(Informe: TeleSUR/CELAG)
En un contexto de guerra económica continuada, el gobierno venezolano busca proteger al pueblo de diferentes modos, por lo que en las últimas semanas se han anunciado una serie de nuevas medidas económicas estratégicas. El presidente Nicolás Maduro dio a conocer un conjunto de medidas económicas para hacer frente al escenario económico actual y proteger a los consumidores, trabajadores y al sector empresarial comprometido con el desarrollo de Venezuela.
Una de las medidas más importantes anunciadas es el ajuste en la Ley de Precios Justos, con el objetivo de frenar la cadena especulativa impulsada desde el sector empresarial privado, cuya conformación de precios -alejada de la economía real- permitía obtener ganancias muy por encima de lo que estipulaba la ley, llegando a tasas de ganancia que superaban el 500 por ciento en muchos casos.
Más puntualmente, el ajuste anunciado se trata de una reforma a la ley que contempla la incorporación de las categorías “precio máximo de venta al público” y “precio justo”, así como un mayor margen de ganancia para los productores nacionales sobre los importadores. A juicio del presidente Maduro, el perfeccionamiento de la ley “permitirá hacer de la actividad económica, productiva, distributiva y comercializadora, una actividad sustentable”. Además, la reforma cumple con la finalidad de proteger el salario y el empleo de los venezolanos, así como las misiones y grandes misiones sociales, puesto que, entre otras cosas, garantizará que los precios justos no solo se apliquen en la cadena privada sino en los mercados comunales.
Las nuevas categorías en la escala de los precios marcan diferencias entre dos tipos de bienes: aquellos bienes básicos y prioritarios para la población, que estarán sujetos a un precio justo únicamente fijado por la superintendencia de precios justos, y el resto de bienes que se someterán a precio máximo venta.
Esta nueva política de precios justos evitará que el sector privado siga usando la categoría de precio justo para cualquier bien y aplique cualquier importe. Hay que remarcar que la primera categoría promueve los costos reales, con un porcentaje de ganancia para la producción de 30 por ciento y de 20 por ciento para la importación, mientras que la distribución y comercialización fija la tasa en 60 por ciento. De esta manera, el gobierno venezolano busca rescatar la capacidad del aparato productivo, incentivar la producción nacional y reforzar la exportación de las empresas del país.
En tanto, la segunda categoría –“el precio justo”- estará dirigida a la protección de alimentos y servicios de salud, y un comando nacional de precios justos se encargará en los próximos 30 días de establecer las nuevas medidas en este ámbito.
La reforma también incluye el aumento de las sanciones contra quienes remarquen precios en los productos, sanciones que ahora irán al ingreso neto de las empresas. Asimismo, se incrementará la severidad de las penas las cuales pasarán a contemplar envíos a prisión, y se aplicará un mecanismo que establecerá un nuevo ilícito cambiario con sanciones graves para quienes fijen precios en dólar paralelo y lo utilicen sin ningún tipo de respaldo legal.
Proteger los salarios en un contexto internacional adverso
El ejecutivo reconoce que 2015 es un año difícil. Sin embargo, la inversión social sigue creciendo, el desempleo es bajo y lo más importante: continúa la protección de los salarios.
En efecto, un nuevo aumento del salario mínimo venezolano entrará en vigencia el primero de noviembre, medida que forma parte de las políticas del gobierno bolivariano para proteger a la clase trabajadora del país. La misma se trata de un incremento del 30 por ciento, que sumado al resto del año acumula un aumento anual de 97 por ciento, así como el aumento del ticket de alimentación tanto en días de base de cálculo como en su valor, ubicando el ingreso mínimo integral en 16 mil 300 bolívares. El aumento llegará también a los jubilados y pensionados, quienes además recibirán tres meses de aguinaldos.
Y es que pese a las dificultades económicas de 2015, que incluyen caída del precio del petróleo, contracción económica internacional e inflación inducida, el gobierno venezolano ha logrado sobrecumplir en el cobro de impuestos, y todos esos ingresos se están destinando a las misiones, así como al cuidado de los salarios de sectores claves: profesores, militares, médicos y personal de salud, y al sector petrolero. Se trata de una política salarial que ha sido prioridad en más de una década, y que en la actualidad toma aún más importancia para dar respuesta a la guerra económica y enfrentar los mecanismos de especulación, contrabando y boicot.
