El próximo 24 de marzo se realizarán las elecciones provinciales, municipales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que serán clave en la reconfiguración del escenario político del Ecuador. Están en disputa la elección de 23 prefectos provinciales, 221 alcaldes cantonales, 867 concejales urbanos, 438 concejales rurales, 4.089 vocales principales de las juntas parroquiales y siete consejeros del CPCCS (con sus suplentes)[i]. Participarán ocho partidos políticos, quince movimientos nacionales, 71 movimientos provinciales, 164 movimientos cantonales, y 21 movimientos parroquiales[ii]. Todo un estallido de ofertas electorales. 279 grupos buscan gestionar, en distintos niveles de gobierno, con los partidos de derecha como eje en los principales cargos a elegir: alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca, y sus respectivas provincias (Pichincha, Guayas y Azuay).

El clima social y de esperanza con el que el país recibe esta elección no es el mejor. Tras 20 meses intentando destruir al correísmo como fuerza e imaginario popular, el Gobierno perdió la batalla de las ideas y se ha alejado de su electorado. De nada le sirvió rendirse a los poderes mediáticos: en un año la credibilidad de Lenín Moreno pasó de 60% a 22%. Esta descomposición y fragmentación política a nivel nacional hace que la disputa territorial sea aún más atomizada y clientelar. Alianza País, ya sin Rafael Correa, en poco tiempo pasó de ser el referente de la izquierda a convertirse en un gris ideológico. Un cadáver político. La ruptura nacional fractura el escenario territorial y deja el terreno abonado para una reconfiguración de un Ecuador previo a Correa, con un retorno a la dispersión política de los sectores progresistas y la unanimidad en algunos enclaves de la derecha, como Guayas y Guayaquil.

Sin embargo, en esta contienda territorial existe un proceso de tremendas consecuencias para el orden político en Ecuador. El país andino se juega mucho más que la elección de gobiernos locales; avanza, tal vez, hacia la elección más importante desde el referendo constitucional de 2008: elegirá a las y los consejeros del CPCCS, los encargados de revertir los atropellos legales de estos 12 meses o, definitivamente, refrendar el viejo orden oligárquico que Correa había extirpado. Ecuador se debate en estos dos caminos este 24 de marzo.

La batalla de fondo: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

En 2007, Correa hirió de muerte al viejo régimen político con la promulgación de una nueva constitución. Lo novedoso fue que no quiso disputar el poder con el viejo orden constituido, expresado en el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Pateó el tablero desde la Asamblea Constituyente al crear un nuevo poder que sería capaz de reinstitucionalizar el país, alejándolo de los intereses de siempre, y que a la postre se convertiría en el contrapeso al poder vigente. Para ello, la Constitución de Montecristi (2008) incluyó la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un organismo de poder social que, desde su instalación, se constituyó en el músculo que busca y garantiza superar la democracia aparente vaciada de participación que vivía Ecuador. El CPCCS, por mandato constitucional, nombra todos los órganos de control: fiscal, contralor, superintendentes, defensor de pueblo, la cúpula de la Justicia, entre otros. Antes, esta función le correspondía al Congreso y, por ende, era víctima de las componendas políticas. Así, el CPCCS se convertía en un bypass que redistribuía el poder desde la vieja partidocracia hacia la sociedad.

En ese ejercicio democrático y meritocrático, el CPCCS marginó por una década la hegemonía del viejo poder oligárquico, no intentando disputar la vieja gobernanza sino construyendo un nuevo poder –el ciudadano- y acercando a organizaciones sociales y sectores que hasta ese momento habían sido orillados de las decisiones. Con ello, el progresismo logró, desde 2008 hasta el referéndum del 2018, modificar la relación de fuerzas políticas y, por esa vía, equilibrar el poder, pues creó una mediación ciudadana para construir gobernabilidad.

Matar al CPCCS

La derecha lo sabía y Guillermo Lasso, en su campaña presidencial de 2017, prometió una consulta para recapturar las instituciones mediante el CPCCS. Moreno asaltó el orden institucional en 2018, con una consulta popular inconstitucional y cooptó el órgano que, desde 2008, había garantizado un ejercicio más ecuánime de la democracia. Moreno prometió juventud y recambio en el CPCCS pero, una vez más, incumplió sus promesas y posesionó como presidente del CPCCS transitorio a Julio César Trujillo, octogenario político conservador de viejo cuño.

Desde 2018, Trujillo se ha encargado de revertir el mecanismo de participación que se garantizaba con los concursos de mérito y oposición. Sin respetar el debido proceso, el mínimo derecho a la defensa y obviando la fase de oposición en los concursos, ha quitado y ha puesto nuevas autoridades. Así, en un manto de opacidad, el CPCCS transitorio ha viciado el proceso de mérito para deshacer el camino y habilitar la elección de las principales autoridades sin concursos claros, como obliga la Constitución. Hoy Ecuador es un país de “transitorios”. La lista de destituidos por el Consejo transitorio es larga, pero vale la pena mencionar las más importantes:

• Fiscal
• Todos los integrantes del Consejo de la Judicatura (órgano que regula la Justicia)
• Todos los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE)
• Corte Constitucional
• Superintendente de Bancos
• Superintendente de Economía Popular y Solidaria.
• Superintendente de Comunicación
• Defensor del Pueblo

El único que no ha sido removido es el contralor general, Pablo Celi, hasta hace poco mano derecha del excontralor Carlos Polit y designado de manera dudosa tras la fuga de políticos por actos de corrupción. ¿Por qué sigue ahí? Evidentemente, Celi articula el sistema de persecución mediática para acallar las voces críticas y operar la estrategia de lawfare en Ecuador.

