Hay ansias por un cambio de rumbo político y económico en Ecuador y las elecciones locales y regionales del próximo mes de febrero podrían ser un primer paso en esa dirección. Así se desprende del macroestudio de análisis cualitativo de opinión realizado el pasado octubre por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAG en la provincia de Pichincha, la segunda más poblada del país, con 3,3 millones de habitantes, y que engloba la capital, Quito.
El estudio, llevado a cabo a través de la técnica de grupos focales, reveló la existencia de un discurso transversal que vislumbra una cierta esperanza de salida de una situación percibida unánimemente como catastrófica, tanto en lo económico como en lo social, siendo el empleo –tanto la falta del mismo como los bajos salarios y la precariedad– y la inseguridad las principales preocupaciones. El surgimiento de esa tenue esperanza contrasta con los relatos recogidos en el macroestudio cualitativo previo de noviembre de 2021, en los que se evidenciaba un pesimismo absoluto acerca del estado de cosas y la imposibilidad de salir de él.
Los factores que han motivado este cambio de perspectiva en el lapso de un año son los siguientes, de acuerdo a las narrativas detectadas:
- Identificación de un responsable de la crisis: el presidente, Guillermo Lasso, quien es definido a través de características negativas:
- Ausente: no está cuando el país le necesita.
- Insensible ante el sufrimiento del pueblo.
- Errático en la toma de decisiones.
- Incapaz y poco preparado para ocupar el cargo.
Los discursos exculpatorios que surgían en 2021 –poco tiempo en el cargo como para juzgarlo y supuesta pesada herencia que recibió del correísmo– desaparecen o son esgrimidos a la defensiva, con poca capacidad de persuasión hacia el resto de intervinientes.
En este contexto, existe la convicción de que la salida de la crisis pasa indefectiblemente por la salida de Lasso de la Presidencia.
- Paro del pasado mes de junio. Las movilizaciones en protesta por la subida de los precios del combustible supusieron la agitación de un cuerpo social que hasta el momento aparecía paralizado ante los embates de la crisis. Despertó la conciencia –nunca desaparecida, pero sí adormecida– de que es posible un cambio.
- La proximidad de unas elecciones, con la posibilidad de cambio que todo proceso electoral conlleva. En efecto, cualquier comicio despliega sentidos comunes relacionados con la factibilidad de un cambio. Si no fuera así, la participación caería a mínimos. Esto no quiere decir que las elecciones de febrero tengan un carácter plebiscitario, pero sí que pueden ser el primer paso para algún tipo de cambio. En esta campaña, los grandes problemas de la agenda nacional estarán en un primer plano, trascendiendo la casuística meramente local y provincial.
Eficiencia y credibilidad
Como no podía ser de otra forma, los rigores de la crisis y la dureza de la cotidianidad impregnaron todos los debates de los grupos focales relacionados con las elecciones. Se percibe una orfandad política que solo puede ser superada por unas candidaturas y un proyecto que transmitan la posibilidad real de ofrecer soluciones a una situación percibida como extremadamente dura.
En consecuencia, la capacidad de transmitir credibilidad acerca de la resolución de los múltiples problemas que aquejan a una p0blación exhausta se antoja fundamental. Los electores se han vuelto desconfiados. Las dos últimas elecciones presidenciales han supuesto sendos desengaños. En 2017 votaron a un Lenín Moreno bajo la premisa de que continuaría con las políticas de su predecesor, Rafael Correa, que tenían una alta valoración. Al final de su mandato, el país ya estaba sumido en una grave crisis y en un gran marasmo institucional. Lasso fue recibido como la posibilidad de cambio. Sin embargo, la situación económica actual es percibida como aún peor.
Es un electorado, por tanto, que ya no se fía de las promesas y quiere realidades relacionadas con la eficiencia y la gestión. El ejemplo del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, quien dimitió en septiembre de 2021 y vuelve a presentarse en estas elecciones, es paradigmático. Extremadamente popular y mediático –“farandulero”, según muchos discursos–, hay un relato que le recrimina no tanto los presuntos casos de corrupción en los que se ha visto envuelto como el incumplimiento sistemático de todas sus propuestas. “No ha hecho nada”, es la frase recurrente, maximizada por la percepción de que la capital vive sus horas más oscuras: abandonada, peligrosa, sin turistas, decadente… Quito simbolizaría la profundidad de la crisis que está viviendo Ecuador.
