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Tamara Lajtman
El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, ha realizado nuevamente una gira por países latinoamericanos, pasando por Ecuador, Brasil y Guatemala. En su estadía en este último, se reunió con los presidentes de los tres países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica -Guatemala, Honduras y El Salvador- solicitando el freno a la inmigración irregular hacia EEUU que se presenta como una amenaza a la “seguridad y la soberanía de EEUU”. “Les dije a los presidentes que esto tiene que terminarse. Esto amenaza la seguridad de los Estados Unidos y también como nosotros respetamos sus soberanías, sus fronteras, nosotros insistimos que ustedes respeten la nuestra”.[1]
También estuvo presente la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kirstjen Nielsen, una de las responsables de las actuales políticas migratorias del gobierno de Trump, incluyendo la controversial y repudiada medida de separación de padres y niños registrada en la frontera con México desde abril.
Medidas anti-migración de Trump y reacciones de diferentes sectores
El 25 de enero, la Casa Blanca publicó un Marco de Referencia sobre Reforma Migratoria y Seguridad Fronteriza que expone diversas medidas de control de la inmigración ilegal. Entre otras acciones, se determina “disuadir la entrada ilegal poniendo fin a la captura y liberación impuestas por la ley y cerrando los vacíos legales que han erosionado nuestra capacidad de garantizar el sistema de inmigración y proteger la seguridad pública”.[2]
El 23 de abril, el Fiscal General Jeff Sessions anunció una política de “tolerancia cero” a lo largo de la frontera entre EEUU y México, ordenando la persecución penal de personas que cruzan la frontera en busca de asilo político. A mediados de junio, más de 2.400 niños han sido separados de sus padres mientras estos son procesados.[3] Las noticias e imágenes de niños separados de sus padres y colocados en centros de detención similares a una jaula provocaron una ola de presión, nacional e internacional, que llevó a la firma de un decreto por Donald Trump, el 20 de junio, que garantizara que las familias permanecieran unidas.[4] Contrario a lo que trascendió en medios sobre la decisión de Trump de terminar con la separación de las familias, algunas organizaciones alertaron que esta Orden Ejecutiva podría reemplazar una crisis por otra, pues se colocaría a familias enteras en los centros de detención, continuando con la política de tolerancia cero y fortalecimiento de la frontera sur.[5]
Las críticas y denuncias contra las medidas migratorias provienen de diferentes sectores.
En el Congreso se percibe una fuerte oposición a las propuestas republicanas de reforma migratoria. Por ejemplo, la Cámara de Representantes rechazó el 25 de junio el proyecto de ley que criminaliza la estadía indocumentada, restringe el asilo, aumenta las penas por presencia indocumentada, establece un sistema de visas por mérito, restringe la reunificación familiar y coloca a más de 10 millones de indocumentados al borde de la deportación.[6] Días antes, otra derrota se dio con el rechazo al proyecto de ley HR 4760 del congresista Bob Goodlatte, apoyado por el ala ultraconservadora que otorga los recursos necesarios para poner en marcha la reforma migratoria.[7]
Desde la sociedad civil, destaca la demanda de cinco jóvenes bajo custodia federal presentada en California el 29 de junio en contra del secretario de Salud, Alex Azar, y del director de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), E. Scott Lloyd. La demanda denuncia el trato improcedente y el maltrato de los niños detenidos,[8] en un contexto en el que la Casa Blanca viene utilizando la cuestión de los “dreamers” (cerca de 800.000 personas indocumentadas llegadas a EEUU en condición de menores de edad) como moneda de cambio para la aprobación de leyes que endurecen la política migratoria y de seguridad fronteriza. Así, se condiciona la devolución de vigencia de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), suspendido en septiembre de 2017. A cambio, se busca la aprobación de un presupuesto de 25.000 millones de dólares para la seguridad fronteriza, que entre otras medidas incluye la construcción (en realidad, ampliación) del famoso muro en la frontera con México.
Tendencias recientes en la migración centroamericana, asistencia para el desarrollo y seguridad
La cuestión migratoria es tema prioritario de la agenda entre EEUU y América Latina y el Caribe, muestra de ello, como hemos corroborado en informes recientes, es el hecho de que sea uno de los temas más abordados por los think tanks estadounidenses que estudian América Latina,[9] además de ser presentado como uno de los principales problemas de seguridad en diversos documentos estratégicos de agencias del gobierno estadounidense, tal como muestran estos ejemplos:[10]
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La militarización de fronteras (desde Centroamérica hasta EEUU)
como “respuesta”
De acuerdo con medios estadounidenses, el Pentágono ha acondicionado dos bases militares en Texas para albergar a los migrantes que son detenidos. El secretario de Defensa, James Mattis, resaltó la importancia de “dar cobijo a gente que no lo tiene”, comparando la medida con otras acciones similares ejecutadas por el Departamento de Defensa en situaciones de crisis humanitaria.[11]
A mediados de abril se ordenó el despliegue de la Guardia Nacional de EEUU en la frontera con México para combatir el tráfico de personas y mercancías ilegales. En paralelo al endurecimiento del control de la frontera México-EEUU, la Secretaría de Gobernación de México, alineada con las políticas de seguridad estadounidenses, anuncia el envío de tropas de la Gendarmería de la Policía Federal para reforzar la seguridad en la frontera sur de México.[12] Lo anterior debe ser entendido en el marco del Programa Frontera Sur, impulsado por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto en 2014 para “frenar” la migración de centroamericanos a través de México, como parte del programa para crear la Frontera del Siglo XXI del Homeland Security, la cual supone la frontera de EEUU en el sur de México[13] y cuenta con recursos provenientes de la Iniciativa Mérida. El total de detenciones de migrantes aumentó en un 85% durante los primeros dos años de funcionamiento del programa comparado con los niveles anteriores.[14]
Antecedentes de la securitización/militarización de la migración como respuesta
En informe recientemente publicado por un importante think tank estadounidense, se afirma que la población de migrantes centroamericanos en EEUU casi se ha duplicado desde 2000 hasta la actualidad. Sin embargo, de 2009 en adelante, la migración ha continuado, pero a un ritmo decreciente. De hecho, el crecimiento general de la población migrante en EEUU se compensó con un gran número de deportaciones. [15]
Según el informe, la región exhibe cuatro períodos de migración diferentes:
- Antes de 1970: movilidad predominantemente intrarregional;
- 1970-1990: migración relacionada con el conflicto, escapando de la guerra civil, la represión y el gobierno militar;
- 1990-2000: migración relacionada con la transición económica y la demanda laboral global (tendencias push-pull);
- 2000-presente: combinación de flujos económicos y de seguridad, que se intensifica después de 2009.
