A un año de su asunción, Lacalle y su coalición de derechas deben enfrentar las consecuencias sanitarias y sociales de una mala gestión de la pandemia.

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Hoy 1 de marzo Luis Lacalle cumple su primer año de gobierno. No habían pasado dos semanas desde su asunción cuando Uruguay entró en la dinámica de la pandemia provocada por el Covid-19. La gestión del presidente y de la coalición gobernante está en simbiosis con la pandemia. La pandemia ha servido para ocultar agenda, para exonerar responsabilidades, para impedir reacciones sociales, y la gestión publica de la pandemia ha sido un factor central en la valoración de la gestión. Pero hay que ver lo otro que también pasó.

La novedad inicial, prepandemia, fue la consolidación de una coalición de partidos de derecha (todo el espectro político excepto el Frente Amplio y otros partidos políticos de izquierda sin representación parlamentaria). En enero de 2020 el Gobierno presentaba lo que sería el eje programático y político de su gestión[1] a través de un proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) que ya establecía un perjuicio democrático por el instrumento elegido, condiciones y tiempo para el debate, y la cantidad de asuntos a tratar. El texto definía el neoliberalismo del siglo XXI: la seguridad como problema central y la solución por la vía del aumento de penas y menor responsabilidad legal de los cuerpo represivos en su accionar, criminalización de la protesta, desregulación y ajuste económico, debilitamiento del Estado, debilitamiento de los trabajadores frente a los empleadores, sensibilidad especial a las demandas de los grandes capitales, respaldo a los discursos conservadores.

Reparto del poder

En el reparto de poder entre los socios correspondió una distribución similar al apoyo parlamentario si se considera sólo a los ministros, pero con los subsecretarios y directores generales, el presidente estableció su control en el Ejecutivo.[2] Teniendo en cuenta un índice que relaciona el peso legislativo de los partidos coaligados y su presencia en el Gabinete (ministro/a), el Índice de Congruencia Partidista del Gabinete[3], el valor es de 0,942 siendo el más alto desde la recuperación democrática. La conformación distributiva asegura respaldo parlamentario ante la fragmentación. Si bien la actual vicepresidenta es la primer mujer electa para ese cargo en la historia política del país, la composición por sexo del Gabinete representa un enorme desequilibrio: solamente dos mujeres en un total de catorce cargos de rango ministerial.

A pesar de que un lema de campaña electoral de Lacalle era “Estamos preparados”, la demora en las designaciones para cargos de gestión de primera línea fue notable. No sólo por negociaciones entre los socios, tampoco por los procesos formales pues algunos exigen venia del Senado, sino y principalmente porque no encontraban perfiles para designar en los cargos de responsabilidad, y entre los problemas más repetidos se mencionaban que la escasa disposición de quienes podían tener perfiles técnicos idóneos se debía a que no aceptaban trabajar por la remuneración que el Estado asigna a dichas responsabilidades.

Esto derivó en serios problemas de transición, ya que en muchos ministerios las autoridades salientes dejaron sus puestos sin poder interactuar para una transición responsable con los nuevos. Incluso el Gobierno solicitó formalmente a jerarcas de los gobiernos frenteamplistas que se mantuvieran, mientras el Ejecutivo buscaba a quien designar.

Blindaje y cerco

El Gobierno cuenta con los medios de comunicación como aliado central. La apuesta al show por parte del Gobierno ha sido evidente desde el principio, y no son pocas las similitudes de “gestos” en este sentido entre Lacalle y Macri. Tienen en ese territorio una estrategia clara. El blindaje mediático le permite contar con la carencia de profundidad y mordacidad de los medios ante las acciones del Gobierno. Las pocas “denuncias” que llegaron a través de los medios parecían estar orientadas hacia la batalla interna de la coalición. Por su parte, el cerco mediático implica la escasa llegada de la oposición a la agenda de medios.

