Si bien la “era” Bolsonaro apenas lleva casi ocho meses, ya ha fijado una impronta que difícilmente se revierta o se modere de no mediar una contundente resistencia al autoritarismo, a la entrega de recursos y soberanía, al antiiluminismo y al retroceso vertiginoso en materia de derechos.
Jair Bolsonaro gobierna para la porción de la población que comparte con él sus valores reaccionarios y meritocráticos; todo lo que no se adecúe a ellos automáticamente pasa a constituir el campo “enemigo”, en el que entran desde profesores universitarios hasta indígenas. La descalificación, la agresión verbal y hasta la persecución permanente contra las personas y colectivos que alzan una voz disidente está a la orden del día, poniendo cada vez más en evidencia que el quiebre de la institucionalidad coronado tras el impeachment a Dilma Rousseff se ha profundizado hasta niveles no vistos desde la última dictadura militar, de la cual Bolsonaro es heredero.
En este contexto la resistencia no es sencilla y, dada la magnitud de las transformaciones operadas por el Gobierno, siempre dejan gusto a poco. Sin embargo, ¿cómo se hace para poner freno a la regresión cuando las instituciones encargadas de impartir justicia son exactamente las mismas que, por acción u omisión, permitieron el quiebre de la legalidad en 2016? ¿De qué modo se puede expresar el descontento cuando el presidente amenaza abiertamente el disenso y las fuerzas de seguridad tienen un alineamiento inquebrantable con su vocación militarista y represiva? Finalmente, ¿cómo se estructura un frente de lucha por la democracia -y, dentro de él, un armado opositor consolidado y unido- cuando aun permanece el desconcierto por el accionar gubernamental, por la derrota en las últimas elecciones y el encarcelamiento del principal líder progresista?
El desafío es mayúsculo; pero lo es también todo lo que está en juego. Por ello las resistencias comenzaron a cobrar impulso desde, prácticamente, el día en que el nuevo Gobierno -continuador del encabezado por el ilegítimo Michel Temer- entró en funciones. Así, a medida que desciende la aprobación al Gobierno (el 38% de la población cree que es “malo o muy malo”, frente a un 33% que lo considera “bueno o muy bueno”), las acciones de protesta se incrementan[1]. Por ahora, los grandes protagonistas en las calles son las mujeres, los miembros de la comunidad educativa y los trabajadores.
Mujeres en pie de lucha
No debe olvidarse que fue la estridente voz de las mujeres la que coronó el cierre de la campaña electoral en 2018 en la primera vuelta. EleNao (Él no), fue la consigna bajo la cual se congregaron cientos de miles de mujeres -también hombres- sobre todo en las principales ciudades del país para manifestar su rechazo a la candidatura de Bolsonaro. En simultáneo se convocaron manifestaciones en otras ciudades del mundo para solidarizarse con el movimiento en Brasil. Esa internacionalización del No a Bolsonaro también incluyó muestras de apoyo por parte de artistas e intelectuales internacionales. Sin embargo, pese a la contundencia del rechazo en las calles y en las redes, el 28% de intención de voto que Bolsonaro tenía por ese entonces fue creciendo hasta ganar el balotaje y derrotar al candidato progresista, Fernando Haddad.
Sin embargo, las mujeres han vuelto a plantar cara al Gobierno. Esta vez, con un claro componente negro, indígena y campesino, más de cien mil mujeres marcharon frente a la Explanada de los Ministerios en Brasilia los días 13 y 14 de agosto. En esos días se dieron la Primer Marcha de las Mujeres Indígenas[2] y la Marcha de las Margaritas[3], que aglutina, además de las mujeres indígenas, a mujeres campesinas, pescadoras y “quilombolas”, entre otras. Sus preocupaciones y demandas fueron la autonomía de la mujer sobre su cuerpo, el fin de la violencia institucional y machista, el respeto a las tierras indígenas y el medioambiente, y el rechazo a la reforma jubilatoria.
Contra la reforma jubilatoria, en las calles y en el recinto
El 14 de agosto distintos sindicatos convocaron a una huelga general contra la reforma da Previdencia, el proyecto de Ley obtuvo por 379 votos a favor y 131 en contra en la primera votación realizada a fines de julio, y 370 votos a favor, 124 en contra y una abstención en segunda instancia. De esta manera superó el mínimo de tres quintos (308 votos) necesarios para las reformas de carácter constitucional y fue elevada a la Cámara de Senadores, donde será nuevamente sometida a una doble votación y requiere, al menos, el voto de 49 de los 81 senadores para su aprobación.
El proyecto de reforma previsional se propone redefinir la edad jubilatoria -que pasaría a 62 años para las mujeres y 65 para los varones- y aumentar los montos de las contribuciones sociales personales. Cabe destacar que el rechazo unánime solo provino de las bancadas del PT (54), del Partido Comunista (8) y del Partido Socialismo y Libertad (10) -al cual adscribía Marielle Franco-. Dentro de la centro-izquierda, ocho (de los 27) diputados del Partido Democrático Laborista, once (de los 32) referentes del Partido Socialista y dos del Partido Verde votaron contra la reforma.
