Este 15 de septiembre el movimiento popular uruguayo realizó una masiva movilización convocada por el PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores). La “central” de trabajadores convocó al tercer paro general en lo que va del actual período de Gobierno, iniciado en marzo de 2020, pero las circunstancias no son las mismas. Por un lado, ya la movilización no está limitada por las restricciones sanitarias y legales y, por otro, cada vez se hace más evidente el impacto social y económico de la pandemia, provocando que el manto de protección caiga lentamente, al ritmo de la aprobación presidencial.
La evocación artiguista para el paro fue central y permanente en las distintas proclamas y oratorias. La lucha histórica por la tierra, el puerto y la justicia social tiene, en estos días, una potente actualidad. La consigna de convocatoria al paro fue: “Con Artigas, por las grandes mayorías nacionales. Que los más infelices sean los más privilegiados”.
Sin embargo, el paro no sólo ha sido convocado por las organizaciones sindicales. También se sumó el movimiento cooperativo, el movimiento estudiantil y las organizaciones sociales y de base que han sostenido –y aun sostienen– la lucha contra el hambre durante la pandemia en torno a las “ollas populares”. También fue muy importante y significativa la movilización en el interior del país, tanto en las movilizaciones locales como en su movilización hacia Montevideo. Se destacaron 220 ómnibus de diferentes puntos del país y una columna de jinetes que ingresó a la movilización en representación de las demandas del trabajadores rurales y colonos. La multitud fue superior a la esperada por los propios convocantes y señala un sostenido trabajo de acumulación política de las organizaciones y movimientos del campo popular.
Si bien el aspecto de resalte estuvo dado por la gran convocatoria, es fundamental para comprender las características del paro considerar las proclamas. Las oradoras centrales fueron Soledad Amaya (del Sindicato de Peones Rurales), Vanessa Peirano (Sindicato Único del Puerto) y Marcelo Abdala (secretario general del PIT-CNT).
Contexto: desigualdad, recortes y debilitamiento de las empresas públicas
El contexto político central de la movilización se resume en la propia resolución del PIT-CNT para definir y convocar la movilización: “La Mesa Representativa Nacional Ampliada consideró tres cosas: “la nueva realidad” generada “con la entrega de casi 800.000 firmas para que el pueblo decida derogar 135 artículos de la LUC [ley de urgente consideración]”, que la respuesta del Poder Ejecutivo a este hecho “ha sido ‘huir hacia adelante’ acelerando la aplicación de un programa antiobrero y antipopular, sustanciado por ejemplo en los criterios de rebaja salarial de trabajadores públicos y privados, la aceleración de la entrega de Antel, el puerto y Ancap al gran capital trasnacional y la Rendición de Cuentas de recortes”, y que la respuesta “del movimiento popular viene siendo desplegar un nivel importante de movilización”, poniendo como ejemplo a varios sindicatos de trabajadores privados y públicos”.
Dirigentes del PIT-CNT reconocieron el esfuerzo unitario de la movilización, caracterizándolo de “estratégico” y “clave”, ya que implica “un nivel de unidad superior de los trabajadores de la ciudad y del campo.”
Salarios que caen
Durante el 2020 se dio una de las caídas de salario real más importante de los últimos 17 años, y para el período de año móvil entre julio 2020 y julio 2021 el salario real a seguido bajando (1,5 % aproximadamente).
También ha estado en el centro del debate, marcando en buena medida el tenor del conflicto en torno al trabajo, la propuesta de las cámaras empresariales de pagar a los nuevos trabajadores por debajo del laudo salarial (70 %). La propuesta, además de injusta y retrógrada, es ilegal. Los empresarios no sólo sostienen la imposibilidad de la recuperación salarial, defendiendo la pérdida de salario real de los trabajadores, sino que además solicitan al Gobierno que los nuevos trabajadores ingresen por debajo de las condiciones laborales mínimas. Ante esto sobresale la profunda concentración de la riqueza procesada en este año donde, desde enero a julio, los depósitos de empresas y personas en los bancos locales aumentaron en 2.845 millones de dólares (cifra que representa el total anual durante el año 2020). El 90 % de esos casi 2.9 mil millones corresponde a cuentas con más de 100.000 dólares, propiedad del 2 % de los clientes de bancos, y si se consideran las cuentas con más de 250.000 dólares estas concentran el 73 % del crecimiento de los depósitos siendo propiedad del 0,7 % del total de los clientes, es decir unas 19.000 empresas y personas. Sin sumar en estas cuentas los depósitos en el exterior que también han crecido y alcanzan, según datos de marzo, unos 8.7 mil millones de dólares equivalentes al 16 % del PIB.
Estos elementos se suman a la avanzada del propio Gobierno de recortar presupuesto, reducir salarios públicos, vulnerar la negociación colectiva y privatizar actividades económicas. En este último aspecto destaca el acuerdo de entregar el monopolio del manejo del puerto de Montevideo a una empresa privada extranjera, tema que fue objeto de una interpelación parlamentaria convocada por la oposición (Frente Amplio) pero que dejó roces a la interna de la coalición.