Los cambios experimentados en los flujos migratorios centroamericanos, en el período posterior a 2009, en particular desde los países del Triángulo Norte, se atribuyen a una mayor inseguridad.[16] Dato a destacar es que este informe (al igual que otros elaborados por think tanks estadounidenses) no menciona que el aumento de la inseguridad coincide con el incremento de las políticas de seguridad estadounidenses hacia Centroamérica (como la Iniciativa Regional para la Seguridad de Centroamérica, CARSI) que fueron una marca de la administración Obama, que también ha alcanzado récord en la deportación de migrantes, en particular centroamericanos.
Como “solución” a la “crisis humanitaria” declarada por EEUU en julio del 2015 en función del incremento de la migración centroamericana, particularmente de menores no acompañados, el Gobierno de Barack Obama promovió en 2015 la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica. El proyecto incluyó un monto de 750 millones de dólares anuales para El Salvador, Honduras y Guatemala en 2016, distribuidos en: 299 millones de dólares en ayuda para el desarrollo; 222 millones para CARSI en el sector de control de narcóticos; 184 millones para el Fondo de Apoyo Económico de CARSI para desarrollo y gobernabilidad; 26 millones en financiamiento militar; 4 millones en educación y entrenamiento militar y 15 millones para salud y otros sectores.[17]
Esta distribución de recursos evidencia de manera clara el carácter militarizado y de seguridad de la “ayuda para el desarrollo” como marca de la administración de Obama y que presenta profundas continuidades en la administración republicana actual.[18] Vale recordar que la CARSI es articulada en el contexto del post-golpe contra Manuel Zelaya en Honduras y persiste hasta la actualidad. En 2010 el Ministro de Seguridad hondureño, Oscar Álvarez, solicitó un “Plan Colombia” para su país.[19]
La claridad y soltura con la que Pence regañó en Guatemala a los mandatarios de los países del Triángulo Norte, obedece a décadas de alineamiento de estos países respecto de los lineamientos económicos, políticos y de seguridad establecidos por el gobierno-sector privado estadounidense. También considerando los procesos de las últimas décadas, es visible que la securitización/militarización de las migraciones o de las políticas fronterizas en general dan como resultado mayores niveles de violencia y desgarramiento del tejido social.
____________ [1]https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/06/29/este-exodo-debe-terminar-mike-pence-pidio-a-los-paises-centroamericanos-frenar-la-salida-de-migrantes-ilegales-a-estados-unidos/ [2]https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/white-house-framework-immigration-reform-border-security/ [3]https://www.wola.org/es/analisis/ley-de-proteccion-y-reunificacion-de-familias-centroamericanas-aborda-las-causas-de-la-migracion/ [4]https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-vice-president-pence-signing-executive-order-affording-congress-opportunity-address-family-separation/ [5] https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya/killings-sow-fear-inside-rohingya-refugee-camps-in-bangladesh-idUSKBN1JU1UE [6] http://observatoriocolef.org/?noticias=camara-de-representantes [7] https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/4760 [8] https://youthlaw.org/wp-content/uploads/1997/05/Flores-Supplemental-Complaint-June-2018.pdf [9] https://www.celag.org/por-que-y-como-se-piensa-desde-eeuu-a-america-latina-funcion-dinamica-e-intereses-de-los-think-tanks-estadounidenses-que-estudian-america-latina/ [10] https://www.celag.org/america-latina-bajo-amenaza-escenarios-y-operaciones-militares-de-ee-uu-en-la-region/ [11] http://www.sinembargo.mx/25-06-2018/3433416 [12] https://www.eleconomista.com.mx/politica/Reforzara-Mexico-frontera-sur-anuncia-Segob-20180410-0138.html [13] http://www.jornada.unam.mx/2015/01/08/opinion/034a1eco [14] http://observatoriocolef.org/wp-content/uploads/2018/06/WOLA-Frontera-sur-de-Mexico-2017.pdf [15] https://www.thedialogue.org/resources/recent-trends-in-central-american-migration/ [16] https://www.thedialogue.org/resources/recent-trends-in-central-american-migration/ [17] https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/01/15/fact-sheet-united-states-and-central-america-honoring-our-commitments [18] https://www.celag.org/trump-y-la-migracion-como-amenaza-a-la-seguridad-internacional/ [19] https://www.celag.org/eeuu-la-guerra-las-drogas-colombia-mexico-centroamerica/ [/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]
