En los sistemas democráticos representativos los procesos electorales constituyen ritos de transferencia del poder legitimación del orden establecido. Los organismos electorales (OE), en tanto instituciones que organizan y arbitran las elecciones, ocupan un lugar central en los sistemas políticos de las jóvenes democracias latinoamericanas.
En este trabajo se estudia el diseño institucional y las dinámicas de funcionamiento de los organismos electorales en todos los países de América Latina, atendiendo a las dimensiones de autonomía, composición, financiamiento y rendición de cuentas. A su vez, se detallan las diversas dimensiones y las complejidades de las funciones encargadas a los OE, teniendo en cuenta las etapas de los procesos electorales y las tensiones externas que cada vez tienen más peso en la legitimación o interpelación de éstos. Para ello se estudian diez variables, a saber: 1) órganos electorales autónomos o dependientes del Ejecutivo; 2) tipos de nombramientos de los miembros de los órganos electorales; 3) nivel de digitalización de los procesos electorales; 4) número de integrantes; 5) distribución de competencias entre poderes; 6) periodo de mandato; 7) tipos de financiación de los OE; 8) tipos de fiscalización de los órganos electorales; 9) ISO electoral y; 10) fórmula de resolución del conflicto en crisis recientes (2014-2019).
A partir de este análisis podemos concluir que la participación de la OEA como observador no ha sido garantía de estabilidad o credibilidad de los procesos electorales en los que ha tenido presencia. Los informes y recomendaciones han tenido un sesgo político claro y, en ocasiones, han alterado gravemente el resultado, como el Honduras (2018) y en Bolivia (2019), generando un impacto político lesivo para la estabilidad democrática. Este punto abre el debate en torno a las consecuencias de la politización de las misiones electorales y la necesidad de arbitrar instancias regionales que garanticen solvencia técnica, fiabilidad y transparencia en la observación electoral.
A su vez, a partir del análisis de las diez variables estudiadas, se derivan algunas conclusiones adicionales:
a. Aunque en la mayoría de los países, la autonomía de los organismos electorales es amplia, no garantiza la suficiente apariencia de imparcialidad. Algunos elementos robustecen el sistema: 1) Elección independiente del Legislativo y Ejecutivo, tanto en el tiempo y duración del mandato como en la correlación de fuerzas, mediante mayorías cualificadas cuando participan estos poderes en su composición; 2) Distribución de funciones entre poderes (cuantos más poderes involucrados, mayor solidez) y; 3) Financiación autónoma y garantizada.
b. La financiación autónoma y los mecanismos de control y regulación de los presupuestos electorales son determinantes para definir el nivel de autonomía de los OE.
c. Algunos procesos centrales de las etapas electorales, como la participación de empresas privadas en el conteo rápido de votos, no son transparentes para la ciudadanía, no se conoce la idoneidad, el tipo de contrato o los capitales que están detrás de éstas.
d. En el relevamiento también queda claro que en ningún país son vinculantes los datos arrojados por el sistema de conteo preliminar electoral, pero, contrario a ello, en la práctica funcionan como si lo fueran en cuanto a la instalación de encuadres psicológicos (framings) para direccionar a la opinión pública.
e. En países con consensos democráticos fuertes (postdictadura) como Argentina o Uruguay, que no están pidiendo certificaciones externas de sus procesos electorales, que no recibieron auditorías, ni misiones de observación electoral de la OEA, ha sido total el respeto por los resultados y las decisiones del Tribunal de Justicia Electoral y la Corte Nacional Electoral, como en los dos procesos electorales recientes en Uruguay y Argentina (2019).