La comunidad educativa sale del aula
El sector estudiantil fue uno de los que salió masivamente a las calles el 13 de agosto, tal como lo habían hecho el 15 y 30 de mayo en más de 150 ciudades de los 26 estados y en el Distrito Federal. En aquella oportunidad Bolsonaro se refirió a los manifestantes como “idiotas útiles”, entre otros improperios. La presión desde las calles –que volvió a tomar fuerza desde el 2013 y que fue adquiriendo diferentes signos políticos- ahora vuelve a ser eje de las protestas sindicales y estudiantiles, con la confluencia de ambos sectores en oposición al Gobierno de Bolsonaro.
Las manifestaciones de agosto fueron convocadas por organizaciones estudiantiles como la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) y la Unión Brasileña de Estudiantes Secundarios (Ubes), autodenominadas como el tercer tsunami educativo y viralizadas en redes sociales bajo el hashtag #Tsunami13Agosto y #TsunamiDaEducação. Los estudiantes se manifestaron contra el recorte en la educación y el programa Future-se, proyecto que tiene como objetivo atraer inversiones privadas hacia las instituciones públicas y regular la participación de las organizaciones sociales en la gestión.
¿Resistencia desde el Nordeste?
Bolsonaro no obtuvo buenos resultados electorales en el Nordeste, hecho que lo ha predispuesto mal en su relación con los gobernadores y los nordestinos en general, considerados por el pensamiento reaccionario del que el presidente es exponente, como el prototipo de región y población a prescindir: negros, vagos y, ahora, “rojos”. Así, era esperable que las relaciones entre el presidente y los gobernadores nordestinos se fueran deteriorando con el correr de los meses: Bolsonaro ha llamado al gobernador de Maranhao, Flávio Dino (del Partido Comunista del Brasil), de “el peor”, habló de implementar “represalias” contra los mandatarios regionales, los acusó de querer dividir al país y también los llamó “gobernadores de paraíba”[4], término utilizado en algunas regiones para referirse de forma peyorativa a los nordestinos.
“Lo que yo quiero de esos gobernadores: no voy a negar nada a esos estados, pero si ellos quieren que todo eso sea considerado, van a tener que decir que están trabajando junto al presidente Jair Bolsonaro. Caso contrario, yo no voy a tener conversaciones con ellos, vamos a publicitar las obras junto a las prefecturas” (Jair Bolsonaro, Sobradinho, Bahía, 5/8/19)[5]
Si bien ya estaba planificada desde hacía meses, la conformación del Consorcio Nordeste a finales del pasado mes de julio, una autoiniciativa para estimular el desarrollo de la región que está integrada por nueve gobernadores, ha adquirido una nueva impronta política tras los exabruptos del representante del Gobierno federal. Algunos analistas ven en este hecho el germen de un posible articulado político de oposición de peso al Gobierno, de cara a las elecciones municipales de 2020 y las generales de 2022.
El Amazonas en llamas
Desde la campaña de 2018, dos de las promesas del entonces potencial Gobierno de Jair Bolsonaro anticipaban un claro cambio en la agenda ambiental: la fusión del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente -ambos con intereses antagónicos- y la apertura de las reservas indígenas protegidas por la Constitución nacional a la explotación forestal y minera. Si bien no logró fusionar ambos ministerios, una de sus primeras medidas fue el cese de la demarcación de tierras indígenas y el traslado de esa responsabilidad al Ministerio de Agricultura. En enero de 2019, el Ministerio de Medio Ambiente erradicó el Departamento de Bosques y la Lucha contra la Deforestación, que estaba vinculado a la Secretaría de Cambio Climático y Bosques, la cual posteriormente también fue cerrada. Asimismo, el Gobierno amenazó con desmantelar áreas protegidas, reducir el Consejo Nacional de Medio Ambiente y eliminar el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad.
En paralelo, y como correlato de la política oficial para la agricultura y la minería, desde enero se han producido más de 72.000 incendios en lo que es una catástrofe ambiental sin precedentes. Lejos de mostrar preocupación, el presidente bromeó: «Me solían llamar capitán Motosierra y ahora soy Nerón incendiando el Amazonas»[6].
En el ámbito nacional, en el mes de mayo todos los exministros de Ambiente de Brasil desde el retorno de la democracia a la fecha alertaron desde São Paulo sobre el riesgo ambiental. El grupo define la política del Ejecutivo como una “política sistemática, constante y deliberada para desmontar las políticas medioambientales” implementadas desde principios de los noventa. El hecho es tan crítico que incluso ofició de unidad por sobre las diferencias ideológicas de los exministros[7].