El verano trajo uno de los momentos más simbólicos del accionar de la estrategia de show, blindaje y cerco. En los días en que se alcanzaban los mayores niveles de nuevos contagios diarios y sin vacuna a la vista, el presidente se tomaba fotos surfeando. Los medios conducían el debate hacia el derecho a descansar y la jovialidad del presidente, pero poca cosa decían del claro contraste con lo que estaban viviendo las familias uruguayas.

Déficit, muletilla y látigo

A pesar de que la pandemia exigió la detención de vastos sectores de la economía, lo cual implicó que rápidamente se deteriorara el ingreso de los hogares -sobre todo dentro del sector informal- el Gobierno definió un aumento de tarifas. El discurso central ha sido el desajuste fiscal heredado del Gobierno anterior. Mientras el mundo se dirigía a ampliar sus déficit para enfrentar los impactos de la crisis, Uruguay fue el país de la región que menos desembolsó, según CEPAL. El relato del Gobierno establecía reducir 900 millones de dólares del presupuesto público.

Un informe que analiza la acción en materia tributaria durante el primer año de gestión[4] menciona que hubo 12 innovaciones con efectos impositivos relevantes. Al evaluar los ganadores y perdedores observa que los perdedores suelen estar en los sectores de ingresos fijos (trabajadores, jubilados) y en los impuestos al consumo, generando incrementos de recaudación, en tanto los ganadores suelen ser actividades empresariales, de diferente porte, con lo cual disminuye la recaudación. Durante el 2020 la caída de la economía se ubica en el orden del 6 %, mientras que la caída en la recaudación neta de la DGI lo hizo en 2,7 %. Sin cambios relevantes, el comportamiento de la economía y la recaudación suelen ser muy similares. Por lo que, efectivamente, el ajuste realizado por los cambios introducidos pueden explicar esta diferencia. Incluso según el propio informe del MEF la recaudación pasó del 16,1 % al 16,6 % del PIB. Además, es previsible que el efecto de los cambios se observe aún más en el 2021.

El otro gran protagonista político programático de este año ha sido la votación de la Ley de Presupuesto quinquenal. La materia del texto es vasta, pero algunos elementos sobresalen. En particular el establecimiento de una política laboral que desconoce los mecanismos de negociación colectiva y la definición de la pérdida de salario real de los y las trabajadoras.[5]

Semejantes políticas de ajustes hubieran provocado fuertes movilizaciones que podrían haber jugado a favor de quienes surgen como perdedores tras la implementación de las mismas. Sin embargo, el Gobierno y sus aliados centrales apostaron por transformar la movilización social en una acto “aberrante” de por sí y, sobre todo, por la situación de la pandemia. Este uso político antidemocrático de la pandemia sirvió para impulsar una agenda neoliberal, disminuir la actividad democrática del debate público y mitigar la movilización. Como en muchos lugares, también en Uruguay la pandemia ha sido utilizada como aliada del poder.

Una característica de los primeros días del Gobierno[6] fueron las conferencias de prensa diarias. La exposición del Gobierno fue extrema; se iban alternando los protagonistas. A pesar de haberse creado el cargo de “vocero presidencial”[7], al mismo se le desconoce la voz. La vocería fue quedando en manos del secretario de la Presidencia y del ministro de Salud. Este fue el principio de una pulseada por ocupar la referencia en el manejo de la pandemia, cuando los contagios se mantenían por niveles muy alejados de la media mundial y la “libertad responsable” se transformaba en una daga que pretendía loar al liberalismo en detrimento de las acciones de corte restrictivo que el mundo emprendía, sobre todo Argentina. La economía aparecía como el elemento principal de cuidado más que la salud. Sobre todo la economía de las empresas. La ministra de Economía resumió hace pocos días que su estrategia es “cuidar los recursos para cuidar a la gente”, un eufemismo para asignar las prioridades en el orden ideológico correspondiente.

