Los calendarios políticos pueden tener sobresaltos de diverso tipo, pero usualmente el año previo a una elección presidencial el Poder Ejecutivo –si busca la reelección del presidente, como es el caso– intenta calibrar de mejor forma todos los recursos políticos con los que va a contar el año que viene: a) a contramano de su discurso antiestatista, Bolsonaro ha dejado entrever que su intención es ampliar el plazo del Auxilio Emergencial y modificar el Programa Bolsa Familia, incrementando de 14,7 millones a 17 millones los beneficiarios; b) movilización territorial de los núcleos propios que le han quedado: capilaridad de los pastores evangélicos, amedrentamiento de dimensión local de las policías militares (y sus contiguas “milicias”) y uso de las redes político-clientelares de intereses sectoriales que se han empoderado en los últimos años, como el agronegocio; finalmente, c) continúa desorganizando el sistema político institucional, apostando al conflicto entre poderes, los bloqueos decisorios, la compra de votos en el Congreso, o presiones sobre el Supremo Tribunal Electoral (abriendo discusiones distractivas, como el voto impreso), de forma tal que el “escenario electoral” permita repetir una transgresión de las reglas (sostenida ilegalidad, como en 2018) que vuelva competitiva la candidatura de quien, desde el último mes hacia acá, ya combina una caída notoria en la imagen de su Gobierno, en su imagen personal y ya se ubica segundo en las preferencias ciudadanas para presidente en 2022, detrás de Lula.
Alianzas sociales, coaliciones partidarias, bloques parlamentarios
La situación de crisis social y sanitaria en Brasil es por demás grave. Brasil ya pasó los 500 mil muertos, está en un promedio de muertes diarias –2000 aproximadamente, sostenido hace varias semanas–, entrando en una tercera ola cuyas consecuencias aún no pueden preverse porque si bien hay un proceso de vacunación en marcha (39 % de la población, con primera dosis), empiezan a aparecer registros cada vez más claros de un fuerte aumento de la desigualdad social, que termina impactando precisamente en los números de la pandemia. El 10 % de los ingresos medios que han caído en los hogares brasileños en estos meses –más allá del repunte del PBI– está en directa relación con la situación de los pobres hoy, que son los que sufren aún más los empleos indirectos de los casi 15 millones de desempleados que hay actualmente. El panorama es más desalentador que esas 14,5 millones de familias que hoy viven en la miseria: sucede que son esos segmentos sociales los que terminan movilizándose de forma desesperada en búsqueda de alguna forma de sobrevivencia, por lo que se contagian y mueren. Por ejemplo, en San Pablo, según datos de la OIT y UNESCO, la pandemia llevó a un aumento del 26 % del trabajo infantil. Esto lo señalan varios especialistas en la materia: Brasil está por atravesar su peor punto de crisis social.
La población de Brasil constituye el 3 % de la población mundial, y hoy representa 1/4 de los fallecidos del planeta por COVID-19. Es en este contexto que las movilizaciones del sábado 19 de junio adquieren una significación especial: por la variedad de participantes –hubo 427 actos en 366 ciudades del país, en las 27 capitales; superando en números la convocatoria anterior, del 29 de mayo–, por la diversidad de las consignas, y por el tipo de articulaciones logradas, es que puede afirmarse que hay elementos de semejanza con otras que están ocurriendo en la región latinoamericana desde 2019, mezclas de desesperación, desahogo, rabia y hastío, pero que por detrás presentan cierta organización.
