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A poco más de un mes del inicio del gobierno de López Obrador (AMLO), en México, se evidencia una fuerte decisión del mandatario por cumplir sus promesas electorales en materia económica y dar un fuerte empuje al pueblo mexicano, superando el modelo económico neoliberal establecido hace décadas.

Una de las primeras medidas votada en el Congreso antes de asumir AMLO fue la Ley Federal de Remuneraciones, que busca la reducción de salarios de funcionarios públicos por debajo del que cobra el presidente como máxima autoridad y quita algunos privilegios que tenían de hecho, como préstamos, jubilaciones y anticipos, que la ley vigente entonces no contemplaba. Al mismo tiempo, y como ejemplo de austeridad, el presidente redujo su salario un 48%. El ahorro total por la reducción de salarios de funcionarios de alto rango será distribuido entre quienes tienen menor salario dentro de la función pública.

Sin embargo, esta Ley no fue bien recibida por algunos senadores, que la consideraron inconstitucional, el Poder Judicial y algunas entidades autónomas. La Suprema Corte de Justicia respondió anulando la aplicación de la Ley, pero para sumarse al gesto de austeridad propuesto por el Gobierno redujo un 25% con respecto al año anterior los salarios de los 11 ministros[1]. El Banco de México, sin embargo, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte, que decidió anular la aplicación de la Ley en la entidad mencionada.

Previamente a la asunción, se decidió también la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco, obra que ya tenía un avance de un tercio y para cuya financiación se contó con la venta de bonos del Gobierno. Esta propuesta fue expresada por AMLO en campaña y, ante el ruido que se generó entre los inversionistas, se realizó una consulta popular que para avalar la decisión. Los motivos para cancelar la obra y realizar el aeropuerto en otro lugar iban desde disminuir el presupuesto de ésta, hasta el problema ambiental que generaba el aeropuerto en el sitio donde está enclavado. La cancelación de la obra produjo una caída en el precio de los bonos otorgados y fuerte desconfianza de los inversores y “los mercados” sobre el devenir económico de México[2]. El Gobierno, en respuesta, aseguró la recompra de los bonos con resultados positivos, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público[3].

Por otra parte, en línea con el criterio de austeridad, a mediados del mes de diciembre se presentó el presupuesto nacional al Congreso de la Nación y el mismo fue aprobado sin mayores turbulencias. El presupuesto 2019[4] refleja un fuerte compromiso con la inversión social, equilibrado con la reducción del gasto en otras áreas. De esta forma, mediante un presupuesto que presenta un leve superávit primario, un dólar a $20, un crecimiento que estará entre 1,5% y 2,5%, una inflación interanual de 3,4% y con un supuesto de precio de barril a 55 dólares se garantiza lo que el establishment considera estabilidad macroeconómica.

También están presupuestadas las obras de infraestructura propuestas en campaña, el Tren Maya, el circuito turístico de la Península de Yucatán y, luego de la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco, la obra en la base militar de Santa Lucía.

Pero la política más importante de este mes de gobierno fue el aumento del salario mínimo que alcanzó un 16,3% por fuera de la zona fronteriza norte y un 100% en esta zona. El aumento del Salario Mínimo General implica dejar atrás 30 años de pérdidas constantes del poder adquisitivo de los trabajadores. De acuerdo a un estudio de la UNAM para 2018, el poder adquisitivo de los mexicanos cayó casi un 80% en los últimos 30 años[5].

Esta medida se estima que beneficiará a 8,5 millones de habitantes[6] que cobran hasta un salario mínimo y no alcanzaban a cubrir la canasta de bienestar individual de Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), siendo la perspectiva futura que el aumento de salarios alcance a cubrir la canasta familiar. Sin embargo, hay que considerar que este grupo podría reducirse a los trabajadores formales.

Es importante mencionar que estas medidas tendrán un impacto de ampliación del consumo principalmente básico que, como afirman varios analistas, se espera que no impacte de forma inflacionaria debido a que la propuesta es parte de un acuerdo alcanzado con el sector empresarial y el Banco de México.

Otra de las propuestas más importantes de AMLO es la creación de una zona libre en la frontera norte del país. En esta zona el aumento de sueldos alcanzará el 100%, eliminando los salarios de miseria de la zona limítrofe, con el fin de expandir el consumo, mejorar las condiciones de vida y contener la migración.

En esta zona, para compensar el aumento de salarios e incentivar la instalación de nuevas fábricas que provean mayor empleo y producción, se reducirá el IVA del 16% al 8%, al igual que el impuesto a la renta disminuirá un 10% en esa zona. Otra propuesta complementaria para beneficiar la producción y el comercio es la homologación de los precios del combustible en México y en Estados Unidos.

La expectativa sobre la zona libre fronteriza es que las mejoras implementadas superen ampliamente el crecimiento de la economía nacional, limitando así el impacto por la caída en la recaudación y favoreciendo la producción, el trabajo y el bienestar de la población local.

Otra de las iniciativas del Gobierno es la inversión en la recuperación de Pemex (Petróleos Mexicanos). Esta idea se vio expresada en el presupuesto de inversión dirigida a la empresa. Asimismo, se suspendieron las subastas de petróleo durante 3 años, deteniendo la reforma energética impulsada por el Gobierno anterior. También se tomaron acciones para controlar el robo de combustible en Guanajuato, por el que se han ahorrado hasta el momento 2,5 mil millones de pesos, aunque las quejas por el desabastecimiento en algunas localidades aumentan.

Para estos últimos días de la segunda semana de enero, se prevé también la entrega de los programas sociales más importantes del Gobierno, destinados a la protección de la niñez, los jóvenes y los discapacitados más marginados del país.

Como puede leerse, AMLO avanza con una política de distribución del ingreso que se financia con un recorte de gastos ineficientes, como se prometió en la campaña. La expansión del consumo de las clases populares permitirá, además de una mejora en el nivel de vida, darle un fuerte impulso al mercado interno mexicano. El cambio de enfoque de la política económica, que pasa de privilegiar los negocios a mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población, tendrá una fuerte resistencia de aquellos sectores que pierdan privilegios y protagonismo. Sin embargo, López Obrador, demuestra tener clara la necesidad de equilibrios que permitan un buen funcionamiento económico para lograr un tipo de desarrollo que supere el crecimiento poblacional y permita generar empleo e ingresos dignos para todos los mexicanos.

 

 

[1] https://www.telam.com.ar/notas/201901/321243-mexico-jueces-corte-suprema-reduccion-salario.html

[2] https://www.cronista.com/financialtimes/Preocupacion-de-los-inversores-por-las-primeras-medidas-de-Lopez-Obrador-20181212-0081.html

[3] https://www.proceso.com.mx/564599/shcp-afirma-que-oferta-de-compra-de-bonos-del-naim-obtuvo-apoyo-abrumador-de-tenedores

[4]            https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2019.pdf

[5] México 2018: Otra derrota social y política a las clases trabajadoras; los aumentos salariales que nacieron muertos. Facultad de Economía, UNAM. https://cam.economia.unam.mx/1018-2/

[6] https://www.inegi.org.mx/app/buscador/default.html?q=salario+minimo#tabMCcollapse-Indicadores