Presencia material, patrimonio y activos de EE. UU. en Colombia

• En octubre de 2009, durante la segunda fase del PC (2006-2013), se firmó un “Acuerdo complementario para la cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad”[4] que agregaba disposiciones a EE. UU. sobre siete bases militares y explicitaba el permiso para realizar construcciones de uso exclusivo en esas instalaciones. En el artículo IV del mencionado acuerdo se estipula que Colombia “continuará permitiendo el acceso y uso de las instalaciones”. Las bases son:   

1. Base Aérea Germán Olano Moreno, Palanquero
2. Base Aérea Alberto Pawells Rodríguez, Malambo
3. Fuerte Militar de Tolemaida, Nilo
4. Fuerte Militar Larandia, Florencia
5. Base Aérea Capitán Luis Fernando Gómez Niño, Apíay
6. Base Naval ARC Bolívar en Cartagena
7. Base Naval ARC Málaga en Bahía Málaga.

• Aunque el acuerdo fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional, los tratados vigentes permitían la presencia de 800 militares estadounidenses y se estimaba en alrededor de 600 contratistas en Colombia (aunque no hay acceso transparente a este tipo de datos).

• En 1999, Colombia y EE.UU. firmaron el “Plan para la Paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado” o Plan Colombia, con el objetivo formal de combatir al narcotráfico, brindar apoyo al desarrollo económico y al fortalecimiento institucional.
• Las 10 estrategias que guiaron el plan estimaban un período de desarrollo de cinco años y un presupuesto inicial de 7.300 millones de dólares.
• Entre 1999 y 2016 el PC significó una transferencia de fondos desde EE. UU. superior a los 14.000 millones de dólares, de los cuales más del 70% se destinó a asistencia militar. Más de 6.000 millones fueron solo en el programa de Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE, por sus siglas en inglés).^[5]
• Desde el inicio del PC, el Gasto en Defensa y Seguridad (GDS) creció al triple hasta consumar un 3,9% del PIB en 2009, sosteniendo en los años siguientes un monto anual de más 10.000 millones de dólares.
• El costo global de esta política ha significado para Colombia 129.911 millones de dólares según lo reportado por el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).^[6] Aún así, Colombia permaneció como el principal productor de cocaína del planeta, oscilando entre el 60 y 70%.^[7]
• Entre 2003 y 2008, la USAID mencionó que contribuyeron a reestructurar 58 áreas económicas con presupuesto del Plan Colombia.^[8]
• Durante la primera fase del PC (1999-2006), el reclutamiento militar elevó en casi 200% el número de soldados profesionales que pasaron de 22.459 a 79.176.^[9]
• En el marco del Plan Colombia se elevó el número de soldados profesionales, se transfirieron capacidades de combate aéreo con helicópteros Black Hawk y llegaron empresas contratistas del Pentágono como DynCorp, Lockheed Martin, Airburs Defense and Space, Textron Aviation y Rockwell Collins, entre otras.

Regulaciones y normativas

• Según estimaciones informales, aproximadamente el 50% de las importaciones relacionadas con equipamiento militar hechas por Colombia tras la firma del TLC son de origen estadounidense.
• Una de las leyes que regulan presencia de capital extranjero en sector Defensa es la Ley 61 de 1993 que se encuentra reglamentada mediante el decreto 356 de 1994 del Ministerio de Defensa Nacional (art. 12) que creó el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada.^[10]
• Otro de los mecanismos mediante los cuales ha ingresado capital estadounidense en el sector Defensa y Seguridad es mediante Convenios de Colaboración, Cooperación y/o Coordinación (Res. 5342/2014) previstos en el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa.^[11] Este mecanismo ha propiciado las compras de Colombia hacia EE. UU., favoreciendo las transferencias de capital a consecuencia de la dependencia tecnológica.
• Una de las entidades que intervienen en la industria de la seguridad privada es la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia), perteneciente al Grupo Social Empresarial de la Defensa (GSED) donde se agrupan las diecinueve (19) industrias del sector defensa y seguridad.
• Previo al funcionamiento del GSED, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) emitió la directiva 3.522/2008 conocida como “Lineamientos generales para la implementación de acuerdos de cooperación industrial y social –OFFSETS– relacionados con adquisiciones en materia de Defensa en Colombia. Ministerio de Defensa Nacional, Departamento Nacional de Planeación y Colciencias” que habilita las compras directas del Estado a empresas extranjeras.
• La mayoría de las empresas estadounidenses que operan en Colombia están asociadas a una cámara comercial promovida por la embajada de los EE. UU. en Bogotá llamada Consejo de Empresas Americanas (Council of American Entreprises, CEA),^[12] que se encarga de garantizar las condiciones de desenvolvimiento de los negocios y la promoción de nuevas inversiones. El CEA fue creado en 1962 en el marco de la Alianza para el Progreso y actualmente es compuesto por más de 200 empresas y presidido por los CEO’s de General Electric, Biomarin y PwC.
• Desde que se implementó el TLC, la mayoría de los equipos de Defensa (incluidos productos y servicios en las industrias de seguridad y protección) no pagan aranceles. En consecuencia, al menos un cuarto de las empresas proveedoras del Estado en Seguridad y Defensa, corresponden a firmas vinculadas con capital estadounidense.
• Los empresarios interesados en el sector señalan que las restricciones para la IED en este rubro han sobrecargado a las Fuerzas Militares, asignándoles la función de proteger una gran parte de instalaciones privadas contenidas en el 97% de la infraestructura crítica del país.^[13]

