La demanda por la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de Bolivia (EPB) ha adquirido mayor protagonismo en las acciones gubernamentales de los últimos años, con un fuerte énfasis a nivel internacional. A nivel nacional se está consolidando una estructura institucional, lo cual es un intento significativo de liberar dicha demanda del sopor de conformismo burocrático … Seguir leyendo

La demanda por la reivindicación marítima del Estado Plurinacional de Bolivia (EPB) ha adquirido mayor protagonismo en las acciones gubernamentales de los últimos años, con un fuerte énfasis a nivel internacional. A nivel nacional se está consolidando una estructura institucional, lo cual es un intento significativo de liberar dicha demanda del sopor de conformismo burocrático del que era víctima. Un ejemplo de ello es la creación de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima -DIREMAR- que es parte de las estrategias gubernamentales para dinamizar las políticas concernientes al histórico reclamo. En cumplimento del cometido, esta entidad sigue los procesos legales y/o administrativos que conllevan la demanda de reivindicación marítima.

El sopor de conformismo burocrático al que hago referencia, inicia desde Pacto de Tregua de 1884 y las demás acciones llevadas a cabo hasta el año 2000, en este período el Estado boliviano redujo sus acciones a perpetuar el conflicto, limitándose a vías bilaterales, constituidas por solicitudes por parte del Estado boliviano, y respuestas dilatorias de su contraparte chileno.

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Cuadro elaboración propia (datos Libro del Mar – DIREMAR)

El cuadro representa el proceso de la demanda de reivindicación marítima, considerando la trascendencia de las acciones: en una primera fase con procesos dilatorios tiene menor rango, seguida del escalamiento significativo durante la Guerra del Gas y la permanencia del impulso en las acciones de gestión del conflicto durante los últimos años.

Para el gobierno de Evo Morales la demanda de reivindicación marítima está estrechamente ligada a los compromisos asumidos con la llamada “Guerra del Gas” del 2003 y los conflictos sociales y políticos que desencadenó. Desde que ingresó al gobierno el presidente Morales retomó con énfasis la intención de negociar con el Estado chileno una salida soberana al Océano Pacífico.

A lo largo de los últimos años las acciones que ha realizado el Estado boliviano responden a una línea de paz y de diálogo; una de las acciones más importantes sobre la demanda marítima fue la presentación de la Memoria Histórica (contenido reservado) ante la Corte Internacional de Justicia del Tribunal de la Haya en el mes de abril del año 2014, como parte del proceso de Solicitud para Instaurar Procedimientos iniciado en abril del 2013, que tiene el objetivo de que la Corte Internacional de Justicia pronuncie y declare que el Estado chileno tiene la obligación de negociar con Bolivia una salida soberana al mar. Otras acciones importantes son: el intento de establecer una agenda bilateral entre Bolivia y Chile que incluiría el tema marítimo en el 2006, encuentro suspendido indefinidamente por el Estado chileno; y las solicitudes públicas de negociación de la causa marítima, que realizó el presidente Morales en los años 2011 y 2012, a las que el Estado chileno respondió de forma evasiva.

Recurriendo a instancias internacionales se visibilizó la situación de enclaustramiento marítimo del Estado boliviano a nivel internacional, sin embargo el tema es considerado netamente bilateral entre Bolivia y Chile, por lo que se generaliza la abstinencia de opinión sobre el tema, con algunas excepciones, como la declaración final de la XIII Cumbre de la ALBA-TCP, el 14 de diciembre del 2014, donde se reiteró la solidaridad con el reclamo histórico del derecho del EPB a una salida soberana al mar; declaraciones de José Mujica -ex presidente de la república Oriental del Uruguay- quien considera que el enclaustramiento marítimo de Bolivia debe ser tratado por instancias de integración regional; y la reciente presunción de una posible intervención del Papa Francisco I.

No obstante hay que reconocer que será un largo camino hacia una negociación entre ambos Estados, tal como lo demuestran las declaraciones del pasado 6 de enero del Canciller de la República de Chile, Heraldo Muñoz, que afirman que no se cederá soberanía territorial marítima al EPB y que sus gestiones ante la CIJ son una pérdida de tiempo, pero no descarta la posibilidad de una agenda positiva que implicaría mejores condiciones al tránsito boliviano en costas chilenas.

Pese a la posición chilena las expectativas bolivianas son positivas según la entrevista realizada por Juan Manuel Karg a Carlos Mesa Gisberth, Representante Oficial de la Causa Marítima Boliviana, quien considera que la base jurídica de la solicitud es sólida y no por centrarse en el tratado de 1904, sino en el principio de actos unilaterales sobre los que existen antecedentes de jurisprudencia utilizada por la CIJ.

En el mejor de los escenarios, Bolivia obtendrá un fallo positivo a su solitud ante la CIJ, esto significará un acercamiento entre Estados, que permitirá que Chile y Bolivia se sienten a negociar una posible salida soberana al mar, un proceso que implicará una serie de discusiones, entre ellas el restablecimiento de la relación diplomática, la consideración del contexto histórico, legal, opciones de las rutas de acceso al Océano Pacífico, prerrogativas, entre otras.

Mientras, el desafío y el compromiso del gobierno de Evo Morales es continuar con el dinamismo que le ha dado al proceso de la reivindicación marítima, que proyecta a futuro la posibilidad de gestión de buenos oficios de bloques regionales e individuales en apoyo a la causa boliviana, a nivel internacional. A nivel nacional renace la esperanza en el pueblo boliviano de contar con “…un mar, un mar azul para Bolivia…” (Fragmento de la canción “Yo quiero un mar” de Pedro Telmo, canta-autor chileno).

 

Shirley Ampuero

Máster en Relaciones Internacionales (UASB) (Bolivia)

Shirley Ampuero es magíster en Relaciones Internacionales Mención en Negociación de Conflictos por la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), Ecuador. Diplomada en Educación Superior e Interculturalidad y licenciada en Derecho, ambas por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Bolivia. Ha desempeñado labores en el Ministerio de Desarrollo Productivo y…