Por su parte, los gobiernos subnacionales han encabezado algunas iniciativas. 9 de los 27 estados han presentado una solicitada bajo el Consorcio Interestatal de Desarrollo Sostenido de la Amazonia Legal, cuyo objetivo es el diálogo directo con Noruega y Alemania que integran (y financian) el Fondo Amazonia y suspendieron sus aportes en repudio a las políticas antiambientales del Gobierno nacional. Otro ejemplo del liderazgo de los gobiernos locales en asuntos climáticos fue la postura de la ciudad de Salvador de Bahía luego de la cancelación de la “Semana Latinoamericana y del Caribe sobre el Cambio Climático”. Proactivamente, la ciudad asumió una postura contraria a la cancelación, llevando adelante el encuentro este mes. En vista de la confirmación de Salvador, el Gobierno nacional cambió su posición y apoyó el evento. La reunión fue organizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y es uno de los eventos preparatorios para la Conferencia Climática (COP25), que se celebrará en diciembre de este año en Chile. Mientras que la COP25 está dirigida a negociar entre los jefes de Estado, la Semana del Clima se enfoca en entidades subnacionales.
En la órbita internacional, en diciembre de 2015 se celebró el histórico Acuerdo de París sobre el cambio climático, y Brasil se comprometió entonces a adoptar metas nacionales para enfrentar el cambio climático mediante la disminución de gases de efecto invernadero. Sin embargo, cuando se negoció el Acuerdo de París, Brasil tenía un destacado papel de liderazgo y la voluntad política para crear una buena gobernanza climática, mientras que este año el Gobierno anunció un recorte del 95% en el presupuesto para acciones para combatir el cambio climático. La inaudita respuesta de Brasil sólo tiene como antecedente la postura de Donald Trump en EE. UU. La displicencia con que Bolsonaro ha asumido la cuestión contrasta, incluso, con la tradicional posición de los militares sobre el asunto: en ese sentido, quizás sea este tema el que lo termine aislando al presidente incluso entre sus propios seguidores.
Reflexiones finales
Ante esta situación de deterioro institucional, social y ambiental, las calles se han vuelto el espacio de unidad de la resistencia; sin embargo, y a pesar de los intentos de la oposición progresista al Gobierno por dar pelea en el Congreso, la falta de alianzas hace que no se logre articular una oposición capaz de frenar las iniciativas legislativas y ejecutivas antiderechos. En este sentido, el gobierno de Bolsonaro ha utilizado hábilmente las enmiendas parlamentarias, las cuales constituyen miles de millones de reales en concepto de fondos para el manejo discrecional de los diputados. Esto explica la falta de disciplina parlamentaria de algunas de las bancadas de centro-izquierda.
Sin embargo, las experiencias son variopintas y algunas resistencias legislativas fueron exitosas a la hora de impedir por ejemplo la ampliación del número de autoridades con potestad de clasificar documentos como secretos, derogar el Decreto sobre la liberalización de las armas de fuego y el proyecto que buscaba transferir la competencia de la FUNAI (Fundación Nacional de Indio) del Ministerio de Justicia al Ministerio de Agricultura (dominado por ruralistas). Estos ejemplos demuestran que la mayoría parlamentaria del Ejecutivo no es lo suficientemente sólida y no está siempre dispuesta a aceptar las disparatadas propuestas del Ejecutivo.
De acuerdo a lo antedicho, la falta de alianzas sólidas y la consolidación de un plan de acción unificado entre las bancadas opositoras junto a los actores sociales emergentes se vuelven imprescindibles. En términos más generales, desde el impeachment a Dilma Rousseff en adelante, pasando por el encarcelamiento de Lula y con la hostilidad manifiesta para con la cultura de izquierda en particular por parte de Bolsonaro y sus seguidores, el campo progresista ha quedado afectado en términos de poder contar con un liderazgo claro y con un plan de acción definido, lo que le permite a los distintos conglomerados de la derecha aprovechar las fisuras e imponer agenda. La principal enseñanza que deja la resistencia en las calles es la necesidad de construir una unidad plurisectorial “por arriba” -tal como en las calles ocurre “por abajo”- para contrarrestar las embestidas reaccionarias del Gobierno actual.
[1] https://www.poder360.com.br/pesquisas/governo-bolsonaro-e-desaprovado-por-38-aprovacao-e-de-33/
[2] http://www.generonumero.media/marcha-mulheres-indigenas/
[3] https://theintercept.com/2019/08/14/mulheres-da-marcha-das-margaridas/
[4] https://veja.abril.com.br/politica/em-carta-governadores-do-nordeste-cobram-bolsonaro-apos-fala-sobre-regiao/
[5] https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2019/08/05/bolsonaro-condiciona-verba-ao-nordeste-a-reconhecimento-de-governadores.htm
[6] https://www.metropoles.com/brasil/politica-br/amazonia-bolsonaro-diz-que-passou-de-capitao-motosserra-a-nero
[7] https://elpais.com/sociedad/2019/05/08/actualidad/1557339923_104919.html
