruanos en actividad (fundado en 1924), logrando así lo que no consiguieron los gobiernos militares -quienes lo despojaron del poder luego de su victoria en las urnas- ni la proscripción. Si bien suele resaltarse el aspecto económico y la crisis de la deuda externa como principal error de su primer mandato, no fueron hechos menores la crisis política que atravesó por las acciones paramilitares, el asesinato de cerca de trescientos presos senderistas y la persistente violación de los derechos humanos que determinaron la resuelta oposición de los partidos de izquierda. Precisamente, el electorado había virado a la derecha eligiendo a Belaúnde y vuelto a virar a la izquierda con Alan García, pero la otrora alianza antiimperialista americana había devenido en una socialdemocracia inflacionaria y sin control.
El fujimorismo llegó al poder capitalizando la crisis de representatividad dado que Perú, para comienzos de los años noventa, había visto licuarse la representatividad de dos partidos históricos que expresaban la centro-derecha y la centro-izquierda respectivamente: Acción Popular y el APRA, respectivamente. El caldo de cultivo de la década precedente derivó en dos candidaturas que se disputaron la presidencia en 1990 y que, desde entonces, gravitarían en la política peruana hasta nuestros días: Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori. El primero, candidato predilecto de la élite limeña ilustrada y el favorito de los medios y la oligarquía blanca y liberal, contaba con un programa económico neoliberal clásico; el segundo, en cambio, era un outsider que se instaló gracias a medios alternativos como el candidato de los nuevos migrantes de la sierra, ubicados en los márgenes de Lima. Como es habitual cuando hay crisis de representatividad, triunfó el outsider.
El fujimorato (1990/2000) no sólo logró reordenar la economía y habilitar ciertos programas sociales, además intentó investirse como un Estado libre de conflicto utilizando el adjetivo “pacificador” como eufemismo del asesinato de Estado, no sólo de “guerrilleros” sino también de civiles, estudiantes y docentes. En este sentido, el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, se convirtió en un personaje siniestro que dirigía operaciones psicosociales para determinar la vida y la muerte y el relato mediático del régimen. Como último aspecto, el fujimorato avasalló las instituciones, cerrando el 5 de abril de 1992 de forma unilateral el Congreso, reformando la Constitución (1993) a fin de habilitar su propia reelección y, como corolario, reabriendo (1995) un Parlamento ya no bicameral sino de cámara única. Esto lo convirtió en un dictador pues, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, Fujimori intervino también el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el Ministerio Público, además del mencionado Poder Legislativo.
El Gobierno de Fujimori se prolongó por 10 años hasta que, a poco de haber sido nuevamente reelecto en los controvertidos comicios del año 2000, implosionó debido principalmente una filtración de videos que evidenciaban escándalos de corrupción y crímenes de lesa humanidad. En su libro «Historia de la Corrupción», el historiador Alfonso Quiroz ha estimado los costos que la corrupción de estos y otros casos han dejado en el presupuesto público. De acuerdo a sus cálculos, durante toda la década fujimorista se perdieron anualmente 2.038 millones de dólares por la corrupción de funcionarios[2].
Dieciocho años después, las secuelas del fujimorismo continúan latentes. Han pasado Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y ahora Martín Vizcarra, sin embargo, los partidos políticos continúan siendo cáscaras vacías sin identidad ni sentimiento de pertenencia. Las sucesivas presidencias evidencian una alternancia del electorado entre opciones tendientes a la izquierda y la derecha. Algunos datos electorales son sumamente ejemplificadores de las secuelas mencionadas:
- Desde que ganara Alberto Fujimori su reelección en 1995 por amplio margen, los comicios presidenciales se han resuelto siempre por la vía del balotaje, acumulando ya 5 balotajes presidenciales consecutivos.
- Los 5 últimos balotajes registraron una menor participación respecto de sus respectivas primeras vueltas. Si bien la disminución es leve en todos los casos, muestra una particularidad que llama la atención.
- Los 4 balotajes posteriores al fujimorato se resolvieron de forma sumamente ajustada y por diferencias cada vez menores. En 2001 por 6,16%, en 2006 por 5,26%, en 2011 por 2,9% y en 2016 por tan sólo 0,24%.