La pandemia

El factor de contagio de la pandemia estuvo por niveles muy bajos durante bastante tiempo. Hasta fines de octubre Uruguay aparecía como ejemplo en el manejo de la pandemia, básicamente porque tenía bajos índices de contagio y mortalidad y a la vez no se habían tomado medidas drásticas del tipo “cuarentena”. Si bien se tomaron medidas de restricción, como la detención de clases, la disminución de aforos en transporte, la promoción del teletrabajo, etc., las medidas para enfrentar los impactos sociales no llegaron. No obstante, el Gobierno manejó a su favor la situación, hasta que la situación epidemiológica cambió y ya no quiso asumir la responsabilidad. Las conferencias de prensa se espaciaron, el presidente aparecía menos y la responsabilidad comenzaba a recaer en la ciudadanía.

Cuando en diciembre los números de contagio crecieron rápidamente y Uruguay se puso en sintonía con el mundo, comenzaron a surgir propuestas de mayor restricción. La responsabilidad comenzó a derramarse hacia la población y la policía comenzó a actuar en la represión de “aglomeraciones”, pero siempre con un sesgo. Los jóvenes y los barrios obtenían la mayor atención. Esto desembocó en la promoción de una ley para interpretar un artículo de la Constitución y se habilitó limitar el derecho de reunión de forma temporaria, pero se ha extendido hasta ahora. Este final de año cercenando libertades[8] no se corresponde con las políticas que nada hacen para ayudar a las más de 700 ollas populares.

A un año del inicio de su gestión, la ministra de Economía reconoce sin mayor preocupación que la pobreza aumentará “dos o tres puntos”, lo que representa cerca de 100 mil personas, sin contar el incremento de personas en situación de calle, e insistiendo en lo de cuidar los recursos.

Preocupa en estas horas que la extensión sucesiva de la limitación del derecho de reunión y la habilitación a su represión pueda ser utilizado como mecanismo de provocación y represión durante la movilización del 8 de marzo.

Subirse al avión

Una forma de evitar la agenda nacional, sobre todo cuando los datos de la pandemia se hicieron menos favorables, fue comenzar a desplegar una agenda internacional. La primer visita oficial de Lacalle fuera del país fue a Brasil, para reunirse con Bolsonaro. Para Uruguay la región es central; no obstante, en este caso las señales son inequívocas: distanciarse de Argentina y simpatizar con los sectores más conservadores del país. El Mercosur fue la excusa; sobre todo su “relanzamiento” y su “flexibilización”. La segunda etapa de la agenda fue recibir en Uruguay al presidente de Paraguay. Con estas dos iniciativas procura el Gobierno acordar una estrategia hacia el Mercosur de confrontación con Argentina.

El Gobierno uruguayo había jugado fuerte a la victoria de Trump, por lo que su derrota exigirá un reacomodo de estrategia y actores. Esto debe incorporarse también a la hora de valorar la reunión con Bolsonaro. China, Japón y Qatar surgen como los destinos próximos por fuera de la región.

Del mejor de la región al último de la fila

Uruguay fue el último país de a región en recibir vacunas. El presidente apostó en agosto de 2020 a “colarse entre los grandes” en la negociación, a ser los “primeros de la región” en obtener las vacunas. El realismo político no acepta fácilmente estrategias de “viveza criolla”. Además, el Gobierno no aceptó la mano tendida de actores regionales como el caso de Argentina, y tampoco a nivel nacional (actores del FA como el expresidente Mujica o instituciones privadas de salud). Incluso hubo un acontecimiento aún no aclarado de haber comprometido la compra de vacunas ante representantes no validados de la vacuna china. Pero terminó aceptando la ayuda de Chile para traer (¿y conseguir?) vacunas de China, una foto más amigable ideológicamente.

Discurso de balance

Lacalle Pou solicitó ser recibido por el Parlamento el 1 de marzo para exponer ante él su balance de gestión. Es una acción inédita y debe saludarse. Las vacunas eran centrales para este discurso, realizarlo sin las vacunas iba a implicar un momento crítico. Finalmente, se solicitó que se aplace para mañana, 2 de marzo. Parece ser necesario que antes del discurso la foto del primer vacunado recorra los medios.

