I
Si pudiéramos colocarle un título a la coyuntura política de este mes, en Argentina, podríamos decir que el diciembre de 2013 es el mes de la rebelión policial y de los saqueos. Estos hechos han erosionado políticamente a todos los gobernadores que han sufrido estos conflictos, y que paradójicamente, fueron los mimos que fueron beneficiados políticamente en las elecciones del último 27 de octubre. Esto es, gobernadores que habían triunfado con sus listas de diputados y senadores nacionales como De la Sota (Córdoba), Urribari (Entre Ríos), Uturbey (Salta), Capitanich (Chaco), Buzzi (Chubut), Alperovich (Tucumán), entre otros, se ven ahora presionados por los reclamos de sus policías dejando entrever que su gestión política y económica sí tenían diversos problemas sin resolver. Este conflicto trasluce aspectos fundamentales como: a) la constatación de que se trataba de Estados descentralizados desfinanciados para atender el reclamo, y que poco habían hecho para presionar impositivamente sobre los sectores más poderosos (hablamos de provincias sojeras, mineras y petroleras), b) la comprobación de que esas ordenes provinciales se articulaban con profundas desigualdades sociales y, por último, c) la incapacidad de dichos niveles estatales de comprender –luego, de 30 años de democracia- la realidad de las policías y sus estamentos, como su rol en la sociedad.
En términos estructurales, el reenclasamiento positivo en el kirchenerismo es generalizado, pero aún desigual, y ello, sigue renovando las demandas y exigencias en torno a mayores niveles de salario y de consumo. El relato de la década ganada kirchenerista implica que las mayorías, que han tenidos notables mejoras en su calidad de vida, sigan demandando más y más. El conflicto policial también se enmarca en este contexto de cambio favorable, pero además, en este caso, se ha puesto en escena la fragilidad de los Estados provinciales y de su exigua capacidad de transferir recursos desde los sectores económicos privilegiados (soja, minería, petróleo) hacia los grupos más postergados, entre los cuales, se encuentra un importante mosaico de empleados estatales.
El reclamo de las policías se multiplicó en las diversas provincias y se transformó en un dato nacional que impactó en la Casa Rosada. El primero de éstos que se presentaba lo constituían las pésimas condiciones salariales y laborales que las policías provinciales soportaban, situación que “empujaba” a algunos de sus miembros a la búsqueda de otros horizontes financieros (lícitos o ilegales). El segundo dato, era que no existían organizadores políticos inmediatos que impulsaban a los policías a desestabilizar la gobernabilidad provincial, sino que la sustracción de la protección ciudadana –por si misma- como medida para lograr sus intereses provocaba un “efecto de ingobernabilidad”, cuestión potenciada por los saqueos.
II
Los reclamos salariales de la policía comenzaron en la provincia de Córdoba, la misma se acuarteló y se retiró de las calles y de las instituciones dejando “caer el orden”. Esta acción de desprotección que abrió la puerta de los saqueos obligó a su gobernador a aceptar los condicionamientos policiales, las pretensiones salariales y laborales. De esta manera, la victoria político-salarial obtenida por los uniformados de Córdoba se presentó como una plataforma, un modelo y una oportunidad para iniciar una multiplicación de reclamos en otras provincias. Entonces, las miradas que estaban puestas en los últimos cambios en el Gabinete Nacional de Ministros se trasladaron a la realidad conflictiva de las provincias y comenzaron a observarse que el reclamo salarial se confundía con la extorsión más contundente: la de “dejar caer” el orden y abrir la posibilidad de los saqueos.
Los policías –que durante los últimos 30 años de democracia no habían iniciado una medida de semejante dimensión- desobedecían al poder civil y se presentaban al modo que lo hacen los sindicatos. Y esto se debe a la siguiente hipótesis: entendemos que las policías hicieron uso del discurso y de logros de la Década Ganada (democratización del bienestar, crecimiento económico y ampliación de derechos) para exigir ser “parte de ella”. Es decir, reclaman al Estado participar de la expansión del consumo y de la movilidad social que se produjeron los últimos años. Estos actores observan que no pueden acceder a “territorios del mercado y del consumo” y que se encuentran “por fuera” del bienestar del que se apropiaban otros actores. En síntesis, “también quieren ser ganadores dentro de esta década ganada”.