- Los 4 comicios posteriores a Alberto Fujimori estuvieron, además, caracterizados por una fuerte disputa entre el segundo y tercer lugar, es decir, por definir quién ingresaría al balotaje junto al candidato más votado. La diferencia entre el segundo y tercer puesto fue de 1,48% en 2001, 0,51% en 2006, 5,04% en 2011 y 2,31% en 2016.
Además, con posterioridad al año 2000 todos los presidentes han debido enfrentar causas judiciales:
- Alejandro Toledo se encuentra prófugo en los EE. UU. junto a su esposa, acusado -entre otras cosas- de recibir un soborno millonario de la constructora brasileña Odebrecht como soborno por la construcción de la Carretera Interoceánica.
- Alan García está acusado de actos de corrupción en sus dos gobiernos. En 2001, la Corte Suprema de Justicia de Perú declaró prescritos los delitos que se le imputaron al finalizar su primer mandato. Entre 2016 y 2017, cinco de los ex ministros de su segundo mandato fueron citados por casos de corrupción en relación con la empresa Odebrecht. Por último, enfrenta una denuncia por el presunto pago de sobornos al consorcio brasileño por la construcción de la línea 1 del metro de Lima.
- Ollanta Humala cumplió prisión preventiva acusado de recibir financiación para su campaña por parte de Odebrecht. Tras 18 meses de prisión, el 26 de abril de 2018, por resolución del Tribunal Constitucional del Perú, inició su proceso de libertad. Actualmente se halla bajo investigación por coimas que habrían recibido funcionarios de su segundo Gobierno con respecto a la obra emblemática de su gestión, el metro de Lima.
- Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fue acusado recibir coimas de Odebrecht encubiertas mediante trabajos de su consultoría Westfield Capital entre 2004 y 2007, cuando era ministro del Gobierno del ex presidente Toledo y mientras la empresa era administrada por su socio, el empresario chileno Gerardo Sepúlveda. Aunque el caso continúa abierto, presentó su renuncia el 21 de marzo de este año cuando la opinión pública y el Congreso le eran adversos. Entre su primer y segundo pedido de vacancia el ex dictador Alberto Fujimori fue indultado y trascendieron videos de congresistas de su bancada negociando obra pública a cambio de votos favorables con el bloque disidente del fujimorismo liderado por Kenji, hermano de Keiko Fujimori e hijo del ex mandatario.
El Perú en la actualidad
Martín Vizcarra llegó al poder por la puerta trasera, pero conforme a la cadena sucesoria prevista por la Constitución. Arribó en reemplazo de un candidato que contaba con: 1- una escasa legitimidad de origen, ya que la diferencia en el balotaje de Kuczynski (Peruanos Por el Kambio) fue de apenas 0,24% de los votos válidos emitidos a su favor[3] por sobre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) quien acumulaba así su segunda derrota consecutiva en un balotaje; 2- un partido coyuntural creado con fines electorales y una escasísima representación parlamentaria (obtuvo 18 congresistas). El Gobierno de Kuczynski asumió un papel complaciente con el fujimorismo, el cual comenzó a demostrar su fuerza desde la mayoría parlamentaria del Congreso, lo que le costó el cargo a ministros y la renovación del gabinete entero a causa del rechazo del Congreso a la cuestión de confianza solicitada en septiembre de 2017.
La base del poder fujimorista durante la gestión de PPK se asentó, precisamente, en su total control del Parlamento. Esto se debió a que, además de haberse impuesto Fuerza Popular en 17 de los 26 distritos en los comicios de 2016, convirtiéndose en el partido que mayor cantidad de escaños consiguió desde la unicameralidad (con 73 de 130 curules, es decir el 56,15% de las mismas, 20 puntos porcentuales por encima de los votos válidos cosechados por el partido) se vio favorecido por la combinación del sistema d´Hondt y el umbral electoral incorporado en 2006 (5% de votos válidos que necesita ser superado por los partidos a nivel nacional a fin de poder hacerse de escaños).