En un año el CPCCS transitorio ha cometido una serie de irregularidades que abren paso a futuras demandas. Para ello Trujillo, en octubre de 2018, propuso una nueva consulta popular que “valide” todo lo actuado por el Consejo y que lo termine de eliminar como figura. Los barones no le dieron el visto bueno y, entre saltos y brincos, se articuló la elección de los nuevos consejeros para este marzo. Sin embargo, el propósito principal de acabar con la figura del CPCCS no está del todo abandonada. Julio Cesar Trujillo, el subrogante presidente del ente transitorio, abogó por acabar con la institución alegando múltiples inconvenientes en el pasado de ese organismo. Al parecer, pretenden asegurarse de ganar o ganar. Si quedan consejeros y consejeras afines al clivaje neoliberal y/o viejo orden político, el organismo seguirá funcionando;  si es disputado por sectores de oposición, de izquierda o progresistas, el camino será su eliminación[iii].

La tómbola de la elección

El proceso que ha definido el CNE para la elección de estos nuevos siete consejeros obstaculiza el derecho de la sociedad a votar de forma consiente e informada. En primer lugar, se restringió a las personas que podían postularse con requisitos que intentan, claramente, bloquear cualquier posibilidad de representación de fuerzas de afines a los postulados del correísmo, generando un clima de proscripción cercana a las verdaderas dictaduras. Finalmente, el CNE aceptó a 43 candidatos, los cuales son poco conocidos, y las reglas de juego impuestas por el órgano garantizan que éstos y sus propuestas sigan siendo desconocidos. La papeleta de votación no tendrá ningún color o número de referencia que identifique al candidato, no existe información de cómo votar, y los nombres de los candidatos se ha puesto al azar dentro de la papeleta, para dificultar aún más las preferencias. En resumen, será una tómbola que facilita el error, el desconocimiento y la opacidad. Para sumar a la desconfianza, el CNE en un inicio no reconoció a la OEA como observador internacional y el órgano se debate en pugnas internas, al punto que uno de los consejeros del CNE ha declarado que no existen condiciones para garantizar una total transparencia.

A modo de conclusión: la Constitución de Montecristi en peligro

Estas elecciones resultarán atípicas, luego de doce años de discusiones en torno a proyectos de país, con debates económicos en las plataformas electorales y con un claro acomodo de fuerzas para la ciudadanía. Son atípicas porque Moreno licuó el debate en el fangoso discurso de la corrupción, aunque de fondo está la inexistencia de un proyecto de país más allá de eufemismos como «libertad», «diálogo» o «respeto». De hecho, el discurso de la corrupción comienza a hacer aguas con el vicepresidente, Otto Sonnenholzner, acusado de tener dinero en paraísos fiscales, y por la reciente aparición de una denuncia sobre la existencia de una empresa offshore, relacionada con el circulo familiar de Moreno[iv].

Ecuador se está definiendo entre regresar al viejo orden o enmendar el camino de estos dos años de Gobierno. En caso de ganar un consejo servil a los intereses corporativos, se moverán para atacar la Constitución, que es, sin duda, el siguiente objetivo. ¿Como? El mismo Consejo transitorio, arrogándose funciones, derribó la Corte Constitucional y puso a otra, con figuras como Teresa Nuquez, parte del grupo de abogados que enjuician el país frente a tribunales internacionales, o Enrique Herrería, un cuadro del Partido Socialcristiano, acusado de casos de violación a los derechos humanos[v]. La “descorreización” del país es un gran titular que esconde un propósito mayor: garantizar el regreso de la derecha al Gobierno con el conjunto de privilegios que tenían antes de la Constitución de Montecristi, limitando la democracia a un ejercicio abstraído de debates centrales en una sociedad, con la consecuente restauración del poder económico expoliador que gobernó por décadas. Por ello, estas elecciones, que parecen inocuas, son de suma importancia en el escenario político del país andino.

[i] http://cne.gob.ec/es/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=4574

[ii] http://cne.gob.ec/es/organizaciones-politicas/informacion/listado-de-organizaciones-politicas-aprobadas-por-el-pleno

[iii] https://www.elcomercio.com/actualidad/cpccs-lenin-moreno-pronunciamiento-contraloria.html

[iv] https://periodismodeinvestigacion.com/2019/02/19/el-laberinto-offshore-del-circulo-presidencial/

[v] https://www.inredh.org/index.php/noticias-inredh/actualidad/1081-herreria-no-tiene-probidad