Las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 20 de mayo en Venezuela son presentadas, por buena parte de la comunidad internacional, como un ejercicio electoral ilegal e ilegítimo. Esta lectura no es nueva y enlaza con discursos, decisiones y prácticas de distintos actores internacionales sobre la democracia venezolana, cuestionando el sistema electoral y su calidad democrática. Dichos actores, caracterizados por intereses materiales y geopolíticos que chocan con los del Gobierno venezolano, se han dedicado a difundir ante la opinión pública mundial un determinado sentido común sobre la democracia, la libertad y los derechos humanos (DDHH). Se repiten experiencias previas, se repite la respuesta desde el sector público-privado estadounidense y los intereses vinculados a las élites locales: cualquier proceso que trate de cuestionar el statu quo, que ponga límites a su funcionamiento o que intente formas de democracia distintas a las de la democracia liberal procedimental hegemónica, es presentado como fallido y/o antidemocrático, de tal manera que arraigue la idea de que “no hay alternativa” al sistema económico y político existente.

En el caso concreto de Venezuela, desde el inicio de la Revolución Bolivariana y especialmente en los últimos años, se viene construyendo y sedimentando la noción de que es un Estado fallido o una dictadura que vulnera los DDHH y la democracia procedimental, y que ha procurado aislarse del mundo. En los últimos tiempos, está cobrando fuerza también la idea de Venezuela como país que padece una crisis humanitaria que hace urgente la intervención de la comunidad internacional.1 A continuación se exponen algunos de los actores que participan en la construcción/manipulación de esta realidad, sus acciones en los últimos meses y su comportamiento prospectivo ante un escenario electoral con el que no contaban:

Los medios de comunicación y redes sociales.

Procuran manufacturar el consenso negativo en torno a Venezuela a través de un poder blando que incide en la opinión pública mundial. El poder blando se basa en elementos culturales e ideológicos para cooptar y seducir a la población hacia los valores de quien lo ejerce. A diferencia del poder duro, que utiliza métodos coercitivos, el poder blando es sutil y puede resultar imperceptible.

Desde hace varios meses, los medios de comunicación internacionales destacan la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela2 (con paralelismos al caso de Siria), presionando para la intervención de gobiernos u organismos internacionales para solucionarla. En el marco de este escenario, se exacerban las advertencias sobre el problema migratorio, presentando la emigración venezolana como un éxodo producto de la grave crisis humanitaria que afecta a la seguridad hemisférica y que es, única y exclusivamente, producto de los errores del gobierno venezolano,3 quitando relevancia a las medidas económicas, políticas y diplomáticas de gobiernos y organismos internacionales que han empujado a esta situación.

Otra herramienta usual en la manufacturación del consenso negativo es la difusión de rumores vía redes sociales, sea Twitter o Facebook. Por ejemplo, un columnista reconocido como voz experta difundía el 27 de abril una supuesta “reforma constitucional para abolir el sufragio en Venezuela”4, basándose en declaraciones del presidente colombiano Juan Manuel Santos. Algo similar sucedió hacia fines de mayo de 2016, cuando el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, difundió en redes sociales que era un hecho la aplicación de la Carta Democrática al caso de Venezuela (cuando en realidad, se necesitaba de varias instancias para aplicarla), provocando un grave escenario de tensión a nivel regional5.

Su papel es crucial a la hora de influenciar a la opinión pública mundial, incluso con el propósito de condicionarla en procesos electorales propios, con la asociación de candidatos que no son del agrado del establishment con Venezuela (caso de México, con Manuel López Obrador, o Colombia, con Gustavo Petro), tengan o no vínculos con dicho país. Es de prever que los medios hegemónicos y redes sociales exacerben en las próximas semanas esta construcción de consenso negativo sobre Venezuela, descalificando y deslegitimando el proceso eleccionario.

Think tanks y “opiniones expertas”.

Son organismos que elaboran la opinión experta para moldear la opinión pública difundida o impuesta por medios y redes sociales, o bien por artículos académicos que frecuentemente presentan como verdad objetiva hechos cuestionables (carentes de fundamentos sólidos) e interpretaciones tendenciosas y repletas de omisiones. Un ejemplo son los múltiples informes sobre la inflación venezolana, el desabastecimiento, la (supuesta) miseria estructural venezolana, que evitan hacer referencia el contexto internacional, las tensiones y los factores y actores políticos internos y externos que inducen o presionan para la desestabilización permanente.6

