A menos de un año de las elecciones el país sigue transitando un escenario de profundo malestar social, conflicto y falta de diálogo.

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  • El pasado 20 de julio arrancó el último año del cuatrienio en el Congreso colombiano, y este 7 de agosto la cuenta regresiva para el Gobierno. Faltan 365 días para el cambio de Gobierno, un tiempo marcado por el proceso electoral parlamentario y presidencial. El 11 de marzo de 2022 se elegirá un nuevo Congreso, y el 29 de mayo será la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El tiempo político restante se desarrollará en clima electoral y en un ambiente altamente polarizado.

  • Los próximos seis meses son definitivos para la coalición de derecha que apoya a Iván Duque, en especial para el Centro Democrático (el partido de Uribe) y el Partido Conservador, junto a los menores MIRA y Colombia Justa Libres. Una coalición con altibajos que se vio estabilizada tras la crisis de las movilizaciones de finales de 2019, sumando a Cambio Radical (liderado por Vargas Lleras) y al Partido de la U (parte del santismo). La pretensión de la coalición es usar la agenda legislativa para revertir el peor momento político de su gestión con miras a la disputa electoral. Las encuestas Celag y Datexto publicadas en junio muestran la desaprobación del gobierno superior al 76 %, y que las mayorías (75 %) simpatizan con las demandas expresadas en las protestas iniciadas en abril.

  • La tarea del impulso de la agenda legislativa oficialista en el Congreso, estará a cargo del nuevo presidente del Senado, Juan Diego Gómez (Partido Conservador), y de la nueva presidenta en la Cámara Baja, Jennifer Arias (Centro Democrático), ambos congresistas de bajo perfil y con serios cuestionamientos por sus vínculos familiares o políticos con personas condenadas por paramilitarismo.

  • Los principales proyectos de Ley que pretende aprobar el Gobierno son una agridulce respuesta a las demandas expresadas en las calles. De un lado reconocen, en parte, el error del proyecto del paquetazo tributario que provocó la protesta, de otro, pretenden ratificar la respuesta autoritaria y punitiva a las demandas sociales. El Gobierno envía en estas fechas al Congreso los siguientes proyectos de Ley:

    1. Reforma Tributaria: impacta a las empresas y al sector financiero, y pretende recaudar 15 billones de pesos (US $ 4 mil millones). Sube el impuesto a la renta para las empresas (pasa del 30 al 35 %); amplia la sobretasa al sector financiero en 3 puntos, impone controles para la evasión, y desestima ampliar la deuda pública estatal.

    2. Ley antivandalismo: Promueve cambios en el Código Penal para determinar nuevos tipos penales, orientados a penar la participación de la ciudadanía en las protestas con penas más severas e impedir determinadas formas de protesta.

    3. Reforma a la Policía Nacional: Un proyecto con la intención de fortalecer el marco jurídico que favorece a los integrantes de la fuerza pública en su actuación violenta en las protestas sociales, regulando el uso de armas no letales y un estatuto disciplinario en favor de la Policía. No incluye las recomendaciones del informe de la CIDH que sugieren trasladar la Policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior.

    4. Ley estatutaria para reglamentar la protesta social: El Gobierno insistirá en un proyecto que presentó en el 2020, que pretende “establecer reglas claras para la movilización en Colombia”. Esto sería limitar los bloqueos de carreteras y calles, y ampliar las sanciones a quienes protesten con esos métodos.

  • La oposición (integrada por la Alianza Verde, el Polo Democrático, la Unión Patriótica-Colombia Humana, Comunes y Mais), por su parte, presentará una agenda en conjunto con el Comité Nacional del Paro, con diez proyectos de Ley que condensan las principales demandas de los sectores movilizados.

    1. Renta básica de emergencia: El proyecto propone apoyar a 7,5 millones de personas con una renta básica, como medida permanente y contracíclica.

    2. Gratuidad de la educación superior pública: Es una demanda en contra de la privatización y financiarización de la educación. Más cupos universitarios sin costo de matrícula o aranceles.

    3. Fortalecer la red pública de salud: Pretende desmontar la privatización del sistema de salud y fortalecer el acceso y calidad en el servicio.

    4. Formalización y dignificación laboral: Un proyecto de reforma laboral, orientado a restituir derechos laborales.

    5. Garantías para el ejercicio de la protesta social: Busca la eliminación del Escuadrón móvil Antidisturbios-ESMAD, causante de la mayoría de las muertes en las protestas sociales y limitar el uso de armas no convencionales.

