La tercera caída consecutiva del techo del Colegio Nuestra Señora de Asunción, en la Capital paraguaya, dio inicio el pasado 3 de mayo a un masivo paro estudiantil con tomas de colegios que ya le ha costado al gobierno de Cartes la renuncia de la Ministra de Educación y Cultura, Marta Lafuente. Sin embargo, este hecho puede pensarse también como un continuum de las manifestaciones estudiantiles del pasado septiembre y, claramente, como una expresión más del deteriorado sistema educativo paraguayo y de la importancia histórica de su movimiento estudiantil.
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Los estudiantes agrupados en la Federación Nacional de Centros de Estudiantes Secundarios (FENAES), la Organización Nacional Estudiantil (ONE) y la UNEPY (Unidad Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay) no han cesado en sus reclamos, a pesar de haber conseguido que la Lafuente dejara su cargo. Por el contrario, los estudiantes de educación media -principalmente de Asunción- permanecen movilizados exigiendo al gobierno de Cartes que modifique aspectos centrales del modelo educativo que impiden la consolidación de la calidad en la educación. Entre los principales reclamos se encuentran el incremento del presupuesto para el Ministerio de Educación y Cultura y la reforma de dicha cartera, la declaración de la emergencia en materia de infraestructura escolar -conseguida a mediados de mayo- y mejoras en el sistema de formación docente, entre otros. Estas demandas que hoy recogen principalmente los estudiantes secundarios, son históricas dentro del movimiento estudiantil, pero cobraron fuerza y visibilidad en octubre del pasado año de la mano de los estudiantes universitarios y, anteriormente, con el rechazo al proyecto de reforma de la Ley de Educación Superior dado a conocer poco después del golpe a Fernando Lugo.
En esa oportunidad, los estudiantes universitarios nucleados en la Federación de Estudiantes por la Educación tomaron el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y realizaron movilizaciones frente al Parlamento como medidas de fuerza en protesta por la inminente sanción de la Ley. Esta normativa pretendía otorgar aun más peso al sector privado en el sistema educativo y mantener los aranceles en la educación superior, entre otros aspectos tendientes a debilitar la calidad y la amplitud del sistema público. La política educativa vigente data de la dictadura de Stroessner, y no ha cambiado demasiado hasta Cartes: insuficiente presupuesto educativo -aunque este último lo haya incrementado-, endurecimiento de las condiciones de acceso a la universidad pública, criterios políticos en la designación de rectores y decanos, promoción e incremento de subsidios y becas a centros educativos privados en detrimento de la financiación del sistema público. Por entonces, las movilizaciones estudiantiles fueron insuficientes para conducir al gobierno a revisar las directrices ideológicas de su política educativa.
Las extendidas protestas estudiantiles que comenzaron en octubre de 2015 fueron, justamente, consecuencia de la indiferencia gubernamental a la deteriorada realidad del sistema educativo que expusieron desde tiempo atrás estudiantes y docentes de instituciones públicas y privadas, tanto de nivel medio como universitario. Las movilizaciones ocurrieron no sólo en la Capital sino en otras ciudades del país, y contaron con un importante apoyo popular porque se enmarcaron dentro de un contexto de protestas sociales contra la corrupción tras la salida de Fernando Lugo. Bajo la consigna #UnaNoTeCalles se iniciaron paros estudiantiles, se tomó el rectorado de la UNA y se realizaron numerosas asambleas que contaron con la presencia de todos los claustros de la comunidad universitaria. Esta movilización consiguió la renuncia de los rectores y vicerectores de la UNA y de la Universidad Nacional de Caaguazú, y de Decanos de varias Facultades; además, logró poner en evidencia la funcionalidad de buena parte de la conducción estudiantil tradicional que no hizo más que reproducir durante años los mecanismos clientelares de selección de autoridades universitarias vinculados a los históricos partidos políticos paraguayos, entre otros esquemas de corrupción bien conocidos por la comunidad educativa. Pero, sobre todo, comenzaron a visibilizar con contundencia la incapacidad de las políticas educativas de Cartes -como parte de una larga tradición ideológica privatizadora y autoritaria- para consagrar el derecho a una educación de calidad e inclusiva.
Lo han puesto en evidencia los estudiantes paraguayos durante las luchas de estos años: de las 53 Universidades que hay en el país, 45 son privadas, y las 8 públicas son igualmente aranceladas; asimismo, de 32 de las 53 Universidades no han conseguido acreditar ninguna carrera por parte de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, haciendo que proliferen las llamadas “Universidades de garage”, que han sido denunciadas recientemente por estafar a 6.000 estudiantes; el presupuesto de 4,1% del PIB que destina el Gobierno a esta materia está muy lejos del 7% que recomienda la UNESCO; la cobertura de la Educación Superior es una de las más bajas de la región (alcanza al 40%); la infraestructura de los colegios y universidades está muy deteriorada y el nivel educativo promedio con el que egresan los estudiantes es muy bajo, ocupando el puesto 133 en un ránking de 144 países según consta en uno de los últimos estudios al respecto, el Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.
El Gobierno parece haber tomado nota de los reclamos, aunque no hay razones para pensar que la situación pueda mejorar. El nuevo Ministro de Educación y Cultura, Enrique Riera (Partido Colorado), tiene poca o nula trayectoria en materia educativa: ha sido intendente de Asunción, Presidente del Consejo de la Magistratura, Diputado, Secretario General del Ministerio del Interior y Viceministro de la Juventud. Apenas asumido su cargo, Riera afirmó que la situación es delicada, pero hasta el momento no ha ofrecido más que “diálogo” con los estudiantes, la necesidad de la declaración de la emergencia en infraestructura educativa y un incremento salarial a docentes -buena parte de los cuales no accede ni al salario mínimo- condicionado a su desempeño, aunque no se ha pronunciado sobre si el Estado aplicará programas y recursos destinados a la formación de ese colectivo laboral.
La situación crítica de la educación en Paraguay forma parte de una crisis que va mucho más allá de la educación. La salud, la vivienda y el trabajo digno son otros derechos larga y profundamente vulnerados de forma deliberada por gobiernos conducidos por las tradicionales élites económicas y políticas del país suramericano. Los estudiantes y docentes movilizados podrán conseguir parte de lo que reclaman mientras su lucha no decaiga; pero la sociedad paraguaya necesita comprender que la educación es sólo uno de los pilares que deben reforzarse en una estructura social muy desigual. Y el carácter neoconservador del Gobierno, por más cambios de caras en los ministerios, no dejará de mantener débiles esos pilares, porque de allí deriva también su hegemonía.