Los think tanks han ayudado a respaldar, a través de sus analistas y voceros, la idea de la crisis humanitaria en Venezuela, procurando asociarla al caso de Siria,7 asociación que –como hemos mencionado– es reproducida por la prensa hegemónica. En efecto, los medios de comunicación con mayor audiencia recurren a estas voces expertas para elaborar artículos o presentarlos en columnas de opinión. Se suman a esta dinámica conferencias y eventos realizados sobre Venezuela, orientados a consolidar la necesidad de un urgente cambio de régimen.8 En este rubro, se incluye a los miembros de la oposición al Gobierno, invitados como voces informadas y particularmente legítimas.9 También abarca a los expertos que actúan, supuestamente, a título individual con declaraciones off the record10 o en espacios públicos, expresando directamente los intereses de Estados Unidos (EEUU) en su calidad de funcionarios o ex funcionarios empujando en la línea del ‘cambio de régimen’.11

Es probable que las opiniones expertas confluyan con mayor énfasis en la construcción/sedimentación de la noción de crisis humanitaria que justifique una intervención humanitaria al uso de las que EEUU ha realizado en los últimos años en la ex Yugoslavia o Irak.

Diplomacia.

En este rubro se incluye tanto el accionar de gobiernos como el de organismos regionales e internacionales que avalan la idea de Venezuela como supuesto Estado fallido sumido en una crisis humanitaria. Con sus acciones mantienen un orden internacional asimétrico, donde las potencias occidentales se arrogan la potestad de establecer no sólo las reglas del juego en el ámbito internacional sino también al interior de los países, reproduciendo las relaciones centro-periferia que apuntalan el orden neoliberal12.

La presión diplomática hacia Venezuela ha ido in crescendo en los últimos meses. En el hemisferio y en el ámbito multilateral, destaca la labor de la OEA que se ha dedicado a articular un frente al servicio del “cambio de régimen” en Venezuela insistiendo en la crisis humanitaria.13 Ante la imposibilidad de lograr un consenso dentro de la OEA, se creó el Grupo de Lima, alianza de 12 países conocidos por su afinidad con la política estadounidense (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Brasil y Costa Rica), a los que se han sumado EEUU, Guyana y Santa Lucía, para presionar al Gobierno Maduro. Sus declaraciones sobre la ilegalidad de las elecciones presidenciales14 se han tomado como prueba de dicha ilegalidad, sin siquiera considerar lo que la legislación venezolana establece al respecto. El Grupo de Lima pretende aplicar unilateralmente la Carta Interamericana de la OEA a Venezuela.15

El actual escenario político latinoamericano, con una correlación de fuerzas más favorable a la derecha regional, pone en una situación delicada a Venezuela. El anuncio de varios países de suspender su participación en UNASUR16 muestra una tendencia a acomodarse (nuevamente) a los lineamientos económicos, políticos y para la seguridad planteados desde EEUU, en detrimento de las iniciativas latinoamericanistas que favorecían la resolución de conflictos desde América Latina y para América Latina.

Este escenario hemisférico más adverso reduce la capacidad de maniobra de Venezuela ante las reiteradas declaraciones de los funcionarios estadounidenses. En los últimos días, el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, ha pedido desconocer las elecciones del 20 de mayo y suspender a Venezuela como miembro de la OEA.17 Mientras que el recién nombrado secretario de Estado, Mike Pompeo, ha resaltado el conflicto en torno al éxodo de millones de venezolanos que supuestamente huyen del país por culpa de la crisis y el régimen corrupto al que calificó de dictadura.18 En este escenario, no debe descartarse la instalación de un gobierno paralelo en el exilio al que EEUU podría proporcionar ayuda material y sobre todo brindarle legitimación, tanto de manera bilateral como a través de organismos multilaterales como la OEA.

Las declaraciones van acompañadas de otras medidas de presión diplomática como las sanciones económicas, principalmente hacia funcionarios venezolanos19iniciadas bajo la administración Obama, pero continuadas y profundizadas bajo la de Trump. Como algunos analistas observan, las sanciones se mantienen de manera bilateral pese a su ineficacia para lograr el cambio de régimen, para lo cual son más útiles las estrategias multilaterales.20 De hecho, EEUU ha buscado aliados para sus sanciones, que también han aplicado los países de la Unión Europea21, sumándose recientemente Suiza22 y Panamá.23 Las sanciones también buscan evitar que Venezuela desarrolle alternativas al bloqueo financiero que padece de facto, como la orden ejecutiva firmada por Donald Trump que prohíbe el uso del petro, la criptomoneda venezolana.24

A pesar de la presión, algunos países cuyas relaciones diplomáticas con Venezuela se han deteriorado en los últimos meses (caso de España) vienen dando muestras de intento de restablecer el trabajo conjunto, lo que parecería mostrar que ciertos intereses económicos están por encima de los escrúpulos democráticos. El regreso de los respectivos embajadores, no obstante, no supone que los motivos que originaron las fricciones hayan desaparecido ni que el Gobierno de España haya dejado de ser uno de los que mayor apoyo da a la oposición venezolana.