Por dicha incorporación, los escaños se repartieron entre solamente 7 partidos en 2006 y entre 6 en 2011 y 2016 –en 1995, 2000 y 2001 habían ingresado al Congreso 13, 10 y 11 partidos, respectivamente-, siendo el más favorecido en 2016 Fuerza Popular, obteniendo 26 escaños más de los que le hubiesen correspondido (47) en un sistema sin umbral y de votación directa -nunca antes había habido una desproporción tan amplia entre el porcentaje de votos y el número de escaños como en esta elección-.
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Por otra parte, la imagen del nuevo presidente ha experimentado sus vaivenes, a pesar del poco tiempo que ha estado al mando. Tras comenzar con una aprobación superior al 50%, según las más importantes consultoras, fue cayendo paulatinamente hasta ubicarse -según los sondeos de julio- en un 34% promedio. Sin embargo, y gracias al impulso del referéndum para reformar las instituciones con el objeto de erradicar la corrupción anunciado el 28 de julio, ha tenido un fuerte repunte en los últimos meses, volviendo a ubicarse más cerca del 50% de imagen positiva.
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Al ser convocado para suceder a Kuczynski mientras fungía como embajador en Canadá, Vizcarra conformó su propio gabinete de clásico corte neoliberal[4]; sin embargo, algunas de sus medidas comenzaron a diferenciarlo del estilo PPK.
Uno de los cambios consistió en depurar a los ministros incómodos que entorpecían las negociaciones. El primero fue el de Producción, Daniel Córdova, quien presentó su renuncia tras la difusión de un video donde ofrece el cese de un viceministro al sindicato de pescadores artesanales a cambio de que solucionen una huelga. Luego, la renuncia del ministro de Economía, David Tuesta, quien sólo duró dos meses en el cargo debido a la implementación de un paquete impositivo que expandió el espectro del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y aumentó, entre otras medidas, el precio de los combustibles, desatando una huelga de camioneros en el sur. Vizcarra no optó por el ajuste impiadoso -sugerido por el ala tecnócrata- sino que se mostró predispuesto a las negociaciones. Luego de la salida de Tuesta se pactó devolver S/0,80 por galón, disolviéndose la huelga. Luego de esto, Vizcarra comenzaría una gira por las regiones, destinada a “descentralizar la política” y con el objetivo de mejorar su imagen.
La última de las salidas importantes se originó a raíz del escándalo de los audios del CNM[5], que evidenció una trama de corrupción que involucraba jueces, fiscales, congresistas, y salpicó al entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi (a quien también Vizcarra le aceptó la renuncia). Heresi era el principal garante de la continuidad del indulto al ex dictador Alberto Fujimori, indulto que actualmente se encuentra observado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Heresi funge, además, como secretario general de Peruanos Por el Kambio.
Vizcarra, a diferencia de Kuczynski -quien padeció el enfrentamiento con el fujimorismo- logró gracias a la confrontación realzar su imagen luego de que el Congreso hiciera gala de un poder paralelo capaz de destituir al presidente. Con la emergencia de los videos de la corrupción del CNM, Vizcarra decidió aprovechar la crisis para socavar la base del poder fujimorista. En el discurso del aniversario de la independencia peruana, el presidente -que ya había apoyado públicamente las convocatorias ciudadanas contra la corrupción en general y los corruptos en particular- anunció la convocatoria a un plebiscito en el cual se consultaría a la ciudadanía sobre cuatro puntos:
- La prohibición de reelección inmediata de congresistas, emulando lo establecido para los cargos ejecutivos.
- La vuelta a la bicameralidad eliminada durante el fujimorato, aunque sin aumentar el número de miembros sino estableciendo que 30 conformarían el Senado y los 100 restantes la Cámara Baja. En la propuesta, además, la composición de las listas debería incluir un 50% de mujeres y un 50% de hombres bajo el sistema de lista cremallera, favoreciendo la paridad de género[6].
