Uruguay: las urgencias del Gobierno electo

Análisis Político

En un anteproyecto de ley de “consideración urgente”, no explicitado en campaña, el Gobierno electo de Uruguay pretende transformar radicalmente innumerables avances en materia de derechos y garantías.

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El presidente electo, Luis Lacalle Pou, compartió hace una semana por redes sociales el anteproyecto de una Ley de Urgencia que fue anunciada durante la campaña electoral y de la que hasta ahora no se conocía su contenido. La primer pregunta a realizarse es por qué una ley tan importante no fue presentada durante la campaña electoral; a la luz del actual anteproyecto la respuesta parece reafirmar lo que podía suponerse: el contenido de la misma presenta aspectos críticos que podrían haber incidido directamente sobre el resultado electoral, por lo que hay que reconocer la acertada estrategia de la coalición de derechas de esconder el proyecto.

Lo segundo que se hace inevitable es considerar cuánto de lo que esta Ley de Urgente Consideración (LUC) presentada, tal como se la conoce, es realmente urgente. Para ello tenemos que conocer qué implica un carácter de urgencia. Una LUC es un instrumento privativo del Poder Ejecutivo tal como se señala en los artículos 160º y 168º numeral 7 de la Constitución de la República. Dicha declaración de urgente consideración establece que el proyecto enviado al Poder Legislativo debe ser tratado en un plazo acotado de tiempo (no más de 90 días) y que, de no ser rechazada o que no se apruebe un proyecto sustitutivo, se da por aprobado el proyecto enviado inicialmente. Por lo tanto, este instrumento no sólo acota considerablemente el tiempo de análisis legislativo y social del proyecto sino que el tiempo corre a favor del proyecto original, de forma que el no acuerdo al interior del Legislativo consagra la posición del Poder Ejecutivo.

Esto nos obliga a pensar entonces cuáles son los temas que, efectivamente, ameritan un recorte drástico del tiempo de análisis y por tanto de tiempo democrático como para que sea usado el instrumento de urgente consideración.

El anteproyecto

El anteproyecto difundido consta de 457 artículos, organizado en 10 secciones que responden cada una de ellas a grandes áreas temáticas: Seguridad Pública, Inteligencia, Educación, Economía y Empresas Públicas, Eficiencia del Estado, Sector Agropecuario, Relaciones Laborales y Seguridad Social, Desarrollo Social y Salud, Emergencia en Vivienda y Otras disposiciones (Libre Circulación, Portablidad numérica y adecuación de Ley de Medios.

Es evidente que el Gobierno electo considera urgente estos artículos; lo que no es tan evidente es que la mayoría de ellos no necesiten un tratamiento de urgente consideración, aún intentando pensar en con la lógica del futuro Gobierno. Una ley tan amplia en contenidos y tan extensa en el número de artículos choca frontalmente con las limitaciones de tiempo que dicho instrumento impone. Lo que lleva, sin duda, a presumir que el futuro Gobierno pretende resolver de esta forma no solamente el debate con la futura oposición sino también las disidencias que se puedan expresar al interior de la propia coalición de derechas, que ya ha comenzado a visibilizar fisuras.

El análisis del anteproyecto amerita un estudio detenido de cada capítulo y de cada artículo, pero es notorio el “espíritu” general, si es que las leyes lo tienen.

Neoliberalismo del siglo XXI

El contenido general del anteproyecto es una adecuación de la agenda de los partidos tradicionales de derecha durante los años ’90, durante la primera generación de reformas en el marco del Consenso de Washington[1].

Las bases principales son políticas de seguridad basadas en el aumento de penas y en la flexibilización de la responsabilidad de los funcionarios de seguridad ante el uso de la violencia, así como la criminalización de la protesta social; pero el anteproyecto también promueve la liberalización en materia económica, achicamiento del Estado, desregulación laboral, fortalecimiento de los empleadores frente a los trabajadores, y atención a diferentes demandas de grandes empresas y sectores económicos.

  • Para el delito y la protesta, más dureza

En materia de represión se proponen incrementos de pena para el delito de violación, entre otros, así como la modificación respecto del tratamiento de los delitos cometidos por las personas menores de edad. Extiende para la legítima defensa aquello que se consideran “dependencias de la casa”: balcones, azoteas, garajes, barbacoas, etc. y la extiende también a establecimientos que realicen actividad agraria. Asimismo, se exime de responsabilidad penal a policías y militares en caso de delitos que puedan haberse cometido dentro de este nuevo modo de entender la  “legítima defensa”; esto es, se pretende legalizar el “gatillo fácil”.

En lo que refiere a la preparación para la represión social se declaran ilegítimos los piquetes y se faculta el uso de la fuerza para su disolución; se habilita la detención por “apariencia delictiva”, reafirmando la estigmatización social, se agrega al Código Penal el “agravio a la autoridad policial”, que comprende la obstaculización, el menosprecio, la ofensa, el agravio, entro otros, que pueden dar lugar de 3 a 12 meses de prisión.