También se tambalea la consideración exclusivamente meritocrática de las candidaturas. El electorado ecuatoriano siempre puso en primer plano la formación y los méritos académicos de los contendientes. Fue una tendencia exacerbada por el correísmo. Se entendía que formación y gestión iban de la mano. Cuanto más preparado un político, mejor.
La experiencia de Lasso ha abierto fisuras en este relato, sin que ello suponga que haya desaparecido. Pero ahora convive con la percepción de que un candidato o candidata procedente de las clases populares tendrá más conocimiento de las penalidades diarias y más empatía por quienes la sufren. Esta narrativa es coherente con el reproche al actual presidente sobre su impasibilidad e insensibilidad ante los sufrimientos de la población: quien pertenece a una élite y vive en una burbuja ignora el día a día de la calle.
La hora de las mujeres
La agenda feminista también ha llegado a las clases populares ecuatorianas. Con un lenguaje propio y focalizando en aquellos asuntos que consideran prioritarios, las mujeres de los grandes asentamientos urbanos de Pichincha ponen en primer plano su problemática, reconocen la discriminación estructural, exigen mayor presencia en todos los ámbitos de la vida y reclaman políticas públicas específicas.
Entre las mujeres se instala el discurso de la cuasi obligatoriedad de examinar las propuestas de las diferentes candidaturas dirigidas a ellas y orientar el voto en relación a las mismas. Las desigualdades económicas y en el empleo, la asimetría en el reparto de las cargas domésticas y la violencia sexual son sus principales preocupaciones.
También surge la convicción de que una mujer al frente de las instituciones será más sensible a políticas de género y de que las mujeres están preparadas para desempeñar los más altos cargos institucionales, incluida la Presidencia. De lo que sí se duda entre las mujeres participantes es de si la sociedad ecuatoriana está preparada para que una mujer sea jefe de Estado.
La irrupción de micromachismos entre los hombres participantes parece dar la razón a quienes muestran su objeción sobre el grado de madurez del país acerca de la igualdad de género. Los discursos masculinos parecen aceptar en un primer momento la existencia de una discriminación hacia las mujeres, pero enseguida se revuelven con estereotipos patriarcales: “Tan malo es el machismo como el feminismo”; “En el fondo las mujeres y los hombres somos iguales”; “Hay mujeres que lo que quieren es someter a los hombres…”. Se denota un machismo que aun siendo hegemónico, se sitúa a la defensiva en el discurso público y empieza a tener dificultades para mantener discursivamente su posición de privilegio.
Metodología
Estudio de análisis cualitativo de opinión, a través de la técnica de grupos focales. Trabajo de campo, del 4 al 8 de octubre de 2022.
- Veinte grupos focales, 160 participantes:
- Sur de Quito 1: La Ecuatoriana, Guamaní, Turubamba y Quitumbe.
- Sur de Quito 2: La Magdalena, Solanda y San Bartolo.
- Sur de Quito 3: Chillogallo.
- Norte de Quito 1: El Condado, Carcelén y Comité del Pueblo.
- Norte de Quito 2: Calderón.
- Tres perfiles socioeconómicos y políticos:
- Hombres y mujeres de entre 30 y 55 años. Clase popular D a D-. Con trabajos, tanto en la economía formal como en la no formalizada.
- Mujeres, combinando amas de casa y trabajadoras, de entre 25 y 45 años de edad. Con hijos a su cargo. Clase popular D a D-.
- Jóvenes de entre 18 y 22 años, indistintamente hombres y mujeres. Clase popular D a D-.
- Hombres y mujeres de entre 30 y 50 años. Clase popular D- a E. Trabajadores precarios de la economía no formalizada y/o desempleados.