III.
Los gobernadores de las provincias en que se produjeron conflictos con los policías debieron pagar el costo político, ya que no solo los exhibió como actores débiles ante las fuerzas de seguridad, sino que debieron apelar al gobierno federal para resolver la situación. Ante el conflicto policial, las provincias opositoras al Gobierno nacional, como Córdoba y Santa Fe, dejaron de lado el discurso autonomista y federal y solicitaron auxilio a la Casa Rosada. Así los gobernadores que estaban pensando en jugar “fuerte” en el 2015, ahora deberan asumir que son jugadores “débiles”.
En relación con el Gobierno Nacional, el kirchnerismo descubrió que las desigualdades sociales provinciales, la inflación y la presión de los empresarios para aumentar los costos de los productos cotidianos se habían articulado eficientemente en la revuelta policial, como en los saqueos. Algunos gobernadores aliados a Cristina Fernandez de Kirchner también han mostrado su endeblez. El avance sobre la desigualdad, como la limitación de los intereses empresariales, siguen siendo una de las “cuentas pendientes” para los próximos años si el kirchnerismo desea revalidar su continuidad después de 2015. Ahora bien, existen otras clases políticas provinciales que no sufrieron saqueos ni rebeliones policiales y que negociaron con sus policías un aumento de salario ante la posibilidad de “dejar caer” el orden y que se susciten los saqueos. Entre éstas, debemos considerar el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y esto no es un dato menor, ya que esta provincia –por su extensión, economía y peso electoral- sigue siendo una de las “llaves” de la estabilidad política de cualquier Gobierno Nacional.
IV.
El reclamo policial no fue homogéneo, sino que se rompieron las “cadenas de mando” y parte de los policías fueron contra sus jefes a los cuales, por ejemplo los de Córdoba, acusaban de obtener privilegios con sus horas extras y adicionales. La rebelión policial se hizo contra el poder político y, a su vez, contra las jerarquías policiales que, generalmente, avalan la precariedad salarial de sus fuerzas de seguridad.
V.
Los saqueos producidos en Córdoba, Tucuman, Entre Rios, Jujuy y otros territorios fueron producidos –como indicamos- por sectores sociales que padecen las profundas desigualdades, la precarización y el desenganchamiento de instituciones que aspiran a la integración social. Éstos no son actores en disponibilidad permanente –ni tienen profesión ni vocación de saqueo-, sino que son hombres y mujeres que ven la posibilidad de llevarse algo que les costaría demasiado o que no llegarían a obtener por el conjunto de reglas que les ofrece el mercado. En estos sucesos, los saqueadores no fueron el “instrumento” de punteros interesados en erosionar a algún intendente o gobernador, aunque con el conflicto en desarrollo hayan intervenido pequeños grupos para provocar zozobra. La lógica de acción primera no fue la desestabilización, sino que ella podía provenir de la multiplicación de rebeliones policiales y saqueos.
Muchos de los saqueadores participaron en las últimas elecciones, la mayoría habrá votado por los oficialismos, por oficialismos provinciales que poco hicieron para colmar sus expectativas de bienestar.
VI.
En estos días han empezado a “descomprimirse” los conflictos con las policías y se ha evitado el saqueo en varias provincias con negociaciones salariales y con la ayuda, fundamental de las fuerzas de seguridad federales (Gendarmería y Prefectura). El panorama que deja la insubordinación policial a la clase política abre la necesidad de repensar el rol de las policías ya que esto no se ha realizado desde la recuperación de la democracia hace 30 años. Es una de las cuentas pendientes de esta democracia. También queda por observar si el Gobierno Nacional presionará a diversos gobernadores para reducir las brechas de desigualdad social o si estos gobernadores tendrán que decidirse –viendo el panorama que dejaron estos conflictos- por el establecimiento de políticas impositivas que transfieran ingresos de los sectores que han obtenido importantes rentabilidades hacia los sectores populares.
Todas estas cuestiones han de conformar parte de las preocupaciones de un kirchnerismo que busca relegitimarse y ampliar su adhesion electoral para continuar en el poder más allá del 2015. Lo territorial vuelve a estar muy presente –como siempre- en la política nacional.
Publicado en TeleSurTv
Fecha: 14/12/2013
