5 min. lectura

Por Esteban De Gori


Los nuevos gobiernos progresistas y de izquierda en América del Sur han reactualizado conceptos, léxicos y vocablos que remiten, entre otras cosas, al complejo lenguaje republicano que se construyó en las travesías autónomas y nacionales. Es decir, pareciera que los festejos de los inicios de las revoluciones autonomistas han colaborado en la reconfiguración de las palabras presidenciales y han forjado un nuevo escenario discursivo. Incluso ese vocabulario republicano –que no es homogéneo en los distintos países– ha logrado instalarse en gobiernos que apelan a un nuevo socialismo.

Entonces podemos advertir que un republicanismo del bien común se reactualiza con la recuperación de la autoridad estatal y presidencial, con la conmemoración de los bicentenarios, con la puesta en práctica de neodesarrollismos incluyentes y con las tensiones que se suscitan en la búsqueda de mayores niveles de igualdad. Asistimos a un momento republicano que no sólo se inscribe en un cambio de época sino que pareciera forjarse en el litigio –con más o menos intensidad– con estructuras desiguales y grupos económicos concentrados. Grupos que, paradójicamente, muchos de ellos, se han beneficiado con el “modelo” de bienestar que proponen estos gobiernos. Pero, pese a ello, no es el momento republicano soñado por las derechas que reivindican abstractamente la división de poderes, la naturalidad de las desigualdades y que asocian liderazgos con tiranías sino que es un momento donde se presenta la dramaticidad y tensión que provoca la búsqueda de horizontes igualitarios en el orbe capitalista.

A su vez, este republicanismo compone una escena discursiva que sitúa el conflicto entre grandes y pueblo, que posee sus líderes, que se apropia de gestos antielitistas, que articula intelectuales que pueden sustraerse de las liturgias de la obediencia y que enriquece la idea de bien común con potentes metáforas de las simbologías cristianas, “jacobinas” e indígenas. Es decir, los nuevos gobiernos no sólo intentan realizar un esfuerzo económico que los coloca ante la disyuntiva de limitar o avanzar radicalmente sobre el poder de los grupos económicos sino que se esfuerzan por redefinir los términos de las culturas políticas de sus países. Por ello observamos la intensa circulación de las palabras presidenciales, la puesta en marcha de la recuperación simbólica de ciertos procesos y personajes históricos, y una potenciación de una escena cultural orientada a la formulación de nuevas subjetividades. Ahora bien, ese léxico republicano se enfrenta a un problema agonal, ya que transita entre la pugna que supone la idea bien común (la cual a su manera apela a una mirada universal de la reparación social para todos y todas) y los intereses e identidades colectivas. Es decir, en esa pugna “pendular” no sólo se recrea la fortaleza del propio léxico republicano sino todas las tensiones de fondo entre una concepción (general) del ciudadano y de los intereses particulares. Es decir, la institucionalidad gubernamental está atravesada por el conflicto entre la “revolución de la ciudadanía” y de “los intereses –a veces, muy atendibles y pertinentes– de los actores”. Pero como no existen ciudadanos “puros”, ni intereses sectoriales escindidos de cualquier idea de comunidad, el decisionismo presidencial intenta construir en esa intersección conflictiva un criterio de lo justo. En este sentido, en la actualidad, la discusión por lo justo posee un mayor material político que en otras épocas. Su persecución, entonces, estaría en establecer cómo se realiza y efectiviza la idea de bien común y, a su vez, cómo se interpela y convoca a sus futuros beneficiados. Entonces, ¿cómo se define esta idea? Aquí deben reconocerse que las nuevas elites políticas han construido los enunciados de “vivir bien”, “buen vivir” o “vivir dignamente”. Definiciones que intentan ser efectivizadas a partir de un proceso económico que busca hacerse paso entre el igualitarismo, la libertad, las amenazas que implican un renovado extractivismo y el poder económico de grupos concentrados huérfanos de representaciones políticas fuertes. Pues bien, en cómo lidiar con estas aspiraciones y amenazas parece encontrarse una de las claves para ampliar la base política de los nuevos procesos. Por lo tanto, la búsqueda del bien común se vincula ineludiblemente con dotar de mayor adhesión y complejidad a la política, pero también se vincula con una identificación de los sujetos a ser beneficiados y dirigidos. En este sentido, ¿qué actores definen bien común? Una primera respuesta: su definición se articula con la reconstitución de la autoridad presidencial y su capacidad de negociar, interpretar y limitar intereses. Una segunda respuesta: lo definen las nuevas elites gubernamentales bajo la lógica de una interpretación de los intereses sociales que no siempre se “ajustan” directamente a lo que planteaban primigeniamente los representantes sectoriales. Tercera respuesta: los actores considerados construyen en el conflicto entre una idea de bien común y la significación de los intereses particulares un criterio de lo justo que les permite orientarse en la escena política. En este sentido, ese criterio parece basado en una fórmula inestable y potente: limitar a los poderosos, pero con la condición de, a veces, no realizar en su plenitud lo planteado por intereses particulares. De esta forma, no siempre la ampliación de derechos ciudadanos se corresponde directamente con los derechos que exigen las organizaciones sino que el fin último parecería ser ajustarse a una concepción de ciudadano que desborda lo particular. Es decir, en ese punto se juega un republicanismo actual que se presenta como una lectura realista del poder, que sopesa razones estatales, que trabaja con la amenaza constante de los grupos concentrados y con el reclamo razonable de organizaciones sociales.


Publicado en Pagina/12

Fecha: 06/02/2012

 

Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (Argentina).

Co Authors :