El fin último de estas dinámicas y mecanismos es crear/consolidar un escenario que convenza a la opinión internacional de que Venezuela está aislada (por decisión del gobierno) justificando una eventual intervención humanitaria que incluya la variante militar en caso de ser insuficientes las acciones de poder blando. Desde esta perspectiva, es clave el rol que vienen asumiendo las Fuerzas Armadas (FFAA) que, de momento, se limitan a realizar declaraciones y operativos conjuntos con las FFAA latinoamericanas.25

Las FFAA y organismos directamente vinculados a las fuerzas de seguridad.

Son, en última instancia, el respaldo duro de las acciones de poder blando, sin el cual las declaraciones políticas o las posturas mediáticas no podrían ejercer una auténtica presión.

En los últimos meses, tanto desde el gobierno de EEUU26 como de parte de la oposición venezolana se ha insinuado la necesidad/posibilidad de una intervención militar en Venezuela, procurando establecer paralelismos con otros escenarios de crisis a nivel internacional.27 Estas declaraciones pretenden apelar a lo establecido por EEUU en su Estrategia de Seguridad Nacional que concibe a Venezuela como país enemigo y modelo autoritario al que hay que aislar.28 De hecho, ya en 2017 el comandante del Comando Sur, Kurt Tidd, había declarado ante el Congreso: “La creciente crisis humanitaria en Venezuela puede obligar a una respuesta regional”.29

Por último, es importante destacar que el cerco internacional, además de procurar aislar a Venezuela, cumple la función de apoyar a diversos actores y sectores de oposición internos y parece adquirir mayor relevancia frente a una oposición que se ha mostrado débil y desunida no sólo a lo largo del proceso de cambio en Venezuela, sino en coyunturas electorales. En este sentido, el cuestionamiento a la actual legalidad venezolana por parte de los actores internacionales es indispensable para asentar la idea de que lo que sucede en Venezuela está fuera de la ley o es contrario a ella. Se pretende, por tanto, abortar desde el exterior toda posibilidad de resolución de un conflicto que debería pasar exclusivamente por la negociación de los actores internos y la legalidad venezolana.

Conclusión

El escenario postelectoral no será sencillo para Venezuela, que cuenta con menos aliados entre los países de América Latina y el Caribe que sus opositores internos e internacionales para poder desmontar sus argumentos. Si bien la opción de votar para aislar a Venezuela en los organismos multilaterales -como la OEA- ha sido desechada por sus propios impulsores porque todavía la correlación de fuerzas es favorable al chavismo, otras instancias multilaterales pueden ser utilizadas para escenificar el supuesto aislamiento internacional venezolano.

En términos generales, puede preverse que los resultados electorales del 20 de mayo no cambien -si son favorables al chavismo- los planes establecidos previamente por estos actores de asentar la idea de una crisis humanitaria en Venezuela para forzar una intervención. Este sería el último recurso frente a la imposibilidad de socavar el chavismo desde adentro. Para frenar cualquier conato de intervención que se pudiera llegar a plantear en organismos multilaterales como Naciones Unidas, Venezuela depende de sus aliados extracontinentales, especialmente de Rusia y China, cuyo respaldo puede ejercer una función hasta cierto punto disuasoria para EEUU, aunque siempre relativa como se ha visto en el reciente caso de Siria.

Otra opción que se atisba es la legitimación de un Gobierno venezolano en el exilio por parte de la comunidad internacional, fórmula que ha sido ya ensayada en otros conflictos previos (Consejo Nacional Sirio, por ejemplo). De momento, ya existe un Tribunal Supremo de Justicia en el exilio que ha propuesto enjuiciar al presidente Maduro y no se descarta que se den más pasos en la lógica de desconocer a las autoridades e instituciones venezolanas. El papel de la comunidad internacional para validar dichos pasos será clave para lograr el consenso de la opinión pública mundial.

Los escenarios están abiertos y la volatilidad presentada por la administración Trump en su toma de decisiones, así como su inestabilidad interna fruto de los continuos cambios en el Gabinete, no permite apuntar a líneas de resolución claras en un sentido u otro. El nombramiento de un nuevo secretario de Estado procedente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y militar de carrera podría dar algunas pistas, pero él es solamente un actor más en la toma de decisiones. Distintas maneras de volver a poner a Venezuela en el “redil de los buenos” entran en pugna, incluso dentro de EEUU, y la retórica beligerante no necesariamente ayuda al pragmatismo necesario para seguir haciendo negocios con el país que tiene las principales reservas probadas de petróleo del mundo.

12Pinheiro Guimaraes, Samuel (2004) Cinco Siglos de Periferia. Una contribución al estudio de la política internacional. Buenos Aires: Prometeo

19Véase el cuadro resumen elaborado por la Washington Office on Latin America (WOLA) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aG7R4dKM0wlHQaJ6Dm8LvqjQuiKYgSIKZ0pw7LYWBC4/edit#gid=1228687976

26https://www.celag.org/ee-uu-venezuela-la-hipotesis-intervencion-militar/