Este viernes se vota, en un Congreso dominado por la alianza entre fujimoristas y Perú Libre, la destitución de la Junta Nacional de Justicia.

Este viernes 15 de diciembre el Congreso de Perú -controlado por la alianza entre fujimorismo y Perú Libre- vota si destituye a todos los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, el órgano rector de los jueces.

  • El asalto a las instituciones por parte del fujimorismo gobernante de facto es ya indisimulado. El último episodio de este proceso de descomposición del Estado de Derecho peruano comenzó cuando la fiscal general, Patricia Benavides -principal alfil en el proceso contra Pedro Castillo-, fue acusada de intercambiar favores (votos frente a protección judicial) con un grupo de 42 congresistas de distintas bancadas. Su objetivo inmediato habría sido evitar que se investigue la protección judicial que brindó a su hermana en un presunto encubrimiento al narcotráfico.
  • Ante el escándalo, la fiscal -quien también cumplió un rol estratégico en el desmantelamiento de las investigaciones contra Keiko Fujimori- fue suspendida de su cargo por la Junta Nacional de Justicia. El fujimorismo piensa tomarse su revancha este día 15.
  • Benavides, en un intento de afianzarse en su puesto, denunció a la presidenta de facto Dina Boluarte ante el Congreso por “genocidio, lesiones graves y homicidio calificado” en virtud de su responsabilidad en las más de 60 muertes acontecidas durante la represión a las protestas que siguieron al golpe de Estado contra Castillo. La denuncia llega, curiosamente, ahora, a un año de los sucesos.
  • En la práctica, asistimos a una lucha de poder entre sectores de la alianza de fujimoristas, Perú Libre y Boluarte, que pugnan por tomar posiciones en las distintas instituciones.
  • La onda expansiva de esta disputa hizo que crujiera -pero no se rompiera- la alianza gobernante entre el Congreso, el Poder Judicial, la CONFIEP y el fujimorismo en acuerdo con un sector parlamentario de Perú Libre (el partido que llevó a Castillo a la Presidencia, para luego dejarlo caer y apoyar a Boluarte).
  • Así, la coalición de intereses gobernante en Perú termina 2023 unida por: 1) la negativa al adelantamiento de las elecciones -sobre todo porque los congresistas no desean dejar sus curules antes de tiempo-; 2) la voluntad de sostener de la prisión de Castillo; y 3) la hoja de ruta de ocupación sistemática de las instituciones, particularmente las judiciales. Sobre Boluarte, Fujimori y el propio Vladimir Cerrón (Perú Libre) pesan amenazas de cárcel, razón por la que buscan intervenir en el actual Poder Judicial y colocar allí a sus alfiles. Es en el marco de este acuerdo por la ocupación sistemática de las instituciones que hay que entender las disputas entre las distintas facciones de la coalición de poder.
  • El Congreso peruano, dirigido por fujimoristas y aliados de Vladimir Cerrón, avanza con una serie de reformas políticas y electorales que están afectando gravemente al sistema democrático. Entre las medidas que destacan en el paquete legislativo resaltan: la destitución de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la elección de un magistrado del Tribunal Constitucional, la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la moción que propone suspender el financiamiento de Perú a la OEA.
  • En este marco de instrumentalización de la Justicia, el dictador Alberto Fujimori -que cumplía una condena a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad- fue liberado por orden del Tribunal Constitucional. La liberación de Fujimori abre un conflicto diplomático, ya que desacata resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que calificó a este indulto como “ilegal” e instó a reponer la detención del expresidente.
  • Pedro Castillo sigue detenido en prisión preventiva, pese a los reiterados pedidos de organismos internacionales y nacionales que abogan por su liberación. Castillo cumple una orden de arresto por 18 meses en el penal de Barbadillo, acusado por los delitos de rebelión, conspiración y abuso de autoridad.
  • La oposición a Boluarte permanece atomizada: el sector más ligado a Castillo exige la libertad del profesor, reivindica su liderazgo político e impulsa coordinadoras locales de movilización. Por otra parte, una izquierda más urbana se movilizó limitando su reclamo a la renuncia de Boluarte y la convocatoria a nuevas elecciones. Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros de Castillo, se posiciona como uno de los referentes “castillistas” a nivel nacional y ha comenzado una campaña de afiliación para presentar su propia propuesta electoral.  El resto de espacios carecen aún de liderazgos claros.
  • Por otro lado, Antauro Humala, militar etnocacerista, hermano del expresidente Ollanta y liberado en 2022 después de cumplir 17 años de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado a Alejandro Toledo, intenta capitalizar el descontento y la crisis económica. Esta misma semana, su partido A.N.T.A.U.R.O fue inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional Electoral con vistas de participar en las elecciones presidenciales de 2025.
  • La movilización popular, que fue un dinamizador de la acción política a finales de 2023, no tuvo la misma capacidad aglutinadora este año en las sucesivas “tomas de Lima”. La fragmentación de las representaciones, la ausencia de organizaciones nacionales y la vacancia de un líder o vocero de los sectores populares ha generado una crisis de representación que explica parte de la situación actual del Perú.

Yair Cybel

Licenciado en Comunicación Social (UBA) (Argentina)

Licenciado en Comunicación Social (UBA) especializado en Comunicación Política (UNTREF). Docente del Seminario de Comunicación Política de la Universidad de Buenos Aires. Participó de campañas electorales en Perú, Argentina, Panamá y Paraguay. Como periodista se desempeñó en los canales de televisión Telesur e HispanTV. Investigador. Fundador del medio El Grito…

Sergio Pascual

Ingeniero de Telecomunicaciones y Antropólogo (España)

Fue el primer secretario de organización de Podemos, cargo que dejó tras las elecciones del 20D de 2015. Fue diputado en el Congreso español durante las legislaturas XI y XII además de Presidente de la Comisión de Fomento de la Cámara. Destaca su colaboración en misiones de observación electoral y…