    6. Reforma a la Policía Nacional: El proyecto recoge las recomendaciones de la misión de la CIDH, donde se propone cambiar la formación y doctrina policial, darle un carácter civil (y no militar) a ese cuerpo de seguridad, pasar su conducción al Ministerio del Interior y enjuiciar las faltas graves y abusos policiales en la justicia ordinaria.

    7. Reforma y creación de un estatuto de la juventud

    8. Apoyo a la ruralidad: Además de exigir el cumplimiento del Acuerdo de Paz en esta materia, proponen un plan de fomento agropecuario e impedir la fumigación aérea de glifosato sobre los cultivos de uso ilícito; piden cumplir con el programa de paz orientado a la sustitución voluntaria y concertada de dichos cultivos.

    9. Congelar el salario de los altos funcionarios del Estado: La oposición pide congelar el salario de quienes ganen más de 3 mil dólares al mes, y utilizar esos recursos para generar fuentes de empleo y disminuir la brecha salarial, teniendo en cuenta que el 80 % de la población gana menos de 400 dólares al mes.

    10. Desmonte gradual del impuesto “4X1000”: Un impuesto que cobra el Estado a todas las transacciones bancarias utilizado como fondo para posibles salvatajes bancarios. Fue creado con carácter temporal en 1998.

  • Por otro lado, el 20 de julio se reactivaron las movilizaciones ciudadanas en todo el país: se dio un encuentro de las asambleas populares en Cali, marchas multitudinarias en las principales ciudades y el Gobierno se vio obligado a cancelar los tradicionales desfiles militares por la fecha patria.

  • El discurso de Duque en la apertura del último año de legislatura en el Congreso evidenció los elementos centrales de su narrativa: 1) culpar a la polarización social por los males del país, 2) a la oposición por el estallido social y 3) deslegitimar la protesta por “vandálica” y no reconocer errores propios.

  • Empezó el debate electoral. Los proyectos del Gobierno son antagónicos a los de la oposición, no hay puntos de coincidencia y los principales debates son el eco de las demandas del Paro nacional. La campaña está en la etapa de definición de listas al Congreso y de precandidaturas presidenciales. Se inician los debates en cuatro espacios políticos como se sintetiza a continuación:

    1. La extrema derecha (el uribismo) en crisis, se orienta por una narrativa más conservadora, punitiva y neoliberal. Tienen dos precandidatos: Tomas Uribe (hijo del expresidente Uribe) y Oscar Iván Zuluaga.

    2. La derecha se decanta por estigmatizar la protesta social y por ahora no ha definido aún sus candidaturas, están en búsqueda de un perfil con más experiencia en la gestión, quizás algunos de los exalcaldes de grandes ciudades: Enrique Peñaloza (Bogotá), Federico Gutiérrez (de Medellín), o Alex Char (Barranquilla).

    3. El progresismo, agrupado en el Pacto Histórico, se orienta por tomar las demandas expresadas en las calles para discutirlas en el Congreso, y están iniciando la campaña con Gustavo Petro a la cabeza, quien tiene un 30,3 % de intención de voto según la encuesta de CELAG, y 21 % según la encuesta de CNC. Se sumaron como precandidatos, la lideresa social afro Francia Márquez y el senador santista Roy Barreras.

    4. Los sectores centristas, agrupados en la Coalición de la esperanza respaldan al Comité Nacional del Paro y retoma algunas de sus demandas. Sergio Fajardo es su principal figura y precandidato con el 14, 2 % de intención de voto, según la encuesta de CELAG, y el 6 % según la encuesta de CNC, se anuncia como precandidato el senador Jorge Robledo, y el exministro santista Juan Fernando Cristo.

    5. El Partido Liberal está posicionando precandidaturas presidenciales que muy seguramente se integrarán a uno de los bloques opositores al Gobierno. Anunció su candidatura el senador liberal Luis Fernando Velasco llamando a la unidad de toda la oposición (sin exclusiones), y es posible que Alejandro Gaviria, exministro de salud de Santos, también anuncie su precandidatura en búsqueda de canalizar todo el voto moderado de la derecha y de sectores afines a la Coalición de la Esperanza.

  • Sigue en latencia el conflicto social. El escenario social sigue siendo conflictivo, el Comité Nacional del Paro continúa planteando las demandas del Pliego nacional de 104 puntos y el pliego de emergencia, mientras el Gobierno se decantó por no dialogar con ellos y buscar desarticular la protesta social con dos leyes orientadas a legalizar los abusos represivos. El descontento social seguirá marcando la agenda de los partidos y determina el escenario para el Gobierno.

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Javier Calderón Castillo

Magister en Sociología (UBA) (Colombia)

Javier Calderón Castillo es magíster en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmete cursa el Doctorado en Ciencias Sociales de la UBA. Es miembro del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, IEALC-UBA.