Por otra parte, restringe el derecho de huelga y habilita al Poder Ejecutivo a imponer restricciones a dichas medidas. Cabe recordar que la vulneración del del derecho de huelga es algo que ya había sido parte de la agenda de los ’90 cuando el Partido Nacional gobernó por última vez. Es claramente un signo ideológico del nuevo Gobierno.

Por último, se incorpora la habilitación del derribo de aviones, algo que el futuro presidente ha estado insistiendo desde hace bastante tiempo y que el anteproyecto deja en su poder la última orden para realizarlo.

  • Educación

El capítulo de educación es uno de los más extensos, pero no todos sus artículos son sustantivos. Uno de los aspectos más relevantes tiene que ver con la concentración en órganos unipersonales la dirección de los subsistemas educativos (Primaria, Secundaria y Técnica) que hasta ahora eran dirigidos por consejos colectivos de tres miembros; junto a ello propone la eliminación de la participación de los docentes electos por sus pares en dichos consejos. Los consejos desconcentrados pasarían a ser direcciones generales.

Otro cambio tiene que ver con una modificación a la Ley Orgánica de la Universidad en cuanto a la validación de títulos extranjeros, pasando esto a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, así como la eliminación de la Universidad de la República de algunos ámbitos como el referido a la educación no formal. Esto se debe entender en un sentido más general, que apunta a fortalecer el papel del Ministerio de Educación y Cultura en materia educativa, contrariando una larga tradición autonomista del sistema de educación público en el país.

  • Inclusión Financiera, guiño a Un Solo Uruguay

Desde el año 2018, los días 23 de enero el movimiento denominado Un Solo Uruguay[2] -que reúne fundamentalmente a sectores vinculados a la actividad agropecuaria- realiza un acto público. Si bien su primer actividad contó con todo el apoyo de los grandes medios de comunicación, incluida su transmisión en vivo para volverlo una megamovilización contra el Gobierno, la participación real no fue tan importante y año a año ha disminuido. Entre los tantos reclamos que han esgrimido, uno de ellos fue el intento de derogar la Ley de Inclusión Financiera. El anteproyecto presentado por la coalición de derechas incorpora varias de estas demandas y es una de las razones por las quE se puede interpretar que la LUC se haya publicado dos días antes de dicho acto, para dar señales y recoger aplausos[3]. Muchos artículos de la LUC se vinculan a los reclamos que Un Solo Uruguay viene realizando desde hace años.

En esta materia algunos de los aspectos más relevantes tiene que ver con la habilitación al pago de salarios en efectivo y ya no por tarjeta bancaria, lo cual expone al trabajador a una negociación frente al patrón que lo vuelve a colocar frente a las estrategias de evasión históricas por parte de los empleadores.  También se habilita a que el Estado pague a sus proveedores en efectivo -otra medida reclamada por los sectores del poder económico concentrado-, lo que implica un retroceso en materia transparencia.[4]

  • Achicar y desmonopolizar el Estado

Se propone también el fin del monopolio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap) en lo referente a la “gestión de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados”. Esta es otra clara señal de aquella primer ola neoliberal que quedó inconclusa, entre otras cosas porque el pueblo uruguayo votó por más del 70% la defensa de sus empresas públicas. El Partido Nacional -y en particular el sector del presidente electo- ha sido históricamente abanderado de las propuestas liberales de desmantelamiento de empresas públicas. Sin embargo, sectores del Partido Colorado no lo han sido tanto. Puede que este sea uno de los tantos posibles frentes internos de la coalición.

También se propone crear el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, asumiendo potestades que hoy están dentro del Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente.

En cuanto al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), los cambios propuestos en la LUC eliminan lo referido a “implementar, ejecutar y coordinar Programas de Atención a la Emergencia Social, mediante la cobertura de necesidades básicas a quienes se hallan en situación de indigencia y de extrema pobreza”. El Mides ha sido uno de los grandes frentes de crítica de la coalición de derechas hacia las políticas progresistas implementadas por el Frente Amplio, y debe recordarse que en el documento de acuerdos de la coalición, la política planteada por enfrentar la pobreza era “la esperanza”.

Otro aspecto significativo de la LUC es lo que concierne a las modificaciones sobre el Instituto Nacional de Colonización (INC). Los cambios propuestos a la normativa vigente habilitan que se puedan asignar tierras del Instituto a personas que no vivan en dichas tierras, algo que contradice la idea central de la normativa, que es justamente asegurar la posibilidad del afincamiento rural y combatir el despoblamiento del medio rural. No se puede olvidar que quien será secretario de la Presidencia del Gobierno electo -Álvaro Delgado- ha estando utilizando tierras de dicho instituto sin cumplir con varios de los requisitos, entre ellos el de residir en ellas y su no explotación[5]. Por otra parte se desafectan 150.000 hectáreas (el INC cuenta actualmente con 610 mil hectáreas) que hoy están en manos del Estado, que pasarán a ser mercantilizadas, favoreciendo el proceso de concentración de la tierra. Otros artículos planteados tienden a volver a la opacidad el régimen de propiedad de tierras.

