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20 octubre, 2018

El 11 y 12 de octubre se llevó a cabo en Washington la II Conferencia para la Prosperidad y Seguridad en Centroamérica. El evento, copresidido por los gobiernos de Estados Unidos (EE. UU.) y México, contó con la asistencia de los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, y Honduras, Juan Orlando Hernández, y los vicepresidentes de EE. UU., Mike Pence, y El Salvador, Oscar Ortiz. Participaron también el canciller y el secretario de gobernación mexicanos, junto con los secretarios de Estado y de Seguridad Interior de EE. UU. Se sumaron varios representantes de los sectores privados estadounidense y latinoamericano, socios internacionales (Canadá), agencias de cooperación mexicanas y estadounidenses, e instituciones financieras como el Banco Interamericano de Desarrollo. Se le dio centralidad al ‘desarrollo’, que implica (en un marco neoliberal que define hace décadas las relaciones de EE. UU. con Centroamérica) mejorar la competitividad y la inversión del sector privado, avanzar hacia una migración “segura, ordenada y regular” (asunto de mayor preocupación para la gestión de Donald Trump) y fortalecer las capacidades para mejorar la ‘seguridad’ (concepto siempre ambiguo y condicionado por la agenda estadounidense).[1]

El Triángulo Norte de Centroamérica en contexto

Es curioso que en las últimas semanas se haya pasado por alto varios acontecimientos importantes que suceden en la región. El pasado 13 partió una caravana desde Honduras rumbo a EE. UU. reclamando soluciones a la situación de pobreza y la violencia. Al mismo tiempo, el pueblo salvadoreño se congregó y celebró la canonización del ‘Santo de las Américas’, Monseñor Romero, asesinado a manos de Roberto d’Aubuisson –fundador de ARENA- en 1980, mientras que en Guatemala la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, fue condenada por corrupción en el caso ‘Lago de Amatitlán’.[2]

Estos eventos coyunturales se desarrollan en medio de un duro panorama estructural. El Triángulo Norte de Centroamérica apenas sobrevive a la violencia estatal y criminal. La población empobrecida, rondó entre el 38,2% en El Salvador y el 65,7% en Honduras durante el 2017.[3] Centroamérica ha sido clasificada como la región más desigual de América Latina[4], con una tasa de impunidad de entre el 90% y 85%,[5] mientras que la criminalidad y la violencia convirtieron a esta región en un referente internacional por haber alcanzado tasas pandémicas de homicidios. A esto se suma el golpe de Estado a Manuel Zelaya (primero de la sucesión de ‘golpes blandos’ del Siglo XXI) que allanó el camino para una mayor presencia estadounidense en la región, incluida la presencia militar.[6]

Estas condiciones están íntimamente relacionadas con la concentración de riqueza, así como la intervención estadounidense en el apoyo a las élites político-económicas regionales y en la implementación de políticas de mano dura. Las Doctrinas de Seguridad Nacional para acabar con la ‘insurgencia’ fueron secundadas, luego de los Acuerdos de Paz, por el Proyecto Mesoamérica, el Plan Puebla Panamá y la Iniciativa Regional para la Seguridad Centroamericana (CARSI), todos enmarcados en la ‘guerra contra las drogas’ que garantiza importantes intereses geopolíticos y geoeconómicos[7]. La Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, propuesta por Barack Obama en 2015, se inscribe en esta misma línea. La ‘ayuda para el desarrollo’ pautada por estos planes y programas se ha combinado con lineamientos para la seguridad que han conducido a la militarización del Triángulo Norte, afectando directamente la vida cotidiana y limitando severamente la acción de movimientos políticos y sociales que luchan contra las políticas de despojo estatales o privadas.

¿’Seguridad’ como condición para la ‘prosperidad’?