- La regulación de la financiación de los partidos políticos, incorporando la rendición de cuentas sobre sus ingresos y gastos en periodo ordinario y durante las campañas electorales. La recepción de aportes exclusivamente conforme al sistema financiero estipulado por la ley, so pena de ser considerados ilícitos en caso de no ser declarados. Además de recibir aportes privados con los topes y modalidades establecidos por ley -sólo podrían recibir fondos producto del financiamiento público directo e indirecto-. Por último, prohibiría recibir de manera directa o indirecta aportes anónimos, de origen ilícito o de personas naturales condenadas por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos, terrorismo o crimen organizado.
- La reforma del CNM, que pasaría a llamarse Junta Nacional de Justicia y estaría compuesta por 7 miembros elegidos por una comisión especial presidida por el defensor del Pueblo. Estos deberán ser elegidos por concurso público de méritos, tendrán una gestión de cinco años y no podrán ser reelectos. La propuesta también incluía la paridad de género en la composición de magistrados (sin embargo Fuerza Popular, paradójicamente, liderada por una mujer, se opuso a este último punto).
Es decir que con esta iniciativa Vizcarra buscó sacar provecho del deterioro de la imagen de los poderes Legislativo y Judicial, en caída libre desde la salida de PPK y agravada la situación por los escándalos de los audios del CNM. Las disputas entre el fujimorismo, con dominio del Congreso, y el presidente recientemente devenido ‘populista’ se agudizaron desde entonces.
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Como puede observarse, la aprobación del Congreso se encuentra en franco declive, acrecentándose aún más desde abril la mala imagen que los peruanos tienen de esta institución –según Latinobarómetro, en 2017 Perú se ubicó antepenúltimo a nivel regional en torno a la confianza de los ciudadanos hacia su Parlamento, sólo por encima de Paraguay y Brasil-. Tanto ha caído su imagen con posterioridad a la salida de PPK que, promediando los sondeos de CPI, Ipsos y GfK, observamos un progresivo descenso en la aprobación del Congreso desde el 20% de abril hasta el 7% de agosto. En una situación muy similar se encuentra la percepción respecto al Poder Judicial –anteúltimo a nivel regional según el citado estudio de Latinobarómetro, sólo por encima de Paraguay- que vio descender su aprobación promedio desde el 22% de abril al 6% de agosto.
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Frente a la ofensiva del presidente, Fuerza Popular decidió dividir las demandas priorizando la reforma de la Justicia, aunque sin soltar la mano a personajes vinculados mediante los audios de la CNM; magistrados que, al mismo tiempo, llevan causas de integrantes de dicho partido. Entre ellos, de Keiko Fujimori.
El referéndum en el Congreso
El Congreso, a instancias de Fuerza Popular, avanzó con la reforma del CNM -donde se originó el escándalo de los audios- al tiempo que intentó demorar los otros tres puntos del referéndum, los cuales afectaban especialmente a esta institución. El miércoles 12 de septiembre, aniversario de la Constitución fujimorista, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry (FP), afirmó que para la reforma política quedaban todavía tres años por delante, intentando ubicar en carriles y tiempos separados la reforma de la Justicia de la reforma del Legislativo.
El domingo 16 de septiembre, el presidente Vizcarra anunció que sometería el referéndum a una cuestión de confianza cuya votación se realizaría el 19 de septiembre. La Constitución peruana en sus artículos 133 y 134 establece el recurso de someter todo el gabinete a este procedimiento y, si la confianza le es rehusada, se debe conformar un nuevo gabinete. Cuando esto ocurre dos veces a un mismo Gobierno, el presidente está habilitado a disolver el Congreso y llamar a elecciones legislativas. La primera vez que esto sucedió en la gestión de Peruanos Por el Kambio fue en septiembre de 2017, cuando el ex premier Fernando Zavala presentó la cuestión de confianza para defender a la entonces ministra de Educación, Marilú Martens. La respuesta de Fuerza Popular fue una moción de censura en su contra, de modo que Kuczynski tuvo que conformar un nuevo gabinete. Entonces, si el 19 de septiembre el Congreso volvía a negar la confianza, habilitaba directamente la disolución del actual Congreso y el llamado a elecciones legislativas para conformar uno nuevo. Si bien es una facultad constitucional, el fujimorismo lo percibió como una gran amenaza.