  • Los medios son amigos

El próximo Gobierno tendrá a su favor toda la agenda de los medios hegemónicos de comunicación, por lo que era obvio que se incorporaran en la LUC modificaciones a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA).

El artículo 457 del anteproyecto de LUC, que es el último artículo planteado, establece la derogación de ocho disposiciones de la Ley de SCA. Esos artículos son los que han sido declarado inconstitucionales. Estas derogaciones van claramente dirigidas a favorecer a las grandes empresas de comunicación. Por ejemplo, se deroga la imposibilidad de que las empresas que presten servicios de comunicación no puedan incorporarse al mercado de servicios de telecomunicación. Medidas similares en otros países han generado un aumento en la desigualdad de acceso a los diferentes servicios de comunicación.

Otro de los artículos derogados establecía la preferencia de los servicios públicos por sobre los privados a la hora de asignar canales radioeléctricos, ubicaciones de estaciones y otras infraestructuras necesarias. Se deroga también la obligatoriedad de que las empresas operadoras de cable incluyan a la Televisión Nacional en sus paquetes de canales.

Comentarios finales y urgentes

La cantidad de artículos y temas que la LUC contempla sin duda extiende los conflictos a varios frentes. Sin duda, los aspectos centrales que pueden generar mayor rechazo social son los que están dirigidos a cercenar derechos laborales y desregulación, y los que preparan los dispositivos represivos para combatir la protesta social. Incorpora también este anteproyecto medidas destinadas a satisfacer demandas de las grandes empresas de telecomunicación, como la portabilidad numérica.

Si bien ya se habla de la posibilidad de iniciar el proceso de referendum, esa estrategia no sólo debe esperar formalmente la aprobación de LUC sino que supone un debate de la estrategia general dentro del espacio político y social. También el Frente Amplio, como único partido de oposición a partir del 1º de marzo, tendrá que valorar el tipo de oposición que ejercerá, y eso será sin duda parte del proceso de valoración y autocrítica en el que el Frente Amplio entrará luego de pasadas las elecciones departamentales y municipales de mayo.

Queda claro que las derechas no escatimarán medidas o recursos para favorecer a aquellos que forman parte de sus bases sociales, económicas e ideológicas. Todo parece indicar que tendremos un Gobierno que televisará el minuto a minuto del presidente, y que su agenda será también la de los medios.  ¿Se reducirá el tiempo extremadamente generoso que actualmente los medios destinan a las noticias policiales?

No obstante, dentro de las propias filas de la coalición las cosas no serán tan fáciles y es de esperarse que luego de pasada la votación de la LUC, así como la preparación y envío de la Ley de Presupuesto después de julio, la interna de la coalición de derechas tienda a fragmentarse y debilitar al Gobierno, como históricamente ha pasado en los anteriores gobiernos coaligados de los partidos tradicionales.

El primer paso del próximo Gobierno ha dejado un claro mensaje de lo que espera: no confía en su propia agenda para sostener el histórico crecimiento del salario y los avances en derechos de los últimos años, y ha sentado las bases para contentar a sus aliados estratégicos y organizar la represión.

 

 

 

[1]“Los resultados comiciales [del año 1989] impulsaron así una nueva agenda reformista de corte netamente liberal, dominada por temas como la reducción del déficit fiscal como camino prioritario para abatir la inflación, una fuerte apertura de la economía, la desregulación del mercado laboral, la reforma del Estado a través del instrumento de las privatizaciones, el otorgamiento de mayores espacios para la iniciativa privada y para que el mercado se convirtiera en el gran asignador de costos y beneficios, etcétera. En realidad se trataba de la llegada al Uruguay de las reformas de primera generación del llamado Consenso de Washington, inherentes a la interpretación dada por los organismos financieros internacionales a la nueva etapa del nuevo capitalismo globalizador.” CAETANO, Gerardo . “Introducción general.Marco histórico y cambio político en dos décadas de democracia. De la transición democrática al gobierno de izquierda” en G. Caetano (comp.).20 años de democracia. Uruguay 1985-2005:miradas múltiples. Taurus, Montevideo, 2005.Páginas 19 – 48.

[2]https://www.celag.org/la-derecha-uruguaya-si-existe/

[3]“Muchos se preguntarán a qué venimos a Durazno,.. qué íbamos a reclamar si todavía no había asumido. La respuesta es clara… no venimos a reclamar nada al nuevo Gobierno”. http://unsolouruguay.uy/proclamas/

[4]https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/1/martin-vallcorba-sobre-cambios-en-la-obligatoriedad-financiera-va-a-contrapelo-de-lo-que-esta-haciendo-todo-el-mundo/

[5]https://ladiaria.com.uy/articulo/2018/12/el-senador-alvaro-delgado-entrego-un-predio-de-colonizacion-que-usufructuaba/

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Pablo Álvarez

Licenciado en Ciencias Políticas (Universidad de la República), cursando la Maestría en Historia Económica (UdelaR). Diputado Nacional por el Frente Amplio (2005-2010), Director general del Ministerio de Educación y Cultura (2010-2015) y coordinador general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República (2015-2018). Actualmente es…