En la primera conferencia, celebrada en junio de 2017 en Miami, los representantes estadounidenses dejaron en evidencia que cuando hablan de ‘seguridad’ se refieren a la seguridad de EE. UU. Es desde ese lugar que se definen las amenazas (el tráfico de drogas y la migración ilegal) y el modo de contrarrestarlas: aumentar la inversión del sector privado para crear empleo y oportunidades económicas en la región.[8] Receta que no sólo no ha dado resultados, sino que ha empeorado la situación económica y política de la región.

En la reciente conferencia se retomaron los ejes que dieron origen a la Alianza para la Prosperidad: energía, facilitación comercial y desarrollo social. Tómese nota de que lo principal es la energía y no el desarrollo social. Esto es una muestra clara de que los intereses que priman son los de EE. UU. que, desde el Plan Puebla-Panamá, presiona por una ‘integración energética’. Se suman a esto objetivos como el de mejorar la gestión en las fronteras (aumentar el control migratorio), prevenir enfermedades infecciosas, procurar buenas prácticas educativas, lograr el ‘mejoramiento’ de semillas, generar de cadenas de valor, ampliar la seguridad alimentaria y acabar con la desnutrición crónica.[9] Todos objetivos que se vienen planteando desde hace décadas, sin ninguna agenda y compromiso real para su cumplimiento.

Un dato importante es que los países centroamericanos cuestionaron la política de ‘tolerancia cero’ con los migrantes impulsada por EE. UU. En el caso de Honduras, frente al reciente huracán Michael, alarma la posibilidad de que se anule el TPS (Estatuto de Protección Temporal), lo que provocaría el retorno de cientos de personas a zonas de alerta roja –fue precisamente después del huracán Mitch, en 1998, cuando que EE. UU. otorgó el TPS a casi 100.000 hondureños. El vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, también exigió respuestas a la situación de los beneficiarios salvadoreños del TPS que tendrán que regresar a su país al terminar su permiso. [10]

El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, relució por su subordinación al Gobierno del Norte. Celebró que Guatemala siga siendo el socio más importante para EE. UU. en la lucha contra el narcotráfico y resaltó que se vienen realizando operaciones conjuntas con Colombia, México y Estados Unidos “para que las 400 millas náuticas en el Pacífico en Guatemala se conviertan en un lugar imposible para quienes intentan transportar drogas”. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, destacó que serán enviados más funcionarios de seguridad de los países centroamericanos al Joint Border Intelligence Group, “que nos permitirá compartir información sobre la aplicación de la ley, lo que evitará que los delincuentes crucen nuestras fronteras para escapar de la justicia”.[11]

Los mandatarios centroamericanos reclamaron un aumento de la ‘ayuda para el desarrollo’ y mayor apoyo estadounidense para luchar contra el crimen y reducir la emigración. Jimmy Morales solicitó una línea de crédito de 15.000 millones de dólares para infraestructuras del Banco Mundial (BM) o del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Juan Orlando Hernández subrayó que EE. UU. debería habilitar un presupuesto acorde a las exigencia de seguridad que plantea.[12] Debe recordarse que, hasta el momento:

EE. UU. han comprometido 2,6 mil millones en asistencia extranjera en América Central durante los años fiscales 2015-2018.[13]
La administración de Trump propuso 460 millones de dólares en asistencia el año pasado, un 30% menos de lo que el Congreso aprobó en 2016 bajo la Presidencia de Barack Obama.[14]
Los gobiernos del Triángulo Norte invirtieron juntos un total de 8,6 mil millones de dólares 2016 a 2018 en la Alianza para la Prosperidad. [15]
Hasta ahora, al igual que con el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, son los estados latinoamericanos los que más invierten para llevar a cabo los planes de seguridad postulados desde EE. UU.

El hecho es que la ‘ayuda para el desarrollo’ y la ‘prosperidad’ está condicionada a la ‘seguridad’ –repitiendo un esquema que data al menos de la década de los ’60 y que articula doctrinas de seguridad interna con planes de asistencia como la Alianza para el Progreso[16].

