Un acuerdo y múltiples desafíos para alcanzar la paz en Colombia

Producto de la persistencia, la tenacidad y los triunfos del movimiento popular, de la actual correlación de fuerzas latinoamericana y de la voluntad política del gobierno y las insurgencias estamos ad portas de lograr que la paz se convierta en el centro gravitacional de la política colombiana¹. Salvo la ultraderecha, todo el país está disputando cuál es la visión de paz que se construirá como superadora del conflicto armado; pensando en una nueva configuración del escenario de conflictividad y disputa -sin la violencia como parte de la acción política- entre los sectores de poder capitalista y las clases subalternas. Los anuncios advierten que se avecina la paz, aunque el camino está minado de obstáculos y pulsos entre las fuerzas sociales enfrentadas.

Por ello, hay que celebrar el acuerdo en materia de Justicia logrado entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP anunciado en Cuba el 23 de septiembre, que corresponde al punto 5 de la agenda de paz²: Derecho de las Víctimas, discutido durante más de año y medio. El acuerdo construyó una Justicia Especial para la Paz que tiene como propósito buscar la verdad acerca de los origenes y las causas del conflicto, determinar responsabilidades sobre las violaciones al Derecho Internacional Humanitario por parte de guerrilleros, agentes del Estado, políticos y empresarios que patrocinaron grupos paramilitares, y define amplias aministías y un tribunal para la paz. Es un proyecto de justicia que supera la visión unilateral-punitiva de la justicia penal, y constituye un acuerdo político bilateral de justicia restaurativa para las víctimas con el fin de garantizar la no repetición. El acuerdo ratifica el carácter histórico y político del conflicto armado, que permitirá el transito a la legalidad de las insurgencias.

En los últimos días, el presidente Santos y el comandante Timochenko protagonizaron un importante encuentro con el presidente Raúl Castro como anfitrion, en el cual expusieron el acuerdo y manifestaron el plazo de seis meses para culminar el proceso de paz, lo que representa múltiples desafíos, por cuanto en ese corto tiempo deberán acordar el desmonte del paramilitarismo, las garantías para la actividad política legal de las FARC-EP, el acompañamiento internacional en los posacuerdos, la dejación de las armas, entre otros temas y deberán abordar los 28 disensos del tema agrario, de participación política y el problema de las drogas ilícitas, que definirán las limitaciones al latifundio y el fin de la aplicación militarista de la política antidrogas de los Estados Unidos. Una montaña de temas y muy poco tiempo para acordar.

Durante estos seis meses, también se debe concertar la manera de configurar esos acuerdos como un nuevo contrato social incluyente, democrático y participativo, que desde la perspectiva popular deberá ser un escenario constituyente, como lo demuestran las experiencias de Venezuela, Bolivia y Ecuador. Proceso constituyente que sintetizará los cambios para una nueva época en paz, en los cuales el movimiento social colombiano posicione con todas las fuerzas sus demandas de justicia social y su proyecto posneoliberal dinamizado principalmente por la Cumbre agraria, campesina, étnica y popular y por el Frente Amplio por la Paz.

Es de resaltar que la reunión entre Santos y Timochenko no hubiera sido posible sin la correlación actual de fuerzas en latinoamérica, expresada por el extraordinario papel de Cuba y Venezuela como garantes y facilitadores. La UNASUR y la CELAC deben seguir actuando sin descanso para el inicio del diálogo del Gobierno y el ELN, completando el escenario de la paz con justicia social para Colombia y toda la región, aún afectada por las acciones desestabilizadoras e injerencistas de los Estados Unidos. Latinoamerica se ha ubicado del lado que exige paz para Colombia, y que añora la llegada de una transición que permita la acción de las fuerzas sociales que llevarán a Colombia al posneoliberalismo.

En consecuencia, durante los próximos seis meses (o un poco más) el proceso de paz se moverá en tres escenarios constituyentes: en la Habana donde se tratarán los temas decisivos para lograr un acuerdo de paz; en Colombia donde el movimiento social definirá en las calles la profundidad y los alcances de los cambios y de la paz con justicia social; y en el plano internacional, donde la Unasur, la CELAC y las organizaciones populares de todo el mundo deberán posicionarse como garantes de la implementación de los acuerdos y la no repetición de la traición y la violencia política que acabaron con generaciones de soñadores por la paz en Colombia. Un acuerdo dinamizó el proceso de paz y develó los múltiples desafíos pendientes.