En la práctica

• En 2018 las empresas de Seguridad Privada reportaron ingresos brutos por más de $10 billones de pesos (2.826 millones de dólares actuales, un 0,87% del PIB). Destacan las extranjeras Fortox, G4S, Prosegur y Securitas, las cuales concentraron el 7,46% de los ingresos totales en el rubro de empresas de Seguridad con Armas, según datos de la Supervigilancia.^[14]
• Sikorky Colombia, filial de Lockheed Martin, que además de la transferencia de helicópteros mediante el Programa de Asistencia Militar, suscribió con la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC) un acuerdo derivado Offset para la implementación de un Centro de Simulación de helicópteros UH-60 en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 4 (CACOM-4).^[15] Un negocio derivado de la adquisición inicial de medios aéreos para los cuales se requiere el debido adiestramiento de pilotos de la Fuerzas Aérea Colombiana. Tiene otra instalación en Tolemaida con un centro de reparaciones, mantenimiento y almacén.^[16] En 2016 Sikorsky realizó trámites para dar mantenimiento a los helicópteros Black Hawk mexicanos. Es parte del plan para convertir a Sikorksy Colombia en el centro de referencia de mantenimiento de Black Hawk en Latinoamérica, incluyendo Brasil, Argentina y Chile.
• En 2016, la Armada Nacional de Colombia suscribió contrato adjudicado a CONTROP Precision Technologies LTD, representada en Colombia por Thor International S.A.S.^[17] para la compra de un director de tiro para el patrullero oceánico OPV-80. CONTROP PT es a su vez filial de CONTROP USA Inc, con base en Israel y EE. UU.^[18]
• En 2016, la Corporación de la Industria Aeronáutica de Colombia (CIAC) y Airburs Defense and Space suscribieron acuerdo enfocado a la construcción de Aeronaves remotamente tripuladas.
• Se suscribió otro acuerdo entre CIAC y Textron Aviation basado en la posibilidad de que la empresa colombiana participe dentro de algunos proyectos de la firma estadounidense Textron, en la región.^[19]
• En 2017, Rockwell Collins firmó acuerdo con Central Charter Colombia S. A. para que ésta sea su representante de ventas y de soporte a los productos de la empresa estadounidense en Colombia.^[20]

• La Embajada de EE. UU. en Colombia se encuentra en Bogotá y cuenta con varias oficinas de agencias de inteligencia estadounidense como la DEA, FBI, CIA, entre otras. Además, cuenta con otra sede en Cartagena.^[21]
• El presupuesto de la embajada, es diferente (corre aparte) al de la asistencia económica y militar que otorgan varias agencias de EE. UU., el cual es mucho mayor.
• Los agentes de la DEA especializados en inteligencia dan reportes a la Policía Nacional y la Fiscalía de Colombia. Por ley, no pueden realizar arrestos y procesamientos, pero sí pueden colaborar en investigaciones.^[22] Los dos agentes de la DEA en Colombia son James Kuykendall y Valerie Nickerson. La oficina del FBI se encuentra dentro de la embajada, y cubre a Ecuador y a Venezuela.^[23] Se desconoce el número total de agentes.
• Además la Embajada alberga una de las secciones internacionales de narcóticos y aplicación de la ley (INL) más grandes del mundo.
• INL Bogotá estaba evaluando los requisitos para reiniciar un programa de erradicación aérea, terminado por INL Bogotá en 2016, en caso de que el Gobierno de Colombia solicitara el apoyo de Estados Unidos.^[24]
• INL Bogotá apoyó la asistencia focalizada en áreas rurales, a través del Programa de Seguridad Rural, con un financiamiento anual de 18 millones de dólares, que coordinó con USAID. Además, INL Bogotá participó en el Plan Antioquia para facilitar la integración de sus programas con los programas de desarrollo alternativo de USAID.
• Según un documento del Departamento de Estado, INL Bogotá no tiene control de 3.500 artículos de defensa. Además, a octubre de 2018, la Embajada identificó 98 artículos de defensa como desaparecidos. El monitoreo es importante porque EE.UU. proporcionó a Colombia servicios de seguridad, 50 mil artículos de defensa (armas, aeronaves, equipo de comunicaciones y vehículos).
• Por último está Peace Corps Colombia, tiene oficinas en Barranquilla, (Centro Empresarial Las Américas, Calle 77B No. 57-141, Piso 7, Oficina No. 713, Barranquilla, Colombia),^[25] en Santo Tomás, Atlántico y Tunja, Boyacá.^[26]