Los reflejos del Gobierno
El presidente de la República marcó el tono de respuesta oficial a la movilización y las demandas: “es un paro político”, además de que la inversión creció y el país se abre al mundo “entonces, claramente este paro convocado hoy es un paro político (…). Obviamente es un paro político, contra el Gobierno”. Esto fue respondido por Abdala en su oratoria durante el acto: “Levantemos la cabeza, cualquier acción del movimiento obrero popular no es sólo sindical sino del conjunto de los sectores populares”. Por su parte, el presidente del PIT-CNT sostuvo que “es un paro político, como fueron todos los paros en la historia del movimiento sindical”.
La proclama
Amaya, en defensa del Instituto de Colonización, señaló el sentimiento de los colonos al indicar que “se nos están expropiando nuestros derechos, lo que se logró con tanto esfuerzo: el INC y la posibilidad de una sociedad justa, igualitaria y descentralizada”. La representante del sindicato portuario denunció “la mayor pérdida de soberanía” nacional en alusión al acuerdo de concesión a Katoen Natie.
Aspecto protagónico tuvo en todas las intervenciones el reconocimiento al logro de las más de 800 mil firmas para promover el referéndum para derogar 135 artículos de la LUC. Esa tarea fue realizada en medio de las restricciones de pandemia, con todo el andamiaje gubernamental y mediático en contra y significó un cambio de humor político en el escenario nacional. El movimiento popular le ganó entonces una batalla al Gobierno y la convocatoria del acto del paro general supone un recuento de fuerzas que acumula en el horizonte de la batalla política central del referéndum que se realizará el año próximo.
El encuadre político delimitado entre el Gobierno y su coalición gobernante política y social (partidos de la coalición, principales cámaras empresariales y medios de comunicación oligopólicos), por un lado y, por otro lado, la oposición política y el movimiento popular (Frente Amplio y principales organizaciones populares) tienen como puntería el referéndum.
El después
El Secretario General del PIT-CNT reconoció que “habrá un antes y un después de [la] enorme movilización”.
El Gobierno parece haber decidido utilizar la estrategia de transformar el referéndum en un “plebiscito” sobre su gestión. Se siente fuerte al considerar que cuenta con la capacidad para manejar la agenda de los medios para insistir en aquellos ejes que considera la ciudadanía le acompaña. Pero la jugada es compleja porque una derrota del Gobierno confirmaría la debilidad política para la segunda mitad del mandato. Y si bien nadie piensa en Uruguay que un Gobierno debilitado políticamente provoque un sobresalto institucional, la capacidad de promover políticas y agenda se verá fuertemente cuestionada. A lo que deberá sumarse la propia “movilidad interna” dentro de la coalición, aprontándose hacia el siguiente ciclo electoral. En este sentido, los perfilismos anuncian deslealtades.
Desaprobación presidencial
En este marco se debe considerar la fuerte y sostenida caída de la aprobación presidencial, que logra los valores mínimos del período. Según la empresa Opción, la aprobación se situó en el mes de agosto en 46 % y la desaprobación en 26 %; en tanto la empresa Equipos ubicó en 47 % la aprobación y 32 % la desaprobación, y señala además que éste es el Gobierno de mayor polarización de los últimos cuatro gobiernos. Según estos datos, el presidente obtiene prácticamente un nivel de aprobación similar al porcentaje de votos obtenido en la segunda vuelta electoral, incluso un poco por debajo. Lo que de alguna forma señala el punto cero donde finaliza la “luna de miel” gubernamental. No obstante, su nivel de aprobación es el mayor comparado con los Gobiernos desde los años 90 en el mismo período (dieciocho meses de gestión). En tanto la empresa Cifra, si bien también señala una caída sostenida de la aprobación indica que la misma a setiembre de este año se ubica en los 56 puntos.
Para todos los estudios hay una fuerte relación entre aprobación y voto en noviembre de 2019, pero también comparten que la principal medida de aprobación se relaciona con el manejo de la pandemia y los principales aspectos para la desaprobación están vinculados al empleo y al salario.
Primeros números hacia el referéndum
Según otra encuesta de Opción, 41 % votaría por la derogación de los 135 artículos de la LUC, mientras un 37 % votaría por mantenerlos, y un 19 % que no sabe o no contesta. Estos datos se podrían asociar a la base electoral que el propio FA tuvo en las elecciones de octubre 2019. Mientras tanto la empresa Cifra arroja datos en sentido opuesto. Para esta empresa el 34 % aprobaría la derogación, mientras 44 % votaría por mantener los artículos y la cantidad de “indecisos” representa el 22 %.
La apuesta popular crece, el movimiento se fortalece
Peirano finalizó su oratoria durante el acto central indicando lo que ya señalamos como eje central del conflicto político de coyuntura, al señalar que: “Estamos forjando las nuevas mayorías necesarias que levantarán la papeleta del Sí, donde el pueblo democráticamente y en las urnas derogará los 135 artículos más nocivos. Quienes defienden la LUC podrán tener más recursos, pero nosotros tenemos la indignación de la injusticia que nos une y nos interpela, y bien sabemos que nada podemos esperar si no es de nosotros mismos”.