Es decir, en esta oportunidad, el fujimorismo quedó entre la espada y la pared dado que la caída en la imagen de su lideresa –sumado al descontento con el Congreso y los políticos en general- posiblemente hubiera redundado en una menor cantidad de bancas en caso de convocarse unas nuevas elecciones legislativas. Tal y como puede observarse en el siguiente gráfico, para la ciudadanía, Keiko Fujimori es el personaje político que más poder perdió en los últimos meses a raíz del escándalo de los audios de la corrupción, superando en este ítem a los últimos cuatro ex presidentes.
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Luego de 12 horas de debate y con 82 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones, el pedido de cuestión de confianza presentado por el jefe de gabinete, César Villanueva, fue aprobado. Mientras el Ejecutivo tuvo la adhesión mayoritaria, algunos congresistas de izquierda -especialmente del Frente Amplio- votaron en contra solicitando la convocatoria a unas nuevas elecciones generales y la sanción de una nueva Constitución. Si bien la lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, se había manifestado a favor de una nueva Constitución que supla la actual -heredera del fujimorismo- su bancada votó mayoritariamente a favor agregando la moción de que las tres reformas restantes sean aprobadas de acuerdo al plazo estipulado, es decir, antes del 4 de octubre.
Aún resta saber qué posturas tomará el fujimorismo en lo sucesivo en relación a este referéndum. En primer lugar, si hará honor a su palabra y respetará el plazo. En segunda instancia, cabe la posibilidad de que busquen degenerar las reformas, introduciendo modificaciones tan sustanciales que arruinen el espíritu de las propuestas. Por último, habrá que ver si la iniciativa, en lugar de convertirse en un recomenzar de la política peruana, genera el efecto contrario, es decir, la exacerbación de un sentimiento antipolítico que vuelva a ser capitalizado por un outsider, como ocurrió en 1990 con Alberto Fujimori. Por ello, y para que la historia no se torne cíclica, se vuelve fundamental no olvidar el pasado.
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Anexo: Perfiles de los principales políticos peruanos con miras a 2021
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=»3.15″][et_pb_column type=»1_2″ _builder_version=»3.0.47″ parallax=»off» parallax_method=»on»][et_pb_blurb title=»Martín Vizcarra» image=»https://www.celag.org/wp-content/uploads/2018/09/Martín-Vizcarra-toma-posesión-como-nuevo-presidente-de-Perú.jpg» _builder_version=»3.15″]
Ingeniero y político, en 2016 se convirtió en primer vicepresidente del Gobierno de Kuczynski. Además, asumió la cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones hasta fines de mayo de 2017 cuando renunció al Gabinete, producto de las presiones de la bancada fujimorista por el caso del aeropuerto Chinchero y Kuntur Wasi. El Gobierno decidió preservarlo y enviarlo como embajador a Canadá.
Vizcarra reconoció tener 48 denuncias en el Ministerio Público, sin embargo, afirmó sentirse confiado en que las mismas no pasarán al Poder Judicial. También ha señalado que las investigaciones legales para estas denuncias las realizó el asesor legal del Gobierno Regional de Moquegua, Mario Mantilla, quien actualmente es congresista electo por Fuerza Popular.
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La hija del ex dictador se convirtió en la primera dama más joven del país a los 18 años, luego del divorcio de sus padres. Keiko retomó su carrera política cuando fue elegida congresista por Lima (2006/2011); desde su bancada asumió la defensa de la política de su padre luego de su extradición. Keiko se caracterizó por impulsar proyectos de corte punitivista y especialmente duros contra la delincuencia y con recorte de beneficios a reclusos. Como otrora hiciera su padre persiguiendo a senderistas, ahora ella se proponía como la ¨pacificadora¨ de la delincuencia común. Keiko Fujimori ha recreado la fórmula del populismo punitivo de su padre, apostando al sector informal y a una sociedad conservadora que se ve seducida por la promesa de seguridad. Fue candidata presidencial en dos oportunidades (2011 y 2016) y en ambos casos obtuvo el mismo resultado: favorita en primera vuelta, pero nunca victoriosa.