Evaluación de la coalición

El 2020 fue el año de la lealtad de la coalición por ser el primer año, por considerar la “luna de miel” que fue extendida por la pandemia, porque había proyectos claros (LUC y Presupuesto) y porque la distribución de cargos marcaban el tono. Pero a partir de este segundo año la cosa cambia.

La coalición de derechas se expone al inicio de la guerra de baja intensidad que implica una coalición conformada básicamente por intereses de clases no dichos y por una diferenciación con la izquierda. Las batallas electorales se ganan sumando votos, y las mayorías tienen necesidades concretas a las que se debe responder y que exigen la diferenciación.

El auge de las derechas, entre otros aspectos, ha sido posible porque han sabido concretar algo que para las izquierdas ha sido muy trabajoso: la unidad sin exclusiones. Las derechas están buscando su acción común en lo económico, lo político y lo social-religioso, pero como toda unidad es una acción acordada entre distintos, lo que implica conflictos. Cómo manejen estos conflictos marcará la forma en que sobrevivan.

La Coalición de derechas en Uruguay logró coordinar la acción política conjunta de todos los partidos del sistema político contra el Frente Amplio. Si bien la demanda de un espacio de coordinación se plasmó por parte de los aliados del presidente, éste lo evitó.

El ciclo político electoral avanza y la imposibilidad de reelección inmediata hace del presidente en ejercicio una persona que va perdiendo poder frente a sus aliados, si bien dentro de su propio partido la situación es ambigua. La máxima en este caso es estar lo suficientemente cerca para brillar y lo suficientemente lejos para no quemarse.

Las novedades del 2021 en este aspecto coinciden (no de forma espuria) con la información que muestra el descenso de la aprobación del presidente y por primera vez valores negativos en algunas áreas específicas del Gobierno. Según el informe de Factum[9] el presidente y el Gobierno siguen teniendo saldo favorable; el presidente cayó de 16 a 10 puntos y el Gobierno de 17 a 9 %. La mayor aprobación la recoge el manejo de la pandemia, pero la misma cayó de 68 % de saldo favorable de aprobación a 16 %. Sin embargo, el empleo, la pobreza, el ingreso de los hogares y el aumento de precios aumentaron significativamente su saldo neto negativo.

Cabildo Abierto y el Partido Colorado iniciaron el año exigiéndole al presidente la implementación de políticas orientadas a las PYMES y otras propuestas orientadas a responder a las necesidades de algunos sectores. El Partido Colorado presentó un conjunto de documentos en los que le solicita al Gobierno (que integra) que aumente el gasto despidiéndose del sonsonete del control del déficit, de la ortodoxia fiscal. Aunque no ha existido ningún cambio realmente significativo desde la aprobación del Presupuesto, donde ambos partidos actuaron “lealmente” con el Gobierno, los cambios que ahora piden son claramente el paso al momento del “perfilismo”. Hasta dónde esta actitud promoverá la deslealtad está por verse.

El segundo frente al interior de la coalición de derecha es un incremento en la demanda de un espacio de coordinación política. El presidente debiera ir pensando en formalizar órganos de coordinación de la coalición para debilitar los descuelgues, aunque ello pueda perjudicar en alguna medida la estrategia de su propio partido hacia 2024.

En efecto, una reacción a estos reclamos fue poner en juego acciones que formaban pare del escenario estratégico del Partido Nacional, sobre todo del sector del presidente. En este sentido, a los ministros más identificados con el propio presidente se los hizo salir a jugar más fuerte; más que durante el 2020. A pesar de la importancia de su cartera, la ministra de Economía y el ministro de Desarrollo Social no habían emergido como actores relevantes en el escenario público de lo político. En el caso de Desarrollo Social, el presidente realizó movimientos para desarticular el mal relacionamiento entre las principales autoridades del Ministerio, provocando la salida del director general (el número tres en jerarquía).

Otra reacción fue dar por iniciada la batalla por la sucesión al interior del Partido Nacional. Durante las conferencias de prensa de 2020, el secretario de la Presidencia surgía con un perfil altísimo, pero a principios de febrero el presidente de la Cámara de Diputados, antes de que termine su mandato como tal el 1 de marzo, hizo público su interés de llegar a la Presidencia.

