La política económica de Jair Bolsonaro es una continuación y profundización de la implementada por Temer: más privatizaciones de empresas y recursos públicos, y retrocesos flagrantes en derechos laborales.

Comparte:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Principales medidas económicas adoptadas en 2019

  • La medida que más calado y contestación ha tenido durante el primer año de mandato de Bolsonaro ha sido la nueva Ley de Pensiones.
    • Esta nueva ley supone un recorte de las pensiones por jubilación de 870.000 millones reales (unos 193.000 millones de euros) durante los próximos 10 años.
    • A pesar de la magnitud del recorte a las pensiones, la ley finalmente aprobada no llega a los niveles defendidos por el ministro de Economía y en la tramitación parlamentaria fue rebajada.
    • Originalmente, la pretensión de Guedes era la de recortar en los próximos diez años 1,2 billones de reales (casi 265.000 millones de euros).
    • La ley fue finalmente aprobada con 60 votos a favor y 19 en contra.
    • La nueva Ley de Pensiones supone un incremento de la edad de jubilación, imponiendo una edad mínima de 62 años para las mujeres y 65 años para los hombres, con un tiempo mínimo de contribución de 15 y 20 años respectivamente. Siendo necesarios los 40 años cotizados para recibir la pensión íntegra.
    • El sistema de capitalización será individual, descontándose del salario una parte que será transferida a un plan de pensiones que se recibirá en el momento de la jubilación

 

  • Otro de los principales ejes del Ejecutivo ultraliberal ha sido la batalla contra el déficit público, llevado a cabo mediante la descapitalización y despatrimonialización del Estado brasileño, continuando y profundizando la oleada privatizadora inaugurada por Temer.
    • Según los datos anunciados el 16 de enero por Salim Mattar, secretario especial de Privatizaciones, en 2019 el Gobierno brasileño recaudó 105.400 millones de reales (unos US$25.705 millones) con la venta de 71 activos públicos.
    • Entre las empresas que habían sido declaradas privatizables en agosto de 2019 destacaban las siguientes: Correos, la Casa de la Moneda, Telebras, Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), Empresa Gestora de Activos (Emgea), Agencia Gestora de Fondos y Garantias (ABGF), Servicio Federal de Procesamiento de Datos (Serpro), Empresa de Tecnología e Informaciones de la Seguridad Social (Dataprev), la Companhia Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) y Eletrobras.
    • En el caso concreto de Electrobras, hay que destacar que se trata de la mayor empresa de generación y transmisión de energía eléctrica de toda América Latina y que su apertura al capital privado ya se hizo en el Gobierno de Temer, incorporándose inversores privados a su capital.
    • También las entidades financieras de capital público están en el punto de mira de las intenciones privatizadoras. De este modo, tanto el Banco do Brasil como la Caixa Económica Federal pueden ser algunos de los próximos objetivos del Ejecutivo, si bien es cierto que ante la oleada de protestas que recorre varios países de la región, el propio Bolsonaro ha negado que estas entidades estén ahora entre las prioridades.

 

  • En cuanto al crecimiento de la economía de Brasil en 2019, éste cerró el ejercicio en una cifra que no llegará al 0,9% (faltan aún los resultados oficiales), por lo que continúa en la senda de estancamiento y bajo crecimiento económico de los últimos años.
    • En cuanto a la inflación, ésta fue del 4,31%.

Reformas y medidas económicas del ejecutivo para 2020

  • El plan del Ejecutivo es continuar con la senda privatizadora en el año 2020. De este modo, el objetivo anunciado ha sido el de recaudar 150.000 millones de reales (unos US$36.600 millones) con la venta de otros 300 activos públicos.
    • Todos los activos a privatizar este año serán enviados al Congreso por la vía “fast track” (vía rápida) y estarán especificados en el Programa Nacional de Desestatización.
    • Para este año, el propio secretario especial de Privatizaciones ha anunciado que el objetivo es culminar el proceso de privatización de Electrobras, así como el de varias de sus filiales.
    • En cuanto a la empresa de Correos, marcó el cronograma de su privatización para finales de 2021, y volvió a descartar en el corto plazo la privatización total de Petrobras.
    • El Ejecutivo también ha dado luz verde a la privatización de atracciones turísticas del país, como el Parque Nacional de Iguazú; Jericoacoara y el Parque Nacional de los Lencois Maranhenses. El objetivo es conceder al capital privado la prestación de los servicios públicos de apoyo a las visitas y cederles las tareas de conservación, protección y gestión de los espacios naturales.
    • Actualmente, el Estado brasileño posee 624 activos, de los cuales 46 son empresas estatales, 151 son filiales, 218 son empresas vinculadas y 209 son participaciones en empresas. Con seguridad, la mayor parte de estos activos formarán parte del proceso de privatización para los años sucesivos.

 

  • En cuanto a infraestructuras, el Gobierno brasileño ha anunciado que se licitarán 44 proyectos de infraestructura en 2020, con los que espera atraer más de 101.000 millones de reales (unos 22.200 millones de euros).
    • Según el ministro de Infraestructura, Tarcísio de Freitas, se trata de concesiones de aeropuertos, carreteras, puertos y vías de tren.
    • En el caso alcanzarse esa cifra, la misma supondrá más de 11 veces todo lo que el Gobierno recaudó en 2019 con la concesión de infraestructuras y el 43% de todas las concesiones que se pretenden ejecutar hasta el final del mandato de Bolsonaro, de 231.000 millones de reales (50.800 millones de euros).

 

  • Se encuentra pendiente de aprobación por parte del Senado la PEC (Propuesta de Enmienda de la Constitución) de emergencia, proyecto impulsado por el propio Guedes y que pretende prohibir de manera temporal la promoción y contratación de nuevos funcionarios, a la par que reduce la jornada y el sueldo de los actuales.

 

  • Otra de las medidas que se quieren impulsar en este 2020 es el plan para invertir parte de los 281 fondos públicos que tiene el Estado, que cuentan con unos 200.000 millones de reales (unos 48.000 millones de dólares), en pagar parte de la deuda pública.

 

  • Se quiere impulsar el proceso de descentralización del país para que los Estados y municipios tengan mayor autonomía en la gestión de los recursos económicos.

 

  • En cuanto a las previsiones económicas, la CEPAL anunció en octubre de 2019 que sus estimaciones para 2020 eran de un crecimiento del PIB del 1,7%, mientras que el Ejecutivo eleva esta cifra hasta el 2,4% por el efecto de las bajas tasas de interés.

 

  • Por su parte, la previsión de inflación realizada por el ejecutivo es del 3,62%.
    • En cuanto al déficit primario, el Ejecutivo estima que en el año 2020 será de 82.300 millones de reales (unos US$19.700) millones.
Comparte:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Sergio Martín-Carrillo

Máster en Desarrollo Económico y Sostenibilidad (UPO) (España)

Sergio Martín-Carrillo es máster en Desarrollo Económico y Sostenibilidad por la Universidad Internacional de Andalucía (UIA) y la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Granada (UGR). Ha sido docente-investigador en el Centro de Relaciones Internacionales del Instituto de Altos…