[/et_pb_blurb][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=»3.15″][et_pb_column type=»1_2″ _builder_version=»3.0.47″ parallax=»off» parallax_method=»on»][et_pb_blurb title=»Marco Arana» image=»https://www.celag.org/wp-content/uploads/2018/09/5984e5e8b4a05.jpg» _builder_version=»3.15″]
Sociólogo, sacerdote y docente, oriundo de Cajamarca. En abril del 2009 fundó el Movimiento Tierra y Libertad, de tendencia ecologista e izquierdista. Llegó a las elecciones generales del 2011 sin inscripción electoral propia, por lo que buscó promover una amplia alianza de partidos progresistas y de izquierda con los movimientos sociales; sin embargo, no logró suficiente apoyo y optó por declinar su candidatura.
En noviembre de 2011, junto a Gregorio Santos (Presidente Regional de Cajamarca) y dirigentes locales, inició un frente con la consigna de buscar la inviabilidad del proyecto minero Conga, participando activamente del paro nacional en mayo de 2012. Ese mismo año inscribió su partido político y promovió, nuevamente, un frente amplio de izquierda con miras al proceso electoral del año 2016. El resultado sería una alianza denominada el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, el cual en elecciones internas eligió como candidata a la Presidencia del Perú a la congresista cuzqueña Verónika Mendoza y como primer vicepresidente a Marco Arana. El frente se dividiría en julio de 2017 entre Movimiento Nuevo Perú, encabezado por Mendoza, mientras la expresión del Movimiento Tierra y Libertad quedó con el sello del Frente Amplio, ahora conducido por Arana.
En octubre de 2015 ganó la interna del Frente Amplio convirtiéndose en candidata presidencial por la coalición. El 10 de abril de 2016 Mendoza alcanzó el tercer lugar, con 18,8% de los votos válidos emitidos, es decir, a escasos dos puntos de Kuczynski. Obtuvo 20 congresistas y un fuerte peso electoral en el sur. El 11 de diciembre de 2017 fue elegida presidenta del movimiento Nuevo Perú en su congreso fundacional. Recientemente, ha cumplido un rol decisivo en la convocatoria a las marchas contra la corrupción.
[/et_pb_blurb][/et_pb_column][et_pb_column type=»1_2″ _builder_version=»3.0.47″ parallax=»off» parallax_method=»on»][et_pb_blurb title=»Verónika Mendoza» image=»https://www.celag.org/wp-content/uploads/2018/09/000422455W.jpg» _builder_version=»3.15″]
Psicóloga, antropóloga y política peruana que inicialmente se incorporó a las filas del Partido Nacionalista Peruano, destacando como secretaria de Prensa de juventudes en 2009 y vocera de la comisión de la Mujer desde 2010. Al igual que Julio Guzmán, engrosó las filas de jóvenes profesionales que acompañaron la candidatura de Ollanta, aunque sin ser designada sino por representación propia al resultar electa congresista por la circunscripción de Cusco para el período 2011/2016 como candidata de la coalición Gana Perú –y liderada por el Partido Nacionalista fundado por Humala-. Sin embargo, en junio de 2012 renunció a su bancada cuando el Gobierno declaró el Estado de Emergencia en la provincia de Espinar (Cusco), suspendiendo las garantías constitucionales bajo el control de la Policía Nacional y autorizando la intervención de las Fuerzas Armadas.
En octubre de 2015 ganó la interna del Frente Amplio convirtiéndose en candidata presidencial por la coalición. El 10 de abril de 2016 Mendoza alcanzó el tercer lugar, con 18,8% de los votos válidos emitidos, es decir, a escasos dos puntos de Kuczynski. Obtuvo 20 congresistas y un fuerte peso electoral en el sur. El 11 de diciembre de 2017 fue elegida presidenta del movimiento Nuevo Perú en su congreso fundacional. Recientemente, ha cumplido un rol decisivo en la convocatoria a las marchas contra la corrupción.
