Con el ambiente político todavía acomodándose a las precandidaturas presidenciales lanzadas días pasados, y sin demasiadas alteraciones aun respecto delas intenciones de voto –por ahora, la mayoría de los sondeos muestra una posición consolidada a favor del Frente Amplio[i]-, Uruguay se dispone a discutir una nueva ley militar. Ésta dispone una novedosa organización y competencias para las Fuerzas Armadas y definiciones institucionales no siempre sencillas de resolución –todo lo contrario- en la historia latinoamericana.

Este nuevo marco legal representa una excepción para los tiempos actuales: entre la asunción de Jair Bolsonaro en Brasil, los nuevos ‘protagonismos militares’ que pretenden instalar tanto Sebastián Piñeira como Mauricio Macri -entre otros reposicionamientos que pueden observarse en la región- la propuesta uruguaya pareciera indicar otra dirección. Tampoco es un detalle que el proyecto de reforma de la Ley Orgánica Militar tome estado parlamentario en un año en el que, por primera vez, se pusieron en discusión social los privilegios del Servicio de Retiros y Pensiones Militares, y el propio Presidente definió el arresto por 30 días del Comandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, “por múltiples situaciones que merecieron en su momento apercibimientos, las que contravienen reglamentaciones y artículos constitucionales”[ii].

Los militares y la democracia uruguaya

Uno cuantos meses antes de que Bolsonaro se colocara en el centro de la escena política latinoamericana y los militares en Brasil volvieran a asumir un manifiesto protagonismo político –con la ayuda de Michel Temer desde la Presidencia-, un grupo de militares retirados uruguayos organizó, en diciembre del año pasado, el movimiento Unidos Podemos, con el objetivo declarado de asegurar “la defensa de los legítimos derechos de la familia militar, de las Fuerzas Armadas, para ocuparse e incidir en las soluciones a los grandes problemas que los afectan, al igual que a la mayor parte de la sociedad”, según el inaugural documento organizacional[iii].

En el centro de los reclamos constitutivos del grupo, que renovó su presencia con el conflicto agropecuario de principios de este año con declaraciones públicas y posicionamientos en general, estarían las modificaciones impulsadas por el Gobierno de Tabaré Vázquez para terminar con los privilegios de su exclusivo régimen jubilatorio (Servicio de Retiros y Pensiones Militares), un proyecto con aprobación en el Congreso y que todavía debe revisar algunos cambios.

Desde su creación durante la década del ´60, la asistencia financiera estatal ha sido fundamental para el funcionamiento de la ‘caja militar’; si hasta el golpe de Estado de 1973 el subsidio rondó entre 50-60% del total, ese porcentaje no ha parado de crecer gradualmente (con algunas oscilaciones) llegando, con los aumentos de los sueldos y jubilaciones dispuestas por los propios gobiernos del Frente Amplio desde el 2005, a que la asistencia financiera estatal alcanzara un 85% en el 2015 (con tan sólo un 15% de aporte de los activos) [iv]. Ello representa un déficit para las cuentas públicas, para los próximos tres años, de más de mil millones de dólares, un detalle no menor para un país como Uruguay y para una opinión pública que, al ponerse en evidencia muchos de los privilegios[v] que ocultaban esos números, comenzó a ver con beneplácito las modificaciones en el régimen.

El Gobierno fue ‘administrando’ el tema durante este año, logrando aplacar el tono de los reclamos de la corporación militar al punto tal que, cuando se determinó el arresto del comandante del Ejército G. Manini Ríos (precisamente por sus comentarios desfavorables al proyecto de reforma de Servicio de Retiros y Pensiones Militares), no hubo ni una situación de ingobernabilidad política ni de alarma institucional; ni siquiera la figura pública del propio Manini Ríos logró mayores adhesiones públicas (tan sólo un precandidato presidencial lo ha propuesto como ministeriable en un futuro Gobierno[vi]).

Ley de Reforma Orgánica militar

La modificación de la Ley Orgánica Militar, desde un punto de vista conceptual, termina con la denominada Doctrina de Seguridad Nacional, que todavía seguía incrustada en las disposiciones vigentes (desde 1974), y con la noción de ‘obediencia debida’, al señalar que “ningún militar debe cumplir órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución y las leyes vigentes, o que impliquen la flagrante violación o ilegítima limitación de derechos humanos fundamentales”. En términos simbólicos, la reforma también termina con la existencia de órganos como la Junta de Comandantes en Jefe y el Estado Mayor Conjunto, de preponderante funcionamiento durante la última dictadura.

Este cambio se propicia luego de ser aprobada ocho años antes, con un amplio consenso político, la Ley de la Defensa Nacional, marco desde el que deben comprenderse los cambios del organigrama planteados ahora, bajo los principios de la ‘no discriminación’, ‘equidad’ y ‘el respeto a la dignidad de las personas’. Así, por ejemplo, hay una rebaja para los cargos oficiales superiores –en el caso del Ejército, pasará de 180 a 145, en las otras dos fuerzas será de un 10%-, criterios comunes para las sanciones y castigos disciplinarios, y se promueve decididamente la ‘profesionalización del personal militar’ a partir de los concursos (además de las otras variables de ascenso: antigüedad y sistema de selección) en los que todos los oficiales serán promovidos a través de concursos en las tres fuerzas –no como hasta ahora que valía sólo para el Ejército-. Además, en las justificaciones del proyecto, se insiste con claridad que “la población no debe considerarse amenaza”, una consideración muy oportuna para estos momentos latinoamericanos en los que vuelve a posicionarse el argumento de la ‘conmoción interna’ como justificación para medidas de control y represión por parte de los organismos del Estado[vii].

Conclusión

Según un reciente estudio de Latinobarómetro, el apoyo a la democracia de los uruguayos tuvo en 2018 su punto más bajo desde que ese indicador es medido: tan sólo el 61% de los consultados respondió que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de Gobierno”. No es un excepción en la región, sino todo lo contrario: en muchos otros países las cifras son aún peores.

Es importante estar atentos a los desdoblamientos que traen consigo las modificaciones planteadas por el Gobierno de Tabaré Vázquez en lo que respecta a las Fuerzas Armadas, siendo que en Uruguay también han vuelto a manifestarse en la escena democrática. Para ver si es una tendencia de expansión o si con los cambios propuestos hay otros encauzamientos, la llegada de Jair Bolsonaro en Brasil merece las alertas del caso.

 

[i] http://www.gruporadar.com.uy/01/?p=2343

[ii] https://www.eluniverso.com/noticias/2018/09/13/nota/6950810/uruguay-explica-arresto-militar

[iii] https://www.elpais.com.uy/informacion/nace-grupo-politico-militares-retirados.html

[iv] http://zur.org.uy/content/los-privilegios-jubilatorios-de-los-militares)

[v] https://www.tiempoar.com.ar/nota/el-escandaloso-privilegio-de-los-militares-jubilados-en-uruguay

[vi] https://www.elobservador.com.uy/nota/novick-quiere-a-manini-rios-de-ministro-de-defensa-en-caso-de-llegar-al-gobierno–2018109112021

[vii] https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/nueva-ley-militar-anula-concepto-obediencia-debida.html