El presidente y los otros

La relación del presidente con la oposición política ha sido en general de desconocimiento. En los primeros días de la pandemia el Frente Amplio le solicitó una reunión al presidente y éste aceptó pero para más de diez días después de la petición. El señalamiento de varios actores políticos calificando como una “necedad” tal comportamiento terminó adelantando la reunión.

Por otra parte, el relacionamiento con la principal organización popular, el PIT CNT (la “central” de trabajadores) ha sido variable. Por un lado, un relato de desconocimiento de la negociación colectiva y un mensaje constante de insistir en el desequilibrio propio de las relaciones laborales a favor del “capital”. Por otro lado, el Gobierno es consciente que el PIT CNT es la única organización capaz de provocar movilizaciones capaces de afectar la dinámica política.

El Gobierno no precisa al Frente Amplio para legislar, por ahora, por lo que prescinde de él a pesar de que el FA tiene el 40 % de apoyo popular.

Las organizaciones empresariales han sostenido al Gobierno o evitado las críticas. Sin embargo, se empiezan a percibir acciones de división al interior de algunas de estas organizaciones que reflejan la batalla dentro de la coalición. Lo mismo puede verse entre los sectores conservadores de base religiosa.

Porvenir

El 2 de marzo el presidente hará su discurso de balance y seguramente adelante los nuevos objetivos políticos del año. Pero hay elementos que serán parte de lo que viene.

La pandemia no desaparecerá y la vacunación aparece como el factor central, pero el Gobierno tendrá que dar respuesta clara de sus acciones ante el deterioro del empleo y los ingresos. El inicio del año lectivo es también un problema de múltiples impactos.

Las propuestas de derogación de la LUC por vía de referéndum serán los principales elementos de movilización social durante el 2021.

Es probable que el Frente Amplio, único partido de la oposición, consiga ir saliendo de su desconcierto estratégico y pueda comenzar a dar golpes políticos más efectivos.

El año 2020 al interior de la coalición fue el de la lealtad, el 2021 será el de los perfilismos.

 

 

 

[1]https://www.celag.org/uruguay-las-urgencias-del-gobierno-electo/

[2]Esta es la distribución al inicio del Gobierno, ya que luego se dividió el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en dos ministerios distintos.

[3]Indice de Congruencia Partidista del Gabinete. Establece la relación entre la distribución de carteras en el Gabinete y el peso legislativo de los partidos representados. La relación perfecta entre proporción de ministros y bancas asume el valor 1, lo contrario es 0.

[4]https://lft.org.uy/wp-content/uploads/2021/02/Informe-Tributario-Marzo-de-2021.pdf

[5]https://ladiaria.com.uy/economia/articulo/2020/8/lineamientos-salariales-para-trabajadores-publicos-en-el-presupuesto-nacional-habra-perdida/

[6]Sobre los primeros 100 días, https://www.celag.org/breves-notas-sobre-los-primeros-100-dias-de-lacalle/

[7]Según el propio vocero designado, la creación de este cargo tiene como objetivo principal “generar un flujo informativo oficial que se relaciona con las actividades y ciertos temas inherentes al trabajo de Presidencia de la República”. La idea es “transmitir, informar, contar y eventualmente explicar las acciones que el Gobierno decide realizar en el marco del ejercicio de la tarea gubernamental”

[8]https://www.celag.org/uruguay-cierre-de-ano-limitando-libertades/

[9]https://portal.factum.uy/pdf/articulos/2021/Factum_-_Evaluacion_del_presidente_y_Gobierno_-_Enero_2021.pdf

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Pablo Álvarez

Licenciado en Ciencias Políticas (Universidad de la República), cursando la Maestría en Historia Económica (UdelaR). Diputado Nacional por el Frente Amplio (2005-2010), Director general del Ministerio de Educación y Cultura (2010-2015) y coordinador general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República (2015-2018). Actualmente es…