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Se ha desempeñado como consultor internacional y ejecutivo de organizaciones multilaterales. Entre ellas, ha ejercido las funciones de asesor principal del Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se ha desempeñado como asesor principal de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Fue columnista en el semanario Caretas y publicó en diversos periódicos de habla hispana. Entre 1977 y 1980 acrecentó su popularidad gracias al salto a la televisión como conductor del programa Contacto Directo, de América Televisión.
En 1980 empezó a militar en el APRA y unos años más tarde se postuló sin éxito a la Alcaldía de Lima. En las primeras elecciones generales ganadas por el partido aprista fue electo diputado; sin embargo, renunció al partido en 1987 criticando la estatización de la banca de Alan García. Finalmente, su amistad con el ex mandatario Fernando Belaúnde Terry lo llevó a afiliarse a Acción Popular en 2013. Dos años más tarde ganó las elecciones internas convirtiéndose oficialmente en el candidato presidencial del partido para las elecciones presidenciales de 2016, cuando quedó en cuarto lugar, detrás de Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Verónika Mendoza.
[/et_pb_blurb][/et_pb_column][et_pb_column type=»1_2″ _builder_version=»3.0.47″ parallax=»off» parallax_method=»on»][et_pb_blurb title=»Julio Guzmán» image=»https://www.celag.org/wp-content/uploads/2018/09/Captura-de-pantalla-2018-09-23-a-las-12.06.59-a.-m..png» _builder_version=»3.15″]
Economista de profesión, entre 2009 y 2011 se desempeñó como funcionario en el Banco Interamericano de Desarrollo (EE. UU.). Su único cargo público fue como secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros (2012) durante el Gobierno de Ollanta Humala; sin embargo, en febrero de 2013 presentó su renuncia.
En las elecciones de 2016 se presentó como candidato a la Presidencia de la República de Perú por el partido político Todos por el Perú (ex-Coordinadora Nacional de Independientes). A pesar de haberse instalado fuertemente y ubicarse en segundo lugar en intención de voto, su candidatura fue anulada por el JNE. En el balotaje de 2016 apoyó públicamente a Kuczynski aunque sin participar de las movilizaciones; lo mismo ocurriría con el referéndum propuesto por Vizcarra donde dio su apoyo público sin participar en ninguna actividad.
[/et_pb_blurb][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=»3.15″][et_pb_column type=»1_2″ _builder_version=»3.0.47″ parallax=»off» parallax_method=»on»][et_pb_blurb title=»Gregorio Santos» image=»https://www.celag.org/wp-content/uploads/2018/09/1459381435-santos-peru.jpg» _builder_version=»3.15″]
Es un profesor, agricultor y político peruano. Fungió como presidente regional de Cajamarca en el periodo 2011/2014, sin embargo, desde julio de 2014 hasta julio de 2016 fue puesto en prisión preventiva por acusaciones relacionadas con su desempeño. Fue reelecto en octubre de 2014, en primera vuelta, con más del 44% de la votación y aún estando en prisión. Lideró las protestas contra el megaproyecto minero Conga.
En las elecciones generales de 2016 fue candidato presidencial -aún estando en prisión preventiva- por el partido Democracia Directa, convirtiéndose así en el primer candidato a la Presidencia de la República del Perú en prisión durante el proceso electoral. Santos alcanzó el sexto lugar, obteniendo más de 600 mil votos (4%) a nivel nacional, y el primer lugar con más del 40% en la región de Cajamarca. Si Santos hubiera acudido al llamado de unidad de la izquierda, en aquel entonces expresada en el Frente Amplio, hubieran accedido al balotaje. Actualmente ha rehusado a presentarse en las elecciones regionales para esperar su postulación en 2021 por el Movimiento de Afirmación Social (MAS).