En Washington, Pence aseguró que su país está más comprometido que nunca con Centroamérica, pero aumentará la ayuda sólo en caso de que se note un mayor esfuerzo de parte del Triángulo Norte y México, en el combate a la inmigración irregular, aclarando que si los migrantes no cuentan con las condiciones para ingresar legalmente a EE. UU., es mejor que se abstengan de llegar a la frontera.[17] En la misma línea, Trump advirtió que cortará ‘inmediatamente’ la cooperación a Tegucigalpa si el Gobierno hondureño no pone fin a la “gran caravana de personas que se dirige a EE. UU.”[18]

Conclusiones

Tal y como otros esquemas de seguridad, la II Conferencia de Prosperidad y Seguridad en Centroamérica subsume las urgentes necesidades socioeconómicas a la seguridad de EE. UU. El hecho es que las indignas condiciones de vida de buena parte de la población del Triángulo Norte van de la mano, justamente, con las medidas de corte neoliberal que priman en la región desde los Acuerdos de Paz. Lo importante es garantizar el bienestar del mercado, como lo refleja el orden de prioridades de la Conferencia: los primeros ejes son la energía y facilitación comercial. La seguridad, en este sentido, pareciera resguardar la ‘prosperidad’ económica en una región que apenas sobrevive al flagelo del crimen organizado, el narcotráfico, la violencia estatal y economías primarizadas o tercerizadas de libre mercado[19].

Más allá de los intereses de EE. UU., el panorama en la región podría cambiar. Los lineamientos del entrante Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México podrían incidir significativamente en los esquemas de cooperación trilateral planteados. También se esperan modificaciones importantes en relación con la Administración de Peña Nieto, que realizaba el ‘trabajo sucio’ de EE. UU. en la frontera Sur del país, a lo que se suma el planteamiento de una política antinarcóticos no centrada en la militarización. Por otro lado, las tensiones políticas que se puedan generar alrededor de la caravana de migrantes que atraviesan Guatemala en este momento, aún están por verse. La amenaza de Trump es directa al presidente Hernández, mientras que el fondo de la discusión -como el derecho a no migrar y la urgente necesidad de refundar el Estado para garantizar el bienestar socioeconómico de las mayorías- brilla por su ausencia en la Alianza para la Prosperidad ¿de quiénes?

[1] https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-estados-unidos-co-presidien-la-ii-conferencia-sobre-prosperidad-y-seguridad-en-centroamerica

[2] https://elfaro.net/es/201810/centroamerica/22537/Cicig-y-Fiscal%C3%ADa-logran-condena-de-15-a%C3%B1os-de-c%C3%A1rcel-contra-exvicepresidenta-de-Guatemala.htm

[3] https://www.estadisticascentroamerica.estadonacion.or.cr/

[4]https://www.ieepp.org/boletines/mirador-de-seguridad/2016/Marzo/7-seguridad-y-desigualdad-desafios-de-centroamerica/

[5]:https://www.ieepp.org/boletines/mirador-de-seguridad/2016/Marzo/7-seguridad-y-desigualdad-desafios-de-centroamerica/

[6]https://www.celag.org/golpes-siglo-xxi-nuevas-estrategias-para-viejos-propositos-los-casos-de-honduras-paraguay-brasil-por-sabrina-flax-silvina-romano-y-camila-vollenweider/

[7] González, B. (2013) La Reconfiguración de Mesoamérica. Una aproximación teórica. Costa Rica: EUNA; Heredia.

[8] https://sv.usembassy.gov/es/compromisos-claves-de-la-la-conferencia-del-triangulo-norte-sobre-prosperidad-y-seguridad-en-america-central/

[9] https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-estados-unidos-co-presidien-la-ii-conferencia-sobre-prosperidad-y-seguridad-en-centroamerica

[10] https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/10/286571.htm

[11] https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/10/286571.htm

[12] https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/10/286571.htm