Hay una campaña llamada “Fuera Bolsonaro” que coordina articulaciones entre frentes políticos y sociales: Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, Coalición Negra por Derechos, donde se congregan entidades diversas como MTST, CMP, Uneafro Brasil; centrales sindicales: CUT, Força Sindical, UGT, CTB, CSB, MST, y donde también participan partidos políticos, como el PT, PSOL, PCdoB, PCB, UP, PCO, PSTU. Esta campaña va ganando alcance y legitimidad como orientación de los comportamientos opositores. Incluso movimientos de un posicionamiento ideológico bien diferente, como Movimento Acredito, o los mismos MBL y VPR (que apoyaron en su momento a Bolsonaro y hoy son opositores) y otros partidos políticos que no convocaron a las movilizaciones de este sábado 19, como PSB, PDT o Rede de Sustentabilidad, pero que manifestaron su acompañamiento a la necesidad de un protagonismo, comienzan a observar los tiempos y convocatorias de esta alianza social.
Este plano puede impactar favorablemente –será cuestión de ver las modalidades y los interlocutores que vayan acercando las posiciones– en la consolidación de una coalición político-partidaria de oposición. Ocupadas las calles, la tarea de su traducción institucionalizada puede llevar un tiempo. Hay dos elementos a favor para que este tránsito pueda realizarse con relativa premura. Por un lado, el reingreso de Lula a la competencia organizó las preferencias del sector de izquierda/centro-izquierda de este campo opositor hacia arriba: para este sector, queda claro que es el nombre para presidente; donde eventualmente se pueden abrir algunos desencuentros en función de las candidaturas estaduales –por ejemplo, los cruces entre F. Haddad y G. Boulos por la Gobernación de San Pablo–. Pero Lula ordena, y también tracciona sectores conservadores, como R. Maia y R. Calheiros. Por otro lado, los recientes traspasos de figuras políticas de gravitación nacional, como el diputado M. Freixo (ex-PSOL) o el gobernador F. Dino (ex-PCdoB) hacia el PSB (Partido Socialista Brasileño), pueden estar significando una orientación de este partido hacia el “polo Lulista” (quizás para componer la fórmula presidencial) con lo que la oferta opositora gana una nada despreciable retaguardia institucional-territorial, clava para contornar las diversas apuestas prebendísticas que patrocinará el bolsonarismo durante la campaña.
Si las alianzas sociales, por un lado, y las coaliciones partidarias, por el otro, avanzan, ya no sea a dos tiempos, quien también debería hacerlo es el “bloque parlamentario opositor”, ese que posibilite el impeachment (juicio político) de Jair Bolsonaro. La Comisión Parlamentaria de Investigaciones (instalada desde el Senado estos meses) está exhibiendo a las claras la enorme responsabilidad del presidente en el atroz número de fallecidos por COVID-19; desde la demora en comenzar con el proceso de (producción y) vacunación, apostando por remedios sin comprobación científica, como la permanente negación del problema y su gravedad: hace pocos días, en su reconocidas “lives” aseguró que “es mejor contagiarse que vacunarse”. Hay más de cien pedidos de juicio político en su contra, con diversas imputaciones –todas debidamente justificadas– repitiéndose “agravamiento de crisis sanitaria”, “omisiones sanitarias”, “desprecio por la protección de la salud”, “improbidad administrativa”, “interferencia sobre la Policía Federal”, “riesgo para el mantenimiento del orden democrático”, “delito de responsabilidad ante los art. 4, 9, 10, 11 de la Ley 1079/1950 (de Juicio Político)”, entre tantos otros motivos.
Hay presentaciones de diversas organizaciones, del más variado color y actuación en la vida civil brasileña: artistas, intelectuales y mediadores socioculturales en general vienen también participando de las presentaciones de los pedidos, con diferentes intervenciones. Las audiciones de esta CPI (que también han provisto de informaciones susceptibles de convertirse en pericias penales, o para el potencial juicio político), no hacen más que exponer las barbaridades de Bolsonaro. Sin embargo, adentro del Congreso, Arthur Lira –presidente de la Cámara de Diputados, quien debe dar aceptación a por lo menos alguno de estos expedientes, de los 121 presentados– por ahora le asegura el freno al asunto. En ese sentido, el bloque parlamentario de oposición es el menos fuerte; habrá que ver qué sucederá en su interacción con las alianzas sociales y las coaliciones partidarias durante los próximos meses.