[/et_pb_blurb][/et_pb_column][et_pb_column type=»1_2″ _builder_version=»3.0.47″ parallax=»off» parallax_method=»on»][et_pb_blurb title=»Kenji Fujimori» image=»https://www.celag.org/wp-content/uploads/2018/09/kenjipartido-581092mp4_581093.jpg» _builder_version=»3.15″]
Hermano de Keiko e hijo de Alberto Fujimori, fue el congresista más votado en 2011, siendo re-electo en 2016. En 2017, junto a otros diez congresistas disidentes de Fuerza Popular, conformaron la bancada autodenominada ¨Avengers¨ que votó a favor de la continuidad de Kuczynski en su primera moción de vacancia por incapacidad moral, a raíz del presunto vínculo del mandatario con la constructora Odebrecht. Previo a la segunda moción de vacancia trascendieron una serie de videos popularizados como ¨Kenji-videos¨ en los cuales se podía ver a miembros de su bancada negociar obra pública a cambio de un voto nuevamente favorable al oficialismo. El escándalo precipitó la salida de Kuczynski, al tiempo que Kenji y otros dos congresistas de su espacio fueron reemplazados por fieles keikistas. Posteriormente, intentó registrar su propio partido, Cambio 21; sin embargo aún espera la resolución del Congreso.
[/et_pb_blurb][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=»3.15″][et_pb_column type=»1_2″ _builder_version=»3.0.47″ parallax=»off» parallax_method=»on»][et_pb_blurb title=»César Acuña» image=»https://www.celag.org/wp-content/uploads/2018/09/Acuña.jpg» _builder_version=»3.15″]
Político y empresario de la educación. Entre 2000 y 2006 fungió como congresista por el departamento de La Libertad y, posteriormente, como alcalde de la ciudad de Trujillo, entre 2007 y 2014. Es el fundador y líder del partido Alianza para el Progreso (APP). En octubre de 2015 anunció su candidatura a la Presidencia del Perú, sin embargo fue excluido del proceso electoral por realizar actividades proselitistas en Lima Este, donde entregó dinero a través de terceros a comerciantes y trabajadores de un mercado -actividad prohibida expresamente en el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas-. El candidato, investigado además por haber plagiado sus tesis de posgrado, replicó que se trató de “ayuda humanitaria”. De acuerdo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el partido político de Acuña fue el que realizó mayores gastos de campaña y el partido que mayores ingresos registró.
[/et_pb_blurb][/et_pb_column][et_pb_column type=»1_2″ _builder_version=»3.0.47″ parallax=»off» parallax_method=»on»][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=»3.15″][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.0.47″ parallax=»off» parallax_method=»on»][et_pb_image src=»https://www.celag.org/wp-content/uploads/2018/09/Perú-una-cuestión-de-confianza-06.png» _builder_version=»3.15″]
[/et_pb_image][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=»3.15″][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.0.47″ parallax=»off» parallax_method=»on»][et_pb_text _builder_version=»3.15″]
Como se observa en el gráfico, la aprobación general de todos los líderes políticos se encuentra muy baja, siendo Julio Guzmán el de mayor nivel de aprobación con tan sólo una cuarta parte de opiniones favorables. Le siguen muy de cerca Alfredo Barnechea y Verónika Mendoza, con similares porcentajes para Datum pero un poco más bajos para CPI. En la vereda opuesta, entre los políticos con mayor nivel de desaprobación se ubica en primer lugar Kenji Fujimori con 92,3%, seguido por dos ex presidentes, Alan García y Ollanta Humala, que promedian 91,45% y 90,7%, respectivamente. A continuación, otros dos miembros del clan Fujimori, Keiko con 86,1% promedio y Alberto con un 84%, evidenciando el fuerte rechazo hacia la emblemática familia en la actual coyuntura.
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[1] El primer Gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1963-1968) fue derrocado por el golpe de Juan Velasco Alvarado quien, a su vez, sería destituido por Francisco Morales Bermúdez –también militar- para finalmente ceder el Gobierno a Belaúnde Terry.
[2] http://ojo-publico.com/242/las-millonarias-deudas-de-la-corrupcion-fujimorista
[3] https://www.celag.org/peru-fe-de-erratas-ajustadisima-victoria-y-red-de-alianzas-por-barbara-ester-y-maria-florencia-pagliarone/
[4] https://www.celag.org/peru-un-gabinete-de-consenso-neoliberal/
[5] https://www.celag.org/2018-el-ano-crisis-peruana/
[6] https://www.celag.org/representacion-mujere-jovenes